Marcela Arias Moncada
Desde el momento en que se decretó el estado de excepción, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), Juan Orlando Hernández y las autoridades que lo acompañan, han construido una narrativa que, basada en el miedo, genera una imagen ficticia de la situación del país, ante la cual se debe tener mucho cuidado de no reproducir.
El 28 de junio se cumplieron once años del golpe de Estado en el que se instalaron grupos de poder que, hasta hoy, responden a un proyecto que ha beneficiado únicamente a las élites económicas, políticas y religiosas nacionales y transnacionales.
El desarrollo de este proyecto no se detiene por una pandemia, así que además de la actualización estadística diaria y la instalación de una mesa de trabajo propagandística, existe una serie de situaciones que nos muestra la otra cara del (des)gobierno de la crisis y que se debe tener presente de cara a lo que está por venir.
Los efectos de la pandemia deben ser analizados desde la dimensión sanitaria, sí, pero también es cierto que la Covid-19 se ha convertido en un fenómeno social y político, que adquiere más sentido en los países con mayor desigualdad.
Ampliar el panorama significa comprender que la pandemia ha confirmado que las estructuras de los Estados siguen siendo las instancias con mayor capacidad de respuesta a las crisis, y precisamente por esta razón, es oportuno señalar el papel que han jugado, considerando los hechos más allá de las narrativas oficiales.
Después de todo, de esto depende que “la nueva normalidad” no signifique la tolerancia de estados de excepción perpetuos, de políticas públicas excluyentes, de la mercantilización de servicios públicos o del continuismo de gobiernos ilegítimos.
¿Qué pasa fuera de las cadenas nacionales?
- Militarización, represión y abuso de la fuerza
Desde el momento en que se decretó el estado de excepción, las fuerzas militares y policiales fueron las encargadas de “poner en ejecución los planes de emergencia y sanitarios necesarios para mantener el orden y sobre todo la salud…”1. Sin embargo, esto no significa que la función histórica de represión y violencia de las fuerzas militares y policiales haya cesado.
Ante la insuficiente respuesta del gobierno para garantizar las condiciones mínimas de vida para las grandes mayorías, se registraron 83 protestas por alimentos en el lapso comprendido desde mediados de marzo hasta la primera semana de abril.
Contrario a la función previamente establecida, las fuerzas militares y policiales desarticularon las protestas haciendo uso de la fuerza. El 23 de abril, el Comisionado de Policía Jair Meza anticipó que “si no se aplica en algunos casos la fuerza, esto seguirá avanzando y habrá más infecciones… al final de esto, a muchos policías nos van a acusar por abuso de los Derechos Humanos”2.
En Omoa, Cortés, un vendedor de pan de 32 años falleció a causa de las heridas de bala ocasionadas por agentes de la Policía Militar, al ser detenido junto a su hermano, quien también resultó herido, por no portar mascarilla3. La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras denunció, además, la represión contra mujeres de al menos 25 familias que se declararon en huelga de hambre durante varios días en El Progreso, Yoro, y en protestas llevadas a cabo en Tela, Atlántida4.
- Más propaganda
El limitado apoyo a las mayorías del país en la crisis sanitaria ha consistido en entregar bolsas solidarias e insumos de bioseguridad, como geles desinfectantes y mascarillas. Las bolsas solidarias han sido cuestionadas por las mismas personas de las comunidades, que denuncian que los productos están sobrevalorados, que no son suficientes para más de siete días5 y, en ocasiones, que son distribuidas principalmente a simpatizantes del partido en el gobierno6.
- Violencia doméstica y sexual contra las mujeres
Con un promedio de 20,523 denuncias anuales, de acuerdo con el Observatorio de Derechos Humanos de las mujeres del CDM, el 93% de las denuncias por violencia doméstica son presentadas por mujeres7 y el 86% de víctimas de delitos sexuales son mujeres8; los agresores son hombres de la familia o conocidos en un 83% de los casos. Es decir que, para muchas mujeres, la medida de aislamiento o encierro representa un grave peligro, al encontrarse conviviendo con el agresor o agresores.
