Antonella Spada*
A partir de un análisis de escenarios aplicado al tema de la renovación del mandato de la MACCIH, aquí se reflexiona sobre las limitaciones, oportunidades y desafíos de la sociedad civil organizada, y su rol en la lucha contra la corrupción en Hondur
y su rol en la lucha contra la corrupción en Honduras, un tema con alto potencial de articulación y movilización ciudadana. Y es que para alcanzar logros, además del innegable valor agregado que tiene el acompañamiento internacional especializado, hondureña
Ante todo, hay que recalcar que todos los marcos de referencia y las experiencias internacionales[1] y nacionales[2] destacan la necesidad imprescindible de la participación de la sociedad civil y la ciudadanía en la lucha contra la corrupción.
En el Convenio entre el Gobierno de Honduras y la OEA para la creación de la MACCIH, uno de los cinco objetivos de la Misión apunta, específicamente, a “contribuir a fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas de los órganos de justicia del Estado frente a la sociedad hondureña, así como los mecanismos de observación del sistema de justicia penal desde la sociedad civil”; por ejemplo, a través del Observatorio de Justicia Penal (OJP).
Además, hay ejemplos recientes —las marchas de las antorchas en Honduras[3] o “la primavera guatemalteca” (ambas en 2015)—, de cómo la movilización ciudadana ha sido un factor determinante para lograr avances y puntos de inflexión clave en el largo camino de combate contra este flagelo.
1. EL ROL DE LA SOCIEDAD CIVIL EN CONTEXTOS COMPLEJOS
El rol de la sociedad civil es fundamental en cualquier contexto. Sin embargo, en situaciones de alta fragilidad institucional, de transformación, de polarización o de crisis, asume contornos complejos porque este tipo de contextos también marca a la sociedad civil y a la ciudadanía.
En Honduras, el desencanto y la frustración ciudadana ante una coyuntura socioeconómica y política particularmente compleja se traduce en una profunda desconfianza en casi todas las instituciones nacionales, y se manifiesta también en una elevada desconfianza interpersonal. Las organizaciones de sociedad civil (OSC) no son la excepción, incluso porque algunas han sido involucradas en escándalos de corrupción.
El descontento ciudadano no se había traducido tradicionalmente en grandes movilizaciones ciudadanas, sino en la opción de emigrar del país o, para algunos grupos de riesgo, en adherirse a dinámicas delincuenciales o criminales; siendo la migración y la inseguridad las mayores manifestaciones del malestar ciudadano, como lo describen algunos analistas.
Estas tendencias se han venido modificando parcialmente con algunas movilizaciones amplias, en correspondencia con los momentos de crisis más álgidos (junio 2009 después del golpe de Estado, las protestas anticorrupción de 2015 con movilizaciones de la “ciudadanía indignada”, y después de las elecciones 2017) y con protestas en torno de temas y disputas específicas, que van configurando un cuadro de conflictividad latente, con focos territoriales y temáticos que se activan y desactivan coyunturalmente.
Algunas limitaciones de la sociedad civil organizada
Sin embargo, no se ha logrado esquemas sostenidos de coordinación y articulación social. Es decir, no existen canales predefinidos para una movilización ciudadana, rápida, relevante y plural, especialmente si quienes convocan son organizaciones de la sociedad civil organizada (por ejemplo, ONG). Pues, si bien estas tienen cierta influencia en el debate y la agenda pública nacional, no cuentan con bases territoriales ni sociales que constituyan un puente concreto y efectivo con la ciudadanía en general. Esto es así incluso para un tema con un alto potencial de articulación y movilización ciudadana, como es la lucha contra la corrupción.
Pese a ello, es cierto que, en situaciones de alta volatilidad y de mucha frustración acumulada, no se puede descartar el surgimiento de movilizaciones espontáneas o imprevistas (como las marchas de las Antorchas); lo que está claro es que no se puede actuar contando con ello.
