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Lucila Funes Valladares

A cuarenta años de distancia, la utopía del Informe MacBride parece más lejana que entonces: los paradigmas sociales de aquellos años se derrumbaron y también sus espejismos. Los países más ricos y avanzados siguen generando más información que el resto del mundo e imponiendo sus ideas y estilos de vida. Pero lo dicho en este Informe no ha perdido su pertinencia, y menos en tiempos de la COVID-19.


Las confrontaciones del Este-Oeste y del Norte-Sur y la puja de sus países líderes por imponer sus propios proyectos en el concierto de las Naciones Unidas era el escenario que dominaba el mundo en 1976, cuando la XIX Conferencia General de la UNESCO1, celebrada por primera vez en el continente africano, encomendó a su director general, Amadou-Mathar M’Bow, elaborar una propuesta de comunicación que permitiera transitar hacia un nuevo orden mundial de información y comunicación, “más justo y más eficiente” (MacBride y otros, 1980).

Era una jugada audaz del Movimiento de Naciones No Alineadas, compuesto entonces por más de ochenta países miembros, que desde 1973 vivía su etapa de esplendor —con África a la cabeza en el proceso de descolonización y la lucha contra el Apartheid— e impulsaba nuevas reglas del juego para la información, congruentes con el Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI) que buscaba articular.

No era extraño entonces que el director general de la UNESCO fuera un senegalés quien, cumpliendo con el mandato de la conferencia, asignó la tarea al Premio Nobel de la Paz de 1974 y cofundador de Amnistía Internacional, el irlandés Sean MacBride, y a quince personalidades más, que conformaban una representación variopinta de ideologías, tendencias políticas, disciplinas y nacionalidades. Este grupo de connotados se constituyó como la Comisión Internacional para el Estudio de los Problemas de la Comunicación (CIC, por sus siglas en francés).

Solo una mujer, Betty Zimmerman, formó parte del grupo, más por un azar que por razones de género: Marshall McLuhan, el filósofo canadiense que hizo célebre la frase “el medio es el mensaje” y su concepción del mundo como una “aldea global”, había enfermado y cedió su representación a la directora de Radio Canadá Internacional.

Dos latinoamericanos formaron parte del equipo, Gabriel García Márquez y Juan Somavia, chileno, diplomático y profesional de carrera en las Naciones Unidas, quien años más tarde dirigiría la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En términos económicos, su redacción se situó en los albores del Neoliberalismo y, en términos tecnológicos, en los de la Internet y la comunicación digital (“la explosión tecnológica en la comunicación tiene gran potencialidad y peligro a la vez… depende de decisiones vitales y de dónde y por quién se tomen”). A ambos los sintió próximos y su propuesta fue como un escudo para defender a los países más débiles y en menor ventaja.

Cuarenta años de una propuesta fallida

Un solo mundo, voces múltiples. Comunicación e información en nuestro tiempo, más conocido como el Informe MacBride, cumple en 2020 cuarenta años de haber salido a luz, los mismos años de su entierro como propuesta factible, porque entonces, como ahora, el Tercer Mundo podía patalear su descontento frente a un orden desequilibrado de contenidos informativos, pero carecer de poder para recomponer ese “desequilibrio”, que caracterizó como el monopolio de los grandes medios, el flujo vertical de la información desde los centros de poder, la escasa diversidad de las fuentes informativas, las falsas noticias, el control corporativo de los contenidos y un largo etcétera.

Las reacciones al alumbramiento no se hicieron esperar. En septiembre de 1980, diario El País, de España, reportó que “la mayoría de los países occidentales” se mostró contraria al contenido del informe, por suponerlo una “amenaza a la libertad de información” y un señuelo para que los gobiernos la regularan.

Con la presentación del Informe MacBride, la UNESCO también lanzó su propia suerte a los dados. En 1983 Estados Unidos anunció su retiro como Estado miembro, y al año siguiente, Gran Bretaña. Ambos se reintegraron varios años después, cuando estuvieron seguros que el Nuevo Orden Mundial de Información y Comunicación, NOMIC, como se le denominaba, formaba parte del pasado.

