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Las declaraciones que se están ventilando en el juicio que se desarrolla en un tribunal del distrito sur de Nueva York en contra del narcotraficante Geovanni Fuentes y que señala directamente al presidente de facto Juan Orlando Hernández como narcotraficante, reflejan cinco cuestiones trágicas sobre la realidad hondureña:

1. Se ratifica que Honduras es un narco Estado y que el golpe de Estado de 2009 no solamente implicó un deterioro y quiebre de toda la institucionalidad democrática, sino que esta se puso al servicio para la facilitación del narcotráfico, la corrupción, la impunidad y las violaciones a los derechos humanos. Con ello se confirma lo señalado por el índice de Estados frágiles del Fund for Peace, en el sentido que Honduras es un país en estado de advertencia de convertirse en un Estado fallido.

2. Se ratifica el fracaso de las instituciones del sector justicia y seguridad porque ni la Policía Nacional ni las Fuerzas Armadas, ni el Ministerio Público ni el Poder Judicial han sido capaces ni han tenido voluntad política para prevenir, investigar y sancionar las actividades del crimen organizado vinculadas con el tráfico de drogas y la corrupción. Indudablemente, por acción y omisión las cúpulas de tales instituciones se han convertido en cómplices de las organizaciones criminales, dado que, como lo plantea Julio Scherer Ibarra en su libro Impunidad. La quiebra de la ley, “dejar pasar el delito es tanto como extenderlo en la práctica”.

3. Se ratifica el fracaso del sistema electoral, pues si la democracia busca lograr el gobierno de los mejores y evitar el gobierno de los peores, es decir, que los enemigos de la democracia no tengan acceso al poder público, las recientes elecciones internas han demostrado que los corruptos, los narcotraficantes, los lavadores de activos, los golpistas y los violadores de la Constitución y los derechos humanos pueden optar a cargos públicos sin que nada se los impida.

4. Se ratifica que los máximos liderazgos del Partido Nacional lo convirtieron en una organización criminal destinada a drenar los fondos del Estado a través de poderosas estructuras de corrupción y a lavar y distribuir, en sobornos y campañas electorales, millones de dólares provenientes del narcotráfico. La actividad criminal permanente de esta institución política debería ser suficiente para justificar su disolución con base en el principio de la protección de la sociedad democrática.

5. Se ratifica la importancia de hacer prevalecer los principios vinculados con la democracia y los derechos humanos para no ignorar intencionalmente o no, que el régimen de Juan Orlando Hernández no era ni es legítimo por la ilegalidad de su reelección y por acceder al poder a través del fraude y la violencia, y, en consecuencia, cualquier acercamiento, contribución, convenio o participación en su régimen, implicaba mancharse con la sangre y el estiércol de sus crímenes que la ciudadanía hondureña ya conocía, pero que ahora se conoce a nivel mundial gracias a los juicios por narcotráfico en Nueva York.

Joaquín A. Mejía Rivera (ERIC-SJ y EJDH)

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