Sumado a lo anterior, la crisis de legitimidad irresuelta vinculada a las elecciones de 2017[4] ha profundizado las diferencias y las desconfianzas preexistentes en la sociedad hondureña, pero también entre las OSC, acrecentando la dificultad de colaboración e implementación de acciones coordinadas en temas de interés común; las organizaciones tienden a distinguirse entre aquellas que adoptan estrategias pragmáticas de relacionamiento institucional y las que prefieren distanciarse o rechazan la interacción con instituciones que consideran ilegítimas o no confiables.
Como en cualquier contexto, otro importante elemento de diferenciación y de distanciamiento entre organizaciones, tiene que ver con las distintas orientaciones políticas y la diferente focalización temática. Esto determina una distinción en diversos grupos o redes de organizaciones que tienden a actuar más entre sí que en colaboración con todos.
Si bien últimamente ha destacado la acción de algunas plataformas sociales, plurales y amplias en su composición, pero conformadas para empujar demandas temáticas o sectoriales específicas (ej. la Plataforma por la defensa de la Salud y la Educación[5] o en torno al Código Penal), aún se trata de experiencias incipientes.
Las tendencias descritas, sumadas a la usual competencia por recursos y por protagonismo, también afectan la acción y el impacto de la sociedad civil organizada en la lucha anticorrupción. En términos generales, la acción de las organizaciones activas en el tema aún aparece dispersa y fragmentada.
En la mayoría de los casos, se tiende a sumar el tema de integridad a la agenda prexistente y propia de cada institución, sin que aquel asuma un carácter de prioridad, excepto en coyunturas específicas o a la luz de incentivos o apoyos financieros puntuales dedicados al tema.
El protagonismo y las vulnerabilidades del CNA
En este panorama, destacan algunas excepciones; in primis, el protagonismo y liderazgo que el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) ha conseguido en los últimos años gracias a su focalización —a partir de competencias técnicas específicas—, en la identificación y documentación de posibles líneas de investigación, que presenta a las instituciones competentes del sector justicia para la investigación y judicialización correspondiente.
El CNA, que se define como una organización independiente de sociedad civil, ha logrado un fuerte posicionamiento mediático y ante la opinión pública (entre otras razones, porque aprovecha el potencial de las redes sociales y de otras herramientas digitales). Además, ha logrado la confianza de varios actores de peso en la sociedad hondureña (ONG, actores del sector privado y la academia, entre otros) con quienes colabora en distintos proyectos e iniciativas; un ejemplo es el liderazgo que ha jugado conformando una amplia plataforma para cuestionar la propuesta de un nuevo Código Penal. A la vez, cuenta con el respaldo de actores relevantes de la cooperación internacional.
A pesar de estos factores positivos, también existen vulnerabilidades que pueden limitar su potencial impacto, en particular su efecto dinamizador de acciones de sociedad civil amplias, plurales e inclusivas en el tema anticorrupción. Para el caso, su naturaleza institucional puede ser cuestionada, pues, si bien en su Asamblea General está representada una amplia gama de actores sociales, no hay consenso en considerar al CNA como una organización de sociedad civil a pleno título, ya que no cuenta con la característica de financiación no gubernamental[6].
De hecho, este elemento ha sido motivo para que algunos políticos involucrados en escándalos de corrupción cuestionen la independencia de la institución y la acusen de parcialidad. Otros señalan que el CNA estaría malinterpretando su rol, incidiendo en competencias investigativas que no le corresponden a una organización de sociedad civil, sino a instituciones como el Ministerio Público.
Estas críticas —por más que puedan radicar en la defensa de los intereses de quienes están siendo afectados—, en contextos políticos tan complejos y cambiantes como el que vive Honduras, en algún momento pueden representar un problema mayor; dependerá, entre otros factores, del grado de legitimidad y el posicionamiento que para entonces haya adquirido el CNA ante la sociedad y la ciudadanía.
El aporte cívico a la reforma de la justicia penal
Ante el panorama descrito, el Observatorio de Justicia Penal (OJP), promovido en el marco de uno de los objetivos de la MACCIH, aspira a afianzar el rol de la sociedad civil, específicamente en torno de la reforma de la justicia penal. El aporte cívico al seguimiento integral de este tema incluye tanto monitorear el fortalecimiento de las capacidades investigativas y judiciales, como promover reformas clave para reforzar el sistema nacional de justicia penal.
