Ismael Moreno (sj)*
Las recientes elecciones primarias han servido para constatar el continuo e imparable proceso de 40 años de degradación de las cúpulas políticas, hasta acabar siendo elecciones ya no “estilo Honduras”, sino “estilo fraude de narcopolíticos”.
En estas condiciones, una alianza con partidos políticos, antes de las elecciones generales, dejaría más consecuencias negativas que beneficios tangibles para un movimiento social ya cruzado por la dispersión y la desconfianza.
Elecciones “estilo narcopolíticos”
Cuarenta años después de la ruptura formal con la etapa militarista y del inicio del llamado orden democrático, expresado en gobiernos representativos elegidos con el voto popular, Honduras se encuentra hoy en un proceso de regresión, con una democracia ausente y atrapado en dinamismos de alta corrupción e impunidad.
Pasamos de la “democracia tutelada” a la “democracia autoritaria”; del militarismo a un golpe de Estado que abrió las puertas para la construcción de un proyecto autoritario dictatorial. Y aunque las elecciones nunca han faltado cada cuatro años, y la población ha continuado asistiendo devotamente a depositar su voto, estas se pueden valorar como un continuo e imparable proceso de 40 años de degradación, hasta acabar siendo elecciones, ya no tanto “estilo Honduras”, sino “estilo fraude de narcopolíticos”.
Este año 2021 es decisivo para el futuro inmediato del país. El 2020 fue de incertidumbres, miedos y angustias, y en lo fundamental fue el año de consolidación del Pacto Político de Impunidad bajo el control del primer anillo que lidera Juan Orlando Hernández en plena alianza con el alto mando de las Fuerzas Armadas, un reducido sector de la cúpula empresarial, un sector elitista de la llamada sociedad civil, miembros de la Confraternidad Evangélica, un puñado de medios de comunicación, y sectores del crimen organizado. Esta amalgama de sectores ha recibido diversos beneficios, con base en una alianza sostenida en una relación mercenaria; es decir, una relación de lealtad al primer anillo, el estricto sector “juanorlandista”, mediada por sobornos, compras, pagos y dádivas.
El aval de Trump
La consolidación de este pacto político de impunidad sería impensable sin haber contado con el respaldo decisivo del propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien expresamente se decantó en favor del régimen hondureño, especialmente por la respuesta sumisa que recibió de sus funcionarios ante la política migratoria discriminatoria y represiva de su gobierno ante los migrantes de esta región.
Un momento clave fue la suscripción de los Acuerdos de Cooperación de Asilo, o Tercer país Seguro, un eufemismo para convertir a los países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica en barreras de contención de migrantes, y así ubicar en territorio centroamericano la frontera entre México y los Estados Unidos.
A ciegas y a tientas, pero con sobrados intereses oportunistas, el gobierno de Juan Orlando Hernández firmó estos acuerdos que tuvieron una implementación precisa con la represión, coordinada entre los gobiernos de Guatemala y Honduras, a las caravanas organizadas a lo largo de 2020 y comienzos de 2021. A cambio de esa sumisión, unida al uso del territorio hondureño para programas de seguridad por parte del Comando Sur, el gobierno de Trump ratificó en 2020 a Juan Orlando Hernández como un aliado y amigo de su administración, no obstante los señalamientos directos sobre su vinculación con el narcotráfico.
Cauces de apoyo
La consolidación del Pacto Político de Impunidad en 2020 tuvo tres fuertes cauces de apoyo. El primero fue la decisión política de Hernández y sus aliados internos de sacar a la Maccih[1] del escenario nacional, la eliminación de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), y la aprobación del nuevo Código Penal, conocido por los expertos como “código de la impunidad”. Tan pronto como este fue aprobado, comenzó a redituar en favor de altos funcionarios contra quienes había requerimientos fiscales, como los involucrados en hechos de corrupción y malversación de fondos públicos, por ejemplo los casos conocidos como Pandora y Caja Chica de la Dama, entre otros sustentados por la Maccih.
El segundo cauce de apoyo fue la crisis humanitaria que afloró con todas sus fuerzas tras la llegada de la pandemia y las consecuencias que desataron en el país, en noviembre, las dos tormentas tropicales que golpearon de frente y sin piedad especialmente a la Costa Norte y el occidente hondureño, cebándose con toda su furia sobre el valle de Sula. La población damnificada, que ya venía siéndolo con la pandemia y la corrupción pública, vino a ser carne de cañón para la política asistencial del programa “Vida mejor” de los activistas del partido Nacional, y una nueva oportunidad para los altos funcionarios públicos para desviar las ayudas hacia sus cuentas particulares y la campaña electoral oficialista.
