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Marvin Barahona

La acción colectiva de la ciudadanía, la renovación del convenio de la Maccih y el fortalecimiento de la Ufecic poseen un valor estratégico por su potencial como agentes del cambio. Ese potencial crecerá en la medida que contribuyan a impulsar la transición desde el antiguo pacto de impunidad, que procreó a república oligárquica, hacia un nuevo pacto social, en el que la lucha contra la corrupción y la impunidad sea un factor clave para asegurar la gobernabilidad y depurar la democracia.

Introducción

En pocos momentos de la historia de Honduras ha sido tan explícita la relación entre la corrupción pública, la impunidad del delito y la inestabilidad política. En esa medida, el valor cualitativo de la coyuntura actual deriva del lugar estratégico que la corrupción y su impunidad alcanzaron durante la era de la hegemonía neoliberal en la política, la economía, la sociedad y la cultura hondureña desde 1990 a la fecha.

Desde esa perspectiva, no se debe ignorar que la crisis de gobernabilidad y la inestabilidad política que la acompaña tienen una estrecha relación con el agotamiento del modelo neoliberal que ha servido como paradigma al Estado actual, con el cuestionamiento político y social de la corrupción y la impunidad como mecanismos ilegítimos y perversos de ejercicio del poder, y con el colapso del régimen político predominante en la etapa posgolpe de Estado (2009-2019).

En ese contexto, ahora no se trata únicamente de saber cuál es el peso y la magnitud del poder ejercido por la corrupción en las instituciones públicas, sino también el grado y la medida en que la inestabilidad política ha sido determinada por la acción de la corrupción sobre la institucionalidad estatal, sobre el comportamiento del régimen político y la conciencia pública en la etapa posgolpe.

Esta etapa tiene antecedentes históricos precisos. En la historia reciente, desde la transición política de 1982, se fue construyendo un entorno favorable a la corrupción pública en el que se combinaron las secuelas de la corrupción heredada de los gobiernos militares (1963-1981), los efectos de la guerra fría (1979-1989), el permanente intervencionismo de los Estados Unidos y la presencia de la contrarrevolución nicaragüense desde la segunda mitad de 1979, hasta el caso Irán-Contra.

Estos fueron factores importantes para recrear las condiciones indispensables para facilitar, en la década de 1980, transacciones ilícitas de diversa naturaleza: desde el tráfico de armas y estupefacientes, hasta el traspaso doloso de fondos públicos a empresas privadas.

Sin embargo, hasta ese momento, la corrupción pública y su impunidad no tenían un papel determinante en la conducción del Estado. Es decir, su presencia no era hegemónica y, por tanto, no determinaba el contenido de las políticas públicas, la gestión o la orientación fundamental de las instituciones estatales.

Este artículo cuestiona la percepción comúnmente aceptada de la corrupción pública como un “fenómeno estructural” determinado por sí mismo, que germina y se reproduce al margen de variables relacionadas estrechamente con el ejercicio del poder político. En su lugar, argumenta que la persistencia del “privilegio de gobernar” y de muchos otros privilegios exclusivos de las elites tradicionales y modernas, reafirma la construcción de relaciones políticas y sociales de dominación que han contribuido a hacer de la corrupción un problema sistémico en el Estado y la sociedad hondureña.

En este punto cabe ubicar la lucha contra la corrupción y la impunidad que, en el caso hondureño, puede contribuir a crear un marco apropiado para redirigir la gobernabilidad hacia un orden legítimo y estable. Por tanto, aquí se concibe la lucha contra la corrupción y la impunidad como un instrumento útil para fortalecer la institucionalidad del Estado, que puede representar el inicio de un proceso de cambios institucionales que contribuya a la estabilidad política y genere cambios significativos en la esfera de influencia de la institucionalidad estatal y la sociedad.

Así, se puede afirmar que la lucha contra la corrupción y la impunidad adquiere un carácter estratégico para hacer frente a la profunda crisis de confianza y credibilidad que afecta la institucionalidad pública; a la vez puede contribuir, en una medida significativa, a evitar que su deterioro constante facilite las condiciones para profundizar la crisis de ingobernabilidad, o para hacer de esta un problema crónico.