El OJP está finalizando su fase de conceptualización y estructuración, enfatizando en instalar capacidades no solo a nivel nacional, sino territorial, con miras a ampliar su impacto y legitimidad. Este nivel de avance no le ha permitido, hasta ahora, ser un factor que haya ampliado en términos reales las capacidades de veeduría e incidencia de la sociedad civil en el tema propuesto; los términos en que se renueve el mandato de la MACCIH determinarán si lo hará en el futuro.
En suma, aún no parece existir en el país una plataforma de sociedad civil amplia, diversa, articulada y preparada técnicamente que esté en condiciones de dinamizar y encauzar la presión o la movilización ciudadana, exigiendo a los tomadores de decisión y a las instituciones —sobre todo del sector justicia—, que rindan cuentas sobre los avances que el país está haciendo en combatir la corrupción, sus causas y efectos sistémicos en el funcionamiento de la democracia.
Un balance pleno de desafíos
La construcción de este tipo de plataforma ciudadana es un reto de mediano plazo (necesario para conseguir un impacto global de lago plazo), que habrá que ir concretando a través de varias batallas; la renovación de la MACCIH puede ser vista como una de ellas, y la Coalición centrada en este objetivo, como un avance ciudadano.
A modo de balance, se pueden retomar las reflexiones que las mismas organizaciones sociales hacen en el documento conceptual de referencia del OJP, cuando mencionan que la capacidad de la sociedad civil de influenciar los acontecimientos dependerá de los siguientes factores:
i) una lectura coherente del contexto que permita decisiones y posicionamientos estratégicos; ii) la capacidad de procesar, articular y comunicar las demandas ciudadanas (aportando espacios de participación y construcción de propuestas); iii) la capacidad de construir alianzas amplias y plurales a partir de la claridad de los objetivos estratégicos a conseguir; iv) sus capacidades organizativas y técnicas (en el tema de referencia), vi) la capacidad de ser coherentes con los valores democráticos, de transparencia, rendición de cuentas, inclusión y participación, aplicándolos a lo interno y entre las organizaciones (OEA/MACCIH, 2019)[7].
2. CRITERIOS BÁSICOS PARA DEFINIR UNA ESTRATEGIA DE LAS OSC SOBRE LA RENOVACIÓN DEL CONVENIO DE LA MACCIH
Para definir estratégicamente lo que está en juego en el corto y mediano plazo, puede ser útil desarrollar un ejercicio de construcción de escenarios posibles, como lo hizo recientemente la Coalición para la Renovación del Convenio de la MACCIH. Las reflexiones que se presentan a continuación derivan, en buena medida, de dicho ejercicio y de su enfoque en un análisis de contexto más amplio.
La primera consideración es dilucidar que el análisis de escenarios puede aplicarse con dos enfoques distintos. El primero tiene que ver con imaginar los distintos desenlaces posibles para el futuro de la MACCIH, desde una visión sistémica que enfatiza el peso de las variables y los actores que, con toda probabilidad, incidirán mayormente en la toma de decisión sobre el alcance de la renovación de la Misión y sobre la definición de su nuevo Mandato.
El segundo enfoque apunta a imaginar los escenarios posibles, acotando la reflexión al margen de la incidencia que puede tener la sociedad civil organizada en esa decisión y en sus posibles desenlaces. En el ejercicio de reflexión prospectiva de la Coalición, se privilegió este nivel de análisis, por tres razones.
La primera es que la información necesaria para el primer tipo de análisis es muy limitada, en tanto las decisiones clave se están manejando intencionalmente en un círculo de personas muy reducido y con un alto grado de reserva; un ejemplo es la llamativa falta de información y claridad respecto de cómo se realizará la anunciada evaluación del desempeño de la MACCIH.
Además, hay hitos del contexto (ej. el impacto político que tenga el juicio al hermano del presidente Hernández en los juzgados de Nueva York) y otros referidos al proceso de renovación en sí (i.e. un posible paso del Convenio por el Congreso Nacional, en la eventualidad de que se apliquen cambios a su contenido), que son de alta incertidumbre y pueden cambiar el rumbo de los “escenarios tendenciales”, pues son elementos que escapan de la influencia de los actores de sociedad civil o incluso de los actores nacionales.
Finalmente, el ejercicio de reflexión prospectiva apuntaba específicamente a orientar una estrategia proactiva de incidencia de la Coalición para la Renovación de la MACCIH (y de la sociedad civil en general) sobre el tema.
3. REFERENCIAS PARA UN ENMARQUE ESTRATÉGICO DE MEDIANO PLAZO
Esta primera focalización permitió identificar por lo menos tres elementos clave que están en juego en esta coyuntura, pero que también pueden tener un valor estratégico y un impacto de mediano plazo en la lucha anticorrupción en el país.
En primer lugar, el nivel de transparencia con el que se tome la decisiónsobre el alcance de la renovación y del mandato de la MACCIH y el nivel de influencia y la participación que tenga la sociedad civil en el proceso. Si se toma “a puertas cerradas”, bajo criterios poco objetivos y transparentes, se corre el riesgo de que la decisión entre en el juego de poder y sea parte de negociaciones típicas del “pactismo tradicional”.
Esto no solo puede afectar el resultado de la decisión, favoreciendo intereses que no tienen que ver con un genuino combate a la corrupción, sino que puede limitar o distorsionar las condiciones del aporte actual y futuro de la sociedad civil a los objetivos de lucha anticorrupción previstos en el Convenio de la MACCIH y, en general, a la promoción de la integridad en el país.
De lo que se trata es de aprovechar los retos que esta coyuntura específica plantea, para avanzar un paso más en el fortalecimiento de las capacidades de veeduría social y en el involucramiento de actores que no actúen con base en sus propios intereses de corto plazo, sino con miras a objetivos anticorrupción genuinamente ciudadanos y democráticos.
En segundo lugar, tras una primera valoración del juego de intereses de los principales actores involucrados, se apuntó a lo que realmente pareciera estar en juego en esta coyuntura: si la renovación permitirá a la Misión ejercer su mandato con real efectividad;es decir que, lo que está en disputa son, sobre todo, las condiciones y el tipo de mandato con el cual se renovará la Misión[8].
A partir del análisis de contexto, de las opiniones de algunos informantes clave y de las pocas declaraciones públicas e indicios que han externado los tomadores de decisión y actores influyentes[9], se deduce que las visiones mayoritarias aspirarían, prioritariamente, a un escenario de ajuste y debilitamiento de la incidencia de la labor de la Misión.
Un cierre inminente de la MACCIH en el corto plazo aparece como un escenario menos probable, por el costo político que supondría para el Gobierno; esto en una coyuntura en la que, por razones internas e internacionales, el Presidente de la República no parecería estar en condiciones de asumir tal costo sin exponerse a consecuencias imprevistas.
Lo anterior implica que la incidencia de la sociedad civil tiene que focalizarse no solo en evitar un cierre, sino en exigir que se preserven las condiciones, y un Convenio que permita a la Misión seguir ejerciendo su mandato con efectividad,de tal manera que pueda aportar sustantivamente a la lucha contra la corrupción.
A la vez, esa focalización debería concentrarse en los aportes de la MACCIH que tengan un valor estratégico en el mediano plazo, identificando aquellos que permitan constituir el legado trasformador para el sistema de justicia y la sociedad hondureña.
Un tercer elemento clave que se define en esta coyuntura, pero que puede tener una incidencia sistémica y en el mediano plazo, es el valor agregado de la presencia y capacidad de una instancia internacional anticorrupción en una coyuntura política delicada y crucial para redefinir nuevos equilibrios de poder.
Estos nuevos equilibrios serán el resultado de la reconfiguración multicausal de élites en curso, de los hitos de las elecciones primarias y generales (2021) e incluso de eventuales nuevos episodios de confrontación o crisis sociopolítica. Se trata de una reconfiguración (y pugnas) de poder en varios planos que se entrecruzan; probablemente, el más profundo y peligroso es el que se juega alrededor de la captura del Estado por grupos de interés políticos y económicos, e incluso criminales.
Por un lado, las coyunturas caracterizadas por múltiples pugnas y reconfiguraciones usualmente implican momentos de alta vulnerabilidad y de elevada permeabilidad del Estado. Este elemento lo destacó el Comisionado Velázquez en el evento de cierre de la CICIG en Guatemala, donde el exjefe de la Comisión describió como uno de los principales legados de la CICIG el hecho de que “abrió una coyuntura que contuvo el camino (de Guatemala) hacia el Estado fallido, al derrotar la etapa simbiótica, criminalidad y sistema político se necesitan y alimentan mutuamente, de evolución de las estructuras mafiosas”[10].
Evidentemente, la contundencia de estas declaraciones, así como el paralelismo entre Guatemala y Honduras pueden ser objeto de discusión; pero lo que interesa es captar el mensaje de fondo que se plantea sobre el impacto y el rol estratégico que una comisión internacional anticorrupción, competente y objetiva, puede desempeñar en contextos tan delicados.
Por otro lado, las mismas coyunturas plantean importantes riesgos que hay que saber manejar para no contaminar —incluso involuntariamente— la labor técnico-jurídica de combate a la corrupción con intereses de actores específicos y con las disputas políticas coyunturales. Además, es necesario saber entender a tiempo el impacto sistémico de ciertas acciones anticorrupción que, pese a originarse en lógicas técnico-jurídicas, pueden producir impactos políticos en cascada con efectos desestabilizadores.
¿Cuál es el valor agregado de la MACCIH?
La naturaleza internacional y multilateral de la MACCIH, su neutralidad, sus capacidades técnicas y, por qué no, su colaboración con un conjunto de actores sociales íntegros, legítimos y representativos, pueden ser elementos clave para mitigar los riesgos y aprovechar las oportunidades en coyunturas tan delicadas.
Difícilmente un actor nacional puede lograr (y menos en un contexto de alta polarización) credibilidad ante actores diversos y representativos de la sociedad, la interlocución con los tomadores de decisión y funcionarios que pueden viabilizar las reformas institucionales y decisiones necesarias para impulsar un combate sistémico a la corrupción. Además, las capacidades nacionales técnico-jurídicas e institucionales, específicamente requeridas en la lucha anticorrupción, aún no han alcanzado un nivel de fortalecimiento como para garantizar una inmediata efectividad y autonomía.
El valor agregado de la MACCIH reside en el conjunto de estas características. Para aprovecharlo, se deberá leer adecuadamente los desafíos y oportunidades del contexto y se deberá usar de la mejor forma cada uno de los elementos y su valor añadido. Para ello, será útil sacar provecho de las recomendaciones constructivas que puedan salir de una eventual evaluación independiente de su desempeño y de las lecciones aprendidas de experiencias similares en la región.
En esta delicada coyuntura de transición, que el país enfrente solo, o con un acompañamiento internacional especializado, tendrá una incidencia relevante en los escenarios de corto y mediano plazo de la lucha anticorrupción y en sus consecuencias en el sistema democrático.
4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE CORTO PLAZO
De estas tres consideraciones de enmarque pueden derivarse algunas orientaciones básicas para precisar el posicionamiento “político” (ojalá coordinado) de las organizaciones de sociedad civil, definir su estrategia de incidencia y respectivos objetivos, así como líneas de acción específicamente referidas a la renovación de la MACCIH.
Un primer objetivo estratégico para las organizaciones de sociedad civil se configura en exigir e incidir en que la decisión sobre la renovación de la MACCIH se tome mediante un proceso que garantice transparencia, rendición de cuentas e inclusión de la sociedad civil; las condiciones en que se realice la evaluación de la labor de la Misión es uno de los primeros y principales temas en que se debería manifestar esa voluntad.
Un segundo objetivo estratégico tiene que ver con conseguir que el actual mandato de la misión se mantenga íntegro, pues el Convenio actual ha demostrado tener suficientes prerrogativas y flexibilidad para garantizar una aplicación efectiva del mandato de la Misión, abriendo paso a acciones y resultados concretos.
