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INSEGURIDAD, EXTORSIÓN Y ACCIÓN GUBERNAMENTAL


CONTEXTO


Honduras presenta una situación de inseguridad que se arrastra desde hace varios años sin que la política del Estado haya producido los resultados esperados y demandados por la sociedad. El actual gobierno ha decidido iniciar acciones inmediatas para enfrentar el problema en general, particularmente el problema de la extorsión que afecta directamente a los transportistas y a pequeños y medianos propietarios que se han visto obligados a cerrar
sus negocios, migrar a otras ciudades del país o irse al exterior ante la falta de condiciones para continuar trabajando en el país en tales condiciones.


El gobierno emitió el Decreto Ejecutivo PCM 29-2022 en el que se ordena la acción estatal antiextorsión que suspende garantías y derechos ciudadanos como la libertad personal; de asociación y reunión; libre circulación; arresto o detención con orden de autoridad competente; no encarcelamiento si se otorga caución suficiente; e inviolabilidad del domicilio en un número determinado de barrios y colonias de Tegucigalpa y San Pedro Sula, mismo que fue determinado por la Policía, de acuerdo a la incidencia de delitos en esas zonas.


La acción del gobierno va orientada en varios sentidos, según lo declarado: investigación e inteligencia; rastreo de lavado de activos; enriquecimiento ilícito; preparación fiscal para privación del dominio de bienes de origen ilícito a estructuras criminales; certificación de transportistas urbanos e interurbanos; modernización tecnológica en el sistema penitenciario y creación de sinergia interinstitucional antiextorsión.


El gobierno ha cumplido las formalidades a que el Estado está obligado al emitir este tipo de decretos, en especial, informar al Congreso Nacional para que en 30 días ratifique, modifique o impruebe el decreto e informar del mismo a los Estados parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a la Secretaría General de la OEA.


DESAFÍOS


La extorsión es uno de los graves problemas de Honduras, por el impacto que provoca en la vida socio económica de los propietarios en particular y de la ciudadanía en general, por la magnitud de este negocio ilícito, el volumen de dinero que moviliza y la frustración de ver limitadas las condiciones para el desarrollo de negocios honestos en el país. Por su complejidad (maras, delincuencia común, narcotráfico, instituciones bancarias y autoridades involucradas) no es solo un tema policial, mucho menos militar; es social, político, financiero, económico, cultural y ciudadano. Si el problema de la extorsión no se enfrenta de manera integral, seguirá creciendo, incluso dentro de algunas instituciones gubernamentales en donde ya está anidado.

La acción estatal no debe limitarse a la captura de supuestos extorsionadores porque la iniciativa quedaría incompleta; los involucrados deben reunir las pruebas suficientes que le permitan a los fiscales preparar un caso con la consistencia necesaria para que un juez los condene por tales delitos. La simple captura y los operativos de impacto no son suficientes para el éxito esperado, lo que obliga a pensar en lo que va a pasar después, sobre todo si los
fiscales no están incorporados para dirigir la recolección de pruebas y más aún, desconociendo en dónde meterán a los capturados si las cárceles están saturadas. El abordaje integral va más allá de la persecución y captura de supuestos extorsionadores y esto debe quedar claro en cualquier plan antiextorsión.


CONSECUENCIAS


La utilización de medidas de excepción para enfrentar la inseguridad en general y la extorsión en particular debe ir acompañada de cinco condiciones complementarias: ser limitada en el tiempo; estar coordinada con otras instancias del sistema de justicia y del sistema bancario; estar combinada con acciones de prevención; ser controlada desde la ciudadanía en general y desde los organismos defensores de derechos humanos en particular; y debe quedar comprometida a rendir cuentas sobre los resultados ante la ciudadanía y ante el Congreso Nacional. De esta manera, se garantizará una acción gubernamental responsable, eficaz y sostenida, y se compensará la desconfianza y el temor que suscita siempre la suspensión de garantías y derechos constitucionales, sobre todo con la participación de policías y militares que son expertos en violarlas.

La Propuesta


• Es indispensable un abordaje integral, con enfoque de prevención y control. La acción preventiva no requiere de la suspensión de derechos y se ejecutará a más largo plazo. La prevención requiere igual atención que el control. Los policías y militares no deben monopolizar la acción antiextorsión. El abordaje integral supone también la incorporación de los otros componentes del sistema de justicia que son indispensables para el éxito de esta
iniciativa.
• En el control de la extorsión es necesario enfrentar a las pandillas y al crimen organizado pero también debe desarticularse la red de complicidad que existe en instituciones policiales, militares, bancarias y comunitarias.
• Es indispensable dar seguimiento al rumbo que toma el dinero de la extorsión. Si se logra establecer hacia dónde va el dinero cobrado por la extorsión y en qué se invierte, será posible llegar a niveles superiores de la cadena del delito, perseguirlo y asegurar que se someta a la
justicia.

• Es necesario iniciar, desde que empieza a ejecutarse el Plan, una acción de seguimiento y evaluación, que permita controlar excesos, hacer ajustes, enmendar errores, identificar los mecanismos que posibilitan el éxito, deducir aprendizajes y diseñar las siguientes etapas del Plan.
• Este Plan debe estar bajo la supervisión y control personal y directo de la Presidenta de la República para su intervención oportuna y enmendar acciones inapropiadas sobre los encargados directos de ejecutar el plan.
• Al final de cada etapa, debe rendirse cuentas a la ciudadanía respecto a las acciones ejecutadas, los problemas encontrados, los logros y los fracasos obtenidos, así como el uso detallado de todos los fondos asignados al Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión.
• El abordaje de la criminalidad común y organizada es de mucha complejidad y mucho riesgo político y social, particularmente cuando se enfrenta un delito como el de la extorsión que ha crecido de forma desmesurada echando raíces en varias instancias estatales y sociales. Impulsar planes para enfrentarlo es oportuno y altamente positivo, siempre y cuando se recuerde que el objetivo final es la tranquilidad de la ciudadanía y aquí se vuelve fundamental el control directo y responsable de la acción policial y militar involucrada.

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