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Radio Progreso

Organizaciones de derechos humanos buscan reivindicar la dignidad de las víctimas

Ene 11, 2018

“Salió a protestar porque yo le ensené a defender sus derechos, pero el gobierno me lo mató”, dijo esto entre indignación y dolor, Don David Ramos, padre de José David, joven de 22 años que fue asesinado por el Ejército y la Policía Militar el 01 de diciembre en Choloma, Cortés, durante una protesta contra el fraude electoral. En esa misma represión también fueron asesinados Roger Alberto Vásquez (35), Víctor Evelio Martínez (23). 

David tenía cuatro años de trabajar en una empresa maquiladora. El día de su asesinato llegó a casa temprano, se cambió de ropa, comió y dijo a su familia que iba a protestar. Su padre adolorido cuenta que no se opuso, dejó que se fuera a la protesta porque desde el golpe de Estado de 2009 su familia ha estado denunciando las injusticias. 

“Mi hijo no era un vago delincuente”, como dice el presidente y los medios de comunicación, era un muchacho trabajador, responsable y alegre, explicó a Radio Progreso el padre de David. Según fotografías y testimonios de la ciudadanía que se encontraba en la protesta, David era de los jóvenes animadores que entonaba con fuerza la consigna “Fuera JOH”. 

Cuando comenzó la represión un disparo le impactó en su espalda, cayó al suelo. En ese momento la Policía Militar lo recogió y llevó a un centro asistencial. David iba con vida pero horas después informaron a su familia que murió producto de una laceración en el cráneo, un certero disparo en la cabeza. 

“A mi hijo lo mató el gobierno por protestar y exijo justicia”, enfatizó el padre quien junto a su esposa ahora tienen la enorme responsabilidad de educar a Juan José, el pequeño hijo de David. Ese niño que no volverá a ver a su padre, que se quedó con esa imagen de un joven que luchaba porque su presente y futuro fueran distinto, que pudiera crecer en una Honduras libre de corrupción e impunidad. 

Las cifras hablan 

Sólo en el Valle de Sula, al norte de Honduras, 14 personas han sido asesinadas en el marco de las protestas que en su mayoría fueron pacíficas. Las víctimas eran jóvenes que decidieron salir a las calles a defender su voto, salvar la democracia. Muchos de ellos ejercieron el sufragio por primera vez, tenían la esperanza de cambiar el gobierno impositivo de Juan Orlando Hernández, contar un empleo y gozar del privilegio de seguir viviendo en su país. 

Hasta el momento el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADEH, registra más de 30 asesinatos a manos de militares y policías a nivel nacional. David es el número cinco de esa lista. Además, más de 80 personas enfrentan procesos criminales, de los que 15 jóvenes se encuentran privados de libertad en los centros penales en Ilama, Santa Bárbara y El Progreso, Yoro, únicamente por participar en protestas contra el fraude electoral. 

A través de conferencias de prensa y comunicados el gobierno de Juan Orlando Hernández y las Fuerzas de Seguridad del Estado, han asegurado que las personas que permanecen en las calles protestando pertenecen a grupos delincuenciales y son los responsables de los saqueos a centros comerciales y de agresiones contra policías y militares. 

Sin embargo, en el trabajo de campo que ha realizado la Coalición contra la Impunidad junto a la Convergencia Juvenil contra el Continuismo se puede constatar que las personas asesinadas no pertenecían a ninguna agrupación criminal. “Eran jóvenes que siendo niños sufriendo el golpe de Estado de 2009 y que por primera vez salieron a ejercer el sufragio”, dice la abogada de la Coalición Heidy Alachán, explicando que desde las organizaciones buscan reivindicar la dignidad de las víctimas y rescatar la determinación que llevó a la gente a permanecer en las calles defendiendo la democracia. 

Desde la Coalición contra la Impunidad, también se ha documentado los casos de tortura y detenciones arbitrarias en el marco de la crisis post electoral. Hay otro grupo de personas en el sector de Villanueva, Cortés que fueron detenidas y torturadas por la policía y los militares, explicó la abogada del Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación Eric, Brenda Mejía. 

Según Mejía, una de las víctimas narró que en el centro penal de El Progreso los colocaron en medio de una cancha, lanzaron gases lacrimógenos y disparos. “Estas personas tienen miedo de denunciar las agresiones”, dijo la abogada manifestando que algunas víctimas han recibido amenazas a muerte por parte de militares y policías. 

Otro caso de tortura documentado por la Coalición es el de 33 jóvenes detenidos el 01 de diciembre en San Pedro Sula. Ellos fueron acusados por saqueo y robo agravado. Inicialmente fueron trasladados a la 105 Brigada, campamento militar donde les lanzaron gas lacrimógeno cada vez que intentaban dormir, permanecieron sin ingerir alimentos durante dos días y fueron obligados a caminar de rodillas. Claros signos de tortura a manos de militares.

Posteriormente los trasladaron a la cárcel de máxima seguridad en Santa Bárbara “El Pozo”. Fue gracias al trabajo de las organizaciones de derechos humanos que 8 días después los dejaron en libertad. “Juan Orlando y su cúpula militar y policial deben ser juzgados por crímenes de lesa humanidad”, afirma la abogada Brenda Mejía. 

También desde la Coalición se ha documentado la negligencia de las instituciones del Estado, que deberían de garantizar la vida de la población. Un caso específico es la atención médica precaria que ha brindado el Hospital Mario Catarino Rivas y el Instituto Hondureño de Seguridad Social, a la población herida durante las represiones violentas ejecutadas en las últimas semanas. A eso se suma la ineficiencia y falta de voluntad política del Ministerio Público para investigar las agresiones cometidas por los uniformados. 

“No vamos a parar” 

Las organizaciones de derechos humanos saben que ahora son las víctimas, sus familias y los sobrevivientes que los demandan cercanos, que los quieren en las calles, acompañado sus protestas, nadando contra corriente en medio de una institucionalidad que perdió rumbo, que fue secuestra y que es dirigida por el mismo grupo que se impone en el poder. 

Es por ese trabajo arduo y cercano, que Don David tiene la esperanza que el caso de su hijo y el de todos los asesinados en el marco de la crisis no queden impunes. Se consuela al saber que su hijo estuvo en el lugar correcto, estuvo en las calles, denunciado el evidente fraude electoral que se impuso pese a la voluntad ciudadana.

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