Intentar cambiar el contenido del Convenio, incluso desde lógicas de fortalecimiento del impacto de la Misión, parece entrañar más riesgos de debilitamiento que oportunidades; modificar el contenido, según una interpretación que puede prevalecer, podría implicar que el nuevo texto sea remitido, para su aprobación (o más probablemente enmienda) al Congreso Nacional[11].
En el caso de que efectivamente prevalezca la voluntad de cambiar el texto (eventualidad que parece probable) hay que tener claridad de los elementos que es crucial preservar, en tanto que de ellos depende la efectividad y el impacto estratégico de la Misión.
De las entrevistas realizadas se desprende que la atención está focalizada, comprensiblemente, en priorizar el mantenimiento de la “colaboración activa” de la MACCIH en las labores de investigación y “persecución penal integrada” a cargo del Ministerio Público (MP)[12], particularmente de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC).
También hay claridad sobre la importancia de tutelar, incluso en los peores escenarios, la labor de la UFECIC y del circuito de Juzgados Especiales Anticorrupción (cuya acción se diferencia claramente de aquella de juzgados “ordinarios”), pues de ahí se derivan las capacidades de investigar y respaldar adecuadamente casos emblemáticos de corrupción y, posteriormente, de judicializarlos.
Proponer reformas al sistema de justicia: na prerrogativa de alcance estratégico
Sin embargo, llama la atención que no haya una valoración igualmente clara y compartida sobre el alcance estratégico que puede tener en el mediano plazo preservar la prerrogativa de la Misión de proponer reformas al sistema de Justicia, para reforzar la legislación anticorrupción.
Concretamente, lo que está en juego en el corto plazo, es que se avance hacia la aprobación de las reformas normativas e institucionales clave: i. Ley de Colaboración Eficaz; ii. derogación de la “Ley de Secretos”; iii. Ley de Intervención de las Comunicaciones, que faculte al MP para participar en el proceso de escuchas en tiempo real; iv. fortalecimiento del Tribunal Superior de Cuentas y, v. las reformas para que altas y altos funcionarios sean procesados ante los Tribunales de lo Penal en materia de corrupción, y para que jueces y juezas apliquen la suspensión de sus cargos a funcionarios públicos que estén siendo procesados por presunta corrupción. La UFECIC ha enfatizado públicamente el impacto futuro de estas reformas, al manifestar:
[…] de lo contrario, UFECIC seguirá trabajando, los casos se seguirán presentando, como hasta ahora lo ha hecho, pero las redes de corrupción seguirán intactas, drenando fondos públicos, y manejando ciertas instituciones, como si fueran de su propiedad (UFECIC por Twitter,16 de julio 2019)[13].
Más allá de estar de acuerdo con los términos de cada una de estas reformas, el punto es el gran impacto que pueden llegar a tener; de ahí la necesidad de defender con contundencia la prerrogativa de la MACCIH de proponer, en colaboración con las instituciones nacionales, un conjunto de reformas que permita fortalecer el sistema nacional anticorrupción desde un enfoque integral, que no solo se focalice en la investigación y la sanción, sino en la prevención de los actos de corrupción.
El valor estratégico de fortalecer la veeduría social
Finalmente, si bien en la valoración de algunos tiene una importancia menor (por no ser visible su impacto de corto plazo), también tiene un valor estratégico preservar la posibilidad de que la MACCIH fortalezca la capacidad de veeduría social y de seguimiento del Sistema de Justicia de la sociedad civil. Esto puede tener un impacto importante en el mediano plazo, en la medida que se traduzca en una mayor demanda y presión ciudadana por integridad, trasparencia, rendición de cuentas y certeza de la pena para los culpables.
Al respecto, las organizaciones de sociedad civil deberían identificar qué es estratégico plantearse en el horizonte temporal de la renovación del Convenio de la MACCIH: ¿Construir una plataforma ciudadana/social amplia, plural e independiente de veeduría social e incidencia en torno del Sistema de Justicia o de la lucha anticorrupción, a partir de la experiencia del OJP? ¿Apuntar más bien a mecanismos de articulación en torno de temas y coyunturas específicas, coordinando agendas mínimas de incidencia común?
