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Ismael Moreno (sj)*

La voz ciudadana fue contundente el 28 de noviembre. No más corrupción pública, no más limosnas para comprar voluntades. Exige acabar con las ZEDE y terminar con la vergüenza de vivir en un narcoestado.

¿Qué pasó en estas elecciones? ¿Cuáles son los desafíos que enfrentará el nuevo gobierno? ¿Cuáles son sus prioridades? La tarea no es fácil, pero por algo habrá que empezar.

Teniendo como telón de fondo la mayor expectativa electoral en la historia política del país desde el inicio de la democracia representativa hace cuarenta años, la ciudadanía hondureña asistió masivamente a las urnas a depositar un voto que, para la mayoría, significaba el último recurso para revertir el deterioro institucional y la dinámica de corrupción y abusos que ha mantenido en jaque al Estado hondureño en los últimos doce años.

Con una votación abultada, la población depositó su confianza en una mujer, la primera en la historia que presidirá los destinos de Honduras. Y castigó severamente al gobernante Juan Orlando Hernández quien, en su desconocido escondite, debió morder su amarga derrota mientras terminaba de organizar la ruta de escape que necesitará ante las tantas demandas legales que se le vendrán encima.

Romper la barrera del fraude y vencer el miedo

Siete de cada diez ciudadanos depositaron su voto, otro hito en la historia electoral reciente del país. Esta vez los comicios se nutrieron de una participación ciudadana decidida a enfrentar el fantasma del fraude y el temor a que su voto fuese irrespetado, una vez más. La oposición, conformada por el partido Libertad y Refundación (Libre), el Partido Salvador de Honduras (PSH), el Partido Innovación y Unidad Socialdemócrata (PINU-SD) y otras fuerzas menores, rompió todas las barreras que se le impusieron y se alzó con un triunfo histórico.

Un ambiente favorable al cambio y una asistencia masiva a las urnas se observó desde muy temprano del domingo 28 de noviembre. Y salvo algunas escaramuzas provocadas por un triunfalismo anticipado entre los activistas del partido oficial, en general, el ambiente fue dominado por la euforia de la oposición.

La Ley Electoral prohíbe a los partidos políticos, medios de comunicación y empresas encuestadoras divulgar datos preliminares antes del primer conteo oficial; sin embargo, en torno de las tres de la tarde, en la región norte, empezaron a circular resultados de encuestas realizadas “a boca de urna”, en los que ya se advertía un triunfo en ciernes de la candidata de la Coalición, así como el triunfo de Roberto Contreras, candidato a alcalde de San Pedro Sula por la misma alianza.

¿Qué motivó a la ciudadanía a acudir masivamente a votar? No cabe duda que en la sociedad hondureña han pesado mucho las preocupaciones que viene arrastrando en los últimos años en torno de la corrupción, el narcotráfico y la utilización del Estado para el beneficio de particulares. Así, a pesar de la intensa campaña organizada en las últimas semanas por el oficialismo para ganar votos con regalías distribuidas masivamente, no hubo cambios en la decisión de la gran mayoría de votantes de castigar la corrupción y el abuso de poder del partido gobernante y sus secuaces.

La regalía más notoria —que desbordó las sucursales de los bancos con filas interminables y una ansiedad apenas disfrazada—, fue la entrega del “Bono Bicentenario”, consistente en 7,500 lempiras (300 dólares de los Estados Unidos de América) por persona. Pero la gente ya había tomado una decisión, y esta fue la de castigar a quien le regalaba cosas y dinero a última hora, pero que en ocho años de gobierno le mintió y saqueó sin piedad las instituciones públicas, incluyendo los recursos destinados a atender los graves efectos provocados por la covid-19 desde 2020.

Entusiasmo y hartazgo

Los resultados mostraron no solo el entusiasmo de un alto porcentaje de los electores por un cambio inmediato, sino el hartazgo respecto del modo en que se ha gobernado el país, con la corrupción como prioridad para la elite gobernante, el abuso del poder para imponerse en toda circunstancia, y por su indiferencia ante los grandes temas y demandas del país y su gente.

