Jueves, 06 Agosto 2020    

Circuito Criminal


No habíamos salido del asombro por el sobreseimiento a Rosa Elena por la “caja chica de la primera dama” cuando dejaron en libertad a los políticos que saquearon 282 millones de Lempiras, y la Diosa Temis advierte que en esta aberrante impunidad se sitúa el latrocinio de cien mil millones de lempiras destinados a la emergencia por el Coronavirus.

Estas decisiones evidencian que la Corte Suprema de Justicia en vez de garantizar el imperio de la ley se convirtió en el imperio de la impunidad y se ajustó como correa de transmisión del circuito criminal construido por Juan Orlando Hernández. Un circuito que lleva una década en construcción, según documento de la Corte de Distrito Sur de Nueva York, Juan Orlando y su grupo avanzaron en controlar el estado para aumentar sus ganancias y ventajas sobre sus competidores y asegurarse impunidad.

El comportamiento de la Corte Suprema de Justicia recuerda el testimonio de Fredy Nájera, diputado extraditado quien detalló los pagos con dinero del narcotráfico a diputados para elegir la lista de candidatos que presentó Juan Orlando para integrar la actual Corte, se eligió tal como la presentó su majestad.

Hoy la estructura funciona a la perfección, desde ahí se negocia y se extorsiona según cálculos políticos de sus operadores. Si está dentro del circuito seguirá operando porque las cartas de libertad y los sobreseimientos estarán a la orden del día, pero la demás población cuidémonos porque con la misma fuerza que protege el circuito criminal, persigue y condena a quienes defienden los bienes naturales y la libertad de expresión, como ocurre con los pobladores de Guapinol y con la diputada María Luisa Borjas.

Las acciones del Argueta y compañía encajan con la percepción que tiene la ciudadanía sobre ellos, expresada en el sondeo de Opinión pública del ERIC, donde se establece que para el 80 por ciento de la población cree que los magistrados, jueces y fiscales defienden los intereses de los ricos y poderosos, y los intereses de los corruptos. Una afirmación que está sintonía con que el 80 por ciento de la población no tiene confianza en la Corte Suprema de Justicia y un 74 por ciento considera que la corrupción está muy extendida en dicha institución.

Ese circuito criminal desmontó la MACCIH y la UFECCIH, quienes investigaron y documentaron el caso Pandora, hoy mismo circuito los deja en libertad, tal vez porque se acerca el proceso electoral y seguramente requieran nuevos pandoros. Por eso no de gusto el 70.3 por ciento de la población se manifestó en contra de la cancelación del convenio de la MACCIH, mientras que el 68.9 de la población cree que como país somos incapaces de enfrentar la corrupción sin el apoyo de una instancia internacional. Con organización y audacia podremos romper ese circuito y sacar sus manos criminales de los asuntos públicos es una tarea política de la década que comenzamos.

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