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Radio Progreso

Ministerio Público guarda silencio ante asesinatos de civiles a manos de militares

Ene 10, 2018

Pasa el tiempo y con ello la impunidad en el asesinato de 34 personas a manos de militares en la crisis política post electoral hondureña. Ni el Ministerio Público ni la justicia hondureña han puesto sobre el paredón del juzgamiento a los militares responsables de muertes, persecución, torturas, agresiones y secuestros de hondureños y hondureñas que se oponen al fraude electoral.

Hasta la fecha, el Ministerio Público, ente encargado de dar seguimiento a las investigaciones de estos crímenes se ha llamado al silencio, a tal punto que ninguno de sus voceros a nivel nacional conoce sobre expedientes abiertos contra oficiales militares sospechosos o en el reducido de los casos, contra los comandantes que han liderado las jornadas de represión violentas que han dejado como saldo a personas asesinadas en los cuatro puntos cardinales del país.

La impunidad se impone y con ella la complicidad de una institucionalidad cooptada por el oficialismo que dirige Juan Orlando Hernández en sus aspiraciones de quedarse e imponerse durante cuatro años más en el poder.

“La actitud del Ministerio Público es de complicidad y de falta de voluntad política para investigar, eso está claro”, dijo el abogado Guillermo López Lone, integrante de la Asociación de Jueces por la Democracia.

Por su parte el abogado Omar Menjivar, ex fiscal del Ministerio Público cree que el primer paso debió haber sido presentar requerimientos fiscales contra los encargados de los operativos, luego pedir información en detalle para, a través de las armas que portan cada uno de los elementos militares, identificar a los responsables de los asesinatos, pero desde su perspectiva eso no se dio porque no hay una presión que oriente a la investigación, tampoco hay una independencia que en realidad atente contra el poder detrás del trono: el militar.

“Es menos complicado para el Ministerio Público identificar a los responsables militares de los crímenes que identificar a los supuestos responsables de los saqueos, pero acá vemos como la justicia está parcializada y eso se evidencia con la nulidad total de las investigaciones contra ellos”, manifestó Menjivar.

Desde Radio Progreso buscamos reacciones del Ministerio Público para conocer a través de sus voceros los avances de las investigaciones, pero en San Pedro Sula, su portavoz, Elvis Guzmán dijo que toda la información se centraliza en Tegucigalpa, mientras que a nivel de la capital, sus autoridades encabezadas por su vocero Yuri Mora, manifestaron que en 24 horas tendrán resultado de la recopilación de datos para luego darlas a conocer a los medios de comunicación.

“No hay interés en siquiera conocer el avance de las mismas, tampoco hay interés para judicializar a los responsables”, dijo Menjivar haciendo alusión al papel de la Fiscalía en la actual crisis política.

El Comisionado Nacional de Derechos Humanos en la última solicitud entregada al Ministerio Público a finales del 2017, pidió a este ente que agilice los procesos investigativos contra los militares involucrados en los asesinatos, y que de esa forma brinden una respuesta inmediata a la aplicación de justicia y de la misma forma combate a la impunidad.

“Vemos que estamos ante un panorama donde se están aplicando métodos de grupos paramilitares, que son tomados del ejemplo de la década de los ochenta, donde se secuestraba, se torturaba y se asesinaba selectivamente”, denunció el defensor de derechos humanos, Tomás Andrade.

“Como Coalición contra la Impunidad tenemos un registro de muchos casos de amenazas, de personas afectadas por el asesinato de familiares, también secuestros, tenemos un caso de estos que es sumamente grave y todo esto es a la vista y paciencia de la justicia, la que en este sentido no se está aplicando contra la autoridad, que es la que violenta los derechos humanos de estas personas que se oponen a una dictadura”, informó la abogada Heidy Alachán, representante de la Coalición en San Pedro Sula.

Por el momento más de 50 personas enfrentan procesos criminales en la zona norte, todos acusados de diversos delitos: portación ilegal de armamento de guerra, robo agravado y atentar contra la seguridad del Estado. “El panorama de sus procesos es adverso, lo que queda por ahora es presentar los recursos de apelación para hacer retroceder la postura de la justicia sobre sus expedientes, pero sabemos que además de las figuras implementadas en las acusaciones, estas tienen un alto contenido político, el que a través de su sesgo hace que no se aplique como se debe la justicia, que debería ser independiente de cualquier injerencia”, dijo Alachán. Los acusados han sido procesados con agilidad debido a su participación en las protestas contra el fraude electoral.

“La situación de derechos humanos en Honduras seguirá aumentando, con un Estado que no le interesa garantizar la protección de su ciudadanía y ahora tendrá una postura de descredito y de presión de algún sector de la comunidad internacional, que ve como se ha complicado y agudizado la situación del país en ese sentido”, manifestó el abogado Guillermo López.

Para Alachán esta situación es preocupante, y por tal razón debe existir una unificación de criterios y esfuerzos desde las organizaciones defensoras de derechos humanos, una para incidir y presionar a la institucionalidad en la investigación de los crímenes y dos para que se denuncie a nivel nacional e internacional al Estado por impulsar esta política de violación a los derechos fundamentales de la gente.

Mientras tanto Tomás Andrade, cree que este trabajo de promoción de derechos humanos, debe extenderse en la cotidianidad de la gente, pues ante el escenario que se dibuja para los próximos días, es importante que toda la ciudadanía sepa que derechos no se pueden violentar y como pueden acudir en solicitud de ayuda a los organismos que trabajan este tema.

Mientras el silencio se impone de la mano de la dictadura de Juan Orlando Hernández, la impunidad se instala y reina en la ya debilitada justicia hondureña, que está sumamente parcializada hacia los intereses de los grupos de poder que apoyaron y consolidaron el fraude electoral del 26 de noviembre.

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