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Viernes, 08 Diciembre 2017 10:00

NOTI NADA 360 | RADIO PROGRESO

Un #NotiNadaHN sobre fraudes escandalosos, limpiador de imagen hasta más no querer, promoviendo la paz sin justicia para seguir en el poder.

Los saqueos y acciones catalogadas vandálicas ocurridas el día viernes primero de diciembre en más de cincuenta sitios a lo largo del territorio hondureño, provocaron el rechazo y las críticas más severas por parte de los medios de comunicación, el gobierno y un sector de la empresa privada organizada. La acusación fue unánime: los seguidores del partido LIBRE y de la Alianza que impulsa el caos en la sociedad a través de la violencia y desórdenes en protesta porque los resultados electorales no favorecen a su candidato Salvador Nasralla.

Con una mirada un poquito más allá de los hechos y desmanes violentos y delincuenciales, las preguntas saltan a la vista, ¿quiénes están realmente promoviendo estas acciones violentas? ¿A quién benefician en primer lugar los desórdenes callejeros? ¿Todas las acciones de la Alianza acabaron en actos vandálicos? ¿Todas las acciones realizadas en diversos puntos del país procedían de una orden dada por líderes de la Alianza opositora? ¿Quiénes están realmente detrás de estas acciones? ¿Son todas las acciones vandálicas conducidas por un plan político, o acaso hay otros ingredientes que también las dinamizan? 

Datos sólidos advierten que en San Pedro Sula se pudo observar y escuchar a policías en pláticas con jóvenes a quienes luego se les vio liderando el saqueo de algunos almacenes, lo cual abre la hipótesis del contubernio entre sectores policiales y jóvenes no pertenecientes a las filas partidarias de la Alianza para realizar actos vandálicos. Se sabe que entre los capturados en esta ciudad hondureña se descubrió por testigos que lo identificaron plenamente que al menos uno de los jóvenes es reconocido como militante del partido Nacional y quien en efecto participó dentro de los disturbios y saqueos a centros comerciales. 

De acuerdo a informantes de firme confianza, en el corredor entre San Pedro Sula, La Lima, El Progreso y Tela varias de las tomas acabaron siendo lideradas y controladas por las pandillas juveniles. Unas tomas estaban bajo el control de la Pandilla 18 y otras de la Mara Salvatrucha. Se sabe que la 18 sostiene estrechos vínculos con el ejército mientras que la salvatrucha con la policía, lo que estaría abriendo la hipótesis de que este corredor en donde se dieron la mayor cantidad de acciones de saqueo de centros comerciales y disturbios con la quema de peajes y otros edificios, habría estado controlado por la alianza del ejército y la policía con las maras juveniles.

Se sabe de varias de las tomas de carreteras que estuvieron bajo la iniciativa y control de vecinos de las comunidades entre los que había seguidores de la Alianza opositora y mucha otra gente que no pertenecía a partidos políticos, pero que expresaron que se mantenían en esta acción en contra de la imposición de Juan Orlando Hernández. “yo no pertenezco a ningún partido, estoy aquí en defensa de mi voto”, dijo una vecina de una comunidad que participaba en una de las tomas en la carretera entre San Pedro Sula y Santa Rita, en la zona del Valle de Sula, en el norte hondureño.

Existen muchas expresiones de repudio a la decisión del Tribunal Supremo Electoral, unas animadas por líderes de base de la Alianza opositora y otras por iniciativas espontáneas de comunidades u organizaciones sociales de base no pertenecientes a un partido político que no tienen ninguna intención de generar violencia, pero sí dejar clara su protesta a través de tomas de carreteras y puentes. A lo sumo, las acciones pueden expresarse en quemas de llantas. Estas expresiones de protesta son las mayoritarias y dominan el ambiente en la mayoría de lugares a lo largo del país.

Existen otras expresiones de protesta no controladas por la Alianza opositora ni por comunidades locales, sino por organizaciones vinculadas a las maras juveniles o a otros sectores delincuenciales. Son la minoría, pero las más dramáticas, bulliciosas y difundidas ampliamente por medios nacionales. Estas acciones adquieren tintes de violencia y previsiblemente están articuladas con sectores del ejército o la policía, y previsiblemente tienen algunos vínculos con sectores del partido Nacional. El propósito de estas acciones es exacerbar los ánimos que hagan aparecer que la Alianza opositora, y particularmente el partido LIBRE promueve la violencia, el desorden y el vandalismo que conlleve a que la población se llene de miedo, se encierre en sus casas, se genere un ambiente de pánico y así justificar la represión y las medidas de dureza como el estado de sitio y el toque de queda. 

