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Marvin Barahona*

El rasgo más sobresaliente de la protesta política y social en las dos décadas de este siglo, es su articulación como un acto legítimo de defensa de lo público. Este proceso es evidente en la lenta separación y distinción que se advierte entre los movimientos sociales de las últimas décadas del siglo XX y las primeras del siglo XXI. Y es que la pandemia ha contribuido a visibilizar nuevos actores sociales, así como los límites del régimen de corrupción y exclusión.


Introducción

La corrupción es el puente entre el Estado-botín y el Estado fallido, una transición por medio de la cual se “legaliza” la corrupción y esta supedita la institucionalidad del Estado a sus propios fines. Tal vez por eso, lo novedoso en esta coyuntura es que se haya comenzado a construir, sobre la marcha, una ética ciudadana que se reafirma en el derecho a saber, el respeto a los bienes y las libertades públicas y una exigencia de veracidad que trasciende la transparencia y la rendición de cuentas, para convertirse en una exigencia de conducta política bajo el signo de la ética, respetuosa del interés público y los derechos ciudadanos.

Así se contrarresta, desde una ética ciudadana en proceso de construcción, el discurso del poder sustentado en la afirmación “nadie está por encima de la ley”, que reconoce el valor universal del respeto y aplicación de la ley. Sin embargo, al ocultar sus actos y “proteger” a los infractores de cuello blanco con una legislación que parece estar hecha a su medida, hace exactamente lo contrario de lo que su discurso pregona. Esto es lo que está en juego en la pregunta “¿Dónde está el dinero?”.

En la medida que la pregunta ha quedado sin respuesta, se ha mantenido vigente la tensión entre corrupción e impunidad, entre igualdad y desigualdad ante la ley. En el desenvolvimiento del conflicto y de las tensiones que este crea, la sociedad hondureña se ha dividido entre quienes invocan una exigencia de respeto y cumplimiento de la ley, y quienes la violentan al ocultar la verdad, o manipular la veracidad de los hechos para adulterar su objetividad.

Sin embargo, el incumplimiento de dicho precepto constitucional actúa, en determinado momento, como un búmeran que se vuelve contra el poder cuando se convierte en una interpelación pública de la ciudadanía, que exige el cumplimiento efectivo de la igualdad ante la ley a través de la rendición de cuentas, la investigación y sanción del delito de corrupción.

Así, el conflicto entre los detractores y los defensores de este precepto se ubica en una dimensión política que convierte al poder en un espacio didáctico en el que se ponen a prueba los vínculos y tensiones que –sobre todo en Honduras– prevalecen entre la política y la ética.

Su contexto es la pandemia provocada por la Covid-19 que, desde su llegada a Honduras a mediados de marzo, demostró ser portadora de habilidades pedagógicas por su capacidad para revelar los rostros ocultos de la sociedad, la política y la economía. En esa medida, ha contribuido también a visibilizar el encuentro conflictivo entre política y ética, planteando además nuevos problemas. Este artículo se ubica en las coordenadas de esta temática, utilizando como escenario concreto la campaña ciudadana “¿Dónde está el dinero? #Honduras lo exige”.

Una interpelación pública a la corrupción

El ejemplo que logró arrastrar tras de sí la discusión sobre la ética en la política, fue sin duda un grafiti plasmado en uno de los bulevares más transitados de la capital hondureña. Apareció con el amanecer del lunes 10 de agosto, con sus letras enormes grabadas en el asfalto y ocupando un amplio espacio.

Inicialmente produjo curiosidad, con sus caracteres bien trazados y concentrados en establecer un diálogo con el gobierno y la ciudadanía. Y después provocó inquietud, porque la interacción que proponía asaltaba de golpe la conciencia y hacía que los apresurados lectores se hicieran a sí mismos la pregunta sobre dónde estaba el dinero con el que supuestamente se compraron siete “hospitales móviles” para atender la demanda sanitaria de los contagiados por el virus.

Se refería a los casi 48 millones de dólares que Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H), una agencia gubernamental, reconoció haber pagado a un intermediario extranjero, radicado en los Estados Unidos, a quien ni siquiera se le exigió una factura provisional como acreditación de la compra, según las múltiples denuncias efectuadas por organismos anticorrupción del país.

Una interpelación pública a la ciudadanía

La pregunta se dirigía principalmente a la administración pública, pero por añadidura también a la ciudadanía. A esta se le interpelaba sobre el valor y el significado que le atribuye al hecho de ser “ciudadano” o “ciudadana”, y sobre el papel de hombres y mujeres en la condición de “vigilantes sociales”. Y lo hace desde la perspectiva republicana del buen gobierno, que obliga a los administradores de los recursos públicos a rendir cuentas sobre su utilización; y a los ciudadanos a exigir que los servidores públicos actúen con transparencia y que informen del resultado de su gestión.

Es uno de los pocos casos en que tanto el poder como la ciudadanía son interpelados simultáneamente, por lo que hacen y lo que omiten hacer. Y va más allá, porque obliga a que la conciencia ciudadana se defina ante la corrupción y a que el poder asuma la responsabilidad que le corresponde cuando se comporta arbitrariamente. Esta interacción fue asombrosa.

