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Una semana que sería para el disfrute de vacaciones y la promoción del turismo nacional se convirtió en una semana trágica para la población hondureña, principalmente de la zona norte del país, pues el gobierno planificó y promovió ampliamente el feriado morazánico para la primera semana de noviembre y lo mantuvo vigente hasta el lunes 2 de noviembre por la noche. A pesar de que, habían razones de peso para haberlo suspendido con antelación y mitigar el riesgo inminente. Por un lado, seguía la amenaza de la pandemia con las alertas de expertos en salud sobre el aumento de contagios. Y, por otro lado, las amenazas meteorológicas, pues desde el 30 de octubre se pronosticó un frente de frío y el 1 de noviembre se alertó de la amenaza del huracán Eta, que impactaría Centroamérica con mayores lluvias en Nicaragua y Honduras, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

Sin embargo, las instituciones encargadas de prevenir, alertar y mitigar el riesgo en protección del pueblo hondureño simplemente prefirieron promover el turismo con la expectativa de movilizar más de 3 mil millones de lempiras con el desplazamiento de dos millones de personas por el territorio nacional y priorizar la economía antes que la vida. ¿Cómo es posible que la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) no haya mínimamente previsto un plan de mitigación y alertado oportunamente en lugares de alto riesgo mientras Nicaragua evacuaba a su población de lugares vulnerables días antes de que llegara a sus costas el huracán Eta con categoría 4? La furia de Eta la sufrió la población nicaragüense de Puerto Cabezas y lugares aledaños el miércoles 5 de noviembre, mientras que cuando llegó a territorio hondureño la noche del jueves 6 de noviembre ya se había convertido en tormenta tropical con lluvias menos intensas.

La tragedia humana, material y ambiental se vivió en Honduras justo los días previstos para el feriado morazánico. Los días 4, 5 y 6 de noviembre el Valle de Sula fue inundado por las aguas de los ríos caudalosos Ulúa y Chamelecón provenientes del occidente del país. El miércoles 4 de noviembre los municipios de Puerto Cortés, Potrerillos, Pimienta y las zonas más vulnerables de Villanueva en el departamento de Cortés quedaron bajo el agua. Seguidamente, el jueves 5 de noviembre las inundaciones fueron en el sector de Chamelecón en San Pedro Sula, La Lima, El Progreso y lugares aledaños, principalmente los ex campos bananeros que fueron sorprendidos por las corrientes de agua que en cuestión de minutos dejó inundadas las comunidades y sus cultivos. Por si fuera poco, el jueves 6 de noviembre el municipio de Choloma y Baracoa se inundaron en horas de la tarde noche, mientras Olancho y El Paraíso recibía a Eta como tormenta tropical.

El recuento de víctimas y daños es aún incierto, pero los últimos datos de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) identifican casi dos millones de personas afectadas, 37 mil personas albergadas y más de 60 mil evacuadas.

Eta apenas se acercó a Honduras y el desastre estaba hecho, pues las lluvias impactaron fuertemente en las tierras debilitadas por la erosión, deforestación y monocultivos como la palma africana, caña de azúcar, entre otros. Con ello se confirmó que más que el impacto de un fenómeno natural, lo grave es la vulnerabilidad ambiental existente en las honduras. 

“En quince minutos se inundó todo, eso no pasó con el Mitch” afirmó indignado un hombre afectado en el sector Planeta en el norte del país. Mucha gente lo perdió todo: “La inversión de mi vida está allí”, aseguraba con la voz quebrantada una de tantas mujeres damnificadas por las inundaciones. En su mejor suerte, la gente logró salir con lo que tenía puesto porque cientos de familias solo pudieron subir al techo de sus casas y, lamentablemente, otras murieron ahogadas en el intento de salvarse. Solo en el municipio de La Lima se estiman preliminarmente 100 personas fallecidas, según Vladimir Núñez de Medicina Forense en San Pedro Sula.

