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Radio Progreso

Sociedad civil llama a Estado a cumplir recomendaciones de EPU

Jul 07, 2017

Un nuevo Examen Periódico Universal (EPU) se desarrolló en Ginebra, Suiza y las tareas del Estado hondureño respeto a la garantía a los derechos humanos siguen pendientes. La reunión se desarrolló el pasado 5 y 6 de julio, en el que una delegación de funcionarios hondureños comparecieron ante el Consejo Permanente de Naciones Unidas para exponer los avances en el cumplimiento de las recomendaciones hechas sobre la realidad política, social y de respeto a los derechos humanos.

El EPU es un mecanismo de Naciones Unidas que examina la situación de los derechos humanos de los 193 Estados miembros de la organización mundial. Han transcurrido más de cinco años desde el primer ciclo en el que el Consejo de Derechos Humanos remitió al Estado hondureño 129 recomendaciones con miras a mejorar la protección de derechos humanos en diferentes ámbitos. Desde su primera participación el gobierno aceptó todas las recomendaciones y se comprometió a tomar medidas específicas.

En años anteriores el organismo internacional ha orientado sus recomendaciones hacia el combate a la violencia contra las mujeres, protección y garantías para miembros de la diversidad sexual, el respeto de los derechos humanos para líderes ambientalistas, el fortalecimiento institucional para erradicar la impunidad, entre otros. A pesar del compromiso gubernamental, sociedad civil denuncia que el Estado sigue sin cumplir con la mayoría de recomendaciones.

Durante cada EPU representaciones de sociedad civil presentan un informe paralelo con recomendaciones al Estado. Este año, las organizaciones lamentaron que el gobierno aprobó un paquete de reformas en materia de seguridad, en el marco de la Ley para el Fortalecimiento y Efectividad de la Política de Seguridad, que no garantizan la plena vigencia de los derechos humanos.

Ese paquete de reformas plantea el recrudecimiento de las penas aplicables a varios tipos penales y está principalmente dirigida a combatir los altos índices de crímenes en materia de extorsión, bajo el argumento de que estos tipos están regulados de forma insuficiente en la legislación vigente, en ese sentido aprobaron la iniciativa contra el terrorismo que también se lleva de encuentro a periodistas y líderes sociales, por tal razón calificaron este tipo de normativas como violatorias a los derechos humanos.

La Coalición contra la Impunidad que aglutina a varias organizaciones, emitió un documento denunciando la campaña mediática que sostiene el gobierno donde celebra los logros gubernamentales y el descenso de los índices de homicidios y criminalidad organizada, sin embargo, datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, indicaron que en el cierre del 2016 se registraron 100 masacres, las que dejaron 169 muertos, además la tasa de homicidios para ese año fue de 59 por cada diez mil habitantes. Bajo ese argumento, califican como un fracaso la política de seguridad que impulsa el gobierno, la que se sustenta en la militarización.

Para reducir los índices delictivos el gobierno ha implementado un programa sistemático de militarización de la sociedad, esa dinámica también es criticada por la Coalición y por otras organizaciones que hacen trabajo de denuncia internacional.

Un ejemplo es la moción presentada por la Escuela de las Américas en Estados Unidos, en la que solicitaron al Senado estadounidense aprobar la Ley Berta Cáceres, que busca eliminar la ayuda financiera para seguridad, específicamente para el fortalecimiento de grupos militares hondureños. 

Paula Ayala, del Observatorio de la Escuela de las Américas en Estados Unidos dijo que esa iniciativa es necesaria, porque el respeto a los derechos humanos en Honduras se pone en riesgo con los programas militaristas que traen inseguridad y represión para la población.

Ayala dice que esta iniciativa es planteada ante las autoridades legislativas de Estados Unidos, para que puedan recapacitar y tomar decisiones claras sobre el manejo de la seguridad que está haciendo el Estado de Honduras.

Una de las recomendaciones para el gobierno de Honduras durante el EPU del 2015 fue que el Estado debe cambiar su política de seguridad ciudadana, en ese sentido las organizaciones de sociedad civil demandan a los organismos internacionales presionar para detener al gobierno en su afán de consolidar cuerpos militares para la seguridad.

En esa línea, la dirigencia del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, acuerpa la iniciativa planteada por el Observatorio de la Escuela de las Américas. A través de un comunicado pidieron a las demás organizaciones, tanto nacionales como internacionales, den su voto de confianza a la propuesta.