Y el tercer cauce de apoyo fue la puesta en marcha, bajo estricto control de los sectores liderados por Juan Orlando Hernández, de los dinamismos e instancias del proceso electoral. Con la publicidad oficial orientada a exacerbar los ánimos —en una sociedad que con facilidad convierte las elecciones en fiesta popular y en oportunidad para vender votos y calmar sus urgentes necesidades de sobrevivencia—, y con el respaldo del PNUD, ansioso por sentirse útil ante sus jefes a costa de avalar la corrupción y violación a los derechos humanos, el gobierno logró liderar el proceso para aparentar que la creación de algunos organismos electorales, así como la incorporación del partido Libre a esas nuevas instancias y al Registro Nacional de las Personas, era una novedad que garantizaba la transparencia electoral.
Así evitó la aprobación de auténticas reformas electorales y una nueva Ley Electoral, y se garantizó que los dirigentes de los partidos políticos se constituyeran —como siempre— en los definidores de todo el proceso electoral, incluyendo, obviamente, los eventuales fraudes para salir al paso ante posibles sorpresas.
Encrucijada o dilema
Si el año 2021 arrancó bajo esta consolidación del Pacto Político de Impunidad, y con estos tres cauces de apoyo en marcha, el año entero se constituye en un desafío político: ¿seguirá consolidándose, la sociedad hondureña aceptará pasivamente que siga afianzándose este pacto político? ¿O se pueden crear condiciones para debilitarlo o para romper con el proceso que han venido impulsando los sectores que lo lideran? ¿Qué nuevos factores han surgido, como para pensar en 2021 como un año de transición y, eventualmente, de ruptura con el pacto político de impunidad?
Después de al menos doce años de iniciado el proceso de construcción del proyecto político de la extrema derecha hondureña, que se concretó en el pacto político de impunidad, podríamos decir que estamos ante una encrucijada o dilema. O continúa el proceso que inició tras el golpe de Estado en junio de 2009, y que ha logrado cooptar toda la institucionalidad del Estado de derecho para ponerla al servicio del pacto político de impunidad, o se establece una ruptura con este y se pone en marcha una difícil pero necesaria propuesta de corto y mediano plazo, para construir un nuevo proyecto de modelo económico, social, fiscal, de salud, educación y producción.
Esta sería una condición de posibilidad para revertir el proceso generador de desigualdades sociales, que a la vez contribuya a revertir el deterioro ambiental y ecológico, estableciendo una ruptura con el modelo basado en la privatización de los bienes y servicios públicos y con el extractivismo. Asimismo, que revierta el colapso de una institucionalidad que acabó siendo terreno fértil para la corrupción, la impunidad y la violación de los derechos humanos.
Entonces, estamos situados ante el dilema o la encrucijada de cómo convertir el 2021 en un año de transición hacia un nuevo proyecto de transformación de la sociedad hondureña. Esto supone una actitud activa, propositiva y osada. En la Honduras de los comienzos de la tercera década del siglo, no hay lugar para términos medios; y mucho menos para transigir con el pacto político de impunidad y corrupción, como el que se ha venido tejiendo a lo largo de los últimos doce años. Como señala el científico Salvador Moncada, cuando los corruptos e incompetentes se unen, las consecuencias negativas no suman, sino que se multiplican. O aceptamos que prosiga este pacto, lo que significa aceptar vivir hundidos en el deterioro que se multiplica, o decidimos hacerle frente para debilitarlo, hasta producir su ruptura total. He ahí el dilema hondureño.
Factores que condicionan el año 2021
Factor imperial. La nueva administración en el gobierno de Estados Unidos representa un cambio de su política hacia México y Centroamérica, y particularmente para Honduras. A pocas semanas de la asunción del gobierno Demócrata de Joe Biden, los cambios hacia Honduras no se han hecho esperar. Juan Orlando Hernández ha dejado de ser un amigo y aliado, para convertirse en un gobierno incómodo y una amenaza para los derechos humanos y la lucha contra la corrupción.
El gobierno de Biden derogó los Acuerdos de Cooperación de Asilo. Las declaraciones de un antiguo consejero de Obama, Dan Restrepo, aunque hechas a título personal, advierten que ninguno de los candidatos o precandidatos que resulten electos en Honduras, aun en procesos democráticos, pisarían el salón Oval de la Casa Blanca. Y la iniciativa de ley avalada por ocho senadores estadunidenses para sancionar a Juan Orlando Hernández por corrupción y violación a los derechos humanos, es también una muestra irrefutable de que el gobierno hondureño dejó de contar con el respaldo de EE UU, para situarse ahora en la mira acusadora de Washington.
