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¿Se profundiza la crisis política y social?

Marvin Barahona

La precariedad de la gobernabilidad es el rasgo más significativo de la última década, en tanto expresa la profundidad de la crisis política y social que abate a Honduras desde la ruptura del orden constitucional en junio de 2009. No obstante, como aquí se explica, en la conflictividad de hoy también se advierte el esfuerzo ciudadano por revertir algunos procesos puestos en marcha en el último decenio. De ahí una pregunta obligada: ¿Cómo revertir la actual conflictividad política y social?


En el contexto de precariagobernabilidad y crisis generalizada que abate a Honduras, la característica sobresaliente es la aguda disputa entre las prerrogativas que el poder se atribuye a sí mismo y los límites que el derecho y la sociedad han establecido o pretenden establecer sobre el ejercicio del poder público.

En esa disputa, la concentración cada vez mayor de los poderes del Estado en el Ejecutivo contribuyó a consolidar una marcada tendencia hacia el autoritarismo, que alcanzó su máxima expresión con la imposición de la reelección presidencial en 2017 y la creación, en 2018 y 2019, de condiciones más propicias para la dictadura que para la democracia.

Las consecuencias de un ejercicio cada vez más autoritario del poder durante el periodo 2009-2019 han sido devastadoras para el modelo republicano de gobierno y la democracia; entre otras razones, por haber deslegitimado el ejercicio del poder público y haber erosionado los fundamentos de su autoridad. Por tanto, hoy se duda del carácter republicano del modelo de gobierno y de la condición liberal de la democracia hondureña.

En la crisis que se vive en 2019 destacan las características consignadas, evidenciando así la continuidad del contexto creado por el golpe de Estado y la multiplicación de sus consecuencias sobre la institucionalidad estatal y el tejido social, hasta convertirse en el principal detonante de las crisis que rutinariamente se presentan ante la acumulación de problemas no resueltos; en tanto que el marco jurídico e institucional en que se ha venido organizando la vida política sufre una fractura profunda, sin alternativa de solución a la vista.

Sin embargo, en la conflictividad de hoy se advierte el esfuerzo de diversos sectores organizados de la sociedad hondureña, dirigido a revertir algunos procesos puestos en marcha en el último decenio. Este artículo esboza un balance de tales esfuerzos, desde una perspectiva ciudadana que busca visibilizar la recuperación de algunos espacios políticos y sociales que contribuyen a fortalecer la soberanía popular y a frenar las ambiciones que manifiesta el ejercicio de un poder político autoritario con rasgos dictatoriales.

¿Qué revelan las protestas de los empleados de Salud y Educación?

En abril se abrió un nuevo paréntesis en la crisis institucionalizada; la brecha se rompió por una de las ventanas de la crisis multidimensional que padece el país: la crisis social. Reconocida como un hecho innegable desde las caravanas de migrantes hacia los Estados Unidos iniciadas en octubre de 2018[1], la crisis social no ha cesado de agravarse, dejando al descubierto el alto grado de vulnerabilidad en que se encuentra la situación de vida de la mayoría de la población.

La confluencia de crisis económica y crisis social abarca un amplio espectro de problemas entre los que destaca el desempleo de miles de hondureños aptos para trabajar; la reducción del ingreso en los hogares por el aumento del costo de vida y de las cargas impositivas, además de las insuficiencias de la economía formal y la creciente precariedad de la economía informal. El comportamiento de esos factores ha implicado el agravamiento de las condiciones económicas y la erosión constante de los tejidos sociales, dos indicadores clave para identificar las múltiples consecuencias de la crisis en la mayoría de la población.

Los empleados de Salud y Educación, al manifestar en las calles su rechazo a las leyes y decretos ejecutivos que el gobierno ha pretendido imponer —o que fueron decretados con anterioridad[2]—, expresan su inquietud ante lo que califican como una inminente “masacre laboral”, percibida como la pérdida de empleos y de estabilidad laboral, además del recorte de derechos gremiales conquistados en el pasado.

El sondeo de opinión y la realidad hondureña de 2018

La situación expuesta la confirma el Sondeo de Opinión Pública que llevó a cabo el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ) sobre la realidad hondureña en 2018, cuyos datos apuntan a un deterioro en la percepción pública del comportamiento de la economía, entre otros factores igualmente álgidos.

Al responder a la pregunta sobre el principal problema que Honduras enfrenta actualmente, el 35.7% de las personas consultadas señaló el desempleo. Sin embargo, esa cifra supera el 50% cuando se suman otros porcentajes que también merecen ser considerados, como el 11.4% que identificó la pobreza como problema principal, y el 11.2% que señaló la crisis económica. Aún más significativa fue la valoración de la pobreza percibida en 2018, puesto que el 70.1% respondió que esta aumentó; y al calificar la situación económica general del país, el 80.3% la calificó como “mala o muy mala”.

