| Martes, 7 de junio 2022 |  |
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El decreto sobre la UFERCO y sus críticos
Hay dos cuestiones que son incuestionables en relación con el Ministerio Público.
En primer lugar, de acuerdo con el sondeo de opinión pública del ERIC-SJ, el 75.9% de la población tiene poca o ninguna confianza en el, y el 70.4% cree que la corrupción está extendida en esa institución.
Y, en segundo lugar, la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (UFERCO) es la única instancia del Ministerio Público que genera confianza gracias al trabajo de su coordinador, Luis Javier Santos, y su equipo.
Desde su creación, el fiscal Óscar Chinchilla se encargó de debilitar a la UFERCO a través de dos mecanismos: por un lado, reduciendo el personal que tenía en comparación con la UFECIC-MACCIH, así como sus salarios y beneficios sociales.
Por otro lado, la colocó bajo la autoridad de la Dirección General de Fiscales para restarle autonomía y evitar que la UFERCO tuviera la facultad de investigar por iniciativa propia, a diferencia de las otras fiscalías especiales.
El decreto aprobado por el Congreso Nacional busca que se respete la libertad de criterio de la UFERCO con el fin de impedir que su trabajo sea perturbado o limitado por los intereses políticos que representa Óscar Chinchilla. Resulta paradójico que muchos de quienes ahora se rasgan las vestiduras argumentando que el decreto que fortalece a la UFERCO es inconstitucional, no callaron y apoyaron la elección y reelección de Chinchilla violando la Constitución.
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