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A tres años de impunidad en el crimen de Margarita Murillo, su familia y compañeras del Foro de Mujeres por la Vida, continúan denunciando el sistema donde la mujer ha sido replegada por tantos años, y donde la violencia se ensaña y la impunidad permite la repetición y el aumento de estos hechos sin que el Estado de una respuesta.

Margarita Murillo fue asesinada por la espalda un 27 de agosto del 2014, en medio de un conflicto agrario que sigue cobrando la vida de campesinas y campesinos. Fue asesinada por varios disparos, en el país más peligro para los defensores de derechos humanos y bienes naturales según la organización Global Witness. También fue asesinada en el país donde cada 14 horas una mujer sufre su mismo destino.

Al momento del crimen las autoridades policiales encontraron una carta con una invitación a un encuentro de organizaciones campesinas, que también tenía una amenaza para que dejara de luchar por la tierra o tendría un derramamiento de sangre.

Al final su sangre fue derramada por las manos de sicarios al servicio de los grupos económicos que tienen en el control de las tierras y que se prestan a criminalizar en contubernio con el Estado a los campesinos y campesinas, denuncia el Foro de Mujeres por la Vida.

Margarita pertenecía a la Empresa Asociativa Campesina “Las Ventanas de la Producción”, en la que desde hace nueve años se organizaron para recuperar terrenos en el departamento de Cortés, y de esa forma ponerlo en manos de los campesinos tanto para cultivarla como habitarla.

Según la Central Nacional de Trabajadores del Campo-CNTC-, En Honduras la tierra está concentrada en pocas manos, del lado más desfavorable hay más de 350 mil familias campesinas que no cuentan con un pedazo de patria para cultivar ni para instalar una pequeña vivienda.

A pesar de la crisis actual, el gobierno lejos de buscar una solución sigue entregando el territorio y bienes naturales a inversionistas nacionales y extranjeros para su explotación.

Este 27 de agosto las mujeres organizadas en el Foro de Mujeres de Atlántida, Colón, Cortés, Santa Bárbara y Yoro, realizaran un acto de protesta, en la comunidad garífuna Barra Vieja en Tela, para denunciar la impunidad por el asesinato de Margarita y el despojo territorial que están sufriendo las mujeres de la costa.

Aumenta violencia hacia las mujeres

En Honduras la mujer es víctima de varios tipos de violencia. Una violencia cultural producto de la clase de sociedad donde predomina el machismo y la desvalorización de la mujer por el simple hecho de ser mujer. Una violencia política en la que no se le permite participar en igualdad, a pesar de tener igual o más capacidad que los hombres. Y una violencia estatal donde se le reprime con leyes y se violenta su cuerpo y territorios al tomar decisiones en contra de su dignidad.

“Toda esa violencia estamos viviendo las mujeres sin que las autoridades y organizaciones sociales digan algo al respecto”, denunció Jessica Sánchez del Movimiento Feminista de Honduras durante un conversatorio que realizó el Foro de Mujeres por la Vida.

En el país según las organizaciones de derechos humanos cada 14 horas una mujer es asesinada. En lo que va de 2017 se contabilizan casi 200 asesinatos de mujeres, y en los últimos 13 años se han registrado 5, 135 femicidios; los casos se encuentran sumergidos en el 96 por ciento de impunidad.

“Pareciera que el país está en guerra”, agregó Jessica, asegurando que las mujeres se sienten abandonadas por parte del movimiento social y popular en Honduras, quienes según la analista no se pronuncian respecto.

A Carlos Galo Chicas le preocupa que la nueva Ley General de Agua ya se está implementando en Honduras y que poca gente ha reaccionado ante la privatización de este derecho. Cree que es necesario que toda la población entienda la ley para defender los proyectos comunitarios, porque no le han costado nada de dinero ni al gobierno ni a la municipalidad, siempre se han mantenido con esfuerzo de la gente.

Galo Chicas es presidente de la Junta de Agua de la comunidad de Las Flores, un pequeño caserío que se ubica en el sector ex campos bananeros, municipio de El Progreso, Yoro, Norte de Honduras.

Y es que la realidad en las zonas rurales es similar a lo que pasa en la ciudad, la mayor parte de la gente está acomodada, no se integran a la organización. En palabras de la presidenta de la Junta de Agua de la comunidad 19 de Mayo, Petronila Ventura: “Parece que a mucha gente no le interesa organizarse, porque quiere que todo le lleven a su casa, los politiqueros a veces llegan a dar migajas con esa bolsita solidaria que solo les dura para una comida. Les prometen cosas y así se queda la gente, esperando y no acciona”.

Ante esto, varios representantes de las directivas de juntas de agua de los sectores Sur, Guaymas y Ex campos bananeros han iniciado un proceso de formación para fortalecer sus organizaciones y para la defensa del derecho humano al agua. La formación es parte de una serie de actividades para articular acciones que se desarrollarán en diferentes partes del país.

Otras iniciativas son concientizar a las comunidades para dar pasos para la construcción de un nuevo modelo de vida, que incluye, dejar de comprar productos innecesarios, sembrar semillas para cultivar alimentos saludables y llevar una buena administración de los proyectos de agua. Además de ir trabajando en la cultura de dar rendición de cuentas todos los meses y no tener mora en el pago del agua.

Otras juntas de agua, como la de Arena Blanca, están reforestando la zona donde nace el agua. Han formado un comité de vigilancia para cuidar el bosque y para que no haya delincuencia en el lugar. Asimismo hacen caminatas por la montaña para concientizar a la gente de que se debe mantener bien limpia la cuenca.

“El agua es un derecho y solo unidos vamos a poder defender este vital líquido de la privatización, Y agradecemos a Trocaire, al ERIC y a Radio Progreso porque nos ayudan en esta formación, que para nosotros es muy valiosa”, dijo el presidente de la Junta de Agua de la Comunidad de La Fragua, Francisco del Cid, quien junto con otros miembros de la directiva están dando pasos hacia adelante para que el agua no solo sea accesible, sino que también sea de calidad y en abundancia.

Luego de conocer el informe del Registro Nacional de las Personas (RNP), en el que válida 4,133 firmas que respaldan la iniciativa ciudadana, y después de 60 días de agudización de la crisis, la junta directiva del Congreso Nacional nombró una Comisión Especial para estudiar y dictaminar el ante proyecto de ley presentado por el Movimiento Estudiantil Universitario (MEU). 

El MEU propone la instalación de un gobierno provisional para iniciar la salida a la crisis en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), que tendrá como finalidad “la restauración de la participación estudiantil en los órganos de gobierno universitario”.

Integran la Comisión Especial de dictamen los diputados Edwin Pavón, Edgardo Casaña, Carmen Rivera, Liberato Madrid, Maynor Vargas, Audelia Rodríguez y Renán Inestroza.

El diputado de Libertad y Refundación (LIBRE), Edgardo Casaña, expresó su preocupación al nombrarse una Comisión Especial que no está integrada por legisladores que han sido docentes. “Al no tener experiencia, con todo el respeto, será muy difícil aportar a la solución de la crisis”. 

Casaña propone la instalación de un gobierno de transición que esté integrado por los principales actores internos de la UNAH y que “inmediatamente inicie con el proceso de elección del nuevo gobierno universitario, mientras en el Congreso se trabaja en la reforma del decreto 46-2013 que mató la representación estudiantil”.

En marzo de 2013, el Congreso Nacional aprobó las reformas al artículo 8 de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, mediante las cuales se faculta a los miembros del Consejo Universitario a nombrar la representación estudiantil en ese organismo.

Piden entregar aulas de clase

La comisión legislativa al iniciar la primera jornada de reuniones con los actores del conflicto universitario planteó al Movimiento Estudiantil entregar las aulas de clase que se encuentran tomadas en Ciudad Universitaria y los Centros Regionales, para reanudar el periodo académico.

“Respetamos la forma de pensar y otras alternativas de ellos, pero igualmente los invitamos a que piensen que el Congreso abrió este espacio para encontrar una solución de interés nacional; un buen paso sería el reinicio de las clases y las próximas semanas será clave”, dijo Edwin Pavón, vicepresidente del Congreso Nacional y presidente de la Comisión Especial.

Sin embargo, Andrés Oseguera, representante del MEU, dijo a Radio Progreso que “el Movimiento Estudiantil no llevamos un planteamiento de acciones a tomar, pero en este momento no vamos a dar nuestra vía de presión solo por capricho del sector legislativo, el que en 2013 en menos de ocho horas aprobó el proyecto de reforma presentado por la rectora Julieta Castellanos”.

Ese mismo día -16 de agosto-, una hora después de la reunión entre diputados y dirigentes del MEU, la Policía Nacional, a través del Escuadrón Cobras, desalojó a los estudiantes en huelga de hambre con una lluvia de bombas de gas lacrimógeno. La represión duró cuatro horas.

Al anunciar la cancelación del tercer periodo académico en Ciudad Universitaria, la rectora Julieta Castellanos, aseguró que los únicos responsables de la situación son los dirigentes del Movimiento Estudiantil Universitario (MEU).

“Es responsabilidad exclusiva de los dirigentes del MEU Fausto Cálix, Héctor Ulloa, Cristian Sanabria, Marcos Rubí y Héctor Estrada, estos son los responsables que por segundo año consecutivo estudiantes universitarios estén sin posibilidad de un tercer período en Ciudad Universitaria y con riesgo de tener solo un período en el 2017”, enfatizó Castellanos, en una conferencia de prensa.

Héctor Ulloa, vocero del Movimiento Estudiantil, manifiesta que las acusaciones de las autoridades universitarias son parte de una “campaña de apología al odio”, autoridades que “han sido incapaces de solventar la crisis ante sus intenciones de continuar dirigiendo la universidad”.

“Ellos son funcionarios públicos y son ellos quienes tienen obligaciones y deberes con el Estado; deberes que han incumplido debido a negligencia e incompetencia, les ha quedado grande esta crisis que se viene arrastrando desde hace ocho años”, agregó Ulloa.

Otra determinación de la rectoría universitaria fue la cancelación de los salarios, conforme a los días trabajados, del segundo periodo académico a los docentes contratados por hora. En ese sentido, René Centeno, vicepresidente de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (ADUNAH), señala la precarización laboral de los catedráticos al no ser nombrados en plazas permanentes después de tres contrataciones por hora: “ seguramente estos docentes van a apelar en base a ley, y sucederá como ha ocurrido en incontables situaciones bajo las actuales autoridades, en la cual han despedido de manera arbitraria, utilizando recursos ilegales, y han tenido que pagar salarios caídos, además de las multas.

El vicepresidente de la ADUNAH detalló que los docentes que se mantienen bajo contratos por hora no están facultados para votar en los claustros de profesores, medida que “cercena la opinión sobre las decisiones dentro de la universidad”.

Ley Orgánica y participación estudiantil

Al finalizar una reunión con las autoridades universitarias, Edwin Pavón, presidente de la Comisión Especial, dejó claro que al dictaminar la iniciativa ciudadana presentada por el Movimiento Estudiantil respetarán la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y garantizarán la representación estudiantil en los gobiernos universitarios.

“La Universidad también ha presentado una propuesta muy completa. Hay un signo importante, ambos quieren elecciones. Yo no miro de que otra manera se pueden integrar los órganos donde tienen que tener representación los estudiantes, todo tiene que hacerse de manera transparente”, dijo Pavón.

El vicerrector de asuntos estudiantiles, Áyax Irías, cuestionó que los procesos eleccionarios no se han desarrollado ante la falta de concesos entre estudiantes para concretar un reglamento; “pasaron los años, desde el 2010 hasta la fecha, sin que lograran el reglamento y si no pueden ni ellos y la Universidad no tiene esa facultad, pués, el Congreso tendrá que resolver”.

En relación al reinicio de clases, la rectora Julieta Castellanos aseguró que depende del acceso a las aulas, tomadas como acción de presión por el Movimiento Estudiantil. 

Castellanos insiste en que el origen del conflicto no es académico: “ellos están en un proceso de quitar del camino a todo el que no piensa como él y si no piensan como ellos usan el garrote. Así que no podemos decir que son temas académicos”.

Aseguró que desde el “conflicto anterior” como autoridades “siguen esperando” el reglamento estudiantil y la propuesta de normas académicas.

