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Radio Progreso

Organizaciones esperan diagnóstico que salga del EPU sobre Honduras en materia de derechos humanos

Abr 30, 2015

Honduras comparecerá el próximo 8 de mayo ante el Examen Periódico Universal (EPU), el mecanismo de Naciones Unidas que examina la situación de los derechos humanos de los 193 Estados Miembros de la organización mundial. Han transcurrido más de cuatro años desde el primer ciclo en el que el Consejo de Derechos Humanos remitió al Estado hondureño 129 recomendaciones con miras a mejorar la protección de derechos humanos en diferentes ámbitos. El Gobierno aceptó todas las recomendaciones y se comprometió a tomar medidas específicas.

Para dar seguimiento a estas recomendaciones y las acciones del Estado de Honduras en materia de DDHH se creó la plataforma EPU Honduras, donde 50 organizaciones defensoras de derechos humanos se articularon. Sin embargo, estas organizaciones han denunciado señalamiento y hasta acciones de desprestigio por parte del gobierno que los ha tildado de “enemigos del país”.

Juan Mejía, miembro de la Plataforma EPU en representación del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (Madj) asegura que el EPU en materia de DDHH es una oportunidad histórica para todo pueblo, sin embargo es una lástima que en el caso de Honduras, se haya polarizado por parte del gobierno. 

“Las 50 organizaciones que conformamos la plataforma EPU hemos hecho un diagnóstico sincero, real de lo que hay que hacer en el país, las estadísticas lo demuestran, no sé porque el gobierno ha querido defenderse atacando a las organizaciones de DDHH. Aun este espacio EPU puede crear una integración donde el Estado esté presente para hacer una lucha frontal desde los pueblos en materia de derechos humanos, pero lamentablemente esto no ha estado sucediendo”, expresó Mejía quien estuvo este año en Europa haciendo cabildeos sobre los avances y retrocesos del Estado en materia de derechos humanos previo al EPU.

El Congreso Nacional recientemente aprobó la Ley de protección a periodistas y defensores de derechos humanos sin consenso y dejando de lado las recomendaciones señaladas por la sociedad civil sobre que el mecanismo de protección para periodistas defensores de derechos humanos y operadores de justicia debía ser desconcentrado del Estado de Honduras y practicar el equilibrio en la representación.

La Ley fue aprobada el 16 de abril, a menos de un mes en que Honduras será sometida al segundo ciclo EPU.

De acuerdo a organizaciones de sociedad civil la Ley aprobada no refleja lo hablado, y además el Congreso Nacional integró dentro del sistema de este mecanismo de protección a la Secretaría de Defensa, argumentando que tiene fondos

“El gobierno va al EPU cargado de leyes aprobadas en última hora, sin presupuesto para desarrollar, entonces la historia de la mentira en el campo de los ddhh sigue prevaleciendo en este país”, agregó Juan Mejía. 

Un país que no garantiza la vida

La mayor preocupación de las organizaciones defensoras de derechos humanos es que en Honduras, la vida ha dejado de ser preservada por derecho. 

“La población hondureña sigue siendo condenada a una muerte cruel, injusta. La muerte es el proyecto final de todo ser humano, pero no de la forma como se nos arrebata la vida aquí en Honduras sobre todo a los sectores más humildes”, explica Mejía. 

La preocupación se agudiza cuando de seguridad se habla, pues Mejía explica que los ricos tienen su propio ejército privado, cerca de 72 mil guardias privados que los protegen a ellos y sus empresas, y el pueblo que en teoría tendría a los militares en realidad está solo pues los militares han demostrado defender los intereses de los poderes económico y político. 

Al igual que los demás países pertenecientes al Triángulo Norte de Centroamérica, Honduras afronta serias dificultades vinculadas a los temas de seguridad y gobernanza. El país cuenta con los peores niveles de criminalidad de Centroamérica y la mayor tasa de homicidios del mundo, que se sitúa en 69 asesinatos por cada cien mil habitantes, registrando una baja que aún no es suficiente, según organizaciones de sociedad civil.

Por su parte, Transparencia Internacional sitúa a Honduras como el quinto país más corrupto de América Latina, según su último Global Corruption Report. 

Las organizaciones aglutinadas en la Plataforma EPU 2015, destacan siete materias en las que se perciben vulneraciones constantes de los derechos humanos que afectan a diferentes colectivos.

Impunidad y acceso a la justicia: Los niveles de impunidad penal en homicidios superan el 90 por ciento, situación que impacta de manera notable a los colectivos más vulnerables: niños y adolescentes, mujeres, poblaciones indígenas, periodistas, y miembros de la comunidad LGTBI.

Por otro lado, el uso ilegal y desproporcionado de la fuerza por parte de la policía se ha convertido en un problema crónico. Según un informe de la Coalición contra la Impunidad, en el periodo 2013-2014 la policía ha sido responsable de 149 asesinatos. Los esfuerzos para abordar la corrupción endémica dentro de las fuerzas policiales han tenido un impacto limitado.

