¿Dónde están?

El 29 de julio de 1988 y el 20 de enero de 1989, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó dos sentencias contra Honduras por la desaparición forzada de Manfredo Velásquez Rodríguez y Saúl Godínez Cruz, respectivamente.

Uno de los hechos que el tribunal interamericano consideró demostrado fue la existencia de una práctica sistemática y selectiva de desapariciones forzadas al amparo o con la tolerancia del poder público.

20 años después, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación documentó la comisión de graves violaciones a derechos humanos en el contexto del golpe de Estado de 2009, entre ellas, la desaparición forzada de personas.

Y en 2017, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó ejecuciones sumarias o extrajudiciales, torturas y desaparición forzada en el contexto de la crisis postelectoral.

Estos hechos reflejan que la práctica de desapariciones forzadas ha sido una constante en Honduras, así como la impunidad que rodea los casos debido a la complicidad y la tolerancia de las autoridades nacionales.

El día de ayer se cumplieron 6 meses de la desaparición forzada de los compañeros garífunas de la comunidad del Triunfo de la Cruz y hasta el momento el Estado sigue sin dar una respuesta efectiva sobre su paradero y de quiénes son los responsables.

Como lo señala el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, una desaparición forzada es un crimen atroz, pues “niega la esencia misma de lo humano y es contraria a los más profundos valores de cualquier sociedad”.

El régimen que mantiene secuestrado al país no comparte esa humanidad y esos valores esenciales de la democracia, por eso, como sociedad debemos continuar exigiendo sin cansancio una respuesta a la pregunta “¿Dónde están?”.