En tal contexto, la conflictividad social se presenta como una respuesta previsible, que plasma el descontento popular en las calles y otros espacios públicos en los que “estalla” y convoca a los varios miles de personas que hoy engrosan la protesta pública y atizan, por evocación, conflictos que se han mantenido latentes desde 2009. Este descontento y sus protagonistas, al hacer causa común con la insatisfacción generalizada, han ido conformando sobre la marcha una oposición social que se reafirma en sus propias demandas y su capacidad de convocatoria.

Este fenómeno —que se ha consolidado al focalizar su atención en la crítica al golpe de Estado, y desde 2017 en la figura del mandatario, cuya salida se reclama desde entonces—, representa uno de los rasgos decisivos de este decenio para concretar los anhelos de democracia de la sociedad hondureña y también para revertir los procesos generadores de la crisis.

La memoria colectiva: una vivencia cotidiana

En este proceso desempeña un papel protagónico la memoria colectiva, que hunde sus raíces en los acontecimientos de 2009 y se niega a olvidarlos, mientras no se restituya la legitimidad del poder y la legalidad de su ejercicio. El hecho es que el golpe de Estado de 2009 ha perdurado —como ningún otro acontecimiento en las últimas décadas— hasta convertirse en la sustancia más activa de la memoria colectiva de los últimos diez años, porque más que un recuerdo sigue siendo una vivencia cotidiana.

La explicación de su persistencia estriba en que la memoria colectiva —forjada en torno del golpe de Estado y de la resistencia popular contra este—, es actualmente un catalizador importante del hondo descontento de una sociedad insatisfecha, inconforme y que se percibe ultrajada por el poder y los poderosos. La memoria colectiva persiste, además, porque trasciende de lo estrictamente político al simbolizar las muchas heridas que se mantienen abiertas en la sociedad hondureña de hoy.

Los decretos de la discordia

Con sus demandas, los docentes y empleados de Salud, organizados en la Plataforma por la defensa de la Salud y la Educación, han iniciado un proceso que aspira a revertir una legislación sancionada por el Congreso Nacional desde 2011.

La alarma en la dirigencia gremial se activó el 25 de abril, cuando el Congreso Nacional aprobó una disposición que creaba la Ley de Reestructuración y Transformación Presupuestaria para el Fortalecimiento de las secretarías de Educación y Salud. Las protestas comenzaron desde ese momento y se prolongaron durante varios días; como resultado, el Legislativo se vio obligado a dejar sin valor y efecto el punto 16 y los numerales 1 y 2 del Acta No. 6, que contenía la Ley de Reestructuración[3].

Sin embargo, las protestas continuaron bajo la premisa de que “existe una estructura legal que sigue vigente con el propósito de privatizar los derechos de la salud y la educación”[4], como los decretos Presidenciales en Consejo de Ministros (PCM) 005-2019 y 008-2019, por los que se declaró en estado de emergencia los sistemas de educación y salud; y los decretos PCM 016-2011 y 040-2012, uno de los cuales criminaliza el derecho a protestar de los docentes.

En ese contexto, los dirigentes gremiales consideraron que los decretos son un instrumento jurídico utilizado por el gobierno para perseguir, destituir y nombrar personal a su conveniencia en ambas secretarías de Estado, por lo cual advirtieron: “Dejamos claro que no queremos más decretos de emergencia que atenten contra la clase trabajadora de este país”.

Desconfianza, descrédito y descalificación

Las protestas comenzaron con una duda: ¿Cuál es la intención del gobierno, en este momento, al decretar leyes relativas a la inversión pública en salud y educación, si ya existe una legislación destinada a tal propósito? A partir de esta, se formularon otras preguntas como: ¿Por qué hasta hoy el gobierno se interesa en mejorar los servicios de salud y educación, si en los años anteriores ha venido reduciendo los recursos asignados a ambas secretarías?

Los más críticos afirmaron que con los decretos se pretende invalidar los estatutos del docente y del médico, que contienen importantes beneficios para sus agremiados. Sin embargo, en el debate sobre este tema salieron a relucir muchas cosas más: desde las deficiencias de la burocracia estatal hasta la corrupción institucionalizada. Como señala el exfiscal general de la República, Edmundo Orellana, tras describir la calamitosa situación en que se encuentran los servicios de salud y educación,

En estas condiciones, el gobierno acepta, por imposición del FMI, entre otras cosas, reestructurar los sectores de salud y educación, entendiendo por reestructuración el despido masivo de médicos, auxiliares, docentes y personal administrativo. (…) ¿En qué cabeza cabe suponer que los trabajadores de la salud y educación, históricamente combativos, aceptarían despidos masivos? El gobierno, y solo el gobierno, es el responsable de la indignación popular que tiene paralizado el país con masivas y continuas movilizaciones[5].

Lo anterior evidencia que la desconfianza y suspicacia hacia el gobierno han crecido desde 2014, cuando las organizaciones magisteriales comenzaron a perder sus batallas contra las resoluciones de la Secretaría de Educación, y los empleados de salud no pudieron impedir la aprobación de la Ley Marco de Seguridad Social.

