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APOYAMOS LA RESISTENCIA COMUNITARIA CONTRA LAS ZEDES

Las organizaciones que conformamos la Coalición Contra la Impunidad (CCI), repudiamos el proyecto extractivo consolidado en la Ley de Zonas Especiales de Desarrollo (ZEDES), el cual ha empezado a concretarse en distintos territorios del país. De manera específica nos pronunciamos ante las recientes actuaciones de la empresa Próspera, encargada de instalar primera ZEDE a través de un megaproyecto industrial-hotelero en Roatán, departamento de Islas de la Bahía, reflejo de la política entreguista del territorio caribeño del régimen de Juan Antonio Hernández.

Por lo que a la opinión pública nacional e internacional comunicamos lo siguiente:

  1. Condenamos que en el marco de la crisis sanitaria, social y humanitaria generada por la COVID-19, durante el mes de mayo se hizo pública la instalación de la primera ZEDE, denotando una vez más, la intención del régimen de Hernández de seguir entregando nuestro territorio al gran capital nacional y multinacional.
  2. Repudiamos que para promover este tipo de extractivismos se instrumentalice el sistema de justicia y se fomenten normativas que atentan contra la soberanía del territorio nacional y que promueven una lógica de despojo a gran escala, acrecentando de manera significativa la vulneración de los derechos humanos y agudizando la exclusión y las desigualdades de las comunidades.
  3. Del mismo modo, repudiamos la violación del derecho de participación ciudadana de las comunidades de Roatán que se ven afectadas directamente por la instalación del proyecto inconsulto, y sus consecuencias de un alto costo ambiental, social, humanitario y con el riesgo de que sean expropiadas sus tierras, por lo que respaldamos y acompañamos desde nuestros espacios organizativos las demandas, protestas y campañas de sensibilización e información para exigir su salida inmediata.
  4. Condenamos la declaración del director ejecutivo (CEO, por sus siglas en inglés) Próspera, Erick Brimen, en la comunidad de Crawfish Rock, el 18 de septiembre, señalando que el Estado hondureño puede expropiar tierras, causando conmoción en los pobladores de dicha comunidad y desatando una campaña de estigmatización y criminalización en contra de la población que se opone a la instalación de la ZEDE.
  5. Nos solidarizamos con la digna lucha y resistencia de las comunidades y organizaciones de Roatán, que pese a la actual política de confinamiento y a la suspensión de las garantías constitucionales han salido pacífica y masivamente a defender su territorio y bienes comunes naturales ante la intención del régimen de Hernández y de Próspera de despojarles de sus bienes comunitarios.
  6. Hacemos un llamado al Alto Comisionado de los Derechos Humanos (OACNUDH) y a las instituciones públicas del Estado en materia de derechos humanos, a dar seguimiento y acompañamiento a la labor de defensoría que realizan las comunidades de Roatán y de otras zonas del país ante la amenaza que representan las ZEDES para la convivencia sana y pacífica de sus comunidades.
  7. Exigimos la pronta derogación de la ley ZEDE que violenta la Constitución de la República y es clara confirmación de la vergonzosa complicidad de las Fuerzas Armadas al incumplir su mandato de defender la integridad territorial, la soberanía de la República y el imperio de la Constitución.

Honduras, 30 de septiembre de 2020
Coalición contra la Impunidad

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