Rafael Jerez Moreno*
Pensábamos que en las elecciones de 2017 lo habíamos visto todo, pero los últimos cuatro años nos confirman que, cuando las instituciones no funcionan, no hay límites para el deterioro del Estado de derecho.
Si el rol de los ciudadanos se ha reducido al de electores, y no ha podido trascender al de contralores por los obstáculos impuestos a sus derechos fundamentales, la comunidad internacional tiene el deber de contribuir al cumplimiento del verdadero espíritu del principio de autodeterminación de los pueblos.
A pocos meses de las elecciones generales, y ante un panorama político poco prometedor, es pertinente reflexionar sobre nuestra condición de ciudadanos —en el marco del cumplimiento de 200 años de independencia política del imperio español— más allá de un proceso electoral, y el rol de los actores políticos, nacionales e internacionales, que confluyen en el ideal de democracia representativa.
Para cumplir ese objetivo, este artículo describe el alcance de la reforma de la Ley Electoral de Honduras y el rol de los partidos políticos opositores en el aseguramiento de cuotas de poder junto con el Partido Nacional; el papel de la cultura clientelar en el desarrollo y desenlace del proceso electoral; la participación de los jóvenes como una apuesta política imperativa a corto y mediano plazo, y la necesidad de una diplomacia frontal y de mayor profundidad de la comunidad internacional para promover el cumplimiento del principio de autodeterminación del pueblo hondureño.
Las tres caras de la moneda en la reforma de la Ley Electoral
El 10 de agosto de 2021 fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta una reforma a la Ley Electoral de Honduras, que entró en vigor el 26 de mayo de este mismo año, un día antes de la convocatoria a las elecciones generales. En ambas ocasiones, la promulgación de la Ley se produjo en medio de cuestionamientos al Congreso Nacional, debido a que no celebra sesiones ordinarias con la periodicidad que manda la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
Inicialmente, el tema central que motivaría el debate en el Congreso Nacional es la aprobación de una ampliación presupuestaria para el Consejo Nacional Electoral (CNE) de alrededor de L 800 millones, que le permitiría llevar adelante procesos de contratación para cumplir con la disposición contenida en la primera versión de la Ley, concretamente en el artículo 278, referente a la adjudicación, a más tardar cuatro meses (27 de julio) antes de las elecciones generales, del contrato a la empresa que prestaría el servicio para el funcionamiento del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP).
Esta urgencia fue manifestada por la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, por medio de una carta enviada al presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, en la que también comunicó la declaratoria del estado de sesión permanente del pleno de consejeros, a la espera de que el Legislativo diera trámite a la solicitud[1]. La petición de que el Congreso Nacional avanzara hacia la aprobación del presupuesto fue respaldada por diferentes sectores de la sociedad civil y la comunidad internacional; entre estos, la coordinadora residente de las Naciones Unidas en Honduras, Alice Shackelford[2].
El hecho de que la reforma de la Ley Electoral no se circunscribiera al plazo que sus disposiciones establecían para la adjudicación del TREP, da cuenta de que la postergación de la aprobación de los decretos legislativos no tomó en cuenta la urgencia de la ampliación presupuestaria que diera paso al cumplimiento de los plazos establecidos en la Ley; tampoco se debió a un debate técnico y profundo entre las fuerzas políticas. En realidad, el fondo de las negociaciones fue que las tres fuerzas políticas mayoritarias alcanzaran un consenso que les garantizara una cuota de poder y, así, lograr la mayoría calificada que exige la Ley para reformas normativas en materia electoral.
“Derecho preferente” y reformas excluyentes
Para el caso, en el numeral 5 del artículo 254, sobre el sorteo para ubicar las candidaturas en la papeleta electoral, se añadió la figura de un “derecho preferente” para los partidos políticos que realizaron elecciones primarias. Esta figura provocó altercados físicos y verbales el 21 de agosto, en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), durante el sorteo de los lugares a ocupar por las y los candidatos en la papeleta de votación, entre representantes de los partidos que no celebraron elecciones primarias, representantes de las tres fuerzas políticas mayoritarias y las autoridades del CNE.