Además de la impunidad estructural, la revictimización y la ausencia de la perspectiva feminista y de género que caracteriza la administración de la justicia en Honduras, este contexto representa mayor vulnerabilidad para las mujeres.
Así lo evidencian los casos de violencia expuestos por el Foro de Mujeres por la Vida9, que señaló las fallas institucionales identificadas en tres casos de violencia sexual y de aborto en tiempos de cuarentena. Su característica común: el desinterés e incapacidad del Estado cuando se trata de proteger víctimas de violencia y, en contraste, el interés y capacidad del Estado cuando se trata de criminalizar mujeres por el delito de aborto.
- Saqueo, despojo y explotación de recursos naturales
El despojo de los territorios, el saqueo y la explotación de recursos naturales tampoco se ha detenido durante la pandemia. Apenas dos semanas después de que se había decretado el estado de excepción, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente creó una plataforma digital para procesar las solicitudes y renovaciones de licencias ambientales en línea “… en aras de promover la inversión en el país y continuar con el proceso de regularización ambiental…”10, con aún menos monitoreo por parte de las comunidades afectadas.
En mayo se inauguró Roatán Próspera, “el primer Centro de Desarrollo Económico… que permite un nuevo modelo de desarrollo económico que es sostenible localmente e integrado globalmente en una de las islas más bellas del Caribe… que ofrece nuevas oportunidades de crecimiento en Honduras a empresas y personas…”11; en realidad, representa la entrega del territorio nacional (administración de política fiscal, seguridad y resolución de conflictos) a inversionistas bajo la promesa de crear empleos12 que, atendiendo al modelo económico neoliberal, contribuyen a la precariedad laboral.
Lamentablemente, continúan los asesinatos contra defensores y defensoras de territorios. La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras denunció el asesinato de Iris Argentina Álvarez, y señaló como responsable a la Policía Nacional, protagonista del desalojo violento que se llevaba a cabo cuando dispararon contra la defensora.
También denunció el asesinato de Edwin Fernández, “… miembro de OFRANEH y encargado de la vigilancia del portón que fue instaurado como medida de bioseguridad para el control del COVID19 en la comunidad garífuna de Río Tinto, Atlántida”; y agresiones en perjuicio de defensoras que se manifestaban contra la minería en Guapinol donde, según sus relatos, la tala masiva de árboles continúa a diario.
La OFRANEH denunció el asesinato de Antonio Bernárdez, líder de la comunidad de Punta Piedra, quien fue encontrado sin vida luego de seis días de haber desaparecido. Menos de un mes después, el 27 de julio, la OFRANEH denunció la desaparición forzada de cuatro miembros de la comunidad Triunfo de la Cruz; entre ellos, el presidente del patronato de la comunidad.
En diciembre de 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió dos sentencias a favor de los derechos colectivos de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz; determinó que el Estado de Honduras es responsable de haber violado el derecho a la propiedad colectiva, y estableció una serie de medidas que deben adoptarse para la reparación de ambas comunidades, como la demarcación y titulación de tierras, la investigación de las violaciones de derechos humanos y la compensación colectiva a través de fondos de desarrollo comunitario.
Sin embargo, lejos de darle seguimiento y cumplimiento a ambas sentencias, el gobierno de Honduras es señalado por las organizaciones sociales como implicado directamente en los hechos denunciados.
La vigencia del nuevo Código Penal
Se debe tomar precauciones respecto de la manera en que se desarrolla esta discusión. El hecho de cuestionar la vigencia del nuevo Código Penal, no implica aceptar la afirmación de que “mayores las penas, mayor es el control del delito”. Esta afirmación proviene de una campaña desmovilizadora y engañosa, que asegura que una vez aumenten las penas, habrá mayor control del delito. Tampoco se comparte la afirmación de que “menores penas, aseguran mayor disuasión del delito”; esta es una conclusión carente de contexto político y de sensatez, respecto de las poblaciones más afectadas del país.
