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La madrugada de este lunes 04 de marzo, el juez de jurisdicción nacional, Víctor Méndez, resolvió decretar sobreseimiento definitivo para los 12 ambientalistas que defienden los ríos San Pedro y Guapinol de la amenaza que representa el proyecto minero Inversiones Los Pinares.

El Ministerio Público y la acusación privada trataron a toda costa de deslegitimar la defensa de la vida y el derecho al agua, a través de los delitos de robo, privación injusta de la libertad, incendio agravado y asociación ilícita en perjuicio de Inversiones Los Pinares y la seguridad interior del Estado hondureño.

Sin embargo, el juez Víctor Méndez consideró que la Fiscalía y la acusación privada no presentaron medios que evidenciarán la participación de los defensores y defensoras en los delitos imputados.

En ese sentido, el abogado Edy Tábora, integrante de la defensa técnica de los ambientalistas, señala que el Ministerio Público ha actuado arbitrariamente, por tanto, demuestra que basa sus requerimientos fiscales en el derecho penal del enemigo y se convierte en instrumento de criminalización en contra de las personas que defienden derechos fundamentales.

Juana Esquivel, coordinadora de la Fundación San Alonso Rodríguez, comenta que la resolución y la libertad absoluta para los 12 defensores y defensoras del agua demuestran que hay una leve esperanza de justicia para todos los luchadores sociales.

Esquivel deja claro que el objetivo de las comunidades es declarar el municipio de Tocoa, departamento de Colón, libre de minería y lograr la cancelación de los proyectos que ya están instalados en la zona.

Por su parte, Kevin Esquivel, en medio de la alegría que provocó la decisión del juez, manifiesta que lograron darle a conocer al pueblo hondureño que la lucha de su padre, Eugenio Esquivel, y los demás ambientalistas es justa, una lucha que seguirán y nadie la detendrá.

En representación de la delegación estadounidense, que estuvo observando el proceso contra los ambientalistas, Claire White, asociada de las Hermanas de San José en Boston, expresó que el caso de Guapinol demostró cómo deberían de ser las defensas ante la pobreza del Ministerio Público.

Para el sacerdote jesuita, Gregorio Vásquez, a través de la justicia para los ambientalistas de Guapinol es un signo de esperanzas para otras comunidades como Reitoca, Pajuiles y Azacualpa en las que los defensores están criminalizados por defender los bienes naturales.

Apunta que las comunidades deben de seguir luchando de manera organizada, firme y pacífica para ´defender la casa común.

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