En el quinto aniversario de la encíclica Laudato Si’ y, siguiendo el reciente mensaje del Papa Francisco, en el que nos invita a cuidar de la Casa Común con responsabilidad y a compartir, no saquear, los bienes de la naturaleza, queremos instar los representantes electos en los Congresos Nacionales de América Latina y Caribe a ratificar el Acuerdo de Escazú

Las Organizaciones y los Centros Sociales Jesuitas que integran la Red Justicia en Minería somos testigos de la proliferación de conflictos ligados al acceso y disfrute de los bienes de la naturaleza. En diferentes regiones del mundo acompañamos a las comunidades afectadas por la minería. Se trata generalmente de comunidades que viven en la pobreza y que padecen una falta de acceso estructural a los servicios más básicos, pese a habitar territorios ricos en recursos de todo tipo. 

Dichos conflictos comienzan habitualmente con una falta de acceso de la población local a la información relativa a los proyectos extractivos que se aprueban dentro de sus territorios, y continúan con la ausencia de participación real en las decisiones que les afectan. Las consultas a menudo se producen tarde y sin garantías, en contextos que vienen marcados por la violencia, el hostigamiento e incluso asesinato de líderes sociales, defensores y defensoras del medioambiente. Raramente se respeta el derecho a decir no de las comunidades. Así pues, el incumplimiento de las promesas y la falta de acceso a la justicia allí donde se producen daños, terminan sembrando la desconfianza de la población hacia gobiernos y empresas. Una desconfianza que será el germen de conflictos futuros. 

Los Acuerdos de Escazú ofrecen una oportunidad histórica para romper este ciclo de desconfianza y violencia en América Latina y Caribe, sentando las bases de una buena gobernanza de los bienes de la naturaleza. Para que el Acuerdo entre en vigor el próximo 26 de septiembre es necesaria la ratificación del mismo por al menos 11 países. A escasos días de esa fecha, únicamente lo han ratificado nueve (Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Uruguay).

Por este motivo, pedimos a los y las representantes electos en los Congresos Nacionales de aquellos países pendientes de ratificar el Acuerdo de Escazú que hagan lo posible para lograr el apoyo de su país y abrir, de ese modo, un horizonte de esperanza en la región. 

23 de septiembre de 2020