Independencia Judicial: Desde el último EPU se ha producido una pérdida de independencia judicial y los jueces son víctimas de mayor intimidación e interferencia política. Una reforma constitucional de 2011 estableció el Consejo de la Judicatura con autoridad para nombrar y despedir jueces. Según la Comisión Internacional de Juristas, la interferencia de los sectores políticos en el Poder Judicial persiste, afectando seriamente la independencia de jueces y magistrados. Más de 40 jueces han sido suspendidos desde que el Consejo fue establecido. A esto hay que agregar la destitución de cuatro magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en diciembre de 2012 y las rotaciones arbitrarias e inconsultas de dos magistrados de dicha corte.

Según datos de Comisionado Nacional de Derechos Humanos, al menos 91 profesionales del derecho han muerto en circunstancias violentas desde el año 2010, de los cuales el 95 por ciento de los casos estaría en impunidad.

Libertad de expresión y agresión contra periodistas: Según datos del Comité por la Libertad de Expresión, entre noviembre de 2010 y septiembre de 2014, un total de 28 periodistas y comunicadores sociales fueron asesinados. Diversas radios comunitarias han sido quemadas o han sufrido ataques violentos, los periodistas reciben amenazas telefónicas, y las oficinas de equipo y trabajo están sujetas a redadas y sabotaje, lo que genera una autocensura en los periodistas.

Derechos de las mujeres: Unas 4.460 mujeres fueron asesinadas en Honduras entre 2002 y 2014, y al menos el 95 por ciento de los casos está impune, según datos del Conadeh. 

Por otro lado, los derechos sexuales y reproductivos de la mujer se encuentran altamente limitados. El uso, promoción, venta y comercialización de la anticoncepción de emergencia está prohibida desde octubre de 2009. Como consecuencia, al menos 8,165 mujeres y niñas que denunciaron haber sido víctimas de violencia sexual entre 2010 y 2013, se encontraron expuestas a un potencial embarazo no deseado.

A pesar de ciertos avances a nivel institucional, como la incorporación del delito de femicidio en el Código Penal en 2013, los recursos destinados a investigación de crímenes violentos contra mujeres son muy limitados.

Derechos de la infancia: Según un informe del Observatorio de muertes violentas de la organización Casa Alianza, en los trece primeros meses de gobierno de Juan Orlando Hernández, se han registrado 1,076 muertes violentas y/o ejecuciones arbitrarias de niñas, niños y jóvenes menores de 23 años en el país.

Según datos del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (U.S. CBP), 68,541 menores no acompañados fueron detenidos en la frontera sur-oeste de Estados Unidos en 2014, el 27 por ciento de ellos procedía de Honduras. 

Aproximadamente un tercio de niños y niñas en Honduras no asiste a la escuela y se calcula que más de un millón sufre explotación laboral, según datos de Casa Alianza.

Por otra parte, cien mil niños y menores de entre 5 y 23 años de edad están siendo entrenados en cuarteles militares por las Fuerzas Armadas de Honduras a través de la implementación del Programa “Guardianes de la Patria”, lo cual expone a estos menores a altos niveles de violencia y una falta de actitud democrática.

Vulnerabilidad de defensores de derechos humanos: Los defensores de derechos humanos enfrentan violencia y amenazas, y también se han reportado casos de desaparición forzada. En el anterior EPU de noviembre del 2010, Honduras aceptó las 12 recomendaciones que recibió respecto a los defensores de derechos humanos, comprometiéndose a garantizar su protección y sus derechos a la libertad de expresión y opinión. Fuentes del Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) señalan que desde 2010 hubo 3,061 casos de criminalización para debilitar la defensa de derechos humanos.

A su vez, en febrero de 2014 el Gobierno canceló el estatus legal de más de cinco mil ONG, basada en la “Ley Especial de Fomento de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo”, aprobada en 2011.

Situación penitenciaria: Las cárceles del país, que pueden albergar 8,600 reclusos, recluían a más de 13,000 en agosto de 2013, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión denunció que la condición penitenciaria en Honduras padece de “graves deficiencias estructurales que han conducido a su colapso”. Esta situación ha significado un altísimo costo en términos de vidas humanas en los últimos años, lo que quedó dramáticamente evidenciado con el incendio de Comayagua, en febrero de 2012, en el que murieron 362 personas.

Según Mejía en estas circunstancias lo que queda a la población es unificarse. “Crear una plataforma de vigilancia, de  defensa permanente, de cumplimiento de derechos humanos. Para muchos el Estado saldrá aplazado, pero eso es lo que menos importa, lo que importa es conocer la mirada de los demás Estados, de la comunidad planetaria y el diagnóstico de lo que está pasando en Honduras, si esto lo usamos para bien podremos corregir muchas situaciones. Ojalá que después de ese diagnóstico el gobierno pueda entender que los defensores de DDHH no son enemigos del Estado, somos fieles defensores y defensoras del derecho a la vida de toda la población”, expresó. 

 

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