Señales objetivas de que los recursos públicos han sido malversados no han faltado, como la descomunal mentira de prometer 94 hospitales y, en su lugar, adquirir siete hospitales móviles conocidos popularmente como “furgones chatarra”, por los cuales se pagó casi 50 millones de dólares en una transacción envuelta en el misterio de la corrupción y las sombras de la impunidad. Solo uno de estos ha funcionado a medias, y de los restantes no se da cuenta alguna.

La vergüenza de millones de hondureños, de vivir y pertenecer a un país catalogado como un narcoestado, acabó expresándose en las urnas. Y lo que parecía aletargamiento y conformismo, no era más que una acumulación de malestares que, de un solo golpe, se manifestó políticamente en las elecciones.

De válvula de escape a instrumento de transformación

En esta ocasión, la asistencia masiva a las Juntas Receptoras de Votos no fue una válvula de escape. Fue una decisión firme y consciente, que dejó atrás el miedo y la indiferencia. La mayoría de la gente despertó con la decisión de apostar por la paz y la democracia, por una salida pacífica que conduzca a la restitución del Estado de derecho; y castigó con dureza a quienes condujeron los destinos del país por la vía autoritaria de la represión y el miedo, la corrupción y las decisiones arbitrarias.

De esta manera, la ciudadanía quiso hacer un paréntesis obligado en su propia desconfianza hacia los políticos y sus partidos —que antes de estas elecciones superaba el 80 por ciento—, cuando incluso expresaba que no era tan importante el régimen que gobernara, con tal de que respondiera a sus más apremiantes necesidades.

La gente había llegado a una encrucijada: o se decantaba por salidas desesperadas y un conformismo despolitizado, o se comprometía seriamente con las elecciones. El 28 de noviembre decidió depositar todas sus energías en las urnas y por este camino rompió con salidas distractoras; convirtió las elecciones en un medio para expresar su insatisfacción, pero también su esperanza en el cambio y la transformación.

La corrupción en la pandemia, los huracanes y las ZEDE

La pandemia y el comportamiento gubernamental ante los huracanes y tormentas tropicales de finales de 2020, fueron factores que contribuyeron a aumentar el repudio hacia la administración nacionalista. En la ciudadanía hay conciencia de que ambos fenómenos fueron tratados con la lógica de la corrupción y argumentos proselitistas, y esto acumuló sus malestares.

Pero el tiro de gracia al régimen se lo dieron el mismo Juan Orlando Hernández y sus diputados, al aprobar las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE); políticamente, este fue su último error público. Debido a las ZEDE y la arrogancia de los inversionistas, el pueblo le endilgó al gobierno nacionalista el calificativo de “vendepatria”. Con la entrega de grandes áreas territoriales autorizadas para tener su propio gobierno y legislación bajo control extranjero, el rechazo popular creció como una ola de insatisfacción y descontento.  

El rechazo a las ZEDE se transformó en repudio hacia el mandatario y sus cómplices, y contribuyó a decantar el voto de muchas personas, como castigo a su comportamiento, y no necesariamente por simpatía o compromiso con la Coalición opositora. La masiva votación a favor de la oposición expresó el cansancio de una sociedad empobrecida, y a la vez el agotamiento de un régimen tan corrupto como voraz; pero, sobre todo, dejó clara la apuesta de la ciudadanía a favor de la democracia y la paz, y el rechazo a la continuidad de la dictadura y la violencia.

Papel orientador y crítico de la Iglesia

En los meses, semanas y días previos a las elecciones, la Conferencia Episcopal de Honduras tuvo una presencia y una participación muy activa a través de sus comunicados y en la voz de varios de sus obispos. Esto supone un cambio sumamente importante, que en parte se explica por el aumento de la sensibilidad social en varias diócesis que, desde sus parroquias, han animado a sus pastores a transmitir una palabra más clara y firme sobre los grandes temas y problemas del país, sobre todo la corrupción pública, la pandemia y la solidaridad con los contagiados por la covid 19, y un cuestionamiento frontal a las ZEDE. Durante la campaña electoral, las parroquias demandaron propuestas serias a los partidos políticos y orientaron a los electores a votar para botar las redes de corrupción, narcotráfico e impunidad.

A este comportamiento ha contribuido el cambio en la presidencia de la Conferencia Episcopal, que desde hace un par de años asumió el obispo titular de San Pedro Sula, Monseñor Ángel Garachana Pérez, luego de haber estado en manos de la Arquidiócesis de Tegucigalpa a lo largo de muchos años.

Tanto la Conferencia Episcopal como los obispos, junto a su presbiterio, han realizado una actividad notable y han sintonizado su palabra con la escucha de las grandes problemáticas del país y su gente. A ello ha contribuido, además, el hecho de que la Iglesia, en sus instancias oficiales, ha recuperado la credibilidad que de diversas maneras había perdido desde el golpe de Estado en 2009.

Hoy, la voz de la Conferencia Episcopal es, sin duda, una de las más acreditadas y con mayor reconocimiento en la sociedad hondureña. Una voz muy respetada por su capacidad para ejercer una crítica severa, despojada de todo cálculo, que orienta a la sociedad ante sus grandes desafíos y prioridades.

Órganos electorales funcionaron, pese a dudas y sospechas

Los resultados fueron aceptados y la labor del Consejo Nacional Electoral (CNE) acabó siendo más profesional que partidista, lo que devolvió la confianza ciudadana en los órganos electorales que se instalaron en septiembre de 2020. Aunque la presión por auténticas reformas electorales, con reglas del juego conducentes a una segunda vuelta y nuevos procedimientos para la elección de diputados ha sido fuerte, lo cierto es que en estos comicios tanto el CNE, como el Registro Nacional de las Personas (RNP), cumplieron en lo fundamental con su función, y así contribuyeron a darle credibilidad a los resultados, al menos en el nivel electivo presidencial.

Nadie pone en duda que el funcionamiento exitoso de estos órganos se debió, en parte, a las presiones internacionales, sobre todo del gobierno de los Estados Unidos. Fue decisiva la visita, una semana antes de las elecciones, del subsecretario adjunto para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, quien dejó en claro —de acuerdo a todos los reportes recabados—, que su gobierno no reconocería a ningún candidato que se proclamara electo con resultados amañados o fraudulentos. Y reiteró la invitación a que los partidos políticos dejaran que el CNE actuara con autonomía e independencia.

El giro que cambió el rumbo de las preferencias electorales

Septiembre finalizó con una suerte que parecía echada, con una oposición dividida y un pujante Partido Nacional que se sentía ganador. El vuelco de timón ocurrió a inicios de octubre, con el acuerdo de unidad entre el Partido Libre y la alianza que hasta ese momento sostenían el PSH y el PINU-SD, que sorprendió a la sociedad y desestabilizó las estructuras del Partido Nacional.

Este acuerdo de Coalición electoral significó el quiebre de la dinámica preelectoral, que no se había logrado en los últimos dos años. El Partido Nacional no tuvo más opción que recurrir al ataque irracional y la descalificación política, desempolvando el antiguo fantasma del comunismo y acusando a la candidata Xiomara Castro de ser “asesina de niños”.       

Expectativas más altas que lo que ofrece la realidad

La percepción de que el nuevo gobierno actuaría con un margen muy estrecho de autonomía, se va reduciendo en la medida que se abultan los votos a favor de la presidente electa; y así aumenta también el margen para las negociaciones y acuerdos que conduce el nuevo equipo de gobierno. Los votos son un factor de poder para negociar —con ventaja— con diversos sectores. Sin embargo, es cierto que la Coalición es muy frágil, en la medida que es una conjunción coyuntural de fuerzas electorales; por tanto, no se percibe como una alianza política de mediano o largo plazo.

Una primera expectativa es si el nuevo gobierno logrará establecer un consenso básico con las distintas fuerzas que lo componen, para poner en marcha un proceso de transformaciones relacionado con la salud pública, la reactivación del sistema educativo público, el empleo en general y de los jóvenes en particular; la reactivación del agro y una estrategia para abrir las puertas a una inversión sana en la economía nacional.

En su primer discurso, breve e improvisado, en el que proclamó su triunfo electoral, doña Xiomara Castro hizo el llamado a conformar un gobierno de reconciliación nacional, con procesos permanentes de diálogo para definir una administración con democracia no solo representativa, sino también participativa y directa. De estas palabras de euforia, a lo que previsiblemente se viene por delante, existe un enorme trecho.

Antes de conformar un gobierno de reconciliación, la Coalición deberá poner en marcha un importante y apurado proceso de transición, que deberá pasar previamente por acuerdos consensuados entre los integrantes del bloque ganador. De igual manera, en este proceso de transición, será necesario establecer reglas de auditoría para evitar que los funcionarios salientes y el partido perdedor oculten o alteren evidencias con el fin de evadir eventuales requerimientos fiscales que conduzcan a su enjuiciamiento por actos de corrupción.

Un proceso de transición ha de abordar los grandes temas urgentes y prioritarios a considerar en el primer semestre tras la toma de posesión, y a la par conformar un gabinete de gobierno que resulte de las consultas a diversos sectores sociales. Es notable el entusiasmo que el triunfo de doña Xiomara Castro ha despertado, haciendo aflorar muchas iniciativas, algunas de las cuales son propuestas tempraneras, unas más llenas de sentimientos, pero muchas otras también de contenidos.

Después de tantos años de malestares y frustraciones, es normal que la sociedad aumente sus expectativas y espere respuestas inmediatas de una nueva administración. Pero esta encontrará las finanzas públicas en harapos, lo que puede limitar la capacidad de un gobierno para satisfacer todas las expectativas que se depositan en él.

Justicia ante todo

Según diversos analistas, el gobierno entrante deberá lograr consensos con el Legislativo para derogar la legislación que ha sustentado el pacto de impunidad y corrupción de la dictadura, que va desde las ZEDE, pasando por el nuevo Código Penal, hasta las leyes de escucha y de secretos. Sin este consenso la gobernabilidad podría empantanarse.

Esto supone capacidad de negociación para lograr consensos entre las diversas bancadas y liderazgos acreditados en el Congreso Nacional para hacer avanzar los acuerdos alcanzados. A lo largo de este siglo hemos escuchado hablar sobre la necesidad de lograr consensos con base en acuerdos básicos o mínimos, y esa oportunidad histórica es la que se ha abierto tras estas elecciones que le dan a la Coalición no solo un triunfo holgado, sino también un respaldo popular que dota al nuevo gobierno de legitimidad y autoridad para impulsar dichos consensos. El punto de partida, como condición indispensable para implementarlos, es ponerse de acuerdo en cuanto a la derogación de tantas leyes que tanto daño han hecho —y siguen haciendo— a la sociedad hondureña.

La derogación del cuerpo legal de la dictadura es una condición indispensable para emprender un proceso de transición responsable y efectivo, de cara a la puesta en marcha de lo que doña Xiomara Castro ha llamado “Gobierno de Reconciliación Nacional”. Una formulación así es de muy alta responsabilidad, y no puede entenderse como “borrón y cuenta nueva”, como se esmeran en insinuarlo algunos interesados en dejar intacta la impunidad.

Para llegar hasta este escenario, no bastará con derogar leyes que solo privilegian y benefician a un puñado de actores, poniendo en estado de precariedad la soberanía nacional y en riesgo los derechos humanos. Por ello se ha de poner en marcha procesos de enjuiciamiento para quienes han abusado de los recursos del Estado, desviaron los fondos del Seguro Social, malversaron los fondos destinados a la pandemia, usaron al Estado para lograr negocios millonarios en rubros como el de la generación de energía, o que implantaron programas reñidos con la ley para beneficiar al narcotráfico.

No hacer frente a estas demandas de justicia, sería arrastrar los dinamismos de la impunidad al quehacer del nuevo gobierno, que terminaría salpicado por la corrupción que ahora se quiere erradicar. El “borrón y cuenta nueva” nunca es justicia y mucho menos reconciliación. Es otro pacto con la impunidad. Mientras no se enjuicie y castigue a todos los responsables directos de estos latrocinios, será muy difícil avanzar hacia un gobierno de Reconciliación Nacional, porque no se estaría jugando limpio con la historia hondureña y las víctimas de las atrocidades cometidas a lo largo de al menos los últimos doce años.

Por tratarse de una tarea previa e inmensa, el enjuiciamiento que conduzca a la aplicación de la justicia sobre los delincuentes y miembros activos del crimen organizado incrustados en la administración pública, será necesario que en el menor tiempo posible se logre un acuerdo con el Sistema de las Naciones Unidas para crear una instancia internacional con amplios poderes para investigar delitos y actos de corrupción e impunidad y, así, el Ministerio Público dicte requerimientos fiscales con la mayor celeridad posible.

Instancia internacional de investigación

Será necesario que en el Congreso Nacional se logren consensos para adelantar el nombramiento de un nuevo Fiscal General, puesto que, de acuerdo a datos de fuentes muy responsables, el actual fiscal Óscar Chinchilla debería ser uno de los funcionarios públicos a ser enjuiciado por contribuir, decididamente, a mantener en la impunidad muchos casos de corrupción y saqueo de recursos del Estado; y por estar confabulado directa y personalmente con Juan Orlando Hernández.

El sistema de justicia se encuentra subordinado por completo a intereses de grupos, y tanto el Fiscal General como los magistrados de la Corte Suprema de Justicia han dado muestras irrefutables de confabulación con quienes han violado la ley y han cometido actos de corrupción.

De ahí que establecer una instancia internacional deviene indispensable para impulsar el proceso de transición, y su existencia debería tener una estabilidad de al menos dos años a partir del día que tome posesión; también es indispensable que el gobierno delegue amplios poderes a esta instancia, para que lleve a cabo su labor investigativa. El convenio con la MACCIH[1] se canceló porque, aun con esfuerzos tibios y tímidos, comenzó a tocar algunas de las muchas redes de corrupción, y porque los más altos funcionarios del Estado se autoprotegieron para evitar cualquier asomo de enjuiciamiento.

Para restablecer el sistema de justicia y que las instituciones puedan robustecerse, es necesario pasar por un período de transición con objetivos y propósitos claramente definidos. Y ese papel es el que ha de jugar una instancia internacional, que deberá contar con el pleno respaldo de la comunidad internacional. En este campo no se puede dejar solo al gobierno; la restauración de la justicia y el combate a la impunidad es una tarea de gran envergadura, que requiere de un esfuerzo titánico y del concurso de muchos actores institucionales, nacionales e internacionales.

En el periodo de transición es fundamental generar y mantener la confianza que se alcanzó en la sociedad tras los resultados electorales; y que al compromiso con la justicia se una la escucha a diversos sectores de la población para refrendar las propuestas que se han de poner en marcha en los primeros cien días y en los siguientes seis meses del primer año de gobierno.

Temas urgentes: el fenómeno migratorio

Entre la población a ser consultada no debe faltar la que es susceptible a emigrar. Ante el fenómeno migratorio debe considerarse tres actores decisivos: el primero es la gente misma, qué quiere, a qué aspira y qué espera del nuevo gobierno. Según la confianza y la escucha que se tenga, esto podría traducirse en un compás de espera y la migración se podría reducir en los siguientes meses. Este comportamiento podría decir mucho sobre la confianza o desconfianza de la población que aspira a emigrar.

El segundo es el propio gobierno, que deberá definir qué ofrece a los migrantes, qué compromisos asume en materia de seguridad ciudadana y reducción de la violencia, el desempleo, la salud, la educación, la lucha contra la corrupción y la reactivación de las políticas agrarias. Según como vaya respondiendo el gobierno a estas demandas, así se podría esperar el comportamiento del flujo migratorio.

Y el tercer actor es el gobierno de los EUA, para el cual el país, y especialmente el fenómeno migratorio, se han convertido en un severo problema ante el que no han sabido responder, más que soltando dineros que dejan intactas las condiciones que obligan a la migración masiva.