Ha existido una infiltración en varias de las manifestaciones para desprestigiar y desvirtuar la protesta contra el Tribunal Supremo Electoral y la pretensión de Juan Orlando Hernández de reelegirse de cualquier manera. Estos es lo que ha ocurrido en varias de las manifestaciones de la zona del Valle de Sula, particularmente en San Pedro Sula. Sin embargo, no se puede ocultar que el ambiente hondureño está crispado y socialmente descompuesto. La población juvenil que mayoritariamente llena estas manifestaciones públicas no es tanto política como indignada y resentida con un sistema que la excluye. Lleva muchos años de experimentar la marginalidad y el desprecio por parte de mandatarios y políticos. Es además la población que más padece las consecuencias de un modelo económico que beneficia primordialmente a unas pocas familias. Es una población juvenil crispada y lista para defenderse atacando a quienes identifica como responsables de sus males.

Esta realidad se convierte en combustible político que enciende fuegos sociales juveniles. Mucha de esta juventud sale a manifestar su indignación contra los políticos a los que califica de corruptos, y al sentirse que tiene poder en las calles y ante la primera provocación de saqueo se lanza contra comercios, tiendas y comidas rápidas en los que identifica a esos sectores pudientes que se enriquecen delante de millones de jóvenes desempleados y discriminados. La realidad económica y social que se ha construido especialmente en estos años de bonanza para pocos y miseria para millones es el fósforo que se enciende hasta convertirse en un polvorín social sin control y sin quien tenga capacidad de conducir u orientar porque se trata de una realidad hondureña políticamente incontrolable.

 Mientras el centro de atención sea el afán de Juan Orlando Hernández de garantizar su reelección, nadie podrá sofocar el ambiente tenso y violento que domina el país. Juan Orlando Hernández se ha convertido en la persona más repudiada entre todos los políticos y funcionarios del Estado. Y este repudio es mucho mayor entre las generaciones juveniles. Este repudio en este momento se extiende a los miembros del Tribunal Supremo Electoral, a quienes se les califica de títeres o serviles del presidente. Un veredicto de esta instancia que declare presidente electo a Juan Orlando Hernández abonará por creces el ambiente ya crispado y violento, con consecuencias imprevisiblemente negativas. Por ello, solo un conteo acta por acta, depuración de las mismas, bajo supervisión internacional y con presencia de partidos políticos puede producir una tregua, tensa, pero con posibilidades de avanzar hacia la aceptación de resultados. 

En cualquier caso, si JOH es elegido presidente para un segundo período, en Honduras se abrirá un escenario de muy alta conflictividad, polarización, confrontación y violencia. Será un gobierno que solo se podrá sostener con el poder de las armas y la represión. Todos los sectores internacionales debían estar conscientes de que deben llamar a JOH a renunciar a sus pretensiones porque en este tiempo encarna a la persona y a l grupo que lidera que más daño provoca a Honduras. Sin duda que el actual período político y social hondureño demanda una propuesta de gobierno plural con participación de diversas fuerzas, que convoque a diálogo nacionales y que conduzca hacia un nuevo pacto social que hoy es inexistente. Ese pacto social obviamente deberá pasar por nuevas reglas del juego que suponen una asamblea nacional constituyente de donde surja una nueva Constitución que convoque a elecciones para elegir un gobierno que tenga una legitimidad que hoy no hay gobierno que pueda tenerla porque desde junio de 2009 se perdió con el golpe de Estado.

Por medio del Decreto Ejecutivo número PCM-084-2017, el gobierno de Honduras restringe, por un plazo de diez (10) días, contados a partir de la entrada en vigencia del decreto, la Garantía estipulada en la Constitución de la República contenida en el Artículo 81 y mandó a prohibir la libre circulación de las personas desde las 6:00 p.m. a 6:00 a.m., en todo o parte del territorio nacional.