Para visibilizar la corrupción se utilizó un espacio público iluminado por el amanecer, donde se plasmó una interpelación que quedó expuesta a la vista de todos. Y desde allí comenzó su labor para crear una opinión pública crítica de la corrupción de hoy, que también podía recordar otros momentos históricos en que la corrupción ha sido firmemente cuestionada, como la huelga de fiscales de 2008 y las marchas de los Indignados y sus antorchas en 2015 y 2016.

En su contexto quedan todavía señas de otros grafitis, como uno plasmado por doquier tras el golpe de Estado de 2009 que sentenciaba: “Cuando los medios callan, las paredes hablan”. El vínculo en común: romper el silencio y dejar al descubierto las tramas del poder que estremecen la sociedad y confrontan los valores ciudadanos.

Una obra colectiva que acusa

El hecho –negado por las autoridades– que en repetidas ocasiones se intentó borrar el grafiti, sin mucho éxito, demuestra que el poder –al prolongar el silencio sobre su conducta– pretendió utilizar ese tiempo muerto como un recurso adicional para perpetuar los hechos que provocaron la pregunta que lo interpela.

Pero colisionó con la búsqueda de la verdad, la exigencia de transparencia y la urgencia de rendir cuentas que surgieron de quienes plasmaron el grafiti en el asfalto y de los miles de ciudadanos que celebraron su aparición, que lo reprodujeron y compartieron como un libro abierto de historia nacional. Así se convirtió en una obra colectiva.

Entonces, interrumpir el silencio fue un acto público de la ciudadanía organizada para establecer una ruptura con las formas de poder que hoy no encajan en una nueva conciencia ciudadana. La interpelación del grafiti constituyó, por tanto, la transgresión de la frontera entre la obediencia y la rebeldía, entre el aceptar y el cuestionar los designios ilegítimos del poder.

En los días que siguieron al 10 de agosto, otros ciudadanos manifestaron su inconformidad con los “largos apagones” y los costos “muy elevados” de sus consumos de energía eléctrica y agua potable. Cincuenta patronatos comunales de San Pedro Sula informaron que, además de no pagar sus facturas de energía, tampoco dejarían entrar en sus colonias al personal de la empresa concesionaria de dicho servicio. Los cobros indebidos motivaron acciones similares de los usuarios del servicio privado de agua potable en la misma ciudad.

Simultáneamente, la ciudadanía efectuaba reclamos y protestas contra la administración pública y la administración privada de los bienes nacionales, señaladas por atentar contra sus intereses y asaltar sus bolsillos. El abuso y la arbitrariedad eran condenados públicamente, mientras las empresas denunciadas y el gobierno se refugiaban en el silencio, las excusas de siempre y una escasa o nula sensibilidad ante las demandas ciudadanas.

Así se ha ido construyendo otra obra colectiva, muy presente en la percepción popular, que es la de identificar la gran metáfora social de la pandemia con un cuerpo enfermo, lleno de parásitos, que le extraen sus últimas fuerzas antes de declarar su defunción.

El poder de una interpelación pública

En la semana del 10 al 16 de agosto se habló profusamente del interrogante planteado en plena vía pública, fue la “primera plana” de la realidad del lunes 10. Así de potente fue esta interpelación que desafió a la corrupción y la opinión pública.

El ciudadano y su derecho a saber se convirtieron en un gigante que, apoyándose en las redes sociales, logró masificar la pregunta hablando a nombre de todos y sobre aquello de lo que la colectividad esperaba una respuesta. Llegó en el momento más oportuno, cuando el silencio oficial comenzaba a ser la única respuesta visible. Por eso se le dispensaron elogios y calificativos que lo evaluaron positivamente. Se dijo, entre otras cosas, que “está bien hecho” y que su mensaje “se entiende claro”.

Con estas credenciales, el lienzo pavimentado contra la corrupción comenzó a recibir ataques de sus opositores para borrarlo de la vía pública. En principio lanzándole “aceite quemado” que, en lugar de lograr su objetivo, solo sirvió para provocar algunos accidentes en la vía pública por el derrape de varios motociclistas incautos. Luego se procedió a verter pintura sobre lo pintado, pero tampoco surtió el efecto deseado. La pregunta siguió reluciendo en el pavimento.

Así se fue convirtiendo en un símbolo de resistencia contra la corrupción y en un punto de referencia para medir la calidad de la respuesta gubernamental ante otros desafíos planteados por la pandemia. Entonces se dijo que la pintura utilizada para plasmar el grafiti era de “buenísima calidad”, que se debió contratar a quien la utilizó para que hiciera la compra de los “hospitales móviles”, “porque sabe comprar cosas buenas”.

Pero las cosas no concluyeron con ese episodio, pues el torrente de creatividad y nuevas iniciativas en torno del grafiti continuaron. Así, cuando apareció estampado en camisetas, desde las redes sociales llegó la petición de que la respuesta fuese plasmada en el reverso, para que se aprovechara todo el espacio disponible en la prenda de vestir.