Más que un acto de protesta, el retiro fue un mecanismo de censura a la UNESCO complementado con la asfixia económica, similar al actual retiro anunciado por el gobierno de Donald Trump a la Organización Mundial de la Salud.

El Informe MacBride es, pues, un documento que adquiere más brillo con el paso de los años, pero a condición de que se le conserve como reliquia y no se le resucite como un plan de acción.

Su inviabilidad política no le resta valor. Por valioso es que fue políticamente inviable. En números, las naciones no alineadas sumaban más que las grandes potencias “responsables” del desequilibrio informativo, pero ese puñado de países podía controlar también el voto de los “no alineados”, que confirmaron estar alienados con la cultura y los mensajes dominantes y atados a los dictados de las grandes economías del mundo (cualquier parecido con la realidad actual no es ninguna coincidencia).

Aprovechando la conmemoración, este artículo pretende rescatar algunos de los aportes más valiosos del Informe MacBride e invitar a sus lectores a reflexionar sobre cómo las lecciones que legó se pueden aproximar a la realidad nacional actual, en tiempos de la COVID-19.

Un documento de consenso, pese al disenso

Cuando Sean MacBride aceptó el reto de dirigir la CIC para elaborar el informe de la UNESCO, tenía 73 años de edad y un reconocimiento público en el mundo capitalista y el socialista de entonces (además del Premio Nobel había recibido el Premio Lenin de la Paz, otorgado por la Unión Soviética). Frente al Tercer Mundo lo acreditaba su desempeño, desde 1973 hasta ese momento, como comisionado de las Naciones Unidas para África del Sudoeste/Namibia.

Era una figura honorable y de consenso. Su trayectoria social por la defensa de los derechos humanos y la paz lo acreditaba. Como político irlandés asumió la causa independentista desde su adolescencia, fue ministro de Relaciones Exteriores de su país y dirigió varias organizaciones internacionales; entre ellas, el Fondo Internacional de Prisioneros de Conciencia, Amnistía Internacional (presidente, 1961-75) y, simultáneamente, la Comisión Internacional de Juristas (secretario general, 1963-70).

El resto de miembros de la comisión era diverso en opiniones y puntos de vista, como un ejemplo, por sí mismo, de lo que aspiraba el informe debía ser la diversidad de fuentes informativas que medios y periodistas abordaran para elaborar sus noticias.

En la CIC había críticos incisivos del comunismo, periodistas a los que se vinculó con el fascismo y el espionaje, fundadores de grandes medios de comunicación, escritores afines a las ideas del socialismo, defensores acérrimos de un sistema de control de la información por el Estado, tercermundistas, académicos, sociólogos, funcionarios de gobierno en materia de información. Todos posicionados en sus ideas, nadie con criterios neutrales. Tal vez por esto el informe aclaró que no creía en la neutralidad de la información.

Al final del documento, de casi 300 páginas, se incluyó un breve apéndice de comentarios escritos por algunos de los miembros de la CIC, donde expresan sus disensos o sus anotaciones marginales no siempre reflejados en el contenido principal. El gran logro de este informe, como lo expresó MacBride en la introducción, fue alcanzar acuerdos sobre “grandes cuestiones” alrededor de las cuales las posiciones parecían irreconciliables (Id.,1980).

Por supuesto, hubo temas sin concluir e interrogantes sin respuestas; no todos coincidían sobre el significado de “Nuevo Orden”, ni cómo organizarlo e implantarlo, pero, como afirmó MacBride: “no hubo nadie que no estuviese convencido de que se requieren cambios estructurales en el campo de la comunicación y de que el orden existente es inaceptable para todos”.

“Cuando recibimos para su aprobación la versión final del informe me asaltó el deseo de volverlo a escribir de principio a fin”, aunque “transmitía claramente nuestras posiciones”, escribió MacBride, quien resaltó “el mutuo sentimiento de respeto y amistad” que desarrollaron los miembros de la comisión durante el proceso.