De esta manera, la desconfianza y el descrédito de las instituciones gubernamentales en la ciudadanía constituyen otro rasgo significativo del decenio 2009-2019, que muestra un acelerado crecimiento hasta convertirse en uno de los indicadores más evidentes del desgaste y la descomposición del régimen político hondureño en general y del gobierno en particular.

La corrupción: otra fuente de descrédito

En este crecimiento de la desconfianza y del descrédito también desempeñan un importante papel los recurrentes casos de corrupción por los que la administración pública es denunciada.

En el caso de la Secretaría de Salud, el 13 de mayo, mientras sus empleados protestaban en las calles, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentaba cuatro nuevas líneas de investigación para su judicialización. Estas representan un perjuicio superior a los 426 millones de lempiras. Sin embargo, las 14 indagaciones que se han llevado a cabo hasta la fecha en esta Secretaría, suman un perjuicio de L 719 millones por supuestos actos de corrupción cometidos entre 2010 y 2015[6].

En el mismo periodo debe considerarse la malversación de los fondos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) que, según un informe financiero, ascendió a L 6,399 millones, producto de “contratos sobrevalorados, pagos a empresas de maletín, evasión fiscal y transferencias financieras internas ilegales”[7].

La desconfianza es generalizada

Los datos registrados por el sondeo de opinión pública del ERIC-SJ no dejan duda al respecto. Entre las 22 instituciones y organizaciones evaluadas por las personas consultadas, el Congreso Nacional obtuvo el porcentaje más alto de desconfianza (86.3%); le siguen los partidos políticos (84.6%), el Tribunal Supremo Electoral (83.9%), la Corte Suprema de Justicia (82.2%) y el gobierno central (82.1%). En tanto que la actuación de los diputados de los partidos mayoritarios en la Cámara Legislativa (Nacional, Libre y Liberal) obtuvieron una puntuación superior al 60% en la casilla correspondiente a una actuación “mala y muy mala”.

Por eso no sorprende que en el conflicto que confronta al gobierno con los empleados de Salud y Educación, salieran a relucir algunos de los rasgos que llevan a la población a manifestar un alto grado de desconfianza respecto del Congreso Nacional, los diputados y el gobierno central.

El 26 de abril, en un programa de radio y televisión[8], el secretario de Educación Arnaldo Bueso aseveró que el proyecto de decreto relativo a la educación pública no fue socializado con los docentes y reconoció tal hecho como un error. Otro de los invitados al programa señaló varios factores más que contribuyeron a atizar el conflicto con los gremios señalados, entre estos que la aprobación de los decretos en el Congreso se hizo con demasiada prisa y con la dispensa de debates.

Adicionalmente, se señaló que los decretos no tienen el alcance de una reestructuración para sistemas complejos como los de Salud y Educación, lo que también contribuye a profundizar la duda y desconfianza sobre los verdaderos propósitos del gobierno; surge así un conflicto entre lo implícito y lo explícito, entre lo que se afirma y lo que realmente se pretende hacer tras aprobar determinadas leyes y decretos.

Al final, el éxito logrado por los gremios demostró que el autoritarismo gubernamental sigue siendo el combustible que más atiza la conflictividad social, puesto que obliga a los actores sociales que se consideran afectados a reclamar el respeto de sus derechos en los espacios públicos, concitando además el apoyo de otros sectores de la población[9].

La lucha por la legalidad es clave

El balance es negativo para el gobierno, sobre todo si se considera que meses atrás un movimiento comunitario lo obligó a dar marcha atrás en su decisión de criminalizar, perseguir y encarcelar a una docena de pobladores que rechazan la concesión otorgada a una empresa minera para explotar su territorio[10].

Según un abogado defensor de derechos humanos: “Cuando el Ministerio Público acusó a la gente de Guapinol de criminalidad organizada lo hizo con la intención de asegurar que fuera enviada a este infierno militarizado que representa El Pozo”[11]. La presión y la movilización popular —más el descrédito internacional del gobierno por violar los derechos humanos—, obligó a la instancia judicial a conceder un sobreseimiento definitivo a los líderes comunitarios de Guapinol que habían sido encarcelados.

En suma, como señala Joaquín A. Mejía Rivera:

El caso Guapinol representa una batalla ganada porque se logró superar el primer desafío en el sentido de detener en ese momento la violencia inmediata y directa contra la gente; sin embargo, la estructura legal e institucional que provoca esa violencia y que se refleja en el segundo desafío, se mantiene intacta. (…) esa violencia no acabará si no cambiamos de raíz la estructura legal e institucional que la promueve[12].

En ambos casos, tanto la organización comunitaria de Guapinol, como las organizaciones gremiales de educación y salud, enfocaron sus objetivos en revertir lo que consideraron decisiones inaceptables por su ilegalidad. En consecuencia, toda conquista en el terreno legal —por mínima que parezca—, abona el terreno para abrir paso a nuevas demandas sociales y podría representar el inicio de la recuperación de la soberanía popular en torno de una exigencia continua de legalidad y legitimidad para restablecer el Estado de derecho.