La lucha contra la corrupción y la impunidad puede jugar este papel reconstructivo, porque es capaz de generar un efecto multiplicador en la institucionalidad pública y, por ese medio, contribuir a un equilibrio entre los poderes del Estado, devolver la confianza a la ciudadanía en el imperio de la ley, convertir a la ciudadanía en protagonista, y crear espacios de participación en una institucionalidad reconstruida sobre nuevas bases.

El “nuevo régimen” (2009-2019)

El golpe de Estado de 2009, la destitución de magistrados de la Sala de lo Constitucional en 2012 y las elecciones fraudulentas de 2017 representan tres momentos clave para el establecimiento y la consolidación del “nuevo régimen”, entre 2009 y 2019. En conjunto, estos tres momentos sirvieron para establecer las bases sobre las que descansa dicho régimen y, además, representan los principales factores en la continuidad de la inestabilidad política, desde la antesala del golpe de Estado hasta la actualidad.

En ese lapso destaca el carácter sistemático que asumió la recomposición del régimen político sobre las nuevas bases, hasta la consolidación del segundo mandato del actual gobernante. Durante todo un decenio, su principal realización ha sido la de suprimir lo poco que quedaba de la ficción de democracia que sobrevivía al golpe de Estado, y la de concentrar el poder, en términos absolutos, en sus manos y en el Partido Nacional.

En consecuencia, los rasgos que más se han fortalecido durante el periodo posgolpe han sido el autoritarismo político, el militarismo y el afán dictatorial para consolidar el “nuevo régimen”, con el propósito de garantizar la hegemonía neoliberal, fundar un régimen militarizado y gobernar mediante mecanismos ilegítimos que aseguren la continuidad de la corrupción y su impunidad.

Estos rasgos del “nuevo régimen” —en una etapa de predominio del capital financiero— le dan una identidad precisa al periodo posgolpe de Estado y, con esta, su particularidad histórica en la sucesión de coyunturas que Honduras ha vivido desde el inicio de la transición política en 1982.

Se cierra así un círculo vicioso, en cuyo centro se encuentra la pulsión política de más larga duración en la historia contemporánea del país: el golpe de Estado como forma extrema, pero recurrente, de ejercer la hegemonía política al margen de la democracia, la legitimidad política y la legalidad jurídica. Un régimen de excepción

con vocación dictatorial

Los gobiernos posteriores al golpe de Estado asumieron un carácter similar al que el politólogo brasileño Emir Sader denomina “regímenes de excepción”; según Sader, “Los regímenes de excepción se han vuelto el modelo político de los proyectos de restauración neoliberal en América Latina. Se articulan neoliberalismo, regímenes de excepción y control del proceso de formación de la opinión pública”. El mismo autor define el concepto:

Regímenes de excepción son aquellos que corrompen a la democracia desde adentro, valiéndose del poder del dinero para promover las campañas electorales diseñadas por gurús mediáticos, especialistas en generar agendas falsas y artificiales y en destruir reputaciones. Requieren partidos sin ideología, que se amolden a las demandas de los que triunfan en las elecciones y se adueñan del gobierno. Requieren organizaciones sindicales que negocian sus propios intereses y no defienden el interés de los trabajadores, avasallados por gobiernos neoliberales[1].

A esta caracterización contribuye el hecho que, en los últimos diez años, el Partido Nacional ha sido hegemónico en el control del gobierno y, por tanto, el principal agente en la imposición de una legislación que ha contribuido a consolidar su proyecto político, y a concentrar el poder a través de decretos, leyes y disposiciones calificadas por sus críticos como reñidas con la transparencia y sospechosas de favorecer la corrupción y la impunidad al encubrir, proteger y otorgar privilegios a los altos funcionarios, a los diputados y a algunas instituciones.

Estas leyes —que van desde la Ley Especial del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (2011)[2] y la de “secretos oficiales” (2014)[3], hasta el proyecto del nuevo Código Penal[4] y la reinstauración de la inmunidad de los diputados— representan una secuencia de actos legislativos que en los últimos diez años conformaron la armazón jurídica del “nuevo régimen”, y que culmina con el restablecimiento de privilegios a favor de actores específicos incrustados en los órganos de poder.

Son estas leyes y decretos, pero sobre todo la vocación autoritaria de su contenido —particularmente al finalizar el gobierno de Porfirio Lobo en 2013 y durante los dos periodos del gobernante actual—, lo que más ha contribuido a proyectar la imagen dictatorial que prevalece en diversos sectores de la opinión pública respecto del gobierno de turno.

Si a ello se agrega su vocación militarista, avalada por el incremento sustantivo del gasto en defensa y seguridad[5], por la creación de nuevas instituciones militares, policiales y penitenciarias, de programas de incidencia de las Fuerzas Armadas en la opinión pública y en sectores específicos como la infancia y la adolescencia,  así como la represión contra los brotes de descontento social, entonces se tiene un cuadro más completo de las causas de tal percepción.

El pesado lastre de la “república oligárquica”

A la secuencia de actos legislativos se agrega la secuencia de hechos políticos que han permitido la instauración y consolidación del “nuevo régimen”, a través de una negociación tripartita para establecer los nuevos órganos electorales y los entes contralores de los partidos políticos.

Además, se ha diseminado y fortalecido un discurso militarista sobre el mantenimiento de la seguridad y el orden público, que ocupa el espacio que debiera corresponder a los procesos de organización y democratización de la sociedad ante la violencia y la criminalidad, así como a los programas de resolución pacífica de conflictos, siendo la sociedad hondureña una de las más conflictivas y violentas de América Latina.

Este contexto se presta, además, para pensar en una reinstauración de la antigua “república oligárquica” que, por décadas, se mantuvo oculta tras la fachada de leyes y principios liberales que respaldaban y legitimaban la existencia de la democracia y el Estado republicano.

Hoy, su pleno restablecimiento sugiere que, para la “clase política” y las elites, la república sin ciudadanos y sin democracia es el único modelo de gobernabilidad sobre el que se puede establecer consensos para asegurar su hegemonía y la del neoliberalismo como paradigma de economía y sociedad.

En suma, como resultado de los rasgos señalados como signos de identidad del periodo 2009-2019, se abrió una vía expedita para gobernar al margen de la democracia, de la independencia y autonomía de los poderes del Estado, de la soberanía popular y la legitimidad de las instituciones.

Por esa vía, el “nuevo régimen” ha instaurado y consolidado un efectivo control político-militar sobre la institucionalidad pública. Esto se reafirmó a inicios de noviembre de 2019, con el anuncio de una asignación de 4 mil millones de lempiras a las Fuerzas Armadas para que ejecuten un programa de reactivación del sector agrícola[6], causando un nuevo revuelo en la sociedad civil y aumentando la desconfianza ciudadana hacia el gobierno por la concesión de una nueva cuota de poder a los militares[7].

El fortalecimiento del poderío militar confirma, en el caso hondureño, lo dicho por E. Sader sobre el establecimiento de “regímenes de excepción” que corrompen la democracia desde adentro y se articulan con el neoliberalismo y el control de la opinión pública.

El hecho mismo de ubicar la democracia como sujeto de la corrupción institucional permite —en el extremo opuesto— vincular la lucha contra la corrupción y su impunidad con toda acción política dirigida a democratizar la sociedad para adecentar la política, depurar la democracia y devolver a ambas la legitimidad y la confianza que han perdido en la opinión pública. A este respecto, cabe preguntar: ¿Es la corrupción pública y su impunidad un insumo indispensable para la supervivencia de la “república oligárquica”? El significado de la lucha

contra la corrupción y la impunidad

En el contexto antes descrito se inscribe la lucha contra la corrupción y la impunidad impulsada, entre otras, por organizaciones de la sociedad civil, la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) y la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad y la Corrupción (Ufecic) del Ministerio Público.

Esta lucha es temida por los agentes implicados porque, precisamente, apunta a la eliminación de los privilegios que facilitan la corrupción y su impunidad, obstáculos esenciales para impedir la igualdad ante la ley. En tanto que las nuevas disposiciones, como la reforma por adición al artículo 10 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional y la Ley Especial sobre el Fondo Departamental, aprobadas en octubre de 2019[8], intentan reafirmar o devolver privilegios a los diputados y sus aliados en el funcionariado estatal y en otros ámbitos, que también podrían ser beneficiados por dicha legislación.

Estos y otros hechos se hacen visibles cuando se considera la lucha contra la corrupción y la impunidad desde una perspectiva más amplia de cambio institucional, cuando se percibe en las instituciones un considerable potencial para promover y producir cambios de los que se espera repercusiones en el orden político y social que, en el caso de la lucha contra la corrupción y la impunidad, pueden contribuir a reorientar la institucionalidad hacia el restablecimiento del imperio de la ley y del principio de igualdad ante esta. Una categoría central:

los privilegios de clase

En Honduras, la corrupción pública y su impunidad fueron siempre un privilegio de clase. Desde esta perspectiva, los privilegios de clase han precedido los actos de corrupción y su impunidad. Ante este hecho histórico, la crítica respecto de la corrupción y la impunidad se dirige hacia las prerrogativas y la desigualdad creadas por el usufructo del privilegio, como se ha observado en la reciente discusión sobre la inmunidad de los diputados en el manejo de fondos públicos[9].

Los privilegios usufructuados por la clase política, elites y grupos de poder de diversa naturaleza, debieran ser una categoría central en el análisis histórico, pues representan el rasgo más sobresaliente de un pasado que Honduras no ha podido superar al culminar el bicentenario de la Independencia y de la república como marco de referencia para el ejercicio del poder político.

Los privilegios de clase remiten a su vez al carácter constitutivo de la inequidad y la desigualdad socioeconómica, especialmente en la construcción de relaciones de poder concordantes con el hecho histórico del privilegio en el orden político, económico y social.

En estas coordenadas, se puede afirmar que lo que esencialmente cuestiona la lucha contra la corrupción y su impunidad es el fundamento no declarado de todo pacto político de impunidad, sus bases constitutivas sobre los privilegios de clase y, en consecuencia, la distorsión del papel del Estado como fuente de legalidad.

La lucha contra la corrupción y su impunidad contribuye a la gobernabilidad

El señalamiento, la extradición, captura y enjuiciamiento de hondureños vinculados con el poder político y a la vez con el narcotráfico —entre estos algunos parientes cercanos de mandatarios—, por autoridades de los Estados Unidos, ha reabierto el expediente relativo a la condición del Estado hondureño y la vulnerabilidad de su institucionalidad.

En el corazón de este expediente destacan la corrupción pública y su impunidad, la violencia criminal, la economía sumergida y el uso del poder político con fines distintos a los que le atribuye la Constitución de la República.

Los señalamientos de colusión con organizaciones criminales, hacia quienes detentan o han detentado el poder público, no son nuevos en Honduras ni en el ámbito estadounidense vinculado a los temas hondureños[10]. Lo novedoso es que simultáneamente se juzgue, en cortes de EUA, a reconocidos capos del narcotráfico y a exfuncionarios o parientes cercanos de presidentes hondureños, que aportan elementos para caracterizar la condición del Estado de Honduras y el papel de sus instituciones ante la criminalidad organizada. 

Ante tal circunstancia, toda discusión sobre el “Estado fallido”, el “Estado corrupto” y el “narco-Estado”, no debe de ser obviada o ignorada en un debate más amplio sobre el papel del Estado y su institucionalidad frente a fenómenos como el narcotráfico, la violencia criminal, la corrupción pública y su impunidad, que se producen simultáneamente en nuestra sociedad.

La retroalimentación entre estos fenómenos, como se evidencia desde los primeros ensayos para depurar las entidades policiales y se confirma en los juicios mencionados, indica que el Estado hondureño y su institucionalidad sufren una profunda fractura que afecta gravemente su régimen político, sus partidos y liderazgos, así como a otros sectores relevantes por su dimensión económica o social. Todo ello sugiere una revisión profunda de la institucionalidad pública, de sus funciones y su paradigma, para que sean un instrumento favorable al cambio político y social que la sociedad reclama.

En la institucionalidad actual, los privilegios del pasado no superado siguen reproduciendo mecanismos y formas de dominación, más que de administración política, promoviendo así la destrucción sistemática de los fundamentos del ideal republicano que dieron vida al Estado nacional. Así lo demuestran los obstáculos que se le oponen al establecimiento de una institucionalidad que favorece la transparencia y la rendición de cuentas, el acceso a la información pública y la vigilancia social al quehacer de las autoridades, o la democratización de los procesos electorales.

Todo ello deja al descubierto el papel clave que puede desempeñar la institucionalidad pública a favor del cambio o como factor de resistencia ante este, tanto para determinar los límites del poder establecido como el potencial de cambio que emerge socialmente; por ejemplo, la lucha contra la corrupción y su impunidad y todo esfuerzo dirigido a promover un nuevo pacto social que reemplace al pacto político de impunidad vigente.  

Para cerrar el círculo, si se considera que la corrupción pública es un eje transversal que “contamina” todos los tejidos políticos, económicos y sociales, entonces la lucha contra la corrupción y su impunidad desempeña un papel clave en la reconstrucción institucional del Estado, contribuyendo así a una gobernabilidad estable y duradera.

Consideraciones finales

La situación actual de lucha contra la corrupción y la impunidad contribuye a cuestionar los fundamentos del poder como otorgante de privilegios a sus portadores, cómplices y clientelas políticas. Pero, además, deja al descubierto los débiles fundamentos de la condición ciudadana para enfrentar los retos de la corrupción y su impunidad que, actualmente, son de una magnitud desproporcionada.

La corrupción pública y la impunidad destacan entre las principales contribuyentes a la inestabilidad política en Honduras, sobre todo si se considera que fueron el germen que abrió las puertas al debilitamiento institucional y la posterior destrucción sistemática de los tejidos institucionales, especialmente cuando intervinieron fuerzas y poderes ilegítimos que los pusieron a su servicio.

La corrupción y su impunidad han estado presentes en acontecimientos que han acaparado la atención pública y han marcado hitos en la memoria colectiva; entre estos, el saqueo del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), algunos de cuyos fondos sirvieron para financiar la campaña política del partido gobernante; el fraude electoral de 2017 y su secuela de inestabilidad que se prolonga hasta el presente, y el reciente juicio en Nueva York a un hermano del gobernante y exdiputado a la vez, que desató una nueva ola de incertidumbre respecto de la continuidad del mandatario al frente del Ejecutivo. En estos hechos, la corrupción y la inestabilidad política aparecen como dos caras de la misma moneda.

En el contexto del “nuevo régimen”, Honduras se avoca a un retorno al pasado autoritario y dictatorial, rasgos que se han transformado en pulsiones políticas preponderantes en prolongados periodos de la historia nacional. Así, cumplen la función de eslabón de continuidad de una tendencia autoritaria más amplia, que en el sistema político encarna en civiles y militares, en la sociedad y la cultura. Su peso no solo desnaturaliza los principios republicanos y democráticos, sino que, además, constituye un caldo de cultivo latente para el establecimiento de “regímenes de excepción” como el que ha prevalecido durante la etapa posgolpe 2009-2019.

Una última consideración se refiere al más antiguo pacto de impunidad establecido entre los dos partidos de la tradición política (Liberal y Nacional), que ha servido como único recurso de consenso para asegurar la gobernabilidad mediante la alternabilidad en el gobierno. Los pactos de impunidad denunciados desde la instalación de la Maccih, son subproductos de ese pacto fundador, constitutivo de una tradición política sustentada en la corrupción e impunidad.

Ese pacto aún sobrevive y, aunque ya no asegure la gobernabilidad del país, sirve como muro de contención a toda acción política y social dirigida a afectar los privilegios que la “clase política”, y en general los grupos de poder, han usufructuado para su beneficio exclusivo.

En este contexto de larga duración, la acción colectiva de la ciudadanía, la renovación del convenio de la Maccih y el fortalecimiento de la Ufecic son factores clave para determinar el futuro de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Estos factores poseen un valor estratégico por el papel que juegan en el presente, cuando la ciudadanía y las instituciones mencionadas son portadoras de un potencial como agentes del cambio en diversas dimensiones.