La búsqueda de un objetivo común

A lo largo de dos años (1977-1979), la comisión, “dotada de completa libertad intelectual”, sesionó en ocho ocasiones, que sumaron dos meses de trabajo (lo principal, dijeron, no era llegar simplemente a conclusiones, sino identificar y analizar los problemas y sus posibles soluciones), y dos meses más para redactar el informe.

A la par, hubo eventos internacionales en diversas regiones del mundo para realizar consultas a centenares de personas (agencias de prensa, emisoras, periódicos, institutos de investigación, organizaciones internacionales, ONG, investigadores, gobiernos, escritores, profesores, profesionales de los medios, etc.) sobre los contenidos de las informaciones, la corrección y el contenido de los hechos, las imágenes, las infraestructuras para generar noticias, los derechos y responsabilidades de los periodistas, la recopilación y la distribución de noticias, los efectos de los avances tecnológicos a futuro, etc.

Como resultado, el informe pareciera a veces una compilación de ideas diversas, incluso contrapuestas, sin seguir necesariamente una secuencia lógica ni temática homogénea, lo que lo hace ir y regresar a un tema que se suponía ya abordado. Sin embargo, busca desembocar en un objetivo común que parte de considerar la comunicación social como la base de toda interrelación social, un motor para el acercamiento y la unificación de las comunidades que puede contribuir a reducir tensiones o arreglar conflictos.

Pero, por encima de la utopía de conciliar pensamientos irreconciliables, hubo criterios pragmáticos. Uno de ellos lo había enunciado McLuhan y lo ratificó el informe (antes de que se creara Internet), en el sentido de que la comunicación había alcanzado dimensiones planetarias, había roto el aislamiento de los países y generaba interdependencia entre las naciones, pero nada de esto hacía desaparecer los desequilibrios, ni las desigualdades, ni los conflictos de intereses, ni los modelos de dominación, aunque “puede ayudar a suavizar su efecto” (MacBride, 1980).

Es posible que el Informe MacBride no considerara los alcances de su propuesta de un Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación como un verdadero peligro para las grandes potencias; primero, porque sus autores no creían en el poder omnímodo de los medios y, segundo, porque estaban conscientes de que, para echarlo a andar, primero se debía superar los controles internos de la UNESCO, manejados por las naciones más poderosas. Al respecto, advirtió los “procesos dolorosos” y de muchos años para acatar decisiones que la organización aprobaba en consenso durante sus conferencias internacionales.

No sería extraño suponer que algunos de los que suscribieron el informe estaban conscientes de esta situación, y se prestigiaron como críticos independientes frente a un mundo confrontado.

Lo que se vivía…

En los años setenta, la confrontación entre los dos sistemas económicos y políticos existentes después de la Segunda Guerra Mundial alcanzó niveles “estridentes” en todo el mundo. Las noticias que circulaban eran el principal espejo de ese careo (MacBride y otros, Id.).

La Guerra Fría era también una guerra informativa, de ataques y contrataques, de ofensivas y defensivas, de estrategias y repliegues. Muchos veían en los contenidos de los cables de prensa internacional una violación de las grandes potencias a la soberanía de las naciones del “Sur” y a su libre autodeterminación.

Los altos niveles de polarización animaban intensos debates sobre cuál debía ser la función de los medios de comunicación y la responsabilidad de los periodistas y su contribución a solucionar los problemas que derivaban del choque.

Fue también un ambiente propicio para el ejercicio del espionaje a través del periodismo, con acusaciones de agentes secretos infiltrados en los medios. El informe afirmó que, en muchos de los casos, los servicios de espionaje asumían el control clandestino de publicaciones. Extremo que iba más allá del concepto tradicional de lo que se considera una “prensa oficiosa”.

