Honduras vive un momento de crispación política sustentada en un hecho simple: lo viejo no termina de desaparecer y lo nuevo no se termina de consolidar. Derivado de lo anterior, se observa una agrupación de fuerzas, intereses e intenciones en dos polos claramente delimitados: los que se resisten a perder los privilegios políticos y económicos que se defienden con intensidad como responsables temerosos por el país que nos dejaron, deteriorado económica, social, ética y jurídicamente, y los que no terminan de concretar el proyecto de país con el que triunfaron en la última campaña electoral. Los primeros se van juntando, uniendo fuerzas, uniformando el discurso y ganando aliados ingenuos o interesados en una estrategia de defensa, desacreditación y ataque con todo lo que tienen, que es bastante; los últimos tratan de avanzar con todo en contra, cerrando y abriendo frentes a veces innecesarios, actuando con aciertos y desaciertos, con agendas a veces desenfocadas o desconcentradas y muchas veces pagando un alto costo político y social por el proceso de aprendizaje y la falta de habilidad para manejarse en un ambiente hostil lleno de recelo, desconfianza, temor y extrema sensibilidad.
Este clima de polarización y confrontación debe parar por el bien de nuestro país; todos los sectores deben aportar lo que les corresponde con propuestas y cuotas de sacrificio para sacar a este país de la hondonada en que se encuentra, recordando que se necesita un juego limpio, legal y respetuoso de la ley, olvidando la idea de recuperar lo que tuvieron en un gobierno que los convirtió en cómplices. A este gobierno le toca hacer lo que corresponde: ser la fuerza más importante y con capacidad para armonizar a las fuerzas políticas partidarias, empresa privada, sectores sociales populares y todos aquellos que demandan un país con soluciones. Todas las fuerzas constructoras de democracia deben ser lideradas por el gobierno, como corresponde, y, desde esta perspectiva, cada una debe ejercer incidencia desde los intereses que representan, recordando que el interés general de la sociedad debe estar por encima de los intereses particulares, tratando de elaborar puntos de encuentro y visiones compartidas en medio de la diversidad que las caracteriza.
A nadie le conviene que el gobierno fracase y menos que sea orillado a buscar medidas desesperadas para salir adelante. Cuando el gobierno pierde o lo despojan del liderazgo o se anula su capacidad de interlocutor y conductor, el riesgo de la ingobernabilidad aumenta, como está ocurriendo en la actualidad y como la atizan los sectores que se cobijan y alimentan de ella. Alcanzar una relación armónica entre las fuerzas de poder constructoras de democracia y de recuperación del Estado de derecho, es condición indispensable para sacar adelante nuestro país.
Los diversos sectores que apostamos por un país incluyente, tenemos la tarea de crear condiciones de democracia con una institucionalidad en donde funcione la justicia para combatir la corrupción e impunidad que nos agobian y para enfrentar con éxito al crimen organizado en sus distintas expresiones, como fuerza intrínsecamente perniciosa para todos los que habitamos en este país.
De ahí la importancia de contar con funcionarios comprometidos con el Estado de derecho, tanto en la Corte Suprema de Justicia como en el Ministerio Público que contribuyan a superar los vacíos jurídicos, a recuperar la majestad de sus cargos y a anular la politización partidaria de la justicia que los ha exhibido en el pasado cercano como marionetas y les ha convertido en piezas clave para proteger a los corruptos y narcotraficantes que se han entronizado en el poder político.
La situación provocada por el, hasta ahora, fallido proceso de elección del Fiscal General es una expresión más de la verdadera contradicción que caracteriza la coyuntura actual de nuestro país y advierte que la solución podría suponer acuerdos que comprometan a los ungidos a garantizar la impunidad de quienes están siendo investigados y acusados por el Ministerio Público y que están ahí, agrupados para defenderse con todos los recursos a su alcance. En esas condiciones, los fiscales electos no serían representantes ni defensores de la sociedad, sino representantes y defensores de la impunidad; cuando esto ocurra, le tocará a la sociedad exigirle soluciones a quienes los elijan y, de no hacerlo, pasarle la factura correspondiente en las próximas elecciones.
Lo que en el fondo pretenden quienes durante mucho tiempo se han beneficiado con el inmenso botín de la corrupción, es que el Ministerio Público les preserve su impunidad. Ese es su gran objetivo real, aunque no declarado. Sus argumentos jurídico-formales son un velo que oculta esta realidad y un útil instrumento para maniobrar en el Congreso Nacional. Tales diputados hoy bloquean la elección de un fiscal general y su adjunto, pretendiendo que esos cargos se mantengan en el interinato en que se encuentran. No importa, para ellos, que la administración de justicia se tuerza, que el Estado de Derecho se debilite aún más y que la democracia siga siendo una caricatura.
El gobierno está a punto de cumplir dos años de su período y debe producir los resultados que el pueblo demanda en educación, salud, empleo y seguridad, realizando los cambios de gabinete que sean necesarios en términos de eficiencia y habilidad, y asegurando una coordinación interna eficaz, una comunicación estratégica profesional y oportuna, y el acercamiento necesario con todas las fuerzas que coexisten en nuestra sociedad y que realmente estén interesadas en el bienestar de nuestro país.
Las demás fuerzas políticas y económicas deben dejar que la presidenta haga lo que le corresponde y dejar de lado sus intereses personales, gremiales y partidarios para que la Justicia de nuestro país haga lo suyo, y que el próximo proceso electoral nos presente partidos políticos depurados de impunidad, corrupción, narcotráfico, complicidad y complacencia; con líderes políticos que compitan jugando limpio, proponiendo soluciones y con el compromiso claro y contundente de que el pasado no se repetirá para tranquilidad y esperanza de la sociedad hondureña.