Este nuevo medio de difusión del interrogante, ahora acompañado de una respuesta, suponía que ya se sospechaba quién o quiénes eran los supuestos responsables de una compra que ya era señalada por diversos informes de veeduría pública, que identificaron anomalías en los procedimientos utilizados para efectuarla[1].

Otra memoria fue interpelada

Así se fue deshilvanando una trama que en la opinión pública comenzó a ser percibida como un acto doloso, similar al cometido en 2013 en el caso del “saqueo” del IHSS[2], que al servir como modelo de comparación despertó nuevas sospechas sobre el financiamiento de campañas políticas en presencia de los próximos comicios internos y generales de 2021.

Si la fuente que sirvió para hacer tal comparación fue la memoria colectiva relacionada con la sustracción de fondos en dicha institución, y tal hecho había conducido posteriormente a las elecciones fraudulentas de noviembre de 2017, entonces reapareció en la atmósfera política una conexión entre el saqueo del IHSS y el asalto a las elecciones de 2017. Una sombra de inquietud y temor se proyectó inmediatamente sobre el peligro que corren las elecciones de noviembre de 2021.

El grafiti trascendía así el espacio físico en que nació el 10 de agosto, para establecer un puente con la memoria inmediata de otros actos de corrupción, de otras tramas que desde el poder se llevaron a cabo para capturar la institucionalidad del Estado y ponerla al servicio de la casta gobernante y su voluntad de perpetuarse en el mando.

Así se renovó también la sospecha de que el mandatario se prepara para buscar un tercer mandato. El desmentido de la sospecha-rumor, indicando que carecía de fundamentos reales, no sirvió de mucho. En la memoria colectiva todavía están frescas las enfáticas declaraciones del gobernante de que no continuaría al frente del gobierno, “ni un día más”, después de cumplir su mandato legítimo. Con las heridas del pasado reactivadas, se puso en duda y se dañó seriamente la legitimidad de las elecciones generales de 2021.

La memoria de la mentira también moviliza

La búsqueda de la verdad sobre el costo real de los “hospitales móviles”, de la legalidad de dicha transacción y la omisión de la transparencia en todo lo actuado, implícita en el interrogante ¿Dónde está el dinero?, sirvió también para deshilvanar la memoria de la mentira oficial. Ahora se le confrontaba con una exigencia de veracidad fundada en el derecho a saber de los ciudadanos y en los fundamentos legales de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión gubernativa.

Se entabló entonces un diálogo entre la verdad que se buscaba en el presente y una memoria revelada por hechos del pasado, visibilizando así el proceso en el que se cristaliza la experiencia política y social de la ciudadanía hondureña en su lucha contra la corrupción. Este vínculo entre el pasado y el presente es el que actuó como resorte para movilizar nuevamente la conciencia ciudadana, con su rotundo rechazo a la corrupción y sus estrechas conexiones con la política.

A partir de este esclarecimiento de la conciencia ciudadana, se puede afirmar que el compromiso ciudadano de luchar contra la corrupción y por la restitución plena del Estado de derecho, constituyen en conjunto el movimiento social y político más importante en lo que va del presente siglo, y ha sido el que más ha aportado a la renovación política y social de la conciencia ciudadana y su actualización histórica.

La exigencia de probidad administrativa, de legitimidad y ética en la política, que hoy se dan la mano en el espacio público, también forma parte de la pedagogía política aportada por la pandemia y su irrupción en el contexto hondureño. Y no solo eso. Si a la interpelación sobre el dinero y la movilización que esta concitó, se suman las movilizaciones gremiales del personal de salud y del sistema público de educación durante el mismo periodo, la pandemia habría logrado reunir a los protagonistas más destacados de una coyuntura política que se ha prolongado por más de una década.

En consecuencia, lo que se renueva en los actores políticos y gremiales, las organizaciones civiles y populares, es el agudo debate que vienen sosteniendo con el poder establecido sobre la corrupción y la transparencia en la gestión pública, sobre la legitimidad política, la participación ciudadana y la recuperación de la soberanía popular encarnada en la figura del ciudadano.

El soberano exige la recuperación de los bienes públicos

La sincronía de temas, problemas, crisis y actores que la pandemia ayudó a catalizar, indica que el motivo más importante del conflicto planteado está en la corrupción pública y sus ramificaciones en la política.

De ahí que la importancia pública adquirida por la interpelación contenida en el grafiti no responde a hechos aislados, sino a los antecedentes históricos de los conflictos instituidos por la corrupción pública, el carácter pre-moderno de los partidos y del sistema político hondureño.

Desde esa perspectiva, el rasgo más sobresaliente de la protesta política y social en las dos décadas transcurridas en el presente siglo, es su constitución y articulación como un acto legítimo de defensa de lo público, como se constata en las luchas por el agua, la defensa comunitaria del territorio, la salud y la educación, entre otras que han contribuido a movilizar la conciencia ciudadana y a la vez la están actualizando y reconfigurando. Este proceso es evidente, además, en la lenta separación y la distinción que se observa entre los movimientos sociales de las últimas décadas del siglo XX y las primeras del siglo XXI.

