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Radio Progreso

Pajuiles: entrega generosa de amor en defensa del agua

Oct 06, 2017

Doscientos días han pasado desde que un grupo de ciudadanas y ciudadanos tomaron la decisión de instalar un campamento en el sector de Pajuiles, en defensa del río Mezapa en Tela, Atlántida, amenazado con la instalación de una represa por parte de la empresa Hidroeléctrica Centrales de El Progreso Hidrocep, del empresario progreseño Jason Hawit.

“Instalamos el campamento porque no queremos la hidroeléctrica”, dijo Angélica Recinos, criminalizada y encarcelada el mes de agosto por defender el agua. Ella junto a 16 personas más han sido judicializadas, acusadas de los delitos de asociación ilícita y daños en perjuicio del Estado de Honduras. Cuatro de estas personas ya fueron sobreseídas.

A pesar de la criminalización, hostigamiento y represión, la ciudadanía del sector de Pajuiles y Mezapa continúa resistiendo de forma pacífica al represamiento del río, principal fuente de agua en la zona, pese a que en tres ocasiones la Policía Preventiva, Militar y elementos Cobras destruyeron el campamento y contaminaron las provisiones de alimentos que la población guardaba.

En la carretera que une la ciudad de El Progreso, Yoro con el puerto de Tela, fácilmente se pueden observar los dos campamentos que la población de Pajuiles y Mezapa mantienen. A penas unos palos sostienen el toldo azul que les protege del sol, la lluvia y el sereno nocturno. Y de la intimidación que les provoca un drone que sobre vuela todas las noches y que según los vecinos es propiedad de la empresa. 

A pesar de las denuncias interpuestas en el Ministerio Público por parte de la ciudadanía organizada en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, la empresa en su afán de instalar su proyecto hidroeléctrico continúa intimidando y hostigando a la gente que permanece en el campamento. “Vemos como los empleados a diario intentar subir a la montaña”, denuncia Angélica, asegurando que desde que la empresa llegó a la comunidad comenzaron a dividirse hasta las familias.

En el departamento de Atlántida, existen 24 concesiones para la instalación de represas hidroeléctricas y 100 para explotación minera, según una investigación a cargo del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación Eric-sj junto a la universidad Saint Louis Misuri de Estados Unidos. Los municipios de Arizona y Tela son los más afectados con la implementación del modelo extractivista.

En Honduras, después del golpe de Estado de 2009, se incrementó el otorgamiento de concesiones mineras y la entrega de licencias ambientales para proyectos de generación de energía. Esto, como parte de la política de concesionamiento territorial y de bienes naturales, que otorga el gobierno de Honduras a empresas nacionales y extranjeras.

El total de proyectos generadores de energía es de 334, de los cuales 177 son para hidroeléctricas, 6 solares, 39 eólicas, 27 térmicas, 26 de biomasa, 4 geotermias y 1 co-generación, según el Informe del Observatorio de Bienes Naturales y Derechos Humanos del Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario Cehprodec, 2016”.

Frente a esa situación, en la montaña Nombre de Dios, cada día crece la resistencia pacífica y organizada de una población que está jugándose la vida al oponerse a la construcción de dos proyectos hidroeléctricos: Centrales El Progreso Hidrocep de Jason Hawit en Tela y de la represa sobre el río Hilamito, en Arizona, a cargo de Inversiones de Generación Eléctrica S.A DE C.V, Ingelsa, propiedad del empresario Emín Abufele, quien también es vinculado con las hidroeléctricas de Mezapita y Matarras, siempre en Atlántida.

Que las personas se estén quedando sin agua es un acto criminal por parte de las empresas que con el visto bueno de las autoridades violentan las leyes y se apropian de los bienes naturales comunes para enriquecerse, ha denunciado públicamente el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, organización que junto a la iglesia católica acompañan y animan la lucha de las comunidades.

En Atlántida la población en resistencia denuncia directamente a los empresarios Fredy Nasser, Jason Hawit, Emín Abufele y Salomón López como los destructores de la montaña Nombre de Dios, y exigen a las autoridades la cancelación inmediata de los proyectos hidroeléctricos por los daños irreversibles al ambiente que han provocado.

Criminalización

La indiferencia de las autoridades ante la conflictividad social que se ha agudizado en Tela, ha dejado como resultado 17 personas criminalizadas, acusadas por asociación ilícita y daños en perjuicio del Estado de Honduras. La mayoría de los defensores son personas de la tercera edad, tres mujeres, una de ellas embarazada y un menor.

La primera audiencia se realizó en el edificio de Contaduría en Tela y fue para 10 de los 17 pobladores de Pajuiles acusados. Luego de que ambas partes presentaran las pruebas, la jueza Norma Fuentes, presentó su excusa para conocer la causa manifestando ser hermana del alcalde de Tela, Mario Fuentes e indicó no tener conocimiento hasta ese momento de las denuncias interpuestas por las comunidades organizadas en el Movimiento Amplio, en contra de su hermano y de la Corporación Municipal.

El abogado Víctor Fernández del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia aseguró que la audiencia ha quedado estancada en un momento importante, y que una vez más las comunidades comprueban el vínculo fuerte que hay entre los políticos y los operadores de justicia.

Durante la audiencia los medios de prueba presentados por el Ministerio Público, se encuentran testimonios de agentes policiales y la Dirección de Investigación Policial. Dentro de los medios de prueba presentados por la empresa hidroeléctrica Hidrocep, se destacó un informe de perfiles con fotografías de la población del campamento de Pajuiles, organizada en el Movimiento Amplio. También la empresa presentó un perfil con las publicaciones digitales de Radio Progreso, reflejando el monitoreo que las fuerzas de seguridad del Estado y los empresarios hacen a nuestro trabajo.

Un diálogo a medias

El 23 de agosto en el edificio de la Contaduría, la municipalidad convocó a un diálogo donde participaron representantes de las comunidades del sector Pajuiles, personeros de la represa Hidrocep y el pleno de la corporación municipal de Tela. El diálogo, en un país lleno de conflictos, fue visto con buenos ojos por todos los sectores involucrados, en especial por los pobladores y pobladoras que han sido reprimidos, perseguidos y criminalizados.

Como fruto del diálogo surgieron varios acuerdos, entre los que destacan; suspender de inmediato los trabajos de construcción de la represa en la parte alta, solicitar el retiro de los 17 procesos penales en contra de integrantes de las comunidades criminalizadas y crear una mesa para la solución de los conflictos y dar seguimiento a los acuerdos para su cumplimiento. Hasta la fecha los acuerdos se han incumplido.

Es hasta este lunes 09 de octubre que Mi Ambiente, Ministerio Público, Municipalidad de Tela, Iglesia Católica y las comunidades organizadas en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, se reunirán en el lugar donde se construye el proyecto para constar los daños ambientales provocados por la empresa hidroeléctrica.

Esta es la tercera vez que las autoridades realizan inspección en el lugar y hasta el momento no se han deducido responsabilidades correspondientes a la empresa por los daños ambientales provocados.

El alcalde de Tela Mario Fuentes, asegura que esta acción se enmarca en los acuerdos del diálogo, realizado el 23 de agosto, en el marco del conflicto suscitado en el sector, donde la población rechaza la construcción del proyecto hidroeléctrico. Fuentes también asegura que están a la espera que el empresario retorne al país para notificarle la decisión que han tomado las comunidades.

Las comunidades de Tela organizadas en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia están claras, saben que deben cuidar el agua con la vida, y que la única salida al conflicto social que atraviesan es la cancelación inmediata del proyecto, que únicamente ha generado daños ambientales irreversibles y 17 pobladores criminalizados.

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