El artículo 160 también fue reformado; ahora dispone que la forma para calcular el financiamiento público de los partidos políticos se debe realizar conforme a la cantidad de sufragios válidos obtenidos en los niveles electivos presidenciales y municipales. Previo a esta reforma, el financiamiento público se calculaba únicamente con base en el nivel presidencial. El mayor beneficiado de esta nueva disposición es el Partido Liberal, después de que su caudal electoral decreció de 632,320 votos en el nivel presidencial en 2013 a 484,187 votos en 2017. Sin embargo, mantuvo un número similar de alcaldías: en 2013[3], 87 de las 298 corporaciones municipales, y 90 en 2017[4].
Finalmente, la reforma del artículo 46 indica que las alianzas parciales y los partidos políticos que las integran, solo pueden tener un delegado observador y un miembro propietario en las Juntas Receptoras de Votos (JRV). Esta reforma contradice lo dispuesto en el artículo 145, que no fue reformado, y que expresa que, “de ser aprobada la alianza parcial, esta debe acreditar un solo representante en las JRV del departamento o municipio donde postule las misma fórmulas o nóminas de candidatos en los cuatro niveles electivos”.
Es decir que, si la alianza solo se mantiene a nivel presidencial, y no en las planillas de diputaciones y alcaldías, cada partido que integra una alianza parcial tendría que conservar su delegado observador y miembro propietario en las JRV. La reforma adquiere especial relevancia en el caso de la Unión Nacional Opositora de Honduras (UNOH), alianza a nivel presidencial integrada por el Partido Salvador de Honduras (PSH) y el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD); en este caso, la reforma provocará una disminución en el número de representantes de ambos partidos en las JRV. El espíritu de esta reforma contrasta con la posición de los tres partidos políticos mayoritarios, que se aseguraron representación en todas las JRV.
El tripartidismo decide en el Legislativo
Las fluctuaciones entre la hegemonía autoritaria del Partido Nacional y un ocasional bipartidismo, se producen dependiendo de la coyuntura política y los intereses de por medio.
Sin embargo, después del nombramiento de las autoridades del CNE, Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Registro Nacional de las Personas (RNP), Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos (UFTF) —sin incluir el nombramiento de autoridades de otras instituciones públicas—, el nuevo diseño de la Ley Electoral, los obstáculos impuestos al resto de partidos políticos y el control tripartito de los órganos electorales temporales, no es una especulación referirnos a un “tripartidismo”, del que forma parte el Partido Libertad y Refundación (Libre), en la dinámica de toma de decisiones en el Congreso Nacional.
El cliente electoral
Aun y cuando el desarrollo del derecho electoral en Honduras está en sus inicios como una rama especializada, es importante rescatar que, como mínimo, los ciudadanos conservan una noción de la importancia del derecho a elegir y ser electo, y de su capacidad de ejercerlo en esa calidad.
El reto que persiste, y que ya es parte de la cultura política hondureña, es el carácter clientelar de las relaciones entre políticos y ciudadanos. La profesora de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, Leticia Ruiz Rodríguez, al referirse a los sistemas de partidos políticos latinoamericanos, explicó que el rendimiento y la estrategia organizativa de los partidos políticos en la región están condicionados por “la persistencia del elemento clientelar, una considerable volatilidad, así como un grado de polarización en el parlamento que no siempre es tan elevado como los niveles de conflictividad social harían esperable”[5].
Haciendo referencia a datos del Latin American Public Opinion Survey (LAPOP) de la Universidad de Vanderblit y del centro de investigación Varietis of Democracy(V-Dem), la profesora Ruiz explica la presencia de elementos como alta desconfianza y baja simpatía en los partidos políticos, atribuibles a factores como la falta de transparencia y de democracia interna; en el caso hondureño, la figura de un “clientelismo clásico centrado en bienes concretos y particulares” como dinero, bienes o un trabajo, explican la dinámica organizativa de los partidos políticos[6].