Factor de justicia internacional. Un factor condicionante, son los juicios que se ventilan en las instancias de justicia del Distrito Sur de Nueva York. El titular del Ejecutivo cada vez se encuentra más cercado por señalamientos de narcotraficantes o testigos que lo involucran, ya no solo como beneficiario de dineros del narconegocio para sus campañas electorales y sus cuentas particulares o familiares, sino también como miembro activo y dirigente del negocio de narcotráfico; y con él, oficiales de las Fuerzas Armadas, la Policía y altos funcionarios gubernamentales.
Factor humanitario. La crisis humanitaria es un factor que, en sí mismo, representa el impacto y las consecuencias humanas y sociales de los fenómenos naturales, como la pandemia y las tormentas tropicales, junto con los desaciertos administrativos del gobierno para responder ante estos. Es un factor que puede ser fácilmente manipulado, conforme a los intereses de quienes conducen la política y la economía del país. A lo largo del año, la crisis humanitaria será campo de disputa para la campaña política, los organismos no gubernamentales, las iglesias, las entidades vinculadas con el sistema de las Naciones Unidas y el sistema financiero. Y será sin duda el terreno más fértil para nutrir caravanas y despertar las ansias migratorias de una juventud amenazada y desencantada con las soluciones a sus problemas, demandas y aspiraciones.
Factor electoral. El proceso electoral es un factor especialmente condicionante y definidor del presente año. Comenzó los primeros dos meses y medio con las campañas para las elecciones primarias celebradas el 14 de marzo, por las cuales el Estado erogó al menos 1100 millones de lempiras. Sin embargo, dejaron como principal resultado un ambiente enrarecido por las sospechas, desconfianzas, urnas que por su número de votos superaban la carga electoral, denuncias de fraude en los tres partidos contendientes, y mucha incertidumbre en los electores.
Los triunfadores resultaron ser los precandidatos presidenciales más estrechamente vinculados con los jerarcas de los partidos contendientes: Nasry Asfura, por el Partido Nacional, apadrinado por Juan Orlando Hernández; Xiomara Castro, por el partido Libre, esposa y precandidata puesta por Manuel Zelaya Rosales; y Yani Benjamín Rosenthal, por el partido Liberal, con la bendición de Carlos Flores Facussé. Las precandidaturas que resultaron vencedoras en estas primarias correrán ahora por la Presidencia de la República; y todas responden estrictamente a quienes lideran el Pacto Político de Impunidad.
Las voces independientes y críticas advierten que en las elecciones primarias se reflejaron la inestabilidad y las confrontaciones que caracterizan el contexto político hondureño, desatando más desconfianzas y acusaciones entre las diversas corrientes internas de los tres partidos mayoritarios, especialmente en los partidos Liberal y Libre. Todo el proceso fue determinado por la falta de voluntad política en las cúpulas partidarias para aprobar las reformas electorales, sobre las que todavía no existe consenso.
En el trasfondo, hubo más interés en establecer arreglos bajo la mesa para afianzar las complicidades en torno de la impunidad, que en garantizar el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas. Se aprobaron nuevos organismos electorales y se logró que, especialmente el partido Libre, participara en órganos como el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral, y que se integrara un representante de este partido en el Registro Nacional de las Personas.
Los primeros dos son nuevos, pero las reglas del juego son antiguas. En este marco, era ilusorio esperar que el fraude se evitara, o que se considerara el voto electrónico para impedir que se abultaran las actas electorales, que se permitiera la segunda vuelta entre los candidatos más votados, o que se dotara de reglas al Tribunal de Justicia Electoral. La causa fundamental: la falta de consenso entre los mismos partidos para que se aprobara una nueva ley electoral.
En un contexto con esas características, el escenario que se abre tras los polémicos resultados en las elecciones primarias, estará bajo el férreo control de los tres principales definidores de los tres partidos que participaron en la contienda del pasado 14 de marzo. Los cambios posibles, incluyendo las reformas electorales, son impensables sin el visto bueno y las negociaciones entre Juan Orlando Hernández, Carlos Flores Facussé y Zelaya Rosales.