En la década de los setenta, los países no alineados se habían constituido como un movimiento fuerte y “alternativo” que demandaba una evolución de las ideas desde la comunicación de masas para fortalecer la paz, promover los derechos humanos, combatir la incitación a la guerra y el racismo, en particular el Apartheid y otras políticas segregacionistas. Concebían la libertad de información como la piedra angular de todas las libertades, por lo que se pronunciaban contra la divulgación de noticias falsas o deformadas y veían en los medios de comunicación vehículos para establecer vínculos de confianza.

Sin embargo, la libertad para informar estaba plagada de obstáculos: asesinatos, hostigamientos, secuestros, detenciones y torturas a periodistas en varios países del mundo2; y formas de control no menos evidentes, como la supervisión de los gobiernos para aprobar contenidos de prensa, sobre todo la internacional, la extensión de licencias de trabajo (en el caso de Honduras, la colegiación obligatoria se impuso desde finales de la década de los setenta, como requisito para ejercer el periodismo), mecanismos legales para aplastar a medios de oposición, leyes de desacato (aprobadas también en Honduras), etc.

Entonces, como ahora, se invocaba la seguridad nacional para imponer censura previa a informaciones políticas, técnicas o industriales o a la libre expresión de opiniones. Y eran comunes otras formas indirectas de controlar a la prensa, mediante el suministro regulado de papel periódico, el otorgamiento de frecuencias radiales y de televisión o el manejo estatal de los servicios de transmisión de la información internacional (telefónico, telegráfico o postal).

La doctrina del free flow of information, que en 1946 impuso Estados Unidos en el acta constitutiva de la UNESCO (Quiros, 2013), era de aplicación discrecional.

La era de la comunicación digital apenas despuntaba y lo que existía lo monopolizaban las grandes corporaciones privadas (bancos, industrias farmacéuticas, etc.) que no tenía interés de compartir sus datos con el llamado “Tercer Mundo”.

El Informe MacBride advirtió que la comunicación era una industria en expansión, que “empaca y vende como cualquier otro producto” y relega su “servicio social” a un segundo plano. Desde esa perspectiva, visualizó las noticias como productos comerciales, y vio en los medios a una especie de fábricas que desechan hechos sociales que no son rentables, que “no son noticia”, de acuerdo con el criterio del mercado dominante.

Las consecuencias directas de ese —diríase— racismo noticioso, se manifestaba en un flujo de noticias del Norte hacia el Sur, mas no a la inversa, lo que fomentaba en la población de los países ricos, indiferencia, desconocimiento, desinformación y una concepción estereotipada de los países pobres; y en estos, el consumo desmedido de programas de alta rentabilidad y baja calidad, en detrimento de su identidad cultural y de poca estima a su inteligencia (¿es válido referirse a ello como algo solo del pasado?).

A favor de esta práctica, los publicistas de la información “defendían” a sus consumidores señalando que “las preferencias del público son las que dictan los contenidos”.

… y se buscaba cambiar…

El Informe MacBride sostuvo entonces que, a pesar de la sobrecarga informativa que les llovía a los consumidores de los medios de comunicación, estos no estaban bien informados y no contaban con los elementos suficientes para tomar decisiones correctas, porque había un criterio equivocado de lo que se entiende por “noticia” y por “valores de la noticia”, ceñidos a intereses mercantiles, que, como agravante, compiten entre sí por ser los primeros.

Bajo esa perspectiva, el informe consideró que la noticia, unidad básica de la información, debía ser vista como un recurso nacional y un instrumento para la educación, sin perder de vista el propósito de la comunicación como una fuente para entrelazar a los pueblos y establecer relaciones de respeto mutuo y colaboración.

Su visión de una forma diferente y nueva de hacer noticias se basó en no considerar los hechos como sucesos aislados, sino como procesos, descubrir su interconexión, su dinámica, sus fuerzas históricas, los fenómenos sociales que subyacen en ellos; en suma, su contexto.

Valoraba, además, la información como un derecho humano y no como una mercancía, capaz de contribuir a crear conciencia, a entender la magnitud económica y política de los problemas, de descubrir la capacidad para participar en la toma de decisiones y volverse un instrumento para la liberación y la eliminación de los prejuicios etnocéntricos.