La dinámica clientelar impide el cambio de la cultura política
Una investigación realizada por el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) concluyó que el 49.9% de los ciudadanos no está interesado en los asuntos políticos, mientras que el 8.3% sí está muy interesado; el 43.7% está muy dispuesto a ejercer el sufragio, mientras que el 29.5% está nada dispuesto a hacerlo; el 67.4% está nada dispuesto a participar en una manifestación, mientras que el 12.2% está muy dispuesto; y el 45.9% está nada dispuesto a promover iniciativas ciudadanas, en tanto que el 24.7% sí está dispuesto a hacerlo.
De estos resultados podemos deducir que, en los hondureños, el significado del derecho de participación política —y ciudadanía—, sigue reducido al ejercicio del sufragio y que no hay un sentido de pertenencia o interés en el alcance del concepto de “asuntos políticos” y el activismo ciudadano como medio para ejercer sus derechos. Es decir, hay una “des-ciudadanización”, sin que probablemente el ciudadano lo entienda así.
Siendo este el caso, y dada la seguidilla de acontecimientos políticos regresivos que ha tenido el país desde que ocurrió el golpe de Estado, con el posicionamiento autoritario y hegemónico del Partido Nacional, la pregunta es: ¿cuál es el principal (y verdadero) objetivo político de los partidos políticos opositores?
La pregunta es oportuna, no solo en función de sus principios ideológicos, programas de acción política y discurso, sino también de su “pragmatismo político” y proclividad a continuar suscribiendo acuerdos políticos con el Partido Nacional que, al permitírsele conservar su cuota de poder, se le garantiza sobrevivencia y el afianzamiento de redes clientelares desde la posición de poder que tiene en el Estado. Esto sin menoscabo de que la conservación de cuotas del Partido Liberal y el partido Libre, también les otorga recursos y posiciones para fortalecer sus estructuras.
Con las regresiones que sufre gradualmente el sistema democrático hondureño y la desafección de la ciudadanía con la democracia, la continuidad de esta dinámica clientelar no es la base sobre la que puede construirse una opción de cambio —impulsada por cualquier liderazgo político—, precisamente porque debería abordarse como parte de un cambio en la cultura política; pero esto podría generar un costo político que los partidos no están dispuestos a asumir.
Las necesidades sociales irresueltas por la dinámica clientelar
Yendo un paso más allá de las prácticas transaccionales en el contexto electoral a la realidad social cotidiana, queda en evidencia el abismo entre el contenido de los acuerdos políticos y las preocupaciones ciudadanas.
En febrero de 2021, la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, manifestó haber registrado 665 episodios de protesta social durante el Estado de alarma en Honduras; expresó su preocupación por las detenciones arbitrarias, la militarización de la seguridad ciudadana y el uso excesivo de la fuerza por los cuerpos de seguridad en el manejo de las manifestaciones, y recordó que Honduras continúa enfrentando desafíos en términos de violencia, impunidad, discriminación y falta de acceso a derechos económicos, sociales y culturales[7].
En la misma línea fueron expuestos los resultados de la décima edición del Sondeo de Opinión Pública elaborado por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-CJ) publicado en 2020, en el que los principales problemas del país, según los ciudadanos, son el desempleo (32.4%), la violencia e inseguridad (21.0%), la pobreza (15.6%) y la corrupción (12.7%); además, consideran que la falta de empleo y oportunidades para generarlo (57.2%), la situación económica (21.9%) y la violencia e inseguridad (14.4%), son las principales causas por las que abandonan el país[8].
En este contexto, en el Índice de Paz Global 2021 elaborado por el Institute for Economics & Peace, Honduras obtuvo su puntuación más baja en la última década, ubicándose en la posición 124 de 163 a escala mundial, y en el lugar 10 de 12 países evaluados en Centro América y el Caribe, solamente superado por Nicaragua y México[9]. Según el informe, el deterioro de la paz se ha producido en el país, fundamentalmente, a causa de la inestabilidad y polarización política, el impacto del crimen organizado y la conflictividad social[10].
