Miércoles, 23 de Febrero 2022 |
Ahorro y austeridad
Un Estado en la situación de calamidad como el de Honduras exige de sus administradores decisiones audaces y una actitud fría para ponerlas en práctica. Es alarmante el abultado presupuesto para el pago de salarios de empleados públicos. Ya no solo es el ministro y el vice ministro, sino que son los directores y subdirectores de los diversos entes dependientes de cada ministerio, y cada una de esas dependencias cuenta con puestos que al ser ocupados normalmente por miembros partidarios los mismos han de emplear y atender las demandas de empleo de miles de activistas.
Ya no solo es la necesidad que tiene el Estado para responder a las urgentes necesidades y calamidades que dejó la anterior administración, sino la más imperiosa necesidad que tienen los funcionarios públicos de garantizar empleo a sus activistas y seguidores. Aquí ya no vale la capacidad profesional ni importa la necesidad que hay de responder a las urgencias públicas. Lo que importa es garantizar empleo a decenas de miles de activistas de base en una escala que comenzando en la cúpula de un ministerio va bajando hasta llegar a la escala más baja de los activistas.
Un presupuesto así no solo acaba en un Estado improductivo sino que conducirá a la imposibilidad para que se atiendan las demandas de la crisis, y hemos de prepararnos a seguir revolcados en nuestras miserias financieras, las cuales acabarán manifestándose en presión social, mayor endeudamiento, empobrecimiento y descomposición social y aumento de la migración.
La creación de nuevos puestos de empleos parasitarios, supernumerarios, hace que se profundice el Estado chamberista, y en lugar de promover propuestas de producción que incentiven el empleo, el Estado mismo se convierte en el mayor empleador. Y esto solo conduce al desastre sin fin. La empleomanía del Estado resuelve el grito de activistas, pero desgasta las propuestas transformadores que ha propuesto el gobierno. Salarios por 200 mil o a veces más en un Estado de pordioseros es insostenible, y mientras no haya una decisión ejecutiva por bajar estos salarios, todo será buena voluntad, sin olvidar que de esas buenas voluntades está empedrado el camino al infierno.
Es de la absoluta necesidad de un reingeniería institucional, financiera y organizativa en el Estado. Hay la obligación de tomar decisiones en la estructura burocrática, revisar y tomar decisiones para reducir puestos y salarios partiendo de las más altas cúpulas administrativas. Es cierto que todo mundo que ha trabajado por una campaña política merece ser recompensado. Pero más cierto es que si el Estado sigue siendo el mayor empleador para activistas y familiares de activistas, podremos tener satisfechas a mucha gente con su empleo, pero el Estado y las propuestas transformadoras se irán al carajo.
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