Entre las funciones principales de la comunicación destacó: la de informar sobre hechos y opiniones para ayudar a tomar decisiones apropiadas; la de socializar conocimientos e ideas para que las personas activen en la vida pública; la de motivar metas y aspiraciones para estimular metas comunes; la de discutir la información disponible para aclarar problemas públicos, facilitar consensos y alertar el interés público; la de transmitir conocimientos para contribuir al desarrollo intelectual, formar el carácter y dotar de habilidades para la vida; la cultural para preservar la herencia cultural y despertar la imaginación y las necesidades estéticas; la de entretener; la de integrar, mediante el acceso a una diversidad de mensajes, para ayudar a entender puntos de vista y aspiraciones de otros.

Para cumplir con esta concepción de la comunicación, dio por sentado que las estructuras de la comunicación y los mensajes no son neutrales y que ningún mensaje es absolutamente objetivo, sustentado en que los juicios están implícitos en la elección del lenguaje que se usa, y en que la imagen de la realidad que proyectan los medios “no puede considerarse jamás enteramente correcta”, pero que la comunicación es eficaz si sus mensajes reflejan los problemas.

… con un Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación

El Informe MacBride hizo suyos los enunciados de la Declaración de la UNESCO de 19783, que abogaba por una circulación libre y una difusión más amplia y equilibrada de la información; el ejercicio de las libertades de opinión, de expresión y de información; la diversidad de las fuentes y de los medios para que cada persona verifique la exactitud de los hechos y funde sus opiniones sobre lo que acontece; la libertad a los periodistas para informar y facilidades de acceso a la información; la participación del público en la elaboración de la información; la contribución de los órganos de información a los derechos humanos; garantizar mejores condiciones a los periodistas para ejercer su profesión; un nuevo equilibrio y mejor reciprocidad de la circulación de la información.

El informe agregó, con gran visión, el tema de género, cuando rescató los derechos de las mujeres y su igualdad, afirmando que los medios las trataban como minorías, como un sector sin poder y de escasa participación, tanto en contenidos sexistas —noticiosos o publicitarios—, como en su calidad de periodistas, directoras de medios, editoras o cineastas4. También destacó el desinterés de los medios por el movimiento feminista y la débil imagen que fomentaban de ellas.

Los desequilibrios de los sistemas de información y comunicación son “perturbadores e inaceptables”, sostuvo.

Una comprensión literal de su propuesta evidencia que no pretendía directamente, ni lo sugería, acabar con los modelos políticos y económicos existentes, ni con los de comunicación que se correspondían; estos “deben respetarse”, sostuvo, pero veía posible establecer líneas generales, objetivos y valores comunes basados en intereses coincidentes para un mundo interdependiente.

Proponía un orden nuevo para los países en desarrollo, que eliminara los desequilibrios y las disparidades en la comunicación, sus estructuras y su dependencia, dando paso a comunidades libres, abiertas e imparciales dentro del entendimiento y la tolerancia.

En sentido más idílico que real, los cambios que planteaba eran de fondo porque buscaban atacar las raíces de las desigualdades de la comunicación, un propósito loable pero irreal, en tanto que estas no son causa sino efecto de otras desigualdades (económicas, políticas, ideológicas y culturales). Por eso se le consideraba un acompañante obligado del Nuevo Orden Económico, que tampoco pudo fructificar.

Fracasado el propósito del Informe MacBride, la comunicación fue relegada dentro de la UNESCO como un área puramente técnica, en tanto que el tema de la concentración de la información fue considerado competencia de la Organización Internacional del Comercio (Quiros, Id.), como una ratificación de que los hechos son una mercancía.

Preguntas cuarenta años después

A cuarenta años de distancia, la utopía del Informe MacBride parece más lejana que entonces, los paradigmas sociales de aquellos años se derrumbaron y también sus espejismos, los países “No Alineados” son más, pero pesan menos; al igual que la propia UNESCO y las Naciones Unidas.