La juventud como protagonista… si así lo desea
Los jóvenes tienden a ser un segmento poblacional muy apelado en campañas políticas, pero poco incluido como destinatario en la formulación e implementación de las políticas públicas. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) lideró un estudio, en 2019, focalizado en el segmento poblacional conocido como millennials[11], en el que el 51% de los entrevistados afirmó no tener preferencia por un partido político[12].
Lo realmente revelador de este dato es que, si lo contrastamos con la evolución en el número de votantes de entre 18 y 35 años de edad en el Censo Nacional Electoral, para estas elecciones generales que se avecinan, estos se ubican en una posición privilegiada para poder inclinar la balanza… si acuden a votar.
En 2013, los jóvenes entre 18 y 35 años representaban el 42% del censo electoral; en 2017 el porcentaje incrementó a 45% y este año llegó al 48%[13]. ¿Logrará la oferta electoral en los diferentes niveles electivos, movilizar a un numeroso grupo de votantes, de los cuales muchos no simpatizan con un partido político?
La respuesta solo la sabremos al final del proceso electoral, en honor al principio de “certeza en el proceso e incertidumbre en el resultado”. No obstante, los millennials deben tener claro que, dejar de ejercer sus derechos por no simpatizar con un partido, puede implicar entregar el destino del país, hasta por lo menos el año 2030, si consideramos el período de duración del pleno de la Corte Suprema de Justicia que elegirá en 2023 el nuevo Congreso Nacional.
Mientras estos meses transcurren con la expectativa de que la juventud propicie un cambio en el rumbo político del país, hay muchos otros que no pueden darse el lujo de esperar. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados computó un total de 7007 niños, niñas y adolescentes hondureños acompañados y 676 no acompañados, como solicitantes de la condición de refugiado en México, entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2021[14]. Con estas cifras, la desafección con la democracia cobra un rostro humano.
La responsabilidad solidaria de la comunidad internacional
La destitución de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Fiscal General en El Salvador, la detención arbitraria de líderes opositores en la víspera de elecciones presidenciales en Nicaragua y la destitución del jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Guatemala, todo en el mismo año, son muestras del recrudecimiento del autoritarismo en la región; pero también de las dificultades para encontrar sanciones diplomáticas que trasciendan de un reproche moral de la comunidad internacional.
La publicación de la “Lista Engel”, con las sanciones derivadas de ella, por el Congreso de los Estados Unidos y el Departamento de Estado, generó reacciones en algunos de los sancionados que evidencian el menosprecio y la poca importancia que los funcionarios públicos brindan a las acusaciones provenientes del exterior, salvo que se trate de un proceso de extradición.
Welsy Vásquez y Gladys Aurora López —ambas diputadas al Congreso Nacional y mencionadas en el listado—, acudieron a las oficinas del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) por considerar que “violentaron sus derechos y su presunción de inocencia con la publicación de la lista”[15]. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ante los señalamientos de funcionarios de su Gobierno en la misma lista, reaccionó diciendo “gracias por la lista, en El Salvador tenemos la nuestra”[16].
Respuestas de este tipo, particularmente ante gobiernos con una fuerte presencia política en la región, como el de Estados Unidos, no eran comunes en el pasado; además, pareciera generarse un efecto multiplicador entre líderes políticos que, al sentirse cómodos con el control institucional que ejercen en sus países, ponderan y asumen el costo personal de las sanciones diplomáticas en el exterior.
Principios utilizados por conveniencia política
Tradicionalmente, cuando la comunidad internacional ha asumido un rol protagónico en los asuntos internos de un país, se invoca el principio de la libre autodeterminación de los pueblos para frenar la intervención. Respecto de este principio, primero hay que tener en cuenta que está reconocido en el artículo 1 numeral 2 de la Carta de las Naciones Unidas como uno de los propósitos de esta organización: “fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de libre determinación de los pueblos (…)”; también está contenido en el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Como ha ocurrido con otros principios, el de libre determinación de los pueblos se ha utilizado de forma errónea y por conveniencia política. El profesor Alfred de Zayas, en su condición de Experto Independiente de las Naciones Unidas sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, sobre este principio ha sostenido que el derecho de autodeterminación es un proceso constante sujeto a revisión y ajuste, y no un resultado final, y que su manifestación debe responder a la elección libre y voluntaria de los pueblos en un contexto de protección de los derechos humanos[17]. Por tanto, el Estado está en el deber de respetar y promover la ejecución de este derecho.
