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Ismael Moreno, sj*

A las puertas de las elecciones generales, el escenario se perfila complejo, difícil y hasta peligroso. El Pacto Político de Impunidad se resiste a perder su reinado, mientras una oposición política dispersa y dedicada a promover las candidaturas presidenciales, parece olvidar que lo posible y urgente es recuperar el Congreso Nacional.

En este mar de incertidumbre, un movimiento social en rebeldía y una Iglesia que rompe su silencio, quizá anuncian que no todo está perdido.

Faro iluminador del mal: El Pacto Político de Impunidad

Estamos bajo el control del Pacto Político de Impunidad que se instauró el 28 de junio de 2009 con el golpe de Estado, y que se ha venido consolidando con la conducción de un grupo de mafiosos que transformó un partido político en una estructura criminal. Esta logró hacerse del control de la institucionalidad del Estado, hasta convertirla en un instrumento efectivo para impulsar negocios lucrativos, incluyendo el saqueo de los recursos y bienes nacionales. En esta estrategia de captura del Estado, el proceso electoral es utilizado como instrumento de legitimación y negociación ante otros actores políticos y sociales.

Hablamos del Pacto Político de Impunidad liderado por el crimen organizado, especialmente por el narcotráfico, bajo la jefatura de Juan Orlando Hernández, su familia y más cercanos colaboradores. A este equipo se suman activamente los miembros del alto mando de las Fuerzas Armadas, la cúpula de la Policía Nacional, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General, el sector empresarial agrupado en el COHEP, sectores vinculados directamente con empresas transnacionales del área extractiva, un reducido sector de profesionales y otro grupo de la autodenominada sociedad civil.

Honduras está bajo el gobierno de ese Pacto, por lo que resulta difícil analizar los asuntos políticos, económicos, financieros y jurídicos sin situarlos en este contexto de carácter sistémico. En este se sitúa el tema de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), ante el cual el Congreso Nacional ha actuado con urgencia al aprobar, a matacaballo, decenas de figuras jurídicas que les den legalidad, incluso un carácter constitucional. El objetivo es garantizar negocios turbios e impunidad a quienes gobiernan en nombre de la democracia, pero actúan en consonancia con los objetivos trazados por el Pacto Político de Impunidad.

Elecciones y proselitismo bajo la égida del crimen organizado

En ese contexto situamos esta cuarta edición electoral después del golpe de Estado. Las elecciones de 2009, 2013 y 2017 fueron instrumentos orientados a dar legitimidad democrática a la narcodictadura que nos gobierna. Y con algunos cambios cosméticos, esta cuarta edición está definida como continuidad de las tres anteriores, con lo cual se busca seguir consolidando el Pacto Político de Impunidad que asegura un control férreo sobre el Estado para proseguir la corrupción.

Las elecciones son un trampolín para que el Partido Nacional siga protegiendo la vida y la seguridad de quienes han sido señalados por la justicia estadunidense como corruptos y narcotraficantes. Continuar bajo la protección del Estado sigue siendo un asunto de vida o muerte, de libertad o cárcel para muchos de los que se protegen en el Pacto Político de Impunidad, para lo cual se han preparado en los últimos años. Las elecciones generales de 2021 están blindadas para que no impliquen ningún riesgo para el gobernante y su círculo más cercano de cómplices.

Estas elecciones tienen la característica de ser más costosas que todas las anteriores, y esto es así porque la ausencia de condiciones democráticas se paga muy cara. Solo en el último tramo del proceso electoral, el Gobierno ha debido erogar unos mil millones de lempiras para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) cumpla con su misión; además, ha entregado recursos millonarios al Registro Nacional de las Personas (RNP) para las labores de identificación de la población.

Estos fondos son adicionales al presupuesto establecido cuando se puso en marcha el proceso. A mayor precariedad y pérdida de credibilidad de las instituciones, más inversión económica para subsanar las falencias.

Millones para comprar votos

Sin embargo, el gasto en las elecciones no se reduce a las asignaciones millonarias destinadas a garantizar el funcionamiento de la institucionalidad electoral. El mayor gasto se realiza en los programas gubernamentales de asistencia social sometidos al control del Ejecutivo que, por esta vía, se asegura de que la asistencia social y la compra del voto a favor del partido gobernante sean la misma cosa.