Hoy se vive un desequilibrio similar. Los países con más avances científicos, tecnológicos, culturales o económicos siguen generando más informaciones que el resto del mundo e imponiendo sus estilos de pensamiento y de vida.

En otro contexto, el de la comunicación digital, las nuevas tecnologías potenciaron la inmediatez de las informaciones a su transmisión en tiempo real, desde cualquier lugar del mundo donde se originen hacia cualquier destino. Internet es como una fábrica incesante de aplicaciones que crea la falsa percepción de que cada quien puede ser dueño de su propio medio de comunicación (blog, canal de televisión o radio digital), y hacer uso de su “soberanía informativa” para elaborar el mensaje que desee, sin ser censurado.

Es otra utopía que se refuerza con la pandemia actual de la COVID-19, aprovechando la maravilla del WhatsApp, del Twitter, del Zoom, del Instagram, de Facebook y de tantas otras redes disponibles al alcance literal de un celular en mano.

Una nueva dependencia se ha creado, tanta que un apagón de Google, de Yahoo! o de las redes sociales es capaz de provocar una crisis sin precedentes y acentuar la fragilidad humana y social de los nuevos tiempos.

El informe no cambió el orden mundial de la información, no estaba en sus manos hacerlo, pero sus ideas alentaron a una o dos generaciones de periodistas y comunicadores sociales a repensar su razón de ser profesional.

Hoy, el Informe MacBride es un texto académico para periodistas y no periodistas; es cierto que dejó por fuera varios aspectos o no profundizó lo suficiente en algunos (por ejemplo, los conflictos de intereses de empresarios de la comunicación o de periodistas o el problema de la corrupción en la prensa), pero marcó un precedente inevitable de citar.

En tiempos de la COVID-19, sus afirmaciones mueven a pensar: ¿Qué desequilibrios informativos han surgido? ¿Consumimos más informaciones internacionales que nacionales? ¿Qué tan útiles son las informaciones que se reciben? ¿Contribuyen a la toma de decisiones correctas? ¿Qué tipo de fuentes abordan los medios en esta emergencia, son diversas? ¿Son creíbles? ¿Hay controles del Estado o de otros poderes sobre la información que se divulga? ¿Dónde se informa la ciudadanía sobre la COVID-19, a través de los medios o a través de las redes sociales? ¿Existe una diversidad de medios aportando una diversidad de informaciones? ¿Hay una separación clara entre los hechos y las opiniones? ¿Permiten los medios que decidamos por nosotros mismos? ¿Hemos desarrollado capacidades críticas para distinguir la verdad de las fakenews? ¿Fiscalizan los medios con rigor la actuación pública respecto al tratamiento correcto de la crisis sanitaria? ¿Tiene el público iniciativas propias para contrastar las informaciones que recibe? ¿Maneja el público la búsqueda de la información o son las redes sociales las que le imponen su agenda sobre qué informarse? ¿Qué seguimiento dan los medios a otras informaciones nacionales o del mundo, o no es algo posible?

Responder estas preguntas puede ayudar a reflexionar sobre los equilibrios y desequilibrios de la información, sobre cómo han evolucionado en los últimos cuarenta años, o —al menos— cuánto han influido las ideas del Informe MacBride en nuestras percepciones actuales acerca de estos problemas.

1 Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura.

2Al respecto, el Informe MacBride citaba que, de acuerdo con Amnistía Internacional y el Instituto Internacional de la Prensa, en 1977 había 104 corresponsales de prensa encarcelados o desaparecidos en 25 países; y, entre 1976 y 1978, 24 asesinatos de periodistas, 57 heridos, torturados o secuestrados y 13 periódicos bombardeados.

3 “Declaración sobre los principios fundamentales relativos a la contribución de los medios de comunicación de masas al fortalecimiento de la paz y la comprensión internacional, a la promoción de los derechos humanos y a la lucha contra el racismo, el Apartheid y la incitación a la guerra”, suscrita por la UNESCO en 1978.

4 El informe destacó que de 3,000 directores de cine que había en ese momento en los Estados Unidos, solo 23 eran mujeres.

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