A dos años de la crisis política electoral

A dos años de la crisis política electoral

Han pasado dos años desde la crisis política electoral y corren diez del golpe de Estado y Honduras sigue en un callejón sin salida. Construir caminos de salida sigue siendo una gran tarea.

Quienes conducen el Estado sólo están empeorando las cosas, continúan saqueando las instituciones públicas, siguen militarizando la sociedad y destinando más presupuesto para armas y gatilleros. El juicio del hermano del presidente desveló que no estamos ante una simple dictadura, sino ante un cartel que conduce las principales instituciones estatales.

Un rasgo propio de la dictadura es que a dos años de la crisis electoral hay presos políticos, no hay procesos judiciales para militares que participaron en asesinatos de al menos 23 manifestantes, según el informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos OACNUDH.

Dos años de criminalización de la protesta y de los defensores de los bienes naturales. Hay procesos judiciales contra 31 defensores del ambiente, defensores del río Guapinol y el parque nacional Carlos Escaleras, 8 están en prisión. Hay procesos judiciales para defensores del río Mezapa, para defensores del río Petacón en la comunidad de Reitoca y defensores de la tierra de Zacate Grande, en sur del país.

En paralelo a la criminalización, el gobierno avanzó en la protección de los impulsores de los proyectos extractivistas, estableciendo que la información de las concesiones está protegida por Ley de Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con Seguridad y Defensa Nacional conocida como “Ley de Secretos”, la misma ley que utiliza para proteger la información de los militares y policías que protegen los proyectos mineros e hidroeléctricos.

Estos hechos están en sintonía con el sentir y pensar de la gente. Al menos así lo refleja el sondeo de opinión del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación publicado en abril del presente año, donde el 70 por ciento de los encuestados cree que las instituciones son controladas por los capos de la droga. Al tiempo que seis de cada diez consideran que el gobierno de Juan Orlando Hernández Alvarado es una amenaza para el país y que por los señalamientos de participación en actividades de corrupción y narcotráfico debe salir de la presidencia antes de las elecciones previstas para los próximos años.

La salida está fuera del Estado, quienes lo conducen son el problema. Aunque parezca trillado, el único camino es la búsqueda de consensos entre los sectores de oposición, sean estos partidos políticos, organismos defensores del ambiente, derechos humanos, centros de investigación, académicos, artistas, estudiantes, organizaciones de mujeres o empresariales. Construyamos ese gran consenso por la salida de la narcodictadura y la recuperación de la institucionalidad.