La comisión especial legislativa anunció que sostendrán una reunión para definir encuentros con actores que convergen en el accionar de la comunidad universitaria, entre ellos docentes y expertos académicos que puedan aportar para el dictamen final que presentarán al pleno del Congreso Nacional.

La discusión y aprobación del nuevo código penal en el Congreso Nacional está llegando a su final en medio de una fuerte polémica por la decisión del Partido Nacional de rebajar las penas en los delitos vinculados con la corrupción. 

“De acuerdo a mi experiencia como fiscal, no era necesario un nuevo código penal, yo creo que con simples reformas a algunos delitos que no estaban contemplados, como los delitos informáticos por ejemplo y otros que andan allí rondando en otras leyes especiales se puede manejar la criminalidad en Honduras”, explicó el ex fiscal del Ministerio Público y diputado, Jari Dixon Herrera.

La discusión de la ley ha tenido sus momentos tensos y calmos. En los últimos días la polémica se ha disparado en relación a la reducción de las penas para delitos vinculados a la corrupción e impunidad.

Blindaje

Diferentes sectores se han pronunciado sobre la reducción de penas, han condenado al Partido Nacional por asumir esas posiciones y a la vez han coincido que lejos de bajarse, debería incrementarse los castigos contra los que le roben y abusen del Estado.

Mario Díaz, coordinador de los Tribunales de Sentencia, señala que el poder Legislativo se muestra tolerante ante las conductas ligadas a la corrupción. “Al disminuir las penas entonces muchas personas pudieran quedar en libertad o podrían, mediante una conmuta, andar tranquilamente y habiendo cometido actos que son detestables para la ciudadanía, no es un buen mensaje”, dijo el juez Díaz.

Las penas de 6 a 9 años contempladas en los artículos 475, 476 y 477 fueron reducidas de 4 a 6 años por los delitos de malversación por apropiación, malversación por uso y malversación por aplicación oficial diferente. 

En el artículo 478, las penas de 6 a 9 años fueron reducidas de 4 a 6 años por el delito administración desleal del patrimonio público, y en el artículo 479, la pena de 9 a 12 años fue reducida de 6 a 9 años por los delitos anteriores con agravantes específicos.

El Partido Nacional, a través de sus dirigentes en el Congreso Nacional, ha explicado públicamente que no se trata de una reducción de penas, como lo denuncian los diputados de la oposición, sino que se trata de una readecuación de penas en el nuevo código penal.

“Esto es simple matemáticas. Si antes tenían de 6 a 9 y hoy tiene de 4 a 6, a dónde está la readecuación de las penas, a dónde está ese término readecuación de penas, lo que hicieron fue reducir lo que se había aprobado. Lo que hicieron fue aprovecharse de una ratificación del acta para reducir penas”, explicó el diputado Jari Dixon Herrera.

El presidente del Colegio de Abogados de Honduras, José María Díaz, dijo desconocer muchas interioridades de lo que en el Congreso Nacional se estaba aprobando. “Nosotros no hemos sido integrados por parte de la comisión de asuntos penales del Congreso. Nosotros no podríamos hablar, porque el conocimiento que ha tenido el Colegio de Abogados es que precisamente el código penal estaba contemplando procesos más rigurosos y penas más rigurosas”, aseguró José María Díaz.

Contradicción gubernamental

“El mensaje que tiene que enviarse es un mensaje fuerte, de combate fuerte, de sanciones drásticas porque la corrupción, en todo los países del mundo, es combatida de la manera más fuerte posible”, dijo el juez Mario Díaz.

En el nuevo código penal, que se discute y aprueba en el Congreso Nacional, ya no existe la conmuta, que era el pago de 10 Lempiras por cada día en prisión cuando sobre la pena que le habían aplicado al acusado llegada hasta cinco años. Ahora el juez puede aplicar el “reemplazo” que podría ser casi lo mismo, un arresto domiciliario, asistir a firmar al juzgado, hacer trabajo comunitario. 

“El mensaje es que la ley solamente se hizo para las grandes mayorías, y las grandes mayorías desposeídas, el que tiene poder económico y político en el país tiene licencia para delinquir. Ellos, con este nuevo código penal, se están blindando para las acciones penales que pudieran venir en el futuro”, manifestó el abogado Jari Dixon Herrera.