Sus claves siguen siendo la necesidad de contar con un Estado de derecho y una democracia a la altura de las demandas políticas y sociales del presente, actuales y pertinentes. Por tanto, la democratización del acceso a los recursos públicos, incluyendo la conectividad a Internet, el crédito público a bajo costo y nuevas políticas públicas para generar empleo masivo, entre otras demandas, puede representar la continuidad del proceso de reconfiguración de la conciencia ciudadana en torno de finalidades colectivas y estrategias comunes de su acción política y social.

Pedagogía y didáctica

Si la ilegalidad, la corrupción y la ilegitimidad política han sido la “pedagogía” en el ejercicio del poder público, en el que los procedimientos ilícitos han sido la regla para suplantar los procedimientos legales y democráticos, durante el periodo señalado y especialmente durante la coyuntura de la pandemia, hoy se va constituyendo una pedagogía distinta, con otros métodos de enseñanza-aprendizaje. Como en el caso de la interpelación “¿Dónde está el dinero?” y sus antecesoras, la pedagogía social derivada se va constituyendo en una propuesta política contra-hegemónica, que manifiesta indicios de ser una alternativa social y política futura.

Son dos pedagogías distintas sobre cómo desplegar el juego político para alcanzar sus fines, una –la del poder constituido– en la oscuridad y siguiendo un esquema de suplantación institucional, y otra –la que emerge de la nueva experiencia política que se ha venido forjando en el siglo XXI–, que se presenta como partidaria de la legalidad y la legitimidad, la transparencia y la rendición de cuentas, la defensa de lo público y la redefinición del interés común en el marco de un Estado de derecho.

Una se escuda en la representación delegada a los diputados, y la otra en la acción política y social desplegada por una ciudadanía cada vez más activa y participante. En el primer caso, la defensa de la corrupción en la gestión pública es una transacción efectuada bajo la mesa. En el segundo, la acción política y social queda expuesta a la luz del día y sometida al escrutinio público, como ha ocurrido con la interpelación sobre el dinero.

Los debates en torno de estos temas van configurando nuevos espacios para el desempeño de la opinión pública y la transformación de la realidad, al establecer un puente con una democracia más participativa y social, y con el cambio político que derive de este proceso. Sin embargo, las opiniones favorables al cambio político y social deben enfrentar en el espacio público a la corriente de opinión opuesta, que se afinca en una defensa velada de la corrupción y la destrucción sistemática de los principios políticos del gobierno republicano democrático.

En suma, las dos pedagogías construyen escenarios y corrientes de opinión radicalmente opuestas, indicando con ello el estado que atraviesa actualmente la construcción de una conciencia contemporánea de ciudadanía, que puede identificarse en los núcleos temáticos sobre los que reacciona y los contextos y circunstancias en que lo hace.

Este indicador es tan preciso que –en el caso del debate en torno de ¿Dónde está el dinero?–, la confrontación llega a ser tan aguda, que la defensa y las justificaciones que proceden del poder ante la interpelación formulada, dejan la impresión de que en Honduras la corrupción es legal y que aquí “no ha pasado nada”.

La pedagogía popular y la demanda de justicia

La pedagogía de la corrupción enseña, en un curso abierto, lo que ocurre con los hospitales, el abastecimiento de medicamentos y la dotación de equipos de bioseguridad, cuando la corrupción está de por medio. En tanto que la pedagogía social enseña a orientar la mirada hacia los responsables de los actos dolosos de los que se vale la corrupción para sustraer los recursos públicos, estableciendo así un puente con el reclamo y la demanda de justicia, el cese de la impunidad y el castigo a los responsables de tales actos.

Enseña también cómo la corrupción no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia política vinculada al modelo neoliberal de economía para debilitar –y finalmente privatizar– la salud y la educación pública, los servicios básicos y otros bienes públicos, en lo cual ya han logrado algunos avances.

Por eso no es casual que la discusión actual sobre la deficitaria situación financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) coincida con las discusiones sobre la crisis en el sistema público de salud y educación, el costo de vida y el deterioro de su calidad.

La pedagogía de la lucha contra la corrupción enseña que el valor de la denuncia, la vigilancia social, la organización y movilización de la acción política de los actores sociales es una clave fundamental en el nuevo proceso de aprendizaje y de reversión del proceso de privatización, cooptación del Estado a los fines de la corrupción y la destrucción sistemática de sus instituciones.

Desde esta pedagogía se planteó la interpelación sobre el dinero, que seguirá en el pavimento donde fue escrita, mientras la respuesta siga siendo el principal problema del gobierno.

La eternidad de lo escrito en piedra

El 12 de agosto, un numeroso grupo de apoyo a la permanencia del grafiti acudió en su auxilio a la vía pública donde yacía deslucido y maltratado. Se presentaron con rodillo y pintura en mano, para devolverle su esplendor tras los repetidos intentos de sus adversarios para borrarlo.