¿Esta tragedia pudo haberse evitado? Por supuesto que pudo evitarse o al menos se habría reducido el impacto, teniendo presente las siguientes consideraciones:

En primer lugar, el Estado tiene una responsabilidad estructural, pues no ha atendido con políticas públicas la histórica vulnerabilidad ambiental, considerando que Honduras ha sido el segundo país más impactado por huracanes en la última década, según el Índice de Riesgo Climático (IRC) que elabora cada año Germanwatch.

A 22 años del huracán Mitch la vulnerabilidad ambiental es altísima, se ha carecido de planificación y mitigación efectiva. Las prioridades han sido defensa y seguridad, dejando a la población en incertidumbre total con la llegada de fenómenos naturales. Sin olvidar la implementación de proyectos extractivos como el monocultivo, minería e hidroeléctricas que alteran la vida de los ríos y socaban la tierra, y el tejido social comunitario.

En segundo lugar, es grave la falta de prevención y mitigación del riesgo ante inundaciones en una época del año marcada por fenómenos meteorológicos. Los riesgos ambientales son previsibles, máxime en lugares de alta vulnerabilidad. No es ninguna sorpresa que las constantes lluvias formadas por tormentas tropicales se hacen presentes en el segundo semestre del año y en el presente fueron sistemáticas desde junio con el paso de la tormenta tropical Cristóbal, en septiembre fue Nana, en octubre la tormenta tropical Zeta y para noviembre Eta entró a un territorio empapado que no resistió más. ¿Cuál era el plan de contingencia nacional, municipal y local que tenía COPECO y el resto de instituciones responsables?

En tercer lugar, el gobierno de Juan Orlando Hernández ha priorizado la economía y ha actuado poniendo en peligro la vida y la salud de la población hondureña, pues en plena pandemia con el crecimiento de contagios por COVID 19 y a pesar de las alertas del gremio médico, insistió en la promoción del “Feriado Morazánico” para inicios de noviembre, creando un ambiente vacacional y motivando a la población a realizar turismo interno.  De esta manera, minimizó cualquier alerta meteorológica anunciada internacionalmente.

Incluso, con la alerta roja emitida para varios departamentos del país y la amenaza de Eta como huracán, se seguía llamando a la población a movilizarse con responsabilidad en el marco del “Operativo Feriado Morazánico 2020”, el cual fue cancelado hasta que el impacto de las lluvias se hacía sentir en el territorio hondureño cuando el huracán Eta se encontraba en categoría 4 aproximándose a las costas nicaragüenses. Sin embargo, lo más alarmante es que el gobierno de Honduras descontinuó el monitoreo de huracanes, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Ciertamente, vale preguntarnos si la tragedia reciente ¿fue realmente provocada por un fenómeno natural o más bien por la inoperancia estatal?

Por lo anterior, la responsabilidad del gobierno es alta y significativa. Su actuar refleja carencia de prevención, mitigación y protección a la población hondureña. ¿Cómo es posible que ante la amenaza de Eta como huracán el gobierno todavía discutía si íbamos o no a feriado morazánico?  La implementación tardía de las alertas y la falta de claridad estratégica que priorizara la vida como derecho inalienable es evidente. No se socializó ampliamente a la población un plan de prevención y evacuación oportuno, garantizando las condiciones necesarias, pese a los antecedentes climatológicos y la alta vulnerabilidad existente en el país.

Sin duda, el gobierno de Juan Orlando Hernández se ha caracterizado por hacer oídos sordos a las voces expertas, carecer de planificación ante cualquier riesgo previsible y aprovecharse económica y políticamente de las crisis y el dolor de la población más vulnerable. La pandemia ha evidenciado que quienes toman las decisiones son incompetentes y no escuchan las voces de los expertos en salud y que, por el contrario, impunemente saquean el Estado con mecanismos de corrupción institucionalizados, como es el caso de la compra de los hospitales móviles, entre otros. Asimismo, el papel del gobierno antes y durante el paso de la tormenta tropical Eta por Honduras ha sido patético, dejando al desnudo la inoperancia, incapacidad y frialdad ante la vulnerabilidad ambiental no atendida desde el huracán Mitch.

En conclusión, la prevención no atrae votos, pero el asistencialismo sí.

Autora: Mercy Ayala.

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