La articulación de estos tres actores será la clave para establecer la medida de cuánto las nuevas políticas públicas frenarán los flujos migratorios, o si al cabo de un tiempo estos rebrotan con la misma fuerza, como ha ocurrido a largo de la última década. Pero será un signo altamente positivo que el nuevo gobierno, en su período de transición, escuche estas poblaciones y sus demandas; sin duda, esto contribuirá a generar una estrecha colaboración y coordinación con las familias de migrantes dentro del país, y con la diáspora hondureña que ya se cuenta por millones.

Políticas agrarias, educativas, sanitarias, productivas, ambientales, trabajadas en conjunto con las comunidades expulsoras de poblaciones, será una base sólida para construir la soberanía alimentaria desde una participación comunitaria y popular.

Atacar la triple dimensión de la crisis

La escucha a diversos sectores contribuirá a que las políticas a implementar sean el resultado de procesos de participación e involucramiento de las poblaciones en los planes del nuevo gobierno.

La inmensa tarea de este, desde su período de transición, será la de enfrentar la triple dimensión de la crisis nacional: una, el modelo productor de desigualdades, con propuestas que acorten la brecha entre los reducidos grupos privilegiados y las mayorías empobrecidas; dos, el deterioro ambiental, transformando la concepción y práctica del desarrollo basado en el extractivismo y en las ventajas dadas a los inversionistas para explotar los bienes naturales; tres, la institucionalidad arbitrariamente organizada por decisiones personalistas, que solo ha conducido a la violación de los derechos humanos, la corrupción, la impunidad y, a fin de cuentas, a la ingobernabilidad.

En buscar respuestas a esta triple dimensión de la crisis radica el talante estructural de un gobierno que no solo busca atajar los conflictos presentes, sino que además tiene la oportunidad de abordarlos desde sus raíces históricas, para encausarlos conforme a las más altas aspiraciones de amplios sectores de la sociedad hondureña.

¿Y la discusión sobre la Constituyente?

Acentuar en el primer período la escucha y atención a los temas y problemas más sentidos de las poblaciones, dará sin duda un talante especial y popular a la nueva administración.

Sin embargo, prolongar en el tiempo y enfatizar en temas interesantes, pero con una fuerte carga ideológica, como la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente originaria y los vínculos con la comunidad internacional, especialmente las relaciones con Venezuela, Cuba y China, redundarán en un empantanamiento que, desde un primer momento, no conducirá a ninguna parte.

Estos temas ameritan que se les dé tiempo para una reflexión serena. Comenzar con estas iniciativas sería alborotar fantasmas antes de tiempo, y los medios de comunicación han pasado durante muchos años generando anticuerpos al respecto. Lo ideológico y político no debe ser prioritario para el nuevo gobierno. Pero es un tema pendiente, que deberá pasar por intensos procesos de consulta y participación ciudadana.

Las propuestas de los movimientos sociales y sus bases

Doña Xiomara dejó abierta la puerta sobre lo que se esperaría de su gestión: un gobierno que escucha, dialoga y atiende las voces de los diversos sectores de la sociedad. El pueblo ya le dio el mandato para que gobierne no para élites, ni cúpulas ni partidos políticos, sino para atender las enormes necesidades que afectan a las mayorías. Y aquí se establece el método de lo que se esperaría de un buen gobierno en condiciones tan adversas.

Mientras se deposita el mandato del nuevo gobierno, las organizaciones sociales y populares tienen la responsabilidad de construir sus propuestas, avanzar en vertebrar sus estructuras y en construir contenidos que emerjan de las bases; y con una visión optimista, canalizar esas demandas hacia el Estado, de manera que el nuevo gobierno actúe, defina y ponga en marcha políticas públicas, y las organizaciones hagan sentir su voz y su presión.

Este sería el tipo de gobierno que mejor expresaría las hondas demandas que la sociedad hondureña ha depositado en las urnas, y que nos han puesto ante un novedoso y desafiante escenario, que nos conducirá por los siguientes cuatro años.


[1] Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras.


*Director de Radio Progreso y del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ).

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