Según algunos expertos, el Partido Nacional dispone de recursos inconmensurables para los programas de asistencia insertos en el gran paraguas de “Vida mejor”, sin tener que someterse a las auditorías exigidas por la transparencia en la gestión gubernamental. Es ahí donde están decenas de miles de activistas del partido en el poder, pagados con recursos públicos, con la tarea de convertir a los beneficiarios de las ayudas en votos seguros para el Partido Nacional.

En una sola visita a una zona del valle de Sula, el titular del Ejecutivo reunió a dirigentes de cooperativas para entregarles 50 millones de lempiras para mejorar su infraestructura; y el alcalde de la misma zona les prometió otros 30 millones para complementar la construcción de obras físicas. Entre estas, una represa hidroeléctrica bajo la responsabilidad de las autoridades municipales, en alianza con grupos privados. Es una inversión económica para ganar votos, que la vez convierte los votos en negocios que privatizan los ríos y otros bienes de la naturaleza.

Los gringos en el laberinto de su “Triángulo Norte”

Mucha gente depositó expectativas favorables en la nueva administración de Joe Biden, y algunos incluso se regocijaron porque un funcionario de origen hondureño, Ricardo Zúñiga, fue nombrado, primero, como “enviado especial” ante Guatemala, El Salvador y Honduras, países considerados por Estados Unidos como el “Triángulo Norte” de Centroamérica; y poco tiempo después, fue nombrado como subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental.

Las alianzas con sus tradicionales contrapartes salvadoreñas, guatemaltecas y hondureñas, les resultan disfuncionales a los Estados Unidos en la actualidad. El control se les fue de las manos. Ahora esos aliados constituyen un estorbo para Washington, pero no sabe qué hacer con ellos.

Treinta años después del fin de las guerras civiles en Centroamérica, el gobierno de los EUA no logró impulsar nuevos liderazgos que relevaran a sus tradicionales aliados políticos, ni los partidos políticos de esta región lograron efectuar su propia renovación generacional de liderazgos.

Tres décadas después, las caras nuevas siguen siendo escasas, y las que emergen son rostros remozados continuadores de la anterior generación; son los llamados bebesaurios, frecuentemente hijos o parientes cercanos de la generación que firmó los Acuerdos de Paz en la década de 1980[1]. Ellos le dan continuidad a la lógica vertical de control del poder, muy unido a la corrupción y la impunidad.

Tras la migración masiva de centroamericanos en los últimos años, los gringos reconocieron que aquí hay un problema y que hay que abordarlo. La irrupción de decenas de miles de centroamericanos que, con desesperación, tocan sus fronteras, hoy se constituye e interpreta como un grave problema. Pero no han definido claramente cómo abordarlo.

¿Mejor ruin conocido?

En el caso hondureño, los gringos prefieren seguir congeniando con sus antiguos aliados, antes que comprometerse con potenciales aliados a quienes no conocen o que no gozan de su confianza.

Llevan más de una década invirtiendo en la construcción de una nueva generación de políticos en la cual poder confiar, pero no lo han logrado. Seguirán, por tanto, respaldando un proceso electoral que cumpla con las formalidades de los estándares internacionales, tratando de evitar que no se trastoque el calendario electoral para garantizar que la gente vote.

No importa lo que se vaya fraguando en el camino, ni a quiénes beneficien los resultados; la formalidad de las elecciones está por encima de cualquier otra consideración. Si hay fraude, pero se ha cumplido lo establecido en la ley y la institucionalidad electoral, si se asegura el financiamiento para el proceso electoral, los gringos apoyarán al ganador. Y respaldarán las respuestas represivas que el ganador impulse para “pacificar” la sociedad y silenciar la protesta social.

Oposición política partidaria, víctima de su fragilidad y autoengaño

Los partidos políticos de oposición están muy debilitados en sus estructuras y también en el contenido de sus propuestas electorales. Buscan disimular estas debilidades con concentraciones en medio de la pandemia, porque si hay activistas y adherentes concentrados aparentan que son muchos y piensan que así se aseguran un “triunfo rotundo” en las elecciones.

A la vez, ocultan las debilidades propias atacando con furia, no tanto a la dictadura en el poder, sino a otros sectores de oposición en quienes ven el peligro de perder votos. El nivel es tan bajo, que buscan debilitar a sus contendientes con diatribas y ataques personales, más que en debates ideológicos y políticos.