Herrera aseguró que las penas muy bajas ahora estarán sujetas a conciliaciones y también a la suspensión de la acción penal. El diputado explicó que cuando se da la conciliación o la suspensión de la acción penal, según el código procesal penal, la persona podría incluso quedar sin antecedentes penales.

¿Bofetada a la Maccih?

Varios sectores de la sociedad opinan que la decisión del Partido Nacional en el Congreso de la República es una contradicción con lo que pregonan tanto dentro como fuera del país. Hablan de una lucha fuerte contra la corrupción y la impunidad poniendo como ejemplo de esa voluntad la llegada, en colaboración con la Organización de Estados Americanos, OEA, de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, Maccih.

“Es una bofetada en la cara, a la Maccih le están diciendo señores ustedes no valen nada, ustedes no tienen ningún poder, a ustedes no los respetamos, ustedes vinieron aquí por una estrategia política para calmar a los indignados, el tratado o el convenio no les da poder inclusive ni de actuar dentro de los procesos penales. Ustedes están aquí para ganarse un buen sueldo, andar en carros de lujo, para hacer reuniones en hoteles de lujo, pero aquí no nos van a venir a molestar” analizó Jari Dixon Herrera.

El coordinador de los Tribunales de Sentencias, Mario Díaz, también analizó que las nuevas disposiciones en las penas por corrupción entran en choque con la Maccih. “La Maccih aboga para que tengamos sanciones fuertes, para que no haya criterios de oportunidad en casos de corrupción y porque muchas prebendas que han tenido diferentes acciones criminales como éstas no sigan ocurriendo, por lo tanto, creo que habrá un choque muy fuerte, muy frontal contra la Maccih”, vaticinó el juez Díaz.

El Magistrado de la Corte Suprema de Justicia y enlace de ese poder del Estado con la Maccih, Rafael Bustillo, calificó de cuestiones políticas la reducción de penas por delitos conexos a la corrupción aprobadas por el Congreso Nacional en el nuevo código penal.

“Esas son cuestiones de los políticos, yo creo que lo que hay que hacer siempre es atacar el problema, si ellos tuvieron a bien reducir penas pues esa es decisión de ellos, habrá que ver por qué lo hicieron. Siempre hay que atacar el problema no solamente incrementando penas es que se combate el delito y la corrupción”, dijo el Magistrado Bustillo.

¿Rectificarán?

Los expertos en leyes cuestionan fuertemente la decisión del Partido Nacional de bajar las penas contra los corruptos y abonar más caldo a la impunidad.

“Para nosotros es novedad que se estén disminuyendo las penas. En las situaciones y con las estadísticas de crímenes que hay en el país, no creemos que la tendencia sea a disminuir las penas cuando más bien tenemos que, de alguna forma, sentar un ejemplo e incrementar las penas tal y como se discutió con el caso de la niñez”, dijo el presidente de los abogados en Honduras, José María Díaz.

El director de Transparencia Internacional, Carlos Hernández, es de la idea que, ante la vinculación de integrantes del Partido Nacional y ex funcionarios públicos a los actos de corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, el mensaje del partido de gobierno es equivocado razón por la cual debe buscar la manera de anteponer la ética.

“El Congreso Nacional de la República, por cuestiones éticas, no puede tomar este tipo de decisiones de reducción de penas puesto que no podemos desconocer que en los últimos cuatro años ha sido un tema constante en la agenda pública”, dijo Hernández.

Transparencia Internacional espera que se tome la decisión de revertir esa situación y poder buscar los mecanismos para generar procesos de integridad pública sin abandonar las sanciones y condenas contra los corruptos.

Todas esas expectativas se contradicen con lo que analiza el abogado Jari Dixon, diputado al Congreso Nacional. “En el Congreso Nacional no se respeta absolutamente nada, no se respeta ni lo que se aprueba adentro del hemiciclo legislativo. Y no se respeta porque venimos de un proceso de incumplimiento de hace muchos años donde a los incumplidores de la ley, a los incumplidores de los procesos nunca se le ha llamado a la justicia hondureña, nunca se le ha resarcido responsabilidad”, finalizó Dixon Herrera.

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Aléf | Sección Cultural

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