Al mismo tiempo, el gobierno informó que será las Fuerzas Armadas que apoyarán conjunta o separadamente cuando la situación así lo requiera, a la Policía Nacional. Estas instancias represoras del Estado serán las encargadas de poner en ejecución los planes necesarios para mantener el orden y la seguridad de la República y garantizar el ejercicio de los derechos democráticos.

El gobierno de Juan Orlando Hernández ordenó detener a toda persona encontrada fuera del horario de circulación establecido, o que de alguna manera sea sospechoso de causar daños a las personas o sus bienes, aquellos que se asocien con el objeto de cometer hechos delictivos o estén en peligro su propia vida. Esto incluye a los periodistas y comunicadores que no estén inscritos en el Tribunal Supremo Electoral.

Condena al decreto

Y la reacción no se ha hecho esperar. El director ejecutivo del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de Tortura y sus Familiares, CPTRT, Dr. Juan Almendarez Bonilla manifiesta que el pueblo está viviendo en un ambiente de estado de excepción.

“El estado de excepción separa la vida de la vida política, en ese caso, al separar la vida queda la pena de muerte. Es una manera disimulada de decir que el “toque de queda” es decir pena de muerte. Lo que le han dedicado al pueblo es pena de muerte”, aseguró Almanedarez.

En el Decreto Ejecutivo número PCM-084-20173, el gobierno de Juan Orlando Hernández ordena proceder al desalojo de toda instalación pública, carreteras, puentes y otras instalaciones públicas y privadas que haya sido tomado por manifestantes o se encuentren personas en su interior realizando actividades prohibidas por la Ley.

El abogado Omar Menjívar, ex fiscal del Ministerio Público, manifestó en Radio Progreso que la decisión del gobierno de la República tiene una naturaleza básicamente represiva.

“No es un mecanismo, como lo señala la teoría del derecho constitucional, que suele ser, en un Estado de Derecho, un mecanismo para hacer prevalecer justamente la Constitución de la República. Aquí el violador de la Constitución de la República es el gobierno que no ha respetado jamás la constitución, que ha hecho con ella lo que le da la gana, está utilizando esta figura excepcional para asegurar su pretensión reeleccionista”, analizó Menjívar.

Según analizó el abogado Omar Menjívar, el propósito de la medida es intimidar y darles carta libre a los órganos represores del Estado para poder controlar a la población usando métodos letales incluso. El analista considera que ya ha habido varios muertos que han sido responsabilidad de la Policía Militar y aseguró que, si las circunstancias prevalecen o se agravan, esas muertes van a quedar en total impunidad.

“Es probable que la declaratoria de quién ganó las elecciones se de en horas de la noche cuando la población está restringida en su libertad de locomoción”, analizó Menjívar.

Escuche entrevista completa:

Recurso de amparo

Varias organizaciones promotoras de los Derechos Humanos en Tegucigalpa se van a presentar ante la Corte Suprema de Justicia para interponer un recurso de amparo ante la sala de lo constitucional.

“La Constitución sigue vigente y vamos a presentar un recurso de amparo ante la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia porque nosotros, los defensores y defensoras de los Derechos Humanos, consideramos que la sala debe controlar este acto ilegitimo e ilegal por parte del señor Ricardo Álvarez reunido en Consejo de Ministros”, informó el abogado Eddy Tábora del Comité por la Libre Expresión, C-Libre.

Tábora hizo un llamado para que la Fiscalía Especial de los Derechos Humanos inicie la respectiva investigación para que presente una acusación contra el señor Ricardo Álvarez y los demás secretarios de Estado que firmaron el decreto

“Presentaremos una denuncia contra el señor Ricardo Álvarez por haber usurpado las funciones de la presidencia de la República establecida en el artículo 245, y él junto al Consejo de Ministros porque ni siquiera el decreto, si lo podemos revisar, está firmado en condición de la Presidencia de la República, está firmado como coordinador de un gabinete. Están usurpando la presidencia de la república, eso es grave para la democracia”, advirtió Tábora.

El Decreto Ejecutivo PCM-084-2017 entra en vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial de la República “La Gaceta”, curiosamente ya estaba publicado antes de informarse a la nación.

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