Otro principio al que se hace referencia de la mano con el de autodeterminación, es el de integridad territorial, también contenido en la Carta de las Naciones Unidas, particularmente en su artículo 2 numeral 4, como un principio por el que los Estados miembro de este organismo “en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado (…)”.
El profesor de Zayas sostiene que este principio no se puede utilizar como pretexto para mermar la responsabilidad de un Estado en la protección de los derechos humanos del pueblo que se encuentra bajo su jurisdicción[18]. Recientemente, el jurista argentino Roberto Gargarella se refirió acertadamente sobre el principio de autodeterminación, afirmando que
… resulta, más que absurdo, irrespetuoso, invocar el “principio de autodeterminación”, frente a poblaciones muertas de miedo por gobiernos que las reprimen y encierran; o alegar el principio de la “soberanía del pueblo”, cuando nos referimos a regímenes que criminalizan la protesta y bloquean toda expresión crítica. Tales pueblos no pueden “autodeterminarse” ni decidir “soberanamente” en la medida en que sus gobiernos les impiden salir a la calle a reclamar a viva voz por los derechos que tienen, que no se les reconocen, y por los que viven luchando[19].
Estas valoraciones calzan con el contexto político-electoral en que está sumergida Honduras y sobre el que los organismos internacionales han tratado de incidir asumiendo un costo institucional.
¿Qué debe valorar la comunidad internacional?
Después de cuatro años en los que la ONU y la OEA mediaron procesos de diálogo, presentaron recomendaciones de reforma normativa y acompañaron procesos de transformación institucional, se vislumbran cambios, pero no los suficientes, considerando que la voluntad política de quienes deben tomar decisiones al más alto nivel está condicionada por acusaciones de comisión de actos de corrupción y vínculos con el narcotráfico.
Estos dos últimos elementos son los mismos que ponen en peligro el respeto de la autodeterminación de los hondureños por medio de un proceso electoral, como ocurrió en las elecciones generales de 2017. La comunidad internacional deberá valorar si el progreso logrado en estos últimos cuatro años es proporcional a la inversión realizada, no solo en materia electoral, y si continuará siendo posible, y rentable a sus intereses, colaborar con las autoridades del Estado con vicios de ilegitimidad de origen.
Conclusiones
En este espacio hemos abordado, en otras ocasiones, los avances y retrocesos de una reforma electoral que permanecerá inconclusa aun después de finalizado el proceso electoral.
La cultura política clientelar, que se ha fomentado por décadas y se ha afianzado con el surgimiento de demandas sociales desatendidas, será un factor que jugará contra las aspiraciones de cambio político en medio de una pandemia que pone a buena parte de la ciudadanía en situación de pobreza y estado de necesidad.
Esto último no debe ser óbice para que continuemos promoviendo la participación ciudadana, con énfasis en las y los jóvenes, como uno de los elementos que contribuirá a reconstruir la democracia, especialmente cuando los acuerdos de los que, esporádicamente, forman parte los partidos políticos opositores, excluyen de su contenido de fondo los intereses ciudadanos.
Las propuestas, recomendaciones y acompañamiento técnico promovidos por organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil son importantes, pero no surtirán los efectos deseados mientras los tomadores de decisión en los poderes del Estado tengan la condición de políticos y, a la vez, de acusados por corrupción.
Pensábamos que en las elecciones generales de 2017 lo habíamos visto todo, pero los últimos cuatro años nos confirman que, cuando las instituciones no funcionan, no hay límites para el deterioro del Estado de derecho. Si el rol de los ciudadanos se ha reducido al de electores, y no ha podido trascender al de contralores por los obstáculos impuestos a sus derechos fundamentales, la comunidad internacional tiene el deber de contribuir al cumplimiento del verdadero espíritu del principio de autodeterminación de los pueblos.