¿Por qué repintarlo, si en menos de 24 horas había logrado su objetivo con creces? “Para que exista para siempre”, respondió uno de los manifestantes que, con enjundia, probaba sus habilidades para el bricolaje. Y no era el único; en la calle ya se vinculaba lo escrito en el pavimento con lo perdurable: una invitación abierta a escribir para construir una memoria siempre viva de la lucha contra la corrupción.

Todo un desafío contra la ausencia de transparencia en la administración pública, contra el secretismo reconocido como procedimiento legal, contra el privilegio de ocultar y mentir en el ejercicio del poder. La eternidad deseada para el grafiti se encontraba así con otra eternidad, la del régimen político pre-moderno, basado en privilegios capaces de comprarle siete “hospitales móviles” a un intermediario extranjero, por aproximadamente 48 millones de dólares, “sin pedir factura” ni obligarlo a entregar lo pactado en una fecha precisa. Para ocultarlo estaban el secretismo y la decisión a discreción del funcionario del más alto rango.

Por eso la interpelación contenida en el grafiti acusador representó –y seguirá representando– una desafiante provocación contra el predominio de la eternidad del régimen político pre-moderno y de la casta política que lo utiliza y sustenta. La falta de transparencia de hoy es solo la continuidad del secretismo del pasado autoritario y dictatorial, que no se sentía obligado a informar y rendir cuentas. Es una visión del poder como conspiración permanente contra la propiedad pública, donde cada coyuntura es la antesala de un nuevo asalto a los bienes nacionales.

Este poder se ha construido sobre la base del privilegio, la arbitrariedad, el abuso y un falso discurso sobre una probidad administrativa garantizada por una supuesta independencia de poderes. Sobre esta base está hecho para quedarse, porque así ha sido instituido, como sentencia definitiva.

Por eso la gobernabilidad autoritaria o dictatorial es concebida como un régimen de excepción que se ha convertido en norma, convirtiendo a la democracia en una excepción o un accidente que puede ser evitado con más autoritarismo.

Tachado, pero no borrado

Finalmente, el 16 de agosto fue tachada la pregunta de la discordia en el Bulevar Suyapa, desapareciendo de la vía pública. Sin embargo, se mudó a la memoria colectiva, en la que hizo un retorno triunfal, en la primera semana de octubre, con motivo de la apertura de algunos juicios menores (bagatelas los llamó el ex Fiscal General Edmundo Orellana) contra funcionarios vinculados a la compra de los “hospitales móviles”.

Las acciones que primero tacharon y luego intentaron borrar el grafiti, fueron actos que bien pueden ser considerados como atentados contra la libertad de expresión de la ciudadanía, como además fue evidente cuando, de las instalaciones de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, en San Pedro Sula, fue arrancada “por la autoridad” y “por la fuerza”, una manta que reproducía la misma pregunta, según denunció el presidente de dicha entidad.

El nuevo símbolo nacional de la libertad de expresión mostró en vida una alta capacidad para mudar su presencia, desde el pavimento a una manta, a grafitis con trazos menores en los muros y edificios que quisieron albergarlo. Mutaba con facilidad. Viajó a las principales ciudades y cabeceras departamentales, pueblos y aldeas. Obtuvo el grado, según sus publicistas, de lugar de referencia en Google. Decoró el estampado de camisetas, fue nombrado, filmado y fotografiado y circuló a alta velocidad y por miles en las redes sociales. Estuvo en radio y televisión. La prensa escrita lo presentó como noticia cotidiana y estuvo atenta a su salud. Su defunción simbólica fue la imagen de una muerte sospechada.

En suma, la protesta pública más importante durante la pandemia, contribuyó a configurar el conflicto sobre la corrupción en torno de una libertad fundamental: la de expresión. Por eso se dijo que al gobierno le interesaba más imponer la intolerancia, que investigar y esclarecer los casos de corrupción denunciados, y mucho menos llevar a cabo una gestión transparente de los recursos públicos.

A lo anterior también contribuyó la difusión de un vídeo, en la primera semana de octubre, donde el secretario de la Presidencia, Ebal Díaz, afirmó en un encuentro con miembros de su partido: “La gente en las próximas elecciones no va ir a votar por la cantidad de muertos que deje la pandemia…la gente va ir a votar por cuánto tiene en la bolsa. (…) ¡Es más! ¡Ni siquiera por el tema de corrupción! Porque muchos andan acobardados por ese tema, ayyyy es que… ni siquiera por eso va ir a votar la gente, va ir a votar por el tema económico”.

En ese contexto, la conciencia se ve sorprendida por la imagen de redes de corrupción enfrentadas por redes sociales defensoras de la transparencia, apoyadas por redes de organizaciones ciudadanas exigiendo un combate a fondo de la corrupción y el cese de la impunidad. Instituido por este conflicto y por la pandemia, se avizora también en las próximas coyunturas una reproducción ampliada de los mecanismos comunicativos de la interpelación social, que ya es un movilizador político importante.