Los juicios celebrados en Nueva York, así como la iniciativa de los senadores estadunidenses para sancionar a Juan Orlando Hernández por narcotráfico, corrupción y violación de los derechos humanos, sin duda dejan en muy mal predicado al presidente hondureño a nivel internacional; pero a su vez fortalecen los dinamismos internos que le dan a su corriente política mayor poder y control en el Partido Nacional.
El Pacto Político de Impunidad se afianza tras los resultados electorales del 14 de marzo. Las elecciones primarias dejaron constancia del control que ha alcanzado el sector criminal, especialmente el narcotráfico, sobre la vida política del país, con mayor énfasis desde las estructuras de conducción del Partido Nacional y su corriente “juanorlandista”.
Los resultados de las elecciones primarias —salpicados por las sospechas y la ausencia de credibilidad—, abren las puertas a una contienda electoral general en la cual, seguramente, la población se volcará a depositar su voto en las urnas, en un contexto de control absoluto de todas las instancias electorales por quienes dejaron sus huellas en el fraude electoral del 14 de marzo de 2021.
¿Qué se espera de las elecciones generales?
De acuerdo con los resultados oficiales de las elecciones primarias, el “juanorlandismo” lidera las preferencias y ejerce liderazgo en las decisiones fundamentales de los órganos responsables de conducir el proceso electoral. Dicho con más precisión: las verdaderas reglas del juego electoral las define el sector de Juan Orlando Hernández, sea que estén basadas en la legalidad, que sean impuestas por decisiones discrecionales, o resulten de negociaciones entre los barones de la política hondureña.
Es previsible, entonces, que las elecciones generales de noviembre próximo estén empañadas por manejos sucios y que todo el proceso esté contaminado por el fraude. Todo lo cual hace previsible la continuidad de Juan Orlando Hernández en el poder a través de su ungido, el actual alcalde capitalino, Nasry Asfura; sin descartar la sospecha de que ocurra un golpe de timón del que emerja el actual titular del Ejecutivo como pieza de “salvación”, ante una eventual inhabilitación del candidato oficial por enfermedad o requerimiento fiscal.
Sobre alianzas, las públicas y las subterráneas
Todavía es prematuro anticipar el futuro inmediato en el mapa político electoral que desembocará en las elecciones de noviembre. Tras la contienda primaria del 14 de marzo, la llamada oposición comienza a hablar de alianzas, y las presiones de diversos sectores, especialmente del partido Libre, es para que se avance en definir y establecer alianzas. En esa medida, las candidaturas que se presenten a la contienda de noviembre se definirán de acuerdo a las alianzas que se establezcan en los próximos meses.
En todo caso, las alianzas verdaderas no serán las públicas, sino las que se establezcan en los corredores subterráneos entre los barones de la política. Todas las alianzas públicas que se aprueben o se pongan en marcha, estarán definidas y conducidas por los acuerdos de las auténticas alianzas. Las alianzas públicas, especialmente entre Libre y los movimientos sociales, estarán seguidas de publicidad y algarabía, pero no serán decisivas.
¿Qué alianzas convienen a los movimientos sociales?
A los movimientos sociales toca la construcción de propuestas de alianzas sociales y políticas que no se reduzcan ni queden atrapadas en la coyuntura electoral. Toda alianza estrictamente coyuntural en torno de lo electoral estará subordinada a quienes conducen el proceso electoral, tanto en la coyuntura del año como en el escenario que se abrirá tras las elecciones generales.
Una cosa es el diálogo y el debate con dirigentes políticos sobre lo político electoral y las visiones en torno del futuro hondureño, y otra muy distinta y arriesgada es establecer alianzas electorales este año, porque es mucho mayor el riesgo de manipulación y que los movimientos sociales se conviertan en correas de transmisión de unas líneas partidarias que se definen fuera de los movimientos sociales. Una alianza con partidos políticos en los meses previos a las elecciones del próximo noviembre, traería muchas más consecuencias negativas que ganancias tangibles para unos movimientos sociales que ya están cruzados por la dispersión y la desconfianza.
Una alianza que debió hacerse hace dos o tres años, y que no se hizo porque en lo fundamental no interesó a los partidos políticos, específicamente a Libre, no podrá dar frutos dentro de la efervescencia política electoral de hoy. En la coyuntura posterior al fraude electoral de 2017 no cuajó una alianza de la oposición social y política, y se dejó pasar una espléndida oportunidad para hacer valer la fuerza soberana de amplios sectores de la sociedad. Por tanto hoy, en los meses previos a las elecciones generales, una alianza entre Libre y los movimientos sociales sería una changoneta.
[1] Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras.
* Director de Radio Progreso y del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ).