Jueves, 18 febrero 2021

El negocio de las inundaciones

El mes pasado se aprobó el PCM-138-2020, un decreto presidencial que contiene la construcción de 14 represas hidroeléctricas, que en teoría servirán para controlar las inundaciones en el Valle de Sula.

Los expertos advierten que dicho PCM no solo es una aberración jurídica, que contradice la Ley General de la Industria Eléctrica, publicada en La Gaceta en 2014. La LGIE, es un decreto legislativo, y por tanto está por encima de cualquier decreto presidencial. También advierten que es un PCM bañado de opacidad, la construcción de las represas se hará sin licitaciones, a partir de un fideicomiso con el Banco Atlántida, y en él todos los riesgos corren por cuenta el Estado y todas las ganancias son para el grupo financiero.

La voz de los expertos coincide con el posicionamiento del Movimiento Patria, quienes advierten que, “el régimen ha emprendido acciones encaminadas a recomponer alianzas, comprar voluntades y tranquilizar la ansiedad de actores claves que lo han estado apoyando.” Es decir, Juan Orlando convirtió la inundación del Valle de Sula en negocio y en la oportunidad para sobornar a elites financieras.

Hay un abismo entre los numerales del propósito del PCM, que hablan de controlar las inundaciones y los numerales sobre las acciones que propone para lograrlo, ya que muchas de las represas no tienen incidencia en las inundaciones del Valle de Sula, pero más perverso aún, las represas que se requiere para controlar las inundaciones no son represas hidroeléctricas, sino embalses para controlar las inundaciones y que sirva para sistemas de irrigación agrícola.

Es más, solo con los embalses no se resuelve el problema. El control de las inundaciones del Valle de Sula, requiere de la reconstrucción todos los bordos del río Ulúa y Chamelecón y todos sus canales de alivio, así como el dragado de ambos ríos, establecer campaña de reforestación en la cuenca alta de ambos ríos y establecer una política de construcción de viviendas tipo barracón como lo hizo la empresa bananera en todo el siglo veinte.

El PCM-138-2020 reafirma la necesidad de buscar un consenso mínimo entre todos los sectores sociales del país para revisar todas las concesiones mineras, concesiones para proyectos hidroeléctricas, así como todos los fideicomisos relacionados con la matriz energética y carreteras, ahí subyace el mayor epicentro de corrupción del país. Una tarea para la próxima administración pública.