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Marvin Barahona*

Una de las tantas consecuencias calificadas como “catastróficas” por los diversos actores que se oponen a las ZEDE, es que estas anulan por completo la condición soberana del ciudadano y su ejercicio en el territorio donde habita.

Así se iniciará un nuevo ciclo en la historia de la exclusión, que obliga a pasar de la condena al mal gobierno, a la denuncia del gobierno malhechor.

Introducción

El contexto hondureño de hoy no es el que debería ser. Hay una desviación fundamental en el rumbo que tomó la coyuntura que dominó la escena del primer semestre de 2021. Lo que se esperaba era que el gobierno asumiera con responsabilidad, seriedad y efectividad la reconstrucción nacional, la pandemia de la covid-19 y la reactivación de la economía en consenso con la sociedad civil y, en la medida de lo posible, también con la comunidad internacional. Sin embargo, el rumbo y los resultados han sido otros, totalmente contrarios a las expectativas y anhelos de la población.

El interés principal del gobierno, y en general del sistema político y su régimen de partidos, ha estado concentrado en las elecciones primarias y las expectativas de unas elecciones generales, con o sin alianzas, entre las diversas fuerzas políticas. A ello se suma la tirantez de las relaciones con los Estados Unidos; una pandemia administrada bajo la sombra de la corrupción; un endeudamiento público sin precedentes en la historia reciente; y un cierre del semestre con la subasta del territorio nacional a través de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE), enclaves económicos que suponen una renuncia a la soberanía nacional y reafirman el profundo deterioro del Estado nacional en su camino hacia el Estado fallido.

Ninguno de los temas señalados tiene que ver con un plan de reconstrucción nacional para enfrentar integralmente las consecuencias socioeconómicas de la pandemia y las tormentas tropicales de 2020. El componente fundamental de la coyuntura nacional de los primeros seis meses de 2021 es la continuidad, por otros medios, de una gestión altamente cuestionada del Estado, sus instituciones y sus recursos que, en conjunto, solo pueden conducir a profundizar la inestabilidad política en un año electoral que se va llenando de crispación en la medida que nos acercamos a noviembre.

En suma, entre tantas deliberaciones sobre la pandemia, las catástrofes ambientales y la economía en crisis, se retorna a una reconocida especialidad de las elites dirigentes: la inestabilidad política y el caos como la única forma de existencia de un Estado que es conducido al fracaso por falta de un nuevo paradigma sociopolítico y un compromiso firme con su propio futuro.

Este artículo trata de este conjunto temático, desde una lectura anclada en la necesidad de recuperar la soberanía del ciudadano como fuente de legitimidad política, y una necesidad similar de defender y recuperar la soberanía sobre el territorio nacional, hoy sometida a un fuerte asedio por la voluntad gubernamental de establecer las ZEDE a cualquier costo.

¿Un Estado parasitario?

En la última semana de abril, la intención gubernamental de reformar un decreto relacionado con el uso de los fondos de pensiones pertenecientes a empleados cotizantes del sector público asaltó la conciencia, por el temor del gremio de los maestros y otros, que expresaron su desconfianza respecto de las consecuencias que tales reformas supondrían para sus miles de afiliados.

La pregunta que motivó tal suspicacia fue por qué se quería utilizar los fondos de las instituciones de previsión para ponerlos a disposición de la banca privada, cuando esta tiene exceso de liquidez financiera. La desconfianza creció ante la inmediata actuación del Congreso Nacional para aprobar dichas reformas, mientras se aplazaba la discusión y aprobación de la nueva ley electoral, exigida por diversos sectores como una necesidad “urgente”.

Esto condujo a preguntar sobre las prioridades de las elites políticas y económicas, que confluyen cuando se trata de utilizar recursos ajenos para fortalecer sus poderes respectivos y aumentar la concentración de riqueza en pocas manos. En estos casos el riesgo económico desaparece, pese a que toda inversión que se realice en la actual coyuntura no podrá evadir las inseguridades, vulnerabilidades e incertidumbres prevalecientes, como señalaron algunos de los sectores afectados. Estos consideran que una conducta de tal naturaleza solo puede conducir a la radicalización de las recetas neoliberales, cuya respuesta ante las crisis es casi siempre la de proceder con más neoliberalismo económico y más autoritarismo político que, en el contexto hondureño, están conduciendo a una virtual dictadura del capital financiero.

En el Estado fallido no hay ciudadanos, solo víctimas

La crisis de hoy se vincula estrechamente con la crisis que infecta al centralismo burocrático, concentrador de un poder ineficiente que busca articularse con el centralismo financiero y político. Sin comprender esta orientación del poder en la presente etapa de radicalismo neoliberal, tampoco se puede comprender el papel de intermediarias que juegan las elites, así como la forma y contenido que asumen los “negocios” en el siglo XXI, en los que se privilegia la búsqueda del beneficio inmediato y jugoso.

En esta perspectiva convergen la intención gubernamental de afectar a las entidades de previsión social y las acciones emprendidas para establecer las ZEDE, que coinciden en afectar a la ciudadanía en todos sus derechos, al despojarla de su condición soberana.

En este perfil, el modelo económico predominante no necesita democracia ni ciudadanía para alcanzar sus objetivos antisociales. De lo contrario, cabe preguntar por qué intereses económicos y políticos tan poderosos, que incluso simulan “negociar” con los EEUU, no han sido capaces de asociarse para establecer una democracia estable, legítima y participativa, y por consiguiente, una ciudadanía que se legitima en el ejercicio de sus derechos para darle estabilidad al sistema político y a la economía.

