Martes, 25 mayo 2021

¿Comprando silencio a precio de vacuna?

El régimen de Juan Orlando Hernández ha vuelto a dar muestras de ineficiencia e incompetencia, pero, además, de tratos discriminatorios contra la población en situación de mayor vulnerabilidad a la COVID-19.

Recientemente, el presidente de facto se ha vanagloriado en haber gestionado vacunas para personas periodistas y comunicadoras sociales. Sin embargo, surge la duda sobre las razones en que se basó para priorizarlas.

Es fundamental recordar que el derecho a la salud y el principio de igualdad y no discriminación se encuentran íntimamente relacionados. Por tanto, el Estado debe asegurar la distribución equitativa y universal de las vacunas.

No obstante, el Estado debe priorizar a aquellos grupos en situación de especial vulnerabilidad o que han sido históricamente discriminados, los cuales ya han sido establecidos por el marco de valores SAGE de la Organización Mundial de la Salud.

Estas personas son las mayores adultas, con discapacidad, con enfermedades de base, las trabajadoras de la salud, las trabajadoras esenciales, las indígenas y negras, las migrantes y las que se encuentran en situación de pobreza

En virtud de lo anterior, ¿en qué se basó el régimen para priorizar a quienes trabajan en la prensa por encima de los grupos en situación de vulnerabilidad priorizados por la Organización Mundial de la Salud?

Jugando a ser abogacía del diablo, sospechamos que esa decisión tiene que ver con quedar bien con quienes tienen el poder de enaltecer o criticar al régimen, y asegurar su silencio frente a su ineficiente y corrupta gestión.