El nombre de la impunidad se llama Zoé Guifarro

En su libro ¿Para qué servimos los jueces?, el magistrado español José Antonio Martín Pallín señala que los jueces y las juezas ejercen un poder del Estado de gran impacto sobre los intereses de la ciudadanía. ¿Por qué razón?

Porque nuestras formas de vida familiar, nuestras propiedades, nuestra capacidad de hacer negocios o de disponer de nuestros bienes derivados de una herencia, y nuestra libertad están en manos de jueces y juezas.

Por ello es fundamental que sean independientes, lo cual no es un privilegio de ellos, sino una garantía de cada persona de que se respetarán sus derechos y de que se aplicará la ley sin interferencias de otros poderes estatales o sociales.

Bajo esta lógica, un juicio no puede ser justo si el juez o jueza no es independiente e imparcial. Y el derecho a un juicio justo es la garantía imprescindible del respeto a los demás derechos.

Cuando una jueza o juez no cumple con su obligación de impartir justicia de manera independiente e imparcial, y de controlar el uso abusivo o negligente del poder, se convierte en cómplice del despotismo de quienes se creen por encima de la ley.

La jueza Zoé Guifarro es un ejemplo claro de alguien que, sin ningún tipo de vergüenza, ha vendido su dignidad como persona y como abogada ante el altar de la impunidad de la dictadura, a costa de la libertad de los pobladores de Guapinol.

Para rescatar a Honduras es necesario extirpar el cáncer de la impunidad que corroe toda la institucionalidad pública y que jueces y juezas como Guifarro se prestan como peones para esparcir violencia, dolor y muerte.

La memoria colectiva nunca debe olvidar el nombre de Zoé Guifarro para que, cuando el futuro nos alcance, no permitamos jamás que ella y otros mal llamados jueces y juezas sigan desnaturalizando la noble función de administrar justicia.