Al poner todo el peso de su proselitismo en la candidatura presidencial, los partidos opositores, previsiblemente, saldrán aún más debilitados de la contienda electoral. No fueron capaces de establecer una alianza electoral, por las razones que sea. Están en desventaja, compitiendo en un campo liderado por expertos en la marrulla, que no están dispuestos a perder el poder por simple respeto a la transparencia electoral. Nos espera un escenario complejo, difícil y peligroso.

Lo salvable y políticamente necesario: romper la correlación de fuerzas en el Congreso Nacional

Aunque el proselitismo se concentra en las candidaturas presidenciales, las posiciones de mayor importancia se encuentran en las candidaturas a las diputaciones. Es ahí donde se juega la continuidad o la ruptura de la actual correlación de fuerzas políticas.

Por tanto, es en ese nivel electivo en el que la oposición política debiera invertir sus mayores energías y recursos. Solo así podría alcanzar un número suficiente de diputados para romper el férreo control que actualmente ejerce el Partido Nacional; una alianza de estos diputados en el Congreso, para impedir que se sigan aprobando leyes a favor del Pacto Político de Impunidad, sería sin duda el mayor logro político que la oposición podría alcanzar en la contienda electoral de noviembre.

El movimiento social en rebeldía y sobrevivencia

Se encuentra en estado de rebeldía contra las ZEDE y en lucha por defender sus territorios amenazados. Demanda la libertad de los presos políticos, exige información sobre los garífunas desaparecidos, lucha para que se investigue y judicialice el asesinato de mujeres, hoy en constante aumento. Y sigue buscando las mejores estrategias para sobrevivir en estos crueles tiempos de pandemia y dictadura. Sobrevivir es la auténtica consigna, aunque no se formule en esos términos.

El Pacto Político de Impunidad ha sabido capitalizar esta necesidad de sobrevivencia, trasladándola al ámbito político y la lucha legal. De modo que no son pocas las organizaciones en rebeldía que lo hacen a remolque de la agenda externa, impuesta por los extractivistas, los políticos de oficio y tal vez otros agentes externos.

Las organizaciones se ven en la necesidad de estar en una constante reestructuración interna, porque de pronto apareció una nueva demanda; o las dirigencias se ven obligadas reorganizar su agenda para liberar a sus compañeros de la cárcel. Tener a las dirigencias del movimiento social dando vueltas en círculo, sin un respiro para vivir sus propias dinámicas, responde sin duda a una intencionalidad política de desgaste y desmovilización.

Esto es lo que llamaríamos la dimensión política del estado de sobrevivencia del movimiento social: vivir bajo la égida de una agenda impuesta, que le impide trabajar e impulsar su propia agenda. Si una organización está afligida por tener a sus compañeros presos por defender el río, esto obliga a otras organizaciones a poner en marcha dispositivos de solidaridad con los compañeros presos o amenazados por los órganos represivos del Estado. Todas las energías y el potencial creativo de las organizaciones se acaban invirtiendo en “vivir a remolque”, bajo la mirada severa de una agenda externa e impuesta.

Ante los “vigores dispersos”, la lucha articulada

Hay mucha actividad al interior de las organizaciones del movimiento social hondureño. Y todas son actividades rebeldes. Todas coinciden en luchar contra la dictadura, mientras defienden a su gente y sus bienes. Pero son luchas, esfuerzos, “vigores dispersos”, casi siempre invertebrados. Son luchas dignas y rebeldes, pero realizadas como un cuerpo amorfo, sin huesos ni vértebras.

No siempre nos damos cuenta de la ausencia de vertebración, porque cada quien y todos estamos buscando recursos para sobrevivir, en un mundo que se ha llenado de carencias. Y así nunca podremos agrupar nuestras luchas alrededor de objetivos y metas comunes. Porque, ¿qué es articular? Es tener huesos que cuajen unos con otros, es juntar unos huesos con otros para estructurar un cuerpo que camina, que avanza, que construye.

La vertebración del movimiento social es la tarea estratégica fundamental, y esto es así porque la rebeldía existe, y en ella están las condiciones para vertebrar lo disperso; pero también existe la necesidad de construir con base en un cuerpo firme, con suficiente independencia y autonomía.

La vertebración del movimiento social es la gran tarea sin la cual será mucho más difícil construir propuestas nacionales creíbles, sostenidas, convocadoras y transformadoras. Solo desde esta vertebración se estará en condiciones de avanzar hacia vínculos sólidos con otros sectores de cara a futuras propuestas electorales, sin arriesgar la identidad del movimiento social.

