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Tras una larga espera en las afueras de la Penitenciaría Nacional, ubicada en el Valle de Tamara, Francisco Morazán, familiares y pobladores del río Guapinol lograron encontrarse con los ambientalistas de Tocoa, departamento de Colón.

La espera duró más de 36 horas. Al salir del centro penitenciario, los defensores y defensora, en medio de los abrazos y ternura, manifestaron su amor por la defensa de la madre tierra, la casa común.

No puede haber una lucha si no se hace desde el amor, es un amor que nos mueve para gritar que necesitamos que se respeten los ríos, que se respete el ambiente, que se respete el agua, que se respete la casa común, expresaba Juan López, coordinador del Comité Municipal de Bienes Comunes de Tocoa, mientras se fundía en abrazos con su pequeña hija Julia, en las afueras de la Penitenciaría Nacional.

En ese mismo instante, Julia interrumpió a Juan y le dijo: “los policías no me dejaban pasar, pero los sacamos”.

“No nos oponemos al desarrollo, por supuesto que queremos que la gente viva feliz como pueblo, pero si se va a destruir un río como le podemos llamar desarrollo algo que va a dejar a las comunidades en una desgracia ambiental”, dice Juan, al refirmar que el amor “nos hace plantarnos” ante las mismas empresas, ante los medios corporativos, ante el mismo sistema y un Ministerio Público que deja mucho que desear.

Derecho penal del enemigo

La madrugada del lunes, 04 de marzo, el juez de jurisdicción nacional, Víctor Méndez, resolvió decretar sobreseimiento definitivo para los 12 ambientalistas que defienden los ríos San Pedro y Guapinol de la amenaza que representa el proyecto minero Inversiones Los Pinares.

El Ministerio Público y la acusación privada trataron a toda costa de deslegitimar la defensa de la vida y el derecho al agua, a través de los delitos de robo, privación injusta de la libertad, incendio agravado y asociación ilícita en perjuicio de Inversiones Los Pinares y la seguridad interior del Estado hondureño.

Sin embargo, el juez Víctor Méndez consideró que la Fiscalía y la acusación privada no presentaron medios que evidenciarán la participación de los defensores y defensoras en los delitos imputados.

En ese sentido, el abogado Edy Tábora, integrante de la defensa técnica de los ambientalistas, señala que el Ministerio Público ha actuado arbitrariamente, por tanto, demuestra que basa sus requerimientos fiscales en el derecho penal del enemigo y se convierte en instrumento de criminalización en contra de las personas que defienden derechos fundamentales.

“Mujeres en acción”

Lourdes Gómez fue la primera en salir, a la espera de sus compañeros defensores contaba que, durante los 12 días en las celdas de los juzgados y la Penitenciaría Nacional, reflexionó sobre la injusticia en el país: “es injusto que a uno lo acusen por defender el río, más bien ellos tienen que apoyarnos”.

“Estoy emocionada porque voy a ver a mi familia, a la gente que me quiere. Sabemos bien que la lucha sigue, vamos a tener que usar otra estrategia por medio de Dios, para que nos ayude a ganar esta lucha justa”, decía Lourdes, quien se encontró con su familia y sus compañeras de comunidad, quienes al grito de “mujeres en acción” la cargaron en brazos.

Al igual que Lourdes, tras salir del penal, Leonel George, defensor del Río Guapinol y corresponsal de Radio Progreso, entre los gritos de sí se pudo, comentaba que durante el proceso de criminalización se evidenció el abuso y ensañamiento de la Fiscalía con los defensores y defensoras.

“Nuestro compromiso está desde de antes, estamos muy consciente vamos a seguir haciendo lo que hacemos, lo que hemos hecho, porque no es delito, que creo que se desnuda que la Fiscalía con tal de favorecer a una empresa privada es capaz de condenar a cualquier defensor y defensora que lo único que hace es defender su derecho y la casa común como fuente de vida”, afirmaba Leonel.

Don Reinaldo Domínguez, miembro del Comité Municipal de Bienes Comunes, manifestó, al salir de la penitenciaría nacional, que la lucha seguirá siendo la salida de la empresa Inversiones Los Pinares, propiedad de Lenir Pérez y Ana Facussé.

“Hay una ganancia, demuestra que la población ha despertado, las comunidades de Tocoa y la población en general se pusieron en acción, y eso no va a permitir que ninguna empresa extractivista se apropie de los recursos”, puntualizó Don Reinaldo, al recordar que el agua es un recurso común.

El sacerdote jesuita Gregorio Vásquez comenta que, pese a las arbitrariedades del juzgado y el Ministerio Público, “la gente está contenta y hay que celebrar el pequeño rayo de sol de justicia en los nubarrones de injusticia e impunidad”.

Juana Esquivel, coordinadora de la Fundación San Alonso Rodríguez, comenta que la resolución y la libertad absoluta para los 12 defensores y defensoras del agua demuestran que hay una leve esperanza de justicia para todos los luchadores sociales.

Esquivel deja claro que el objetivo de las comunidades es declarar el municipio de Tocoa, departamento de Colón, libre de minería y lograr la cancelación de los proyectos que ya están instalados en la zona.

Los defensores y defensora del Río Guapinol fueron recibidos, la madrugada d 6 de marzo, por sus familiares y el amor de una comunidad que se resiste a abandonar la lucha por la densa de la casa común.

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