Esta dimensión del problema, donde los actores de la protesta social alcanzan victorias menores pero oportunas, dirigidas a revertir la ilegalidad y la ilegitimidad en la administración estatal, es un rasgo que ha cobrado mayor sentido y significado en los últimos diez años, en la medida que tal reversión es impulsada desde la base más ancha de la sociedad, con diversas repercusiones políticas. Lo antes dicho no implica necesariamente un cambio sustantivo en el comportamiento del autoritarismo gubernamental, pero sí ilustra el progresivo debilitamiento del gobierno actual, huérfano de legitimidad política y social.

En suma, la conflictividad social está conduciendo a que cada avance de las organizaciones sociales comience a generar la expectativa de que sus esfuerzos a favor de la legalidad y la justicia —sumados a la creciente exigencia del retorno a un orden político legítimo—, son compartidos por núcleos sociales cada vez más amplios. Este rasgo resume, en el contexto general del periodo, el crecimiento de la conciencia ciudadana y la transición que se está produciendo desde la condición de habitante espectador de los acontecimientos, a la condición de una ciudadanía beligerante que se construye alrededor de derechos y aspiraciones que el autoritarismo político desconoce o reprime violentamente.

Pesimismo y optimismo sobre la participación ciudadana

A pesar del incremento de la conflictividad y la protesta social, el sondeo de opinión pública presenta datos contradictorios en la sección “los rasgos de la cultura política y la participación ciudadana y democrática de la sociedad hondureña”. Al respecto, resulta útil confrontar los hallazgos relativos al interés en “la política” y en los “asuntos públicos” del país. En el primer caso, el sondeo indica que “La suma de los datos dibuja el perfil de una ciudadanía con escaso interés en la política, mayoritariamente no organizada y que no participa en los asuntos públicos del país”.

Tal afirmación se basa en el registro del 74.9% de encuestados que manifestó “tener poco o nada de interés” en “la política”, frente al 24.9% que se mostró “algo o muy interesado”. En el segundo caso, “el 60 por ciento de la población manifiesta tener mucho o algo de interés” en los “asuntos públicos”, contra un 39.8%, que dijo “tener poco o ningún interés”[13].

La confrontación de estos datos da cuenta de la percepción que priva actualmente entre las personas consultadas —que también son electoras— respecto de los partidos políticos que simbolizan “la política”. Aunque los partidos predominantes en la tradición hondureña han venido disminuyendo su capacidad de convocatoria desde las elecciones de 2005, cuando registraron la más baja asistencia a las urnas, los hechos de la última década confirman el distanciamiento entre los partidos y los electores, en la medida que los partidos han abandonado su papel de intermediarios de la demanda social dirigida al Estado.

En la misma medida, los electores perciben a los partidos y a los políticos de oficio como portadores de falsas promesas, que recurren a la demagogia como instrumento de manipulación del electorado, cuyas conductas, además, no expresan compromiso alguno para impulsar políticas públicas a satisfacción de la ciudadanía. Al rechazar “la política”, se busca, implícitamente, castigar a los “políticos” y los partidos que estos representan.

El interés público de la mano de la protesta pública

En el extremo opuesto, se realza la preferencia ciudadana por los asuntos de “interés público”, para recalcar que a ciudadanos y ciudadanas sí les interesan temas como los servicios en salud y educación, la concesión de los bienes públicos al capital nacional y extranjero, y la reducción del presupuesto asignado a las secretarías de Salud y Educación. Lo anterior contribuye a aclarar el aparente desinterés de los encuestados en “la política”, a la vez que manifiestan una disposición favorable hacia los asuntos de “interés público”, como si la política no lo fuera.

Tal disposición se comprende aún más cuando se considera que en Honduras la identificación ciudadana con los asuntos de “interés público” se canaliza a través de la protesta pública, por lo general al margen de los partidos políticos. Así, los asuntos de “interés público” se juntan con la protesta pública para indicar que los partidos políticos son percibidos como entidades privadas, incapaces siquiera de comprender las demandas de la población.

Tal distinción resulta necesaria para constatar que detrás se encuentra la desconfianza pública hacia los partidos y la institucionalidad que estos representan; de ahí a la sospecha de que todos los partidos políticos forman parte de un contubernio desde el cual negocian beneficios personales y de cúpula, hay una distancia muy corta.

En último término, las marchas multitudinarias que han ocurrido desde finales de junio de 2009, pasando por las realizadas después del fraude electoral de noviembre de 2017, hasta las megamarchas de los empleados de Salud y Educación en abril y mayo de 2019, coinciden en indicar un crecimiento de la participación ciudadana en “la política” y los “asuntos de interés público”, al exigir el respeto a la Constitución y los derechos humanos, y demandar del Estado el cumplimiento de su responsabilidad de garantizar el bienestar social de la población.