Vertebración en torno de una propuesta transformadora

La vertebración no es tarea política exclusiva del movimiento social. Esta vertebración —que dará una consistencia sostenida a las propuestas de rebeldía que se impulsan—, ha de ser una tarea que comprometa a las diversas organizaciones del movimiento social, como condición para avanzar en la vertebración con otros sectores productivos, educativos, universitarios, políticos y empresariales, especialmente de la mediana, pequeña y microempresa.

Una vertebración que se sostenga sobre una propuesta de reordenamiento económico, fiscal, agrario, ambiental, político-institucional, de justicia y derechos humanos, procesos electorales sólidos y transparentes, y firmeza en atajar y contrarrestar la corrupción e impunidad, y todo lo que signifique abusos de poder y la concentración de este en beneficio de intereses particulares.

Un reordenamiento de las políticas públicas de largo alcance, que subordine las influencias de grupos de interés a decisiones institucionales orientadas a conformar y consolidar un Estado sustentado en la soberanía nacional, la protección de los bienes y servicios públicos, para ponerlos al servicio de toda la sociedad. Y buscando una relación de complementariedad entre los programas y planes de desarrollo, con el respeto debido a la naturaleza y sus bienes.

Una Iglesia que despierta y rompe su silencio

Lo hace en sus diversas expresiones oficiales, tanto en parroquias como diócesis y a través de la Conferencia Episcopal. Ha sido un proceso de despertar haciéndose escuchar, que ha ido ganando espacio y reconocimiento social, luego de los años difíciles que siguieron tras las inoportunas publicaciones y homilías en torno de la ruptura constitucional.

Esos años, de 2009 a 2012, fue un tiempo en que la Conferencia Episcopal perdió credibilidad. Una vez que la presidencia de esta instancia colegiada pasó al obispo titular de la diócesis de San Pedro Sula, el avance hacia una palabra más firme, independiente de los poderes oficiales y en cercanía con los grandes temas que más afectan a la sociedad hondureña —como el ambiente, la migración y la violencia—, fue más notoria y comenzó el proceso de recuperación de la credibilidad perdida.

Tres han sido los temas que con más claridad se han escuchado de los obispos reunidos en la Conferencia Episcopal: pandemia y corrupción, proceso electoral viciado y con alto peligro de fraude, y el rechazo a las ZEDE. Presencia y cercanía de la Iglesia han sido constantes en la vida y caminar de la sociedad hondureña de los pobres, pero con una notable distancia de la palabra oficial que guardaba silencio ante abusos de poder y corrupción, y socialmente era percibida como legitimadora del orden establecido por el Pacto Político de Impunidad. Por eso se elevaron voces advirtiendo sobre la incoherencia eclesiástica al haber avalado la ruptura constitucional de 2009 bajo el argumento de la reelección, pero que guardó un silencio sepulcral cuando la misma se hizo efectiva desde las estructuras y decisiones de los líderes del Partido Nacional.

La palabra oficial de la Iglesia ha transitado a dos voces igualmente oficiales. Por una parte, ha sido la palabra de la Conferencia Episcopal, como instancia colegiada y signo de comunión entre las diócesis. Y, por otra, las voces de algunas diócesis que se han unido en torno de temas específicos: la defensa del ambiente y los territorios amenazados por el extractivismo, la preocupación y rechazo a las ZEDE, el fenómeno migratorio y la necesidad de tomar una posición respecto de la crítica situación del país, que se cierne como amenaza para la vida de los pobres. Estas voces se han hecho sentir en las diócesis de Trujillo, de La Ceiba, de Juticalpa, de San Pedro Sula y de Choluteca. Esta palabra —que inicialmente fue de cada diócesis y juntó al obispo con el clero y los consejos laicales—, acabó por constituirse en un espacio interdiocesano, que fuera de toda duda ha contado con la presencia y el aval de sus obispos. Ha dinamizado y enriquecido la palabra y presencia de la Iglesia en un ambiente convulso y complejo, como el que se ha vivido en estos tiempos de pandemia, corrupción y extractivismo. Y todo ello ha contribuido a que se reactiven los órganos de la Pastoral Social adscritos a la Conferencia Episcopal de Honduras.


*Director de Radio Progreso y del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ).

[1] Esquipulas I (1986) y II (1987). 

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