Recomendaciones 

Luego de comparecer ante el pleno internacional en el EPU, el Estado se encuentra a la espera de las recomendaciones que la estructura internacional hará, así como años anteriores. En el EPU del 2015 Honduras recibió 192 recomendaciones.

La delegación gubernamental que asistió a este encuentro, denunció en las últimas horas que miembros de sociedad civil entregaron un documento con mentiras sobre la realidad del país, exactamente sobre el caso Berta Cáceres. Desde su perspectiva manifestaron que los fundamentos presentados en ese informe relatan que las violaciones a los derechos humanos son constantes en el país, además que la impunidad impera en la muerte de Cáceres.

Parte de los grandes temas reflejados en las demandas de las Naciones Unidas y que también han sido retomadas en el informe de sociedad civil está la discriminación a indígenas, afro hondureños, comunidad LGTBI (Lésbico, Gay, Transexual, Bisexual e Intersexual), discapacidad, la violencia doméstica, la niñez migrante ha sido una de las preocupaciones más fuertes, la ratificación del protocolo de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), la no militarización, fortalecer la Policía Nacional, lamentar que se reduzca el ministerio de Derechos Humanos a viceministerio, la independencia judicial, entre otros temas.

El presidente del Poder Judicial, Rolando Argueta, salió al paso sobre el tema y amplió sobre las denuncias de sociedad civil en el caso de Berta Cáceres, dijo que están investigando a través del Ministerio Público, prueba de ello es que llevarán a juicio oral y público a cuatro sospechosos del crimen contra Cáceres.

Asimismo habló del atentado que recibió Berta Zúniga, hija de Cáceres, en el departamento de La Paz hace unos días, en el que aseguró están investigando ese intento de afectar a los líderes del Copinh.

Argueta en representación de la delegación dijo que desde el gobierno están trabajando arduamente para cumplir con las recomendaciones de los organismos internacionales, en lo que corresponde a la defensa de los derechos humanos.

Por su parte la delegación de la Coalición contra la Impunidad que acudió al EPU, ofreció la mañana del viernes declaraciones sobre las acusaciones del presidente del Poder Judicial contra sociedad civil.

En su postura la Coalición expresó que toda la información proporcionada al Comité consta por escrito en el informe sombra que se remitió oportunamente, en donde apuntan que: “al momento de la elaboración de este documento, han conocido por los medios de comunicación que hay ocho sospechosos arrestados por el caso de Berta Cáceres, entre ellos el presunto autor material de los disparos que acabaron con la vida de Berta Cáceres. No se tiene información sobre la persecución penal de los autores intelectuales del crimen.

“La representación de las organizaciones de la sociedad civil presente en este examen al Estado de Honduras, lamentaron el comunicado que divulgó la delegación oficial, y deploraron las noticias aparecidas en distintos medios de comunicación en su país, en las que el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, aduce que: malos hondureños y organizaciones nacionales y extranjeras estén proporcionando informaciones falsas e interesadas”, reza el comunicado.

Puntualizaron las defensoras y defensores, que en un contexto adverso para la defensa de derechos humanos, declaraciones como estas por parte de un funcionario del más alto nivel del Estado ponen en riesgo real y concreto su retorno a Honduras, porque propician un ambiente de rechazo hacia las organizaciones y las defensoras y defensores de derechos humanos y de permisión a acciones que puedan afectar su integridad.

La representación de la Coalición aprovechó para reiterar su preocupación por la impunidad en que permanece el caso de Berta Cáceres y la negligencia del Estado en ampliar las investigaciones a los verdaderos autores intelectuales de este crimen, y su negativa a integrar una comisión internacional que coadyuve a esclarecer este caso.

Finalmente, estimaron los representantes de sociedad civil, que esta reacción del Estado de descalificarlos y estigmatizarlos, obedece seguramente al pobre resultado que tuvieron al momento del desarrollo del examen ante el Comité de Derechos Humanos, por lo tanto hacen el llamado para que cumplan a cabalidad las sugerencias que el EPU entregue en los próximos días.

Es solo cuestión de tiempo para que de forma oficial el Comité de Derechos Humanos entregue recomendaciones al Estado sobre el respeto de los derechos humanos en el país, luego de su comparecencia en Ginebra, Suiza.

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