Democracia versus autoritarismo

En ese ámbito, el sondeo de opinión pública registró que el 51% prefiere “la democracia a cualquier otra forma de gobierno”, seguido por el 31.9% al cual le da lo mismo “un régimen democrático que uno autoritario”, y 12.5% que decanta sus preferencias a favor de “un gobierno autoritario a uno democrático”. Estos datos tienden a revelar no solo una inclinación mayoritaria a favor de la democracia, sino también el debilitamiento progresivo, en el imaginario colectivo, del autoritarismo como garante de la gobernabilidad y la estabilidad política.

El conjunto de esos datos también deja al descubierto otro rasgo que ha caracterizado los acontecimientos políticos de la última década: las debilidades de la democracia que surgió de la transición política de 1982, que solo fue un pacto en las alturas, a pesar de haber mantenido las apariencias de una transición democrática durante un corto periodo. Ese pacto se convirtió en fuente de un autoritarismo renovado, de hondas raíces militares, con una arraigada tradición de exclusión y una firme cultura política antidemocrática.

Organización ciudadana y protesta pública

El sondeo de opinión registra otros datos que obligan a redirigir la mirada hacia otros ámbitos para explicar la conflictividad y la protesta política y social de los últimos diez años. Inicialmente, un indicador a considerar es el elevado 85.5% de encuestados que reconocen no participar en organizaciones “de cualquier denominación”, un dato similar al obtenido en sondeos anteriores. El restante 14.5%, que reconoce participar en alguna organización, le atribuyó 27.8% a la participación en organizaciones comunitarias; 18.3% en organizaciones religiosas, y 10% a “grupos de mujeres”.

Pese a su precisión, tales datos se limitan a registrar las formas “tradicionales” de organización y participación, pero no registran algunos cambios operados en la sociedad hondureña en el decenio 2009-2019, cuando se presenta una tendencia hacia las nuevas afinidades políticas, sociales y culturales implícitas en la construcción de “nuevas ciudadanías”[14] que trascienden las formas tradicionales de organización, participación y manifestación pública.

Novedosas formas inorgánicas de participación ciudadana

Algunas de las nuevas afinidades y formas de participación ciudadana aluden a redes sociales cuyos integrantes han sido motivados por una causa precisa o de carácter coyuntural, que se traduce en una “autoconvocatoria” a marchas, plantones y bloqueo de carreteras.

Las ahora habituales “marchas de las antorchas”[15], y campañas puntuales con nombre propio, como la denominada “Todos somos Alejandra”, impulsada por una red de mujeres y de familiares que condenan abusos cometidos contra segmentos específicos de población, son más difíciles de registrar en un sondeo de opinión por su carácter coyuntural. Esas expresiones no siempre asumen formas orgánicas para darle continuidad temporal a sus esfuerzos, y manifiestan un discreto rechazo a postulados ideológicos que les encuadre políticamente.

Las formas inorgánicas de participación ciudadana, que se apoyan en las redes sociales para difundir sus convocatorias y el motivo de sus protestas, no deben ser ignoradas por cuanto representan la tendencia hacia el cambio político, social y generacional más destacada de los últimos diez años; anuncian un futuro inmediato en el que los jóvenes se expresan a través de mecanismos que les estimulan a “actuar” en lugar de “estar”, a “ser” en lugar de “permanecer”[16]. Esa forma de diversidad social en la protesta pública, que se observa sobre todo en los principales centros urbanos, denota asimismo la participación activa de sectores de la clase media en las manifestaciones públicas en el último decenio.

Los reclamos presentados por dichos sectores incluyen temas como la exigencia de legitimidad política, implícita en la condena al golpe de Estado; la exigencia de transparencia y probidad en la administración pública, al movilizarse contra la corrupción estatal; la exigencia de legalidad y transparencia en las elecciones, implícita en las multitudinarias manifestaciones y protestas públicas tras el fraude electoral de noviembre de 2017; y la exigencia de justicia en casos específicos, como los crímenes de odio contra personas de la diversidad sexual, las restricciones a la libertad de expresión, el asesinato de jóvenes y violaciones sexuales. Ese espacio no solo refleja la modernización de la protesta social en Honduras, sino también un nuevo escenario para las luchas que se libran a favor de la democracia, el buen gobierno y el bienestar social.

Nuevo contexto, nuevas demandas

El contexto prevaleciente en los últimos diez años ha sido un terreno fértil para estimular la protesta pública en el marco de la diversidad que caracteriza a las “nuevas ciudadanías” y las formas de acción política y social que estas asumen.

Al respecto, el sondeo de opinión indica que el 61.7% considera que la democracia no se ha fortalecido desde 2009; el 77.4% percibe que la gente defiende más sus derechos después del golpe de Estado; 75.5% considera que en los últimos diez años se ha entregado los ríos y las montañas a empresas mineras e hidroeléctricas; 88% afirma que los políticos son más corruptos hoy que hace diez años, y el 78.7% cree que actualmente el país es más pobre que hace diez años.