La entrada en vigor del nuevo Código Penal debe traer consigo la renovación de la discusión sobre justicia penal y justicia social. La presencia de grupos de poder ilegítimos, apoyados por fuerzas militares y policiales que reprimen y hacen un uso desproporcionado de la fuerza, nunca ha necesitado de instrumentos normativos para encarcelar o asesinar a personas por razones políticas. Casos como el de Berta Cáceres, el de Edwin Espinal o el de Rommel Baldemar Herrera, son ilustrativos de cómo opera el poder punitivo cuando es ejercido desde intereses que responden a proyectos políticos y económicos ajenos a principios democráticos.
- Nuevos vínculos con el narcotráfico
En marzo, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó acusaciones de conspiración para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos contra el exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla, a quien también se le señala de haber estado a cargo de “tareas especiales”, que incluyeron asesinatos, asignadas por el presidente Juan Orlando Hernández13.
En junio, los hermanos guatemaltecos Otto y Ronaldo Salguero, acusados de conspirar para introducir cocaína a Estados Unidos y por el uso y tráfico de armas14, se sumaron a la lista de testigos de una reunión, en 2013, en la cual se hizo entrega de un millón de dólares en efectivo para contribuir a la campaña electoral de Juan Orlando Hernández.
¿Reapertura de la economía para quién?
La implementación del “Plan de Apertura Inteligente Económica y Social” inició el lunes 7 de junio, a pesar de que el país no cumplía las condiciones epidemiológicas y de salud pública15 que se deben considerar antes de levantar parcialmente las medidas de aislamiento.
En lugar de demostrar una reducción sostenida de casos positivos, la frecuencia aumenta semanalmente; contrario a fortalecer la capacidad hospitalaria, las autoridades de los principales hospitales públicos aseguran estar al máximo de sus capacidades; contrario a garantizar al personal de salud el acceso a los insumos de bioseguridad necesarios, lo entregado no es suficiente y, en ocasiones, sin la calidad requerida.
El gobierno podría garantizar la subsistencia de miles de familias hasta que las condiciones epidemiológicas y de salud pública puedan cumplirse; sin embargo, ha optado por la reapertura de la economía, que parece estar diseñada en función de beneficiar a determinados grupos de poder económico, y no a partir del compromiso con la protección de la salud y la vida de las personas16.
Además, el regreso progresivo a los empleos no significa perder de vista la precariedad laboral profundizada por este contexto, pero introducida por el modelo económico neoliberal y caracterizada por la inestabilidad del empleo, la desregulación del mercado de trabajo, la desprotección social de trabajadores y trabajadoras, y la flexibilización laboral que, en mayor o menor medida, son parte de las realidades cotidianas que enfrenta la población asalariada17.
¿Y qué hay del trabajo reproductivo?
Finalmente, existe una dimensión del trabajo que, al no ser productivo, difícilmente es considerado dentro de la planificación económica, pese a que son las actividades reproductivas las que sostienen la vida. El trabajo reproductivo o del cuidado, feminizado en su mayoría, puede ser remunerado o no remunerado.
Las trabajadoras domésticas remuneradas, organizadas en la Red de Trabajadoras Domésticas, recientemente denunciaron la inadmisibilidad del Recurso de Amparo presentado ante la Corte Suprema de Justicia, por la ausencia de un protocolo de bioseguridad que les garantice trabajar en condiciones mínimas para prevenir el contagio, por parte de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, la Secretaría de Salud y el Sistema Nacional de Riesgos18.
Actualmente existen 139 mil trabajadoras domésticas, de las cuales el 92% no cuenta con un seguro médico; tienen acceso a un promedio del 37% del salario mínimo reconocido por la Secretaría de Trabajo y realizan jornadas de hasta 14 horas diarias19. El personal de salud, en particular el de enfermería, que es igualmente feminizado, también es parte del trabajo de cuidado remunerado. En 2019, junto a la Plataforma en Defensa de la Salud y Educación, las enfermeras denunciaron las intenciones gubernamentales de privatizar la salud y la educación. En tanto que el 15 de junio, durante el estado de excepción decretado por la pandemia, protestaron por la “falta de insumos de bioseguridad”, “abusos de autoridad”, “falta de transporte” y “hostigamiento laboral”.
