En conferencia de prensa frente a los juzgados de la ciudad de El Progreso el Comité por la Liberación de los Presos Políticos y la Convergencia Contra el Continuismo emitieron un contundente comunicado ante la reactivación de los procesos judiciales contra los presos políticos de la crisis post electoral de 2017.
La legalidad de las normas, la transparencia del procedimiento judicial o la autoridad del Juez han sido fuertemente cuestionadas en los últimos doce años en Honduras.
El Comité por la Liberación de los Presos Políticos y la Convergencia Contra el Continuismo, hemos asumido en los últimos tres años y medio, la denuncia frente a los procedimientos ilegales impulsados por las Fuerzas de Seguridad del Estado, que cometen apremios ilegales y torturas sobre opositores políticos.
Asimismo, hemos cuestionado el funcionamiento del poder judicial “responsable del ejercicio de la violencia del régimen”, notoriamente subordinado al poder de la dictadura. La mayoría de los integrantes del Sistema de Administración de Justicia son, salvo escasas y honrosas excepciones, el maleable instrumento del régimen. Un Cuerpo Judicial que sigue la aplicación de figuras delictivas, destinadas a reprimir el pensamiento y la actividad política.
Seguimos denunciando la justicia selectiva en Honduras, que se teje desde, la conformación de Tribunales y Fiscalías Especiales de Jurisdicción Nacional, para ventilar juicios que no le competen, pero se abstienen de abrir causas penales a los perpetradores de torturas y asesinatos contra militantes populares y manifestantes opositores a la dictadura; hasta la condición carcelaria de los centros de máxima seguridad y el vínculo con los presos políticos, cuyas detenciones judiciales y la aplicación de la prisión preventiva son arbitrarias porque no se respalda en un debido proceso, y tampoco se respeta el derecho a la defensa.
La legislación penal en los casos de oponentes políticos se utiliza para anular a líderes y no para impartir justicia. Es así que, los procesos judiciales se vuelven perdurables porque no están orientados a determinar la verdad de lo sucedido. En los casos de carácter político, la verdad no es importante. Lo importante es aplicar castigo anticipado sin que a la persona se le determine si es culpable o no.
A todos los presos políticos se les acusó por delitos comunes, sin juicios justos, contraviniendo sus libertades fundamentales, incluso permanecieron encarcelados junto a reos de alta peligrosidad, por inducción sufrieron agresiones y amenazas de otros privados de libertad, y recibieron el ataque persistente a su integridad física, malos tratos y torturas reiteradas por sus centinelas.
En el contexto de la crisis post electoral, fueron acusados por razones políticas 178 personas y todas ellas liberadas en diferentes momentos. Pero, 22 víctimas pasaron casi dos años en prisión preventiva, sin que ningún Tribunal los juzgara y ninguna prueba ha sido fehaciente, como sucedió con Gustavo Cáceres, que el mismo Tribunal del Progreso, Yoro, se pronunció por su absolución, lo que no impidió que estuviera 23 meses encarcelado bajo condiciones deplorables y que los recursos judiciales fueran denegados en forma reiterada.
Además de estos procesos, hemos observado desde hace doce años, la Judicialización de las reivindicaciones sociales y políticas. Siendo reprimida cualquier actividad percibida como disidente o amenaza al orden político establecido. Una muestra de ello, son los liderazgos comunitarios de pueblos originarios, personas defensoras de derechos humanos, campesinos, campesinas y ambientalistas recluidos en los centros penales a nivel nacional por el simple hecho de expresar su opinión y oposición política.
El Comité por la Liberación de los Presos Políticos y la Convergencia Contra el Continuismo consideramos:
- Que las Estructuras Jurídicas son de apoyo a las instituciones políticas y administrativas establecidas. Pero, en Honduras se hace de manera incompatible con el Estado de Derecho y con los derechos humanos fundamentales.
- El respeto de la Ley tiene doble cara, se sujeta a otros fines políticos de alto nivel y se usa para derribar a presuntos enemigos políticos. La ambigüedad y las contradicciones en que incurren las disposiciones legislativas provocan constantemente su aplicación arbitraria y son “caldo de cultivo” para el abuso de poder.
- La existencia de una legislación penal represiva y el uso generalizado de la detención preventiva implica que:
- Cualquiera puede ser detenido al antojo del poder punitivo y político que se encuentran en una posición de ventaja.
- La Judicatura carece de independencia y el proceso judicial está sujeto a interferencias de las autoridades políticas.
- Los casos de los Presos Políticos demuestran la doble medida aplicada en la impartición de justicia, como decía San Oscar Arnulfo Romero “La justicia es igual a las serpientes. Solo muerde a los que están descalzos”. La ley se usa como instrumento de persecución política.
Ante la situación descrita, la reactivación de los Procesos Judiciales contra los Presos Políticos, de El Progreso, Yoro, del Distrito Central y de Pimienta demandamos:
- Garantizar a los Presos Políticos juicios que reúnan las debidas garantías conforme a las normas internacionales de derechos humanos de las que Honduras es Estado parte.
- Garantizar que los juicios se celebren sin demoras innecesarias, que sean abiertos al público y, asimismo, respetar el derecho de la defensa a presentar pruebas testificales e interrogar a los testigos de la acusación.
- Sentencias absolutorias para los judicializados por razones políticas.
El Progreso, Yoro, 10 de agosto de 2021.