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Millonarias deudas hunden poco a poco a varias municipalidades en la costa norte y otras regiones del país. El endeudamiento se viene arrastrando desde hace varios años, y en la actualidad mantiene a las comunas al borde de la bancarrota.

Préstamos con la banca privada a altos intereses y readecuaciones de deudas son algunas de las salidas que han implementado los alcaldes, pero las mismas resultan infructíferas.

La tercera ciudad más importante del país, la denominada novia de Honduras; La Ceiba, Atlántida atraviesa una de las peores crisis financieras de su historia.

Desde el año 2011 la Municipalidad de La Ceiba mantiene una deuda con los bancos que supera los 700 millones de Lempiras.

A pesar que el Congreso Nacional aprobó una readecuación con la que se esperaba saliera a flote, la comuna ceibeña sigue atrapada en el millonario préstamo.

El punto más tenso de la crisis financiera comenzó a sentirse este mes de junio, cuando la empresa Energía Honduras (EEH) cortó el servicio eléctrico, por una mora que supera los 23 millones de Lempiras.

Hasta la fecha, el fluido eléctrico no ha sido restablecido, y en su lugar las autoridades decidieron instalar una planta eléctrica a base de combustible.

¿Y el salario de los empleados?

Los más golpeados con el millonario endeudamiento en la alcaldía de La Ceiba, Atlántida son los empleados y empleadas.

Jary Antúnez, presidente del sindicato de trabajadores de la municipalidad de La Ceiba, asegura que les adeudan 7 meses de salario, más de 40 millones de Lempiras.

Asegura que esa situación les preocupa porque han comenzado a pasar calamidad en sus hogares, “en las pulperías ya no les quieren dar crédito y las autoridades municipales no dan muestras que pronto realizaran los pagos”.

Antúnez señala que la crisis financiera que tiene la municipalidad es producto de la mala administración que han hecho sus autoridades. “La municipalidad es sostenible, el pueblo paga sus tributos, sin embargo las autoridades han hecho mal uso de los fondos públicos”.

Deuda

En septiembre del 2016, el Congreso Nacional aprobó mediante decreto la readecuación de 390 millones de Lempiras, de los cuales 360 se destinarían para el pago de deudas contraídas con diversas instituciones financieras, y el resto para el pago de los salarios atrasados de los empleados.

Sin embargo, asegura Antúnez, presidente del sindicato municipal, el proyecto fue un total fracaso.

A criterio del ex regidor, Roger Pérez el endeudamiento descontrolado y la falta de rendición de cuentas son los factores principales para que la comuna ceibeña esté sumida en la actual crisis financiera.

Agrega que el endeudamiento anual supera los 100 millones de Lempiras y que la deuda se viene arrastrando desde administraciones anteriores cuando era de aproximadamente, 79 millones de Lempiras.

El ex funcionario dice que actualmente no se sabe con certeza de cuánto es la deuda que mantiene la municipalidad, pero se estima que podría sobrepasar los 700 millones de Lempiras.

La falta de transparencia y la incapacidad administrativa son los factores principales que mantienen cerca del colapso financiero a varias municipalidades en el país.

Las municipalidades están obligadas a garantizar transparencia, eficiencia en la ejecución de todos los fondos recaudados por la vía de las transferencias y por las recaudaciones propias, sin embargo en muchas ocasiones esos fondos sirven como vaquita lechera para enriquecer a funcionarios municipales y a sus colegas de partido.

El Movimiento Estudiantil Universitario (MEU) solicitó a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUH) respaldo para la instalación o convocatoria de una Mesa Mediadora que esté integrada por actores extranjeros que han dedicado su vida a la promoción y protección de los derechos humanos, a fin de que se llegue a una pronta solución a la crisis democrática y criminalización de la protesta.

La solicitud de acompañamiento la realizaron mediante un documento, en el que se exige la renuncia inmediata e irrevocable de la rectora Julieta Castellanos, explica Héctor Ulloa, vocero del MEU: “nosotros planteamos las garantías para que se puede instalar un diálogo, porque los procesos de diálogo han fracasado, no por el contenido sino por las personas que están al otro lado de la mesa que no han dado cumplimiento”.

En el documento además se demanda la renuncia de Áyax Irías, vicerrector de Asuntos Estudiantiles y de Belinda Flores, vicerrectora académica.

La representación estudiantil, que lideró la instalación de una mesa mediadora en julio de 2016, planteó a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos que otra de las garantías para la instalación de un nuevo espacio de diálogo es el cese a las acciones penales incoadas en contra de los universitarios que han sido acusado “ilegalmente por la supuesta comisión de delitos en ocasión del ejercicio del derecho a la protesta, de manera inmediata, por parte del Ministerio Público y de la UNAH”.

Al anterior punto se le agrega la cancelación de todos los procesos “administrativos sancionatorias que ha iniciado la UNAH; y la investigación expedita por parte del Ministerio Público a fin de corroborar que las conductas y acciones que ha ejercido Julieta Castellanos Ruiz podrían configurarse dentro de los tipos penales de Abuso de Autoridad por violación a los Derechos Humanos”.

Por su parte, la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (ADUNAH) rechazó las acciones represivas contra estudiantes y personas que se encontraban en las instalaciones de Ciudad Universitaria el pasado viernes, 16 de junio. Asimismo, la catedrática Margarita Pavón señaló la pérdida de la institucionalidad en la máxima casa de estudios.

“Violenta y suspenden el Consejo General de Carrera Docente y lo sustituyen por una comisión ad hoc, y violentan la Universidad cuando le niegan a los estudiantes la participación en los órganos de gobierno. Entonces, si una autoridad violenta la Ley Orgánica sin tener facultades, esas facultades para reformar la Ley solo las tiene el Congreso Nacional, hacia dónde vamos”, puntualizó Pavón.

En comparecencia de prensa y apoyándose en un discurso de criminalización, esta semana el presidente Juan Orlando Hernández dijo que el país debe iniciar un diálogo para establecer la línea de la protesta pacífica: “hoy tenemos un debate muy fuerte, entre las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, sobre este tema del derecho a la protesta y lo que plantea la autoridad universitaria. Si alguien, no importa que argumenta, pero va y le prende fuego a un cajero, dónde ha visto usted que ese es un acto de protesta”.

Hernández hizo referencia a un vídeo, que circuló por las redes sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en el que se ve a dos hombres jóvenes roseando de gas un cajero automático, y que las autoridades universitarias argumentaron que fueron miembros del MEU.

“Este debate es oportuno profundizarlo, porque el país debe tener claridad donde está la línea del derecho a la protesta pacífica, a la que tenemos derecho todos y a cuando se transgrede esa línea y se atenta contra otros”, dijo Hernández.

La semana anterior, las autoridades universitarias ordenaron a elementos del Escuadrón de Policía Cobras entrar a las instalaciones de Ciudad Universitaria para reprimir a decenas de estudiantes que protestaban contra los procesos de criminalización y judicialización.

El MEU está a la espera que la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos dé su apoyo para solicitar una visita in loco de la Relatora Especial de la ONU para el Derecho a la Educación en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

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Aléf | Sección Cultural

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