El trabajo del cuidado no remunerado es una actividad reproductiva igualmente feminizada; este contexto ha significado una sobrecarga de trabajo para las mujeres que, además de trabajar largas jornadas laborales mal remuneradas, asumen el cuidado de hijos e hijas, de la familia y del hogar en general. Hasta la primera semana de junio, las cifras demuestran que son “las amas de casa” las principales afectadas por la Covid-19, seguidas de los y las comerciantes.
Pensar en “la nueva normalidad”:
un ejercicio de radicalización necesaria
Como alternativa, la población ha desarrollado redes de solidaridad y le ha apostado a la organización comunitaria para construir las condiciones necesarias de sobrevivencia ante la pandemia. Tal es el caso de las comunidades garífunas organizadas en OFRANEH, que han desarrollado campañas de información, distribución de insumos básicos, y han gestionado medicinas para fortalecer el sistema inmunológico de la población de tercera edad; han establecido los huertos familiares y comunitarios y los intercambios de alimentos.
Las redes de Mujeres contra la Violencia han regresado a las ollas comunitarias en barrios y colonias de Tegucigalpa y Comayagüela; se hacen colectas solidarias en barrios y colonias donde hay colectivos del partido Libre, y se escucha el llamado a “¡arreciar la solidaridad!” del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, mientras distribuye kits de salud comunitaria.
Las victorias de los movimientos sociales y populares existen más allá de lo que se traduce en la política institucional-estatal, pues impactan en las subjetividades políticas en el ámbito privado y público20.
Lejos de traer a la discusión el binomio autonomía o institucionalización, las resistencias comunitarias que persisten o han surgido en el marco de la pandemia, deben permitirnos construir horizontes políticos comunes en los que la principal apuesta esté determinada por la defensa de la vida y la dignidad humana, en el entendido de que inclinar el sentido común hacia políticas –institucionales y comunitarias– justas e igualitarias, debe asumirse como un compromiso político y ético para no regresar a esa normalidad política y económica que, en palabras de Yayo Herrera, “le han declarado la guerra a la vida”21.
Somos responsables uno del otro…
Para esta autora, la sostenibilidad de la vida dependerá de: i) comprender nuestra ecodependencia y el hecho de que vivimos en un planeta con «límites físicos», la mayoría sobrepasados por la explotación capitalista desmedida, y ii) comprender que la vida humana radica en cuerpos vulnerables o frágiles; es decir, que somos responsables uno del otro, física y emocionalmente, en diferentes niveles y a lo largo de nuestras vidas. Refiriéndose al trabajo reproductivo o de cuidados que, históricamente, ha sido desarrollado por mujeres, partiendo de aquello que es «femenino» en el marco de un mandato patriarcal, dice:
Asumir la finitud del cuerpo, su vulnerabilidad y sus necesidades es vital para comprender la esencia interdependiente de nuestra especie, para situar la reciprocidad, la cooperación, los vínculos y las relaciones como condiciones sine qua non para ser humanidad.
En este sentido, el llamado a radicalizarse es justo lo opuesto a la centralidad o neutralidad política. La falta de acción colectiva y radical hoy, representará el afianzamiento de las estructuras políticas económicas y populares del 1% de mañana22.
1Presidente Constitucional de la República en Consejo de Secretarios de Estado (2020). PCM-021-2020. Diario Oficial La Gaceta. 9-13.
2 Proceso Digital (23 de abril de 2020). Muchos policías serán acusados por violaciones de derechos humanos según comisionado Meza. Disponible en:https://proceso.hn/nacionales/9-nacionales/muchos-policias-seran-acusados-por-violaciones-de-derechos-humanos-segun-comisionado-meza.html
3 Diario La Prensa (26 de abril de 2020). Panadero resulta muerto y su hermano herido en retén militar. Disponible en: https://www.laprensa.hn/sucesos/1375550-410/panadero-resulta-muerto-y-su-hermano-herido-en-ret%C3%A9n-militar.