Y su potencial estratégico puede aumentar, en la medida que contribuyan a impulsar la necesaria transición que la sociedad exige, desde el antiguo pacto de impunidad hacia un nuevo pacto social, en el que la lucha contra la corrupción y la impunidad sea un elemento central de consenso para asegurar la estabilidad política, adecentar el funcionamiento del sistema político y depurar la democracia de los gérmenes que la destruyen desde su interior.     


[1] Emir Sader, “Régimen de excepción Vs. libertad de expresión”, 2017, en: https://www.alainet.org/es/articulo/189342  Consultado el 20 de octubre de 2019.

[2] Véase el decreto 239-2011 del 12 de diciembre de 2011, publicado en el No. 32,692 de La Gaceta. Diario Oficial de la República de Honduras, en: http://www.poderjudicial.gob.hn/CEDIJ/Leyes/Documents/Ley%20Especial%20del%20Consejo%20Nacional%20de%20Defensa%20y%20Seguridad%20(2,9mb).pdf

[3] Véase el decreto 418-2013 del 24 de enero de 2014: Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Defensa y Seguridad Nacional, publicado el 07 de marzo de 2014 en el No. 33,373 de La Gaceta. Diario Oficial de la República de Honduras

[4] El nuevo Código Penal prolongará su etapa de vacancia por seis meses, para entrar en vigor hasta el 10 de mayo de 2020. Véase: “Congreso Nacional anuncia ampliación de la vacatio legis del Código Penal”, diario El Heraldo, 29 de octubre de 2019.

[5] Según un estudio del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), presentado en Tegucigalpa el 05 de noviembre de 2019, el proyecto de Presupuesto General de la República para 2020 prevé un incremento del gasto público en Defensa y Seguridad superior a los años anteriores. El informe considera relevante “el aumento del 39,6% en inversión para equipo militar y de seguridad”, lo cual “se hará principalmente afectando rubros de gasto social y en gastos de capital”. Al respecto véase, “Proyecto de Presupuesto hondureño incluye más gasto en defensa, según informe”, La Prensa, 05 de noviembre de 2019, en: https://www.laprensa.hn/honduras/1332251-410/honduras-presupuesto-defensa-seguridad-congreso-nacional-educacion. Consultado el 05 de noviembre de 2019.

[6] “Dan 4,000 millones a Fuerzas Armadas para labores agrícolas”, El Heraldo, 04 noviembre de 2019, en: https://www.elheraldo.hn/pais/1331847-466/dan-4000-millones-a-fuerzas-armadas-para-labores-agr%C3%ADcolas. Consultado el 04 de noviembre de 2019.

[7] El texto completo de esta asignación se encuentra en el Decreto Ejecutivo PCM-052-2019, La Gaceta. Diario Oficial de la República de Honduras, del 18 de octubre de 2019.

[8] Se trata de los decretos legislativos 116-2019 y 117-2019, publicados en el número 35,076 de La Gaceta. Diario Oficial de la República de Honduras, el 18 de octubre de 2019, al respecto consúltese: “Publican en La Gaceta decretos que blindan a diputados ante requerimientos”, diario El Heraldo, 24 de octubre de 2019, en https://www.elheraldo.hn/pais/1329231-466/publican-en-la-gaceta-decretos-que-blindan-a-diputados-ante-requerimientos. Consultado el 30 de octubre de 2019.

[9] Véase, entre otros, “Pronunciamiento. Comentarios Técnicos del Fosdeh sobre el “nuevo” Fondo de Desarrollo Departamental”, en: https://www.fosdeh.com/2019/10/comentarios-tecnicos-del-fosdeh-sobre-el-nuevo-fondo-de-desarrollo-departamental/ Consultado el 03 de noviembre de 2019.

[10] Véase, por ejemplo, Sarah Chayes, “Cuando la corrupción es el sistema operativo: el caso de Honduras“, Carnegie Endowment for International Peace, junio 2017, en: https://carnegieendowment.org/2017/05/30/when-corruption-is-operating-system-case-of-honduras-pub-69999; y el informe de InSight Crime, “Élites y crimen organizado en Honduras”, InSight Crime/IDRC, marzo 2017.

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