Borrón y cuenta nueva

Cuando la pregunta “¿Dónde está el dinero?” fue sepultada por gruesas capas de pintura, el 17 de agosto, la acción fue interpretada por la ciudadanía no solo como una reacción adversa del poder hacia la exigencia ciudadana de transparencia y probidad en la administración de los fondos públicos, sino también como una contrapropuesta que invitaba a pensar en un “borrón y cuenta nueva”, un patrón de conducta habitual cuando de las cuentas de la corrupción se ha tratado.

La ciudadanía indignada quiso restaurar el interrogante, repintando lo borrado, como si se tratara de reescribir la historia del grafiti –que a esas alturas ya se había convertido en el boceto de una obra de arte colectivo–, sometiéndolo a una reelaboración permanente y un escrutinio público vigilante y exigente.

Pero se iba más allá, porque cada nueva capa de pintura no solo refrescaba la existencia del grafiti original, sino que también actuaba como estímulo para refrescar la memoria colectiva sobre la corrupción, el autoritarismo, la represión y la mentira oficial sobre el respeto a los derechos y las libertades públicas. La memoria se reescribía, al mismo tiempo que se escribía la historia.

Yo no fui…

El 19 de agosto, el alcalde de la capital, Nasry Asfura Zablah, negó que la autoridad municipal haya ordenado borrar el grafiti en el Bulevar Suyapa, agregando que esta se limitó a ordenar que se pusiera arena sobre el aceite quemado que otros habían echado en la vía pública para ocultar la leyenda acusadora.

La popularidad del alcalde –hoy precandidato presidencial por el partido gobernante–, estaba en cuestión. No deslindar cualquier responsabilidad en la violación de la libertad ciudadana de expresión podía ser un mal negocio; era mejor manifestar responsabilidad ante los conductores de vehículos, algunos de los cuales sufrieron accidentes a su paso por el aceite derramado.

Así se legitimaba el interrogante plasmado en el pavimento, cuando las propias autoridades terminaron reconociéndolo como una respetable expresión de los derechos ciudadanos. Lo que también apaciguó los ánimos de otros alcaldes, uno de los cuales fue señalado en las redes sociales por haber ofrecido hasta veinticinco mil lempiras, ¡Mil dólares!, por información certera sobre los responsables de haber llevado la pregunta sobre el dinero hasta su municipio y haberla estampado en la sede municipal de su jurisdicción.

Más tarde se pediría perdón porque “la clase política le ha fallado a Honduras”, como lo hicieron algunos dirigentes del partido gobernante. Pero de parte de la ciudadanía no hubo señales de que el perdón ofrecido fuese recibido como un compromiso para olvidar las innumerables afrentas de la corrupción. Por el contrario, cuando el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, escribió un tuit para afirmar que “Honduras necesita consensos políticos”, un dirigente liberal respondió que así es, pero “sin enterrar el pasado”.

La solicitud de “perdón” era tardía, mucho más si se acepta que “la justicia tardía no es justicia”. Más pareció que los más interesados en eximirse de culpa contra los ataques al grafiti y por solicitar el perdón de la ciudadanía, son los precandidatos presidenciales con mayores posibilidades de triunfo en las filas del partido oficial.

De la pregunta a la respuesta

En la misma fecha apareció otro grafiti, con la leyenda “Aquí está el dinero”, cuidadosamente adherida y estampada en la puerta de la casa del Partido Nacional, sede administrativa de su Comité Central en Comayagüela. A la vez comenzó a difundirse, tal vez con menor fuerza que la que tuvo la difusión de la interpelación original, una nueva exigencia ciudadana: “Devuelvan el dinero”. Se dijo, entonces, que esta procedía de una campaña iniciada por el gobierno de El Salvador, para así distanciarse de la corrupción atribuida a gobiernos anteriores.

En Honduras no pasó a más, pero logró articular la pregunta con la respuesta –incluso con más de una respuesta– y aún más importante: creó un puente para pasar de la respuesta a una exigencia de reparación del daño, como mecanismo expedito de justicia. Se invocó así un principio de justicia retributiva, que a la vez visibilizó el estrecho vínculo entre política y justicia. Su logro principal, hacer que este tema y la respuesta a la interpelación del primer grafiti se mantengan entre los problemas esenciales no resueltos por el Estado, la sociedad y sus memorias respectivas.

Con los centros educativos cerrados por el confinamiento obligado por la pandemia, la calle se convirtió en un espacio de enseñanza-aprendizaje, en el que lo que se borraba un día solo preparaba el escenario para iniciar la lección del día siguiente.

Por tanto, la desobediencia surge cuando no se acata la voluntad del poder de borrar la cuenta y olvidar la corrupción, como ya ocurrió durante el golpe de Estado de 2009, cuando sus partidarios exigieron –y siguen exigiendo–, no volver la mirada atrás y olvidar el pasado ignominioso de la política hondureña.