Ejemplos actuales son la Coalición sobre la reforma del Código Penal, o aquella sobre la Renovación de la MACCIH; pero también se puede pensar en alianzas orientadas a incluir una agenda anticorrupción en el debate de los programas de la próxima campaña electoral.
El mandato debe renovarse por cuatro años
Complementando la demanda de mantener inalterable el mandato de la MACCIH, un tercer objetivo estratégico para la sociedad civil debería ser lograr que el mandato se renueve por cuatro años, como se estableció en el primer Convenio de la Misión.
Lo anterior por dos razones. La primera tiene que ver con el tiempo necesario para que la Misión consiga resultados concretos y significativos en función de sus objetivos, incluyendo la posibilidad de terminar procesos investigativos complejos y de acompañar procesos de reforma y fortalecimiento de capacidades técnicas que toman tiempo.
Desde esa perspectiva, un escenario de renovación de dos años —posibilidad que parece fue externada en algún momento por el Presidente de la República— puede transformarse en un “escenario de salida temprana”, con el riesgo de truncar procesos, o de terminarlos sin las adecuadas estrategias de sostenibilidad.
Un horizonte temporal de cuatro años también es importante por una segunda razón; en ese periodo habrá hitos electorales que configurarán la transición gubernamental y que, como se dijo, se entrelazará con reconfiguraciones de poder más amplias y profundas, determinando un delicado contexto de cambio e incertidumbre que supone riesgos, pero también oportunidades para ir instalando, con más fuerza y contundencia, un debate informado y mayores capacidades institucionales para el combate a la corrupción en el país.
Para alcanzar
logros, además del valor agregado que sin duda tiene un acompañamiento
internacional especializado, es fundamental la veeduría social de la ciudadanía
hondureña, único actor genuinamente legitimado para participar activamente en
esta lucha. En definitiva, se trata de ir fortaleciendo el ejercicio de una “ciudadanía
política”.
[1] Por ejemplo, la Convención contra la Corrupción de la ONU (UNCAC) o la Convención Interamericana contra la Corrupción.
[2] Por ejemplo, el Decreto Ejecutivo 015-2001, mediante el cual se crea el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
[3] Estas marchas son las mismas que surgen del movimiento de las y los Indignados, siendo su símbolo las antorchas.
[4] Según encuestas de mediados de 2018, el 72% de la población aún tiene dudas sobre la confiabilidad de los resultados electorales.
[5] La Plataforma surge en 2019 desde los gremios de médicos y docentes, que se opusieron a dos decretos ejecutivos aprobados por el gobierno; según estos gremios, dichos decretos llevaban a la privatización de los servicios de salud y educación.
[6] Es financiado en parte por fondos gubernamentales.
[7] OEA/MACCIH (2019), OJP Documento Conceptual. El papel de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras. https://www.observatoriohonduras.org/sitio/wp-content/uploads/2019/07/documento-conceptual-Observatorio-MACCIH.pdf
[8] Esto, incluso, porque las opciones primarias para la decisión de la renovación son limitadas: hay una elección renovación-no renovación y, eventualmente, la posibilidad de una extensión temporal.
[9] El artículo de la Coalición para la Renovación, publicado en el anterior número de Envío-Honduras, ahonda en este aspecto.
[10] Mensaje de cierre de labores del Comisionado Iván Velázquez Gómez, disponible en: https://www.cicig.org/comunicados-2019-c/mensaje-de-cierre/
[11] El debilitamiento del Frente Parlamentario contra la Corrupción, que en esta legislatura solo cuenta con 9 congresistas –la mayoría del PINU-SD–, es un indicador de la falta de interés de la mayor parte de los diputados en promover activamente la agenda anticorrupción en el país. Además, algunos ya han manifestado públicamente observaciones críticas sobre algunas acciones/comportamientos de la MACCIH.
[12] Art. 3 del Convenio entre el Gobierno de Honduras y la OEA-MACCIH.
[13] Disponible en: https://twitter.com/UFECIC1/status/1151237318155669504