Tales percepciones, entre otras que prevalecen en amplios sectores de la sociedad —como el 53% que considera que el narcotráfico controla las instituciones del Estado—, contribuyen también a movilizar la protesta ciudadana, al margen de la inercia en que se mantiene la “oposición política”. Solamente la condena pública contra la corrupción estatal, que desde 2015 ha convocado a las calles a miles de personas a través de las “marchas de las antorchas”, visibiliza un motivo compartido por diversos sectores de la ciudadanía para expresar públicamente su descontento.

Esos ejemplos indican que la conflictividad social ha entrado en una etapa de transición que, además del incremento de la protesta pública, implica también el paso de los hábitos reactivos ante una decisión gubernamental, hacia formas proactivas que apuntan a exigencias como el buen gobierno, la legitimidad política, el respeto irrestricto al Estado de derecho, la democratización de la vida pública y la reversión de las decisiones políticas autoritarias que han conducido a las crisis rutinarias de los últimos diez años.

La disposición favorable de la ciudadanía a revertir decisiones que considera lesivas a sus intereses se refleja, por ejemplo, en el 93.1% de personas consultadas que se pronunció a favor de que se revisen los contratos que el Estado otorgó a las empresas generadoras de energía eléctrica. Además, en hechos que se individualizan al ser el último mecanismo al que se puede recurrir cuando la voz de la protesta colectiva no es escuchada; este es el caso de la petición expresada públicamente por dos juezas: una de La Ceiba que denunció la violación de su hija, y otra de Tegucigalpa, que exigió que se garantice la separación y la independencia de poderes como único medio para que la ciudadanía pueda acceder a una justicia imparcial.

Hacia un balance del decenio 2009-2019

¿Qué queda de la “democracia” hondureña, diez años después del golpe de Estado? Sabiendo que la respuesta a esa pregunta no puede abarcarlo todo, cabe formular una pregunta más integral: ¿Qué queda del Estado de derecho, de la separación y autonomía de los poderes del Estado, de la soberanía popular, los partidos políticos o la institucionalidad electoral, entre otros andamiajes político-institucionales que sustentan el modelo republicano de gobierno y la vida democrática de una nación?

El autoritarismo se encuentra en el origen de la profunda crisis que hoy afecta al Estado hondureño, a su ficción jurídica de republicanismo y su ficción política de democracia, a las cuales ha despojado de su contenido para suplantarlas con mandatos gubernamentales que se ejercen al margen de la ley.

La imposición es el rasgo principal del autoritarismo. Desde esa perspectiva, el golpe de Estado de 2009 no solo representó una ruptura con la democracia, sino una explícita continuidad del autoritarismo político militarista del siglo pasado, con lo cual la Honduras de hoy se reencuentra con su historia lejana.

Ausencia de consensos y una sociedad fragmentada

En la continuidad del autoritarismo es notoria la ausencia de consenso político y social, lo cual contribuye a fragmentar aún más la sociedad, en una escala tan amplia que la divergencia es perceptible en todos los estratos sociales. La unidad nacional, incluso como discurso del nacionalismo patriótico, le cedió su lugar a una nación fragmentada en la que se perfila una sociedad corporativa y excesivamente jerarquizada.

Esta segmentación contribuye a explicar por qué, desde 2009, no ha fructificado ningún diálogo político, y por qué todos los espacios propicios para el diálogo y el consenso, o no se han abierto por completo, o se han clausurado antes de alcanzar los acuerdos posibles. El diálogo ha sido reemplazado por la negociación y el contubernio entre las elites y los partidos políticos. Mientras, las relaciones entre la institucionalidad estatal y las organizaciones sociales y populares siguen teniendo como intermediarias la conflictividad y la protesta pública, con la represión como horizonte más probable.

En la ausencia de diálogo y de consenso subyace la evasiva a responder a la pregunta: ¿En torno de qué se debe dialogar y establecer consensos y compromisos? Esa evasiva deja al descubierto la incapacidad y la falta de voluntad de los partidos políticos de ser los intermediarios de la demanda política y social de la ciudadanía, y revela los compromisos partidarios establecidos con intereses privados en negociaciones con la cúpula gobernante.

Dos ingredientes más…

La coyuntura de hoy aporta dos ingredientes más a la reafirmación del autoritarismo del actual régimen. El primero es la publicación del nuevo Código Penal, el 10 de mayo —y que se supone entrará en vigencia en noviembre de este año— que provocó numerosos comentarios y severas críticas contra algunas disposiciones que inquietan a la ciudadanía, las organizaciones sociales y las entidades corporativas.

Los críticos consideran que tal y como están redactados, algunos artículos del nuevo Código atentan contra la libertad de expresión o le ponen límites y restricciones. Además, señalan que otros artículos reducen las penas que el Código Penal aún vigente prevé para algunos delitos relacionados con el narcotráfico, mientras que las penas aumentan cuando se busca sancionar la protesta pública, a la que también se criminaliza.