Esencialmente, la pregunta sobre el dinero ha contribuido a actualizar la lucha ciudadana contra la corrupción, así como la larga cuenta que la corrupción pública ha acumulado en la historia nacional. Por eso, la lección más importante que nos deja la historia de este grafiti, es que lo que no se borra tampoco se olvida. O, la borradura exige una inmediata indemnización, como ocurrió en los días de mayor tribulación para quienes intentaban borrar “el letrero” de la vía pública, que llegó en la forma de un auxilio inesperado: “Dice el que pintó el grafiti, que si devuelven el dinero, les dice cómo borrarlo”.

El mensaje es suficientemente explícito: en esta lucha entre la memoria y el olvido, la memoria podrá vencer solo cuando se perciba a sí misma como materia viva y obra colectiva.

Reelaborar y replantear

Las luchas populares, en conjunto, pueden ser percibidas y replanteadas a la luz de estos acontecimientos y de la voluntad de elaborar y reelaborar los procesos de historia y memoria. En este caso, las iniciativas ciudadanas emiten un claro mensaje de identificación con la perspectiva republicana que enfatiza en el respeto y el cumplimiento irrestricto de las leyes, el equilibrio de poderes y la intervención de las instituciones de justicia para castigar a sus infractores.

Pero no solo avanza hacia un replanteamiento de las luchas ciudadanas, sociales y populares, que ya no podrá ignorar la prioridad de luchar contra la corrupción que despoja de recursos a la mayoría de la población y condena a muchos a una muerte por enfermedad o por hambre, también ubica la solución y sus propias respuestas en el contexto de la legalidad democrática.

En suma, la disposición ciudadana a luchar contra la corrupción –que cada vez cobra mayor relevancia–, converge con una corriente más amplia del pensamiento y la acción política y social, que ha venido proponiendo la reinstauración del Estado de derecho y el retorno al orden constitucional, roto desde el golpe de Estado de 2009.

¿Isla o archipiélago?

Borrar el grafiti plasmado en el Bulevar Suyapa fue un acto de intolerancia ante una interpelación ciudadana que sigue esperando la respuesta oficial; sin embargo, este hecho no está divorciado de otros actos de intolerancia. Entre estos el rechazo social a los contagiados por la Covid-19, el lanzamiento de una bomba lacrimógena dentro de un autobús que transportaba a trabajadoras y trabajadores de la industria maquiladora en San Pedro Sula; la resistencia a hacer los cambios exigidos por la ciudadanía al nuevo Código Penal, que en los hechos pasó a convertirse en “código de la impunidad”; o el rechazo y el enfrentamiento como respuesta a las críticas y las alternativas formuladas por el Colegio Médico y otras organizaciones sociales para enfrentar la pandemia.

Todos estos actos tienen en común el hecho de basarse en la intolerancia y la exclusión, en el rechazo al otro diferente y, un rasgo sobresaliente y grotesco, su condición de actos de imposición de la voluntad del poder. Este rasgo ubica los actos de intolerancia en un contexto político, que a su vez se corresponde con los rasgos autoritarios de la política pre-moderna de dominación, fundada en el castigo, la represión y la exclusión de la disidencia política.

Interpelación y localización

Al descubierto queda, además, la abismal diferencia entre los principios y valores que sustentan la acción política de los movimientos ciudadanos contemporáneos y el régimen político anacrónico que gobierna el país. Y en el establecimiento de esta diferencia, la corrupción pública ha jugado un destacado papel, puesto que en un régimen político moderno no se esperaría que la corrupción ocupe el espacio político y social que ocupa en el régimen político vigente en Honduras.

La interpelación sobre el dinero –y la que se haga sobre la democracia–, se refiere a la localización de estos poderes y la identificación de sus poseedores, a quienes se les ve bajo la sospecha de haber realizado transacciones que los veedores públicos han calificado como dolosas, y la reelección presidencial como ilegítima en el caso del régimen político. Así se cuestiona –simultáneamente– el origen y la forma peculiar que asume en Honduras la acumulación de capital económico y político.

Una aproximación final

Haber pintado la pregunta sobre el dinero implicó una transgresión simbólica de los límites políticos habituales, no solo por haber desafiado la autoridad y la jerarquía del poder establecido, sino también por haber tocado uno de los rubros más sensibles para mantener en pie el actual régimen político. Y cuando la protesta se fortalece, el poder se debilita.

La escritura, la imaginación y la adaptación del lenguaje y las formas de la comunicación están estrechamente relacionadas en este caso, porque han constituido el medio para nombrar la realidad, identificar el conflicto, evocar los procesos vinculados y, al final, establecer un puente con respuestas encaminadas a la resolución del conflicto a través de una interpelación al poder.

Lo que está en juego en este caso, es la continuidad o la ruptura de las reglas del juego político. Las nuevas identidades sociales, que se expresan a través de los movimientos ciudadanos identificados con la lucha contra la corrupción y que aspiran a participar en el juego político con reglas diferentes a las que predominan hoy, contribuyen con su protagonismo a la construcción de una nueva identidad política, que a su vez pueda reorientar la política y el ejercicio del poder hacia el bienestar colectivo.