4 Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras (abril de 2020). Mujeres defensoras de Honduras ante el COVID 19. Boletín Informativo. Disponible en: https://im-defensoras.org/2020/06/boletin-mujeres-defensoras-de-honduras-ante-el-covid-19-abril-2020/
5Silva, F. (2020). Bolsas de promesas para la pandemia en Honduras. Contracorriente. Disponible en: https://contracorriente.red/2020/04/11/bolsas-de-promesas-para-la-pandemia-en-honduras/
6En abril de 2020, el Consejo Preventivo de la Tribu de Locomapa, Estudios para la Dignidad: Bufete de Derechos Humanos, Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y FUNDAMBIENTE presentaron una Acción de Amparo a favor del pueblo Tolupán de San Francisco de Locomapa en Yoro puesto que, a través del programa “Honduras Solidaria”, llegaron a las comunidades pero las bolsas solidarias fueron entregadas únicamente a las personas afines al partido de gobierno y a quienes están a favor de las empresas extractivas.
7 Centro de Derechos de Mujeres (2019). Violencia doméstica contra las mujeres en 2017 y 2018. Tegucigalpa.
8 Centro de Derechos de Mujeres (2019). Violencia sexual en Honduras: el impacto de las políticas de negación de los derechos de las mujeres. Tegucigalpa.
9 El Foro de Mujeres por la Vida presentó un Boletín Especial de Violencia Sexual y Aborto en Cuarentena.
10 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente. Comunicado (27 de marzo de 2020). Tegucigalpa.
11 Disponible en: www.propsera.hn/roatan
12 Congreso Nacional de la República (2013). Decreto Legislativo No. 120-2013. Diario Oficial La Gaceta, 57-66.
13 Ernst, J. (30 de abril de 2020). Former police chief of Honduras accused of trafficking drugs to US. The Guardian.
14 Department of Justice. Southern District of New York (17 de diciembre de 2019). Four International Drug Traffickers Charged with conspiring to Import Cocaine into the United States and Related Firearms Offenses.
15 Banco Interamericano de Desarrollo (2020). Del Confinamiento a la Reapertura: Consideraciones estratégicas para el reinicio de las actividades en América Latina y el Caribe en el marco de la COVID19. Washington D.C.
16 El Plan de Apertura Inteligente Económica y Social se suspendió entre el 21 y 27 de junio para el Distrito Central y San Pedro Sula, debido al aumento de casos de Covid-19. Actualmente se discute la recomendación emitida por la Mesa Multisectorial, que consiste en reactivar las actividades económicas, a pesar de que el sistema de salud todavía no es capaz de enfrentar un nuevo brote.
17 Talavera, M.E. (2019). “Honduras: Precariedad laboral en la clase asalariada durante el modelo de acumulación neoliberal”. En Trabajo y nuevas configuraciones de clase en América Latina (pp. 101-123). Quito: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede Académica de Ecuador.
18Comunicado de la Red de Trabajadoras Domésticas,9 de junio de 2020.
19 Plataforma EPU de Organizaciones de Mujeres. 36 periodo de Sesiones del Grupo de Trabajo de EPU (2020). Informe sobre la situación de derechos humanos de las mujeres en Honduras.
20 Pleyers, G. (2018). “Los movimientos sociales como productores de la sociedad”, capítulo 5, p. 91. En Movimientos sociales en el siglo XXI, Buenos Aires: CLACSO.
21 Herrero, Y. (2018). Sujetos arraigados en la tierra y los cuerpos. Hacia una antropología que reconozca los límites y la vulnerabilidad. Cuadernos de trabajo.
22Geoffrey Pleyers sostiene que los movimientos del 1% o “movimientos desde arriba”, están conformados por los actores que sostienen la desigual distribución de riquezas. Desde think tanks conservadores o libertarios, como “Estudiantes para la libertad”, hasta el uso de los medios para la “manufactura de consensos”; las estructuras populares del 1% se expresan hoy en los movimientos nacionalistas, supremacistas blancos o antiderechos-fundamentalistas religiosos.