Pese a la actualidad de su discusión, el nuevo Código Penal no es el único instrumento legal que contiene disposiciones que atentan contra las libertades públicas o los fundamentos del Estado republicano. En este decenio se han decretado otras leyes —como la de “secretos oficiales”[17]— que también han sido cuestionadas por su carácter restrictivo, por prestarse a la ocultación de información de interés público, o por generar la sospecha de que amparan decisiones que fortalecen el ejercicio autoritario del poder y el control sobre la ciudadanía con fines aviesos, como malversar caudales públicos.

La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) plantea preguntas claves para comprender los efectos perniciosos que pueden derivar de tal legislación, entre estas: “¿Qué pasa cuando la información clasificada como reservada contiene elementos para perseguir un acto ilícito, particularmente cuando se investigan violaciones a derechos humanos, riesgos para la salud pública, el ambiente o casos de corrupción? ¿Quién controla a los órganos que tienen el poder de decretar la clasificación y desclasificación de documentos, particularmente los relacionados con la seguridad y la defensa? ¿Qué papel juegan los jueces y el Congreso en esta materia?”[18].

El segundo ingrediente es la prolongación del mandato de los cuestionados magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), efectuada también en mayo, que induce a pensar en un abuso reiterado del poder y una concentración absoluta del poder en manos del partido gobernante y su aliado tradicional.

En el contexto creado por los hechos más recientes, particularmente la publicación del nuevo Código Penal y la prolongación del mandato de los magistrados del TSE, se garantiza la continuidad de la inestabilidad política y la precaria gobernabilidad del país, en nombre del mantenimiento del “orden público”.

¿Cómo superar la conflictividad actual?

Cuando se sabe que acciones de esta naturaleza han sido precedidas por otras que les han allanado el camino, en amplios sectores de la sociedad se impone la sospecha de que con el nuevo Código Penal y la prolongación del mandato de los magistrados del TSE el propósito final es consolidar una dictadura disfrazada de democracia electoral.

En último término, el autoritarismo político y la conflictividad social que se conjugan en la coyuntura actual contribuyen a recrear los escenarios de crisis provocados por el golpe de Estado de 2009 y la reelección presidencial de 2017, que constituyen el origen y fundamento del gobierno ilegítimo de hoy con todas sus consecuencias.

Sin embargo —a diferencia de la coyuntura en que se produjo el golpe de Estado—, en el contexto político y social de hoy se observa un debilitamiento progresivo del verticalismo que ha sustentado las relaciones autoritarias de poder, que resulta evidente en la creciente debilidad del gobierno, el agotamiento de la ideología que lo justificaba, la crisis de credibilidad de los partidos políticos y la grieta que comienza a abrirse en la unidad de las fuerzas que han sido hegemónicas desde el golpe de Estado de 2009.

En consecuencia, la superación de los elevados niveles de conflictividad política y social, de inestabilidad política y violencia social, tiene como requisito indispensable una modificación sustantiva en las relaciones de poder, que facilite una transición fundamentada en principios democráticos que alienten la participación ciudadana y garanticen el restablecimiento del Estado de derecho.

De eso depende, esencialmente, la continuidad de los recurrentes escenarios de crisis, o la reorientación de la vida política y social de Honduras por el camino de la inclusión y la participación de la ciudadanía en la definición de un nuevo proyecto de país y de nación.


[1] Diversos artículos sobre este tema se encuentran en: Envío-Honduras, Año 16, No. 56, Tegucigalpa, noviembre de 2018.

[2] Se trata de los Decretos Presidenciales en Consejo de Ministros (PCM) 016-2011, 040-2012, 006-2018, 026-2018, 027-2018 y 008-2019, relacionados con la Ley Marco de Protección Social, y algunas reformas a efectuar en los sistemas de Salud y Educación, así como el nombramiento de comisiones para implementarlas.

[3] Véase: “Médicos y profesores en las calles logran que Congreso elimine decretos de ´Masacre Laboral´”, en: criterio.hn, 30 de abril de 2019, https://criterio.hn/2019/04/30/medicos-y-profesores-en-las-calles-logran-que-congreso-nacional-elimine-decretos-de-masacre-laboral/ Consultado el 10 de mayo de 2019.   

[4] “Docentes, médicos y personal de salud convocan a paros y movilizaciones a partir del martes”, en: criterio.hn, 10 de mayo de 2019, https://criterio.hn/2019/05/10/docentes-medicos-y-personal-de-salud-convocan-a-paros-y-movilizaciones-a-partir-del-martes/ Consultado el 10 de mayo de 2019.

[5] Edmundo Orellana, “Movilización masiva de la indignación popular”, diario La Tribuna, 27 de mayo de 2019, en: https://www.latribuna.hn/2019/05/27/movilizacion-masiva-de-la-indignacion-popular/ Consultado el 27 de mayo de 2019.

