Miércoles, 15 Diciembre 2020 |
Corrupción y justicia selectivaUno de los legados de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras es haber documentado y presentado acusaciones criminales en 10 casos de corrupción que suman un perjuicio social de $367.1 millones. Entre esos casos figuran, el de la “Red de Diputados”, la “Caja Chica de la Primera Dama”, el “Pacto de Impunidad” y el caso “Pandora”. En todos ellos están involucrados altos funcionarios de los últimos gobiernos. Sin embargo, desde hace meses el pueblo hondureño es testigo de cómo uno a uno las personas acusadas, han sido beneficiadas por decisiones del poder judicial, logrando su libertad, pese a la gravedad de sus delitos. Esta situación refleja, en primer lugar, la existencia de una justicia selectiva que favorece a quienes están vinculados al poder público, político y empresarial, brindándoles beneficiosas interpretaciones de la ley. En cambio, a quienes defienden los bienes comunes, el agua y la vida, como los compañeras y compañeros de Guapinol, son sometidos a largos procesos sin la posibilidad siquiera de ser escuchados en libertad. Y, en segundo lugar, la razón que tiene el 85,1% de la población al señalar que, según el sondeo de opinión pública del ERIC-SJ, las personas magistradas, juezas y fiscales defienden los intereses de las personas ricas, poderosas y corruptas. La refundación de Honduras requiere de una profunda transformación del poder judicial para que realmente cumpla con su función democrática de controlar la legalidad de los poderes y garantizar los derechos fundamentales.
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