Somos ciudadanos, no clientes ni pobladores; cometeríamos un grave error si no recordamos y honramos las conquistas sociales, y a quienes han dado su vida por defender la soberanía y el territorio hondureño; todavía estamos a tiempo para no ceder.
* Abogado, maestrante en Derecho con Concentración en América Latina y Derecho Internacional en la Universidad de Texas en Austin.
[1] Consejo Nacional Electoral (2021). CNE urge al CN la aprobación del presupuesto y el cronograma para la adquisición del sistema de resultados electorales. Disponible en: https://bit.ly/3kzaSUQ
[2]Al respecto, ver tuit de Alice Shackelford, coordinadora residente de las Naciones Unidas en Honduras, del 16 de julio de 2021, en: https://bit.ly/3mDsilY
[3] La Prensa (2017). TSE: 61% de las alcaldías de Honduras son dirigidas por nacionalistas. Disponible en: https://bit.ly/3BnajUZ
[4] El Heraldo (2017). Alcaldes que obtuvieron triunfos apabullantes y… humillantes en elecciones de Honduras. Disponible en: https://bit.ly/3sY03zr
[5] Ruiz Rodríguez, L. (2021). Los sistemas de partidos de América Latina frente al espejo: elementos de contexto para las próximas citas electorales en la región (p. 3). Fundación Carolina. Disponible en: https://bit.ly/3Ds9Gv0
[6] Ibíd., pp. 11-12.
[7] Bachelet alerta de una posible nueva ola de movilizaciones sociales en América Latina. Noticias ONU (2021). Disponible en: https://bit.ly/38nmwfT.
[8] ERIC-SJ (2020). Sondeo de Opinión Pública (pp. 10,17). El Progreso, Yoro.
[9] El Índice de Paz Global está compuesto por 23 indicadores relativos a la ausencia de violencia o el miedo a la violencia; cada indicador se mide con una puntuación de entre 1 y 5: 1 indica que un Estado es pacífico, y 5 que no lo es. El índice agrupa los indicadores en tres dominios: conflictos domésticos e internacionales vigentes; seguridad ciudadana y militarización.
[10] Institute for Economics & Peace (2021). Global Peace Index 2021 (pp. 10, 15 y 24).
[11] Un millennial es una persona nacida entre 1980 y 1996.
[12] Consejo Hondureño de la Empresa Privada (2020). Millennials Honduras 2020 (p. 34). Disponible en: https://bit.ly/3BlHgRv.
[13] De los 5, 290,023 enrolados, 2, 526,783 son ciudadanos con edades entre 18 y 35 años. Ciudadanos por edades, en: www.rnp.hn. (2021). Disponible en: https://bit.ly/3zrHlTe; Hendrix, O. (2021). En Honduras: ¿por qué los y las jóvenes pueden inclinar la balanza del poder con su voto? CESPAD. Cespad.org.hn. Disponible en: https://bit.ly/3DoWs2p.
[14] La COMAR en números. gob.mx. (2021). Disponible en: https://bit.ly/3sXz3Aa.
[15] Once Noticias (2021). Diputadas Gladys Aurora López y Welsy Vásquez interponen denuncia ante CONADEH por figurar en Lista Engel. Disponible en: https://bit.ly/3DrTha6
[16]AP News (2021). Bukele dice a EEUU que El Salvador tiene su propia lista. Disponible en: https://bit.ly/3mJrOuE
[17] De Zayas, A. Apuntes prácticos para la apreciación de actividades y alegaciones relativas al ejercicio pacífico y democrático del derecho de libre determinación de los pueblos (p. 5). Disponible en: https://bit.ly/38ldMHh
[18] Ibíd., p. 10.
[19]Gargarella, R. (2021). La diferencia entre “no intervención” y “lavarse las manos”. Lanacion.com.ar. Disponible en: https://bit.ly/3jqnyy0.