[6] Véase: “CNA destapa más corrupción en perjuicio de Salud: dos importantes hospitales afectados”, en: Tiempo.hn, 13 de mayo de 2019, https://tiempo.hn/cna-nuevas-lineas-de-investigacion-salud/ Consultado el 26 de mayo de 2019.

[7] “Hasta en 2048 se pagará todo el saqueo del IHSS”, La Prensa, 24 de septiembre de 2018, en: https://www.laprensa.hn/honduras/1219042-410/saqueo-ihss-casos-corrupcion-mario-zelaya-honduras-robo- Consultado el 27 de mayo de 2019.

[8] “Carlos Riedel Presenta”, transmitido simultáneamente por la radioemisora HRN y el canal de televisión TSI de Tegucigalpa, el viernes 26 de abril de 2019, 4-5 pm.

[9] Al cierre de este número, el gobierno anunció el domingo 2 de junio, en horas de la noche, la derogación de los decretos PCM cuestionados por la Plataforma para la defensa de la Salud y la Educación. Esta se consumó por medio de otro decreto PCM, el 023-2019, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 34, 960 del lunes 3 de junio, cuyo artículo 2 deroga los siguientes decretos ejecutivos: 016-2011, 040-2012, 027-2018 y 008-2019. Cfr., “Publican en La Gaceta la derogación de los PCM”, La Prensa, 3 de junio de 2019, en: https://www.laprensa.hn/honduras/1290002-410/publican-gaceta-derogacion-pcm-medicos-maestros-gobierno

[10] Para un resumen de este tema véase, entre otros, criterio.hn, 21 de febrero de 2019, “A sangre y fuego se impuso proyecto minero en El Guapinol”, en: https://criterio.hn/2019/02/21/a-sangre-y-fuego-se-impuso-proyecto-minero-en-el-guapinol/ Consultado el 21 de mayo de 2019.

[11] Se refiere a la cárcel de máxima seguridad conocida con ese nombre. Véase: Joaquín A. Mejía Rivera, “Bienvenidos y bienvenidas al infierno”, en: criterio.hn, 21 de mayo de 2019, https://criterio.hn/2019/05/21/bienvenidos-y-bienvenidas-al-infierno/?utm_medium=onesignal&utm_source=desktop. Consultado el 21 de mayo de 2019.

[12] Joaquín A. Mejía Rivera, “Guapinol: se ganó una batalla, pero la lucha continúa”, en: criterio.hn, 21 de mayo de 2019, https://criterio.hn/2019/05/21/guapinol-se-gano-una-batalla-pero-la-lucha-continua/?utm_medium=onesignal&utm_source=desktop. Consultado el 21 de mayo de 2019.

[13] Sondeo de Opinión Pública, Novena edición, Percepciones sobre la situación hondureña en el año 2018, ERIC-SJ, El Progreso, Yoro, abril 2019, p. 13.

[14] Los estudios indican que la noción de ´nuevas ciudadanías´ nos “… permite reconocer que un punto en común en la constitución de sujetos –independientemente de demandas concretas– es la exigencia de la no-discriminación y el derecho a la diversidad, como banderas en torno a las cuales se agrupan actores que exigen no solamente integración e igualdad –principios básicos de la ciudadanía–, sino visibilidad y reconocimiento como seres diferentes”. Cfr., Cécile Lachenal y Kristina Pirker (coords.), Movimientos sociales, derechos y nuevas ciudadanías en América Latina, Fundar/Editorial Gedisa, Barcelona, 2012, p. 33.

[15] Véase a este respecto: Esteban Ramos Muslera, “(Re)evolucionar la indignación: del estancamiento a la construcción activa y propositiva de Vida Digna”, en: revista Envío-Honduras, Año 14, No. 48, Tegucigalpa, febrero 2016, pp. 29-35.

[16] Sobre la participación de los jóvenes en los movimientos sociales contemporáneos, véase: José Manuel Valenzuela Arce (coord.), El sistema es antinosotros. Culturas, movimientos y resistencias juveniles, Editorial Gedisa/Universidad Autónoma Metropolitana/El Colegio de la Frontera Norte, México, 2015, especialmente el capítulo a cargo de Pablo A. Vommaro: “Prácticas, subjetivaciones y politizaciones: las dinámicas de movilización juvenil en la América Latina actual”, pp. 429-468.

[17] Aprobada el 20 de enero de 2014, como Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional(Decreto 418-2013); es una de las 66 leyes aprobadas por el Congreso Nacional en un solo día. Esta ley, además de entrar en conflicto con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP),del 27 de noviembre de 2006 (Decreto 170-2006), también contiene otras disposiciones que contravienen el orden jurídico. Para un análisis detallado, consúltese: OEA/MACCIH, “Derecho de acceso a la información e intereses legítimos de defensa y seguridad en Honduras: La búsqueda del balance en un estado democrático y constitucional de derecho”, Reporte MACCIH # 5, División de Prevención y Combate a la Corrupción, Washington D.C., julio 2017.

[18] Ibíd., p. 21.

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