El requisito indispensable para que esta ruptura se produzca, es el proceso previo por el que se construye una versión consciente del “ellos” y el “nosotros”, de lo cual depende la reconstrucción de lo político, forjar una nueva identidad política para el colectivo de ciudadanos y arribar por esa vía a una nueva transición política como medio de superación de la crisis sociopolítica y socioeconómica actual.

La construcción de un “nosotros” implica, asimismo, asumir que así como la corrupción y la impunidad han trascendido la responsabilidad de los partidos políticos al afectar a todo el sistema de partidos y las instituciones del régimen político, así la construcción de un “nosotros” contra-hegemónico supone asumir colectivamente la lucha contra la corrupción y la impunidad en un proceso de recuperación y reconstrucción del Estado de derecho.

Con lo anterior no se propone partir de nuevas fracturas políticas o nuevos “distanciamientos sociales”, sino más bien partir de las fracturas y los distanciamientos ya existentes, que exigen la presencia de una voluntad ciudadana con identidad propia; sobre todo si se considera que “la clase política le ha fallado a Honduras”.

Los nuevos consensos políticos y sociales que se puedan establecer, pasan por la aceptación de que llenar el vacío dejado por una cohesión social y política profundamente debilitada, exige la creación de nuevos equilibrios políticos, que solo la ciudadanía organizada puede llenar.

Si se asume que está en marcha un proceso de reversión del modelo político que ha sustituido al modelo republicano establecido en la Constitución de la República, se debe asumir también que la reconstrucción de este es simultánea a la recuperación de la soberanía popular, la representación ciudadana genuina, la legitimidad del poder y el derecho ciudadano a saber y ser debidamente informado sobre la administración de los bienes públicos.

Por tanto, la creación de nuevos y múltiples espacios para el diálogo y la expresión ciudadana, un proceso que ya está en marcha y del cual también forman parte los grafitis sobre la corrupción aquí comentados, se perfila como uno de los rasgos característicos de todo proceso futuro de democratización política que revierta la situación vigente.

A partir de la interpelación sobre el dinero, conviene destacar que en cada coyuntura histórica desaparecen viejos temas y actores, siendo reemplazados por otros cuyos propósitos son cada vez más cercanos a las aspiraciones ciudadanas de signo no partidarista. Esta es la respuesta y la alternativa que se construye actualmente, sobre la marcha, en las calles y en la conciencia, para llenar el vacío político creado por la política actual.

Por ello ha sido también un rasgo importante en las diversas coyunturas que se han sucedido desde la huelga de los fiscales de 2008, la resistencia popular al golpe de Estado, el movimiento de los Indignados y las antorchas, hasta el movimiento social que hoy revitaliza la conciencia contra la corrupción y la impunidad.

Lo anterior responde, aunque no es el único factor, a que entre los jóvenes existe rechazo, inconformidad e insatisfacción respecto de los partidos políticos tal y como actúan actualmente. La ruptura se facilita en razón de que los jóvenes no reconocen ataduras específicas con el pasado y el presente de dichos partidos, y están dispuestos a desafiar las autoridades y jerarquías tradicionales, en las que tampoco encuentran puntos concretos de anclaje. El cuadro se completa con una escasa identificación ideológica, sobre todo cuando esta procede de los partidos políticos o no tiene puntos concretos de referencia en la realidad política y social.

En la presente coyuntura destaca también el papel que puede jugar la ética en la política, como medio para evitar los conflictos de interés y como factor de primer orden en la reconstrucción de la confianza pública y en la administración de los recursos públicos, hasta convertirse en un factor disuasivo de la corrupción, el abuso de autoridad y su impunidad.

En los márgenes de la ética, la pandemia contribuyó a visibilizar los límites del régimen de corrupción y exclusión, pero estos no se encuentran en las instituciones contraloras del Estado, cuya presencia ha sido más bien a través de su ausencia ante las demandas de rendición de cuentas de la ciudadanía.

Su ausencia ayudó mucho a visibilizar otros actores sociales, entre estos el espacio de diálogo y exigencia pública surgido de la interpelación ciudadana “¿Dónde está el dinero? #Honduras lo exige”. Si la interpelación pública sobre el dinero turnara su lugar con el interrogante ¿Dónde está la democracia?, se convertiría en un complemento ideal para llenar el vacío actual entre ética y política.


[1] El 20 de octubre, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), presentó una síntesis de los hallazgos en sus doce informes precedentes, denominados “La corrupción en tiempos del Covid 19”, y afirmó haber identificado más de 817 millones de lempiras como perjuicio al Estado, entre otros, por compras sobrevaloradas. https://twitter.com/cnahonduras/status/1318597531442479104   

[2] Instituto Hondureño de Seguridad Social.


*Historiador, doctor en Ciencias Sociales, autor de Evolución histórica de la identidad nacional, Tegucigalpa, Guaymuras, 1991, y Honduras en el siglo XX. Una síntesis histórica, Tegucigalpa, Guaymuras, 2004, entre otras obras de contenido histórico y social.

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