La crisis habitacional resalta nuevamente en la realidad hondureña. El epicentro en esta ocasión es El Progreso, Yoro, específicamente en la Colonia Alemania, donde más de 260 familias enfrentan un proceso de despojo, amenazas y criminalización.
La última semana ha dejado requerimientos fiscales, amenazas a muerte y agresiones físicas a personas que habitan en esa colonia. El origen del conflicto se da desde junio del 2011 cuando el ciudadano alemán Bernan Gunter, quien residió por varias décadas en El Progreso falleció de muerte natural y las doce manzanas de tierra que le pertenecían no muestran registro de herederos, por lo tanto la comunidad declaró como propios los terrenos y le denominó Colonia Alemania al sector.
Luego el conflicto se agudizó porque después del fallecimiento de Gunter, las autoridades municipales explicaron que el proceso de investigación en la embajada alemana mostró que Gunter no dejó herederos y fundamentados en ese criterio consideraron que los predios son municipales.
Desde ese momento ya han transcurrido cinco años y por ahora habitan en esa colonia 260 familias que enfrentan un procedimiento legal para desalojar los terrenos, situación que los dejaría en la calle y sin un lugar donde habitar.
Los interesados en desalojar a las familias han interpuesto varios recursos legales de falsificación de documentos contra dirigentes patronales, entre ellos: María Magdalena López, Leonilda Matamoros Castellanos, Pablo Ortiz Ávila y Jessenia Cardona, asimismo procedieron contra el presidente de la Confederación de Patronatos de la zona norte Marco Antonio Baday a quien se le dictó medidas sustitutivas luego de presentarse a los Juzgados de El Progreso.
“Nos están persiguiendo, nos quieren quitar el lugar donde vivimos, para nosotros es una injusticia lo que quieren cometer”, denunció María Magdalena López.
López fue detenida hace una semana, junto a Pablo Ortiz por suponerlos responsables del delito de falsificación de firmas, luego los dejaron en libertad con medidas preventivas.
Pero de la mano de la criminalización también está la persecución e intimidación. Leonilda Matamoros Castellanos denunció que en las noches sujetos desconocidos llegan a la colonia a vigilar los movimientos de la población, quienes deben encerrarse desde temprano para evitar incidentes que lamentar.
“Vivimos con miedo permanente, hemos denunciado a la policía, pero nadie hace nada para protegernos”, lamentó Matamoros.
Por su parte Pablo Ortiz hizo un llamado a organismos defensores de derechos humanos, para que vigilen lo que sucede ahí, porque bajo esa dinámica en cualquier momento alguien puede ser asesinado.
“Acá se juegan muchos intereses, pero como vecinos estamos unidos y vamos a defender nuestro derecho a vivir dignamente”, expresó Ortiz.
Un problema estructural
Como en un vaso violentamente agitado, todo se ha mezclado en Honduras. “Los problemas agrarios, la falta de acceso a la tierra, los despidos de trabajadores, privatizaciones, venta del territorio, concesiones, violaciones a derechos humanos, militarización no son producto de la casualidad; son parte de un modelo económico que se llama Neoliberalismo que es un apéndice del sistema de gobierno que se llama Capitalismo”, explicó el analista político Efraín Fajardo.
No es la gramática la que nos enseña a conjugar la realidad, sino los capítulos de miles de historias que se forman en mientras unos pisan la dignidad de otros para enriquecerse.
La falta de acceso a la tierra es sólo un miembro de un gran cuerpo opresor que se aprovecha de su poder para discriminar a los que no tienen. La tierra en posesión de pocas manos, limita a la gente a que acceda a ella de forma ecuánime.
Fajardo continuó diciendo: “el problema es el secuestro de los grupos de poder de casi toda la tierra en el país, todo está en pocas manos, es un monopolio que limita el acceso de la gente a la tierra.
Los grupos de poder aprovecharon la colaboración de un Estado que no está al servicio del pueblo para adueñarse de las tierras a través de la Ley de Modernización Agrícola en el gobierno de Callejas.
El gobierno no tiene una política de garantizar el acceso a la tierra, mucho menos de reubicación de los desalojados, el Estado sólo criminaliza, reprime y no responde a las grandes necesidades de los afectados”.
El analista asegura que es tiempo de organizarse para enfrentar la política monopolizadora y a través de la movilización popular exigir una reforma Agrícola Integral que responda a la inaccesibilidad a la tierra, caso contrario las injusticias, el derramamiento de sangre formarán parte del diario vivir en el país.
Honduras cuenta con un déficit habitacional de 700 mil viviendas, el Estado sigue ausente en las políticas agrarias y por ahora el panorama que dibuja el futuro inmediato es la criminalización, persecución y despojo de las comunidades.