Crisis y deliberación pública

La deliberación pública sobre los problemas nacionales se configuró en torno de un conjunto de fenómenos que se expanden y complementan, simultáneamente, en una realidad social agobiante. Este conjunto está integrado por la progresión del número de contagios por la covid-19, el incremento de la violencia criminal, el desempleo y la migración. Al haberse generalizado a escala nacional, tales fenómenos contribuyen a darle un carácter uniforme a los problemas más significativos para la población, así como a sus respuestas ante tales desafíos.

La crisis sanitaria y la crisis económica manifiestan los rasgos propios de la desesperación ante los problemas no resueltos, el cansancio de una larga espera y la expectativa permanente en soluciones que están en otra parte, fuera de Honduras y, por tanto, expuestas a determinaciones ajenas a los hondureños. Las caravanas migratorias, que predominaron en el primer trimestre del año, sirvieron como modelo a la expedición hecha a El Salvador por siete alcaldes de diversas regiones del país, para solicitar ayuda con vacunas para su población, ante la incertidumbre prevaleciente en Honduras para obtenerlas con prontitud.

Y lo lograron. Fueron recibidos por el presidente Bukele, que respondió con una caravana de vehículos cargados con miles de vacunas destinadas a los lugares de origen de los ediles hondureños, que fueron recibidos con la misma salva de aplausos y agradecimientos que, a finales de 2020, fueron recibidas las vituallas enviadas por Bukele a los damnificados de los huracanes Eta y Iota en la Costa Norte hondureña.

Este hecho no puede pasar inadvertido, por cuanto los municipios representan la base local de sustentación del régimen político, cuyos alcaldes establecieron un vínculo directo con el gobernante del país vecino, logrando en la primera entrevista una provisión de vacunas que, aún en el mes de junio, seguía siendo un sueño para la mayoría de los municipios de Honduras.

En esta acción de los siete alcaldes, que comenzaron a ser considerados como “héroes” en sus municipios, resultó evidente la ausencia de los intermediarios tradicionales de la demanda social, los partidos políticos, apartados de la escena por cálculo propio o por haberse vuelto inútiles en el estilo de trato directo que practica Bukele que, además, parece ver en los partidos políticos, sobre todo en los tradicionales, un personal excedente de la burocracia estatal.

“Gracias, presidente de la historia”

Otro rasgo sobresaliente en el primer encuentro de alcaldes hondureños con el mandatario salvadoreño, es que estos coincidieron en agradecer el “buen trato” y el “recibimiento de primera” que aquel les dispensó. Ese agradecimiento y admiración por Bukele, reiterados en tantas ocasiones a través de los medios de comunicación que reprodujeron las “primeras impresiones” de los ediles tras su visita a El Salvador, obliga a preguntar cómo se les trata en Honduras y por qué no reciben un trato similar, por parte de las autoridades hondureñas.

En junio se sumaron otros alcaldes a la solicitud de ayuda; entre estos, los de municipios fronterizos como Nueva Ocotepeque y Choluteca, y del departamento de Islas de la Bahía. Los primeros históricamente vinculados con El Salvador por sus relaciones comerciales, y los segundos por ser en los últimos años un destino turístico para un creciente número de vacacionistas salvadoreños. El resultado fue el mismo que obtuvieron los primeros siete alcaldes: un éxito para los ediles, para sus comunidades y el propio Bukele, que ya es considerado como un benefactor entre los hondureños, al grado que uno de los alcaldes lo llamó “presidente de la historia” al momento de agradecer su colaboración.

El cinismo del gobierno hondureño

El acontecimiento provocado por los siete alcaldes, todos de partidos políticos que nominalmente se encuentran en la oposición, provocó reacciones diversas y paradójicas en Honduras. La primera fue pensar que tal iniciativa evidenciaba la ineptitud del gobierno en la gestión de la crisis sanitaria, al haber iniciado tardíamente la adquisición de vacunas en el mercado internacional, provocando la desesperación de los alcaldes que lanzaron un grito de auxilio al gobernante del país vecino.

Ante la disposición de Bukele a colaborar, algunos funcionarios lo acusaron de tener pretensiones sobre la isla hondureña de Conejo, en el Golfo de Fonseca; incluso aludieron —en tono amenazante, según los alcaldes que denunciaron el hecho— a los aviones de combate F-5. Esa advertencia no se repitió, pero voces oficiosas insisten en señalar que el propósito encubierto de Bukele es apropiarse de una porción del territorio hondureño.

El gobierno hondureño afirmó que, con la donación de vacunas, el gobierno salvadoreño solo estaba “devolviendo” una supuesta colaboración sanitaria que había recibido por parte del gobierno hondureño, sin especificar en qué había consistido tal ayuda ni cuándo se proporcionó. Y tampoco respondió cuando la secretaría de Salud de El Salvador pidió algún detalle de tal afirmación.

Por otra parte, algunas voces independientes preguntaron a los alcaldes por qué no protestaban y exigían las vacunas al gobierno hondureño, en lugar de implorar la ayuda de otro país, que debe afrontar sus propias necesidades. Los interpelados se limitaron a decir que estaban cansados de esperar, de las mentiras con las que se les quería dar “atol con el dedo”, y que en sus municipios estaba creciendo el número de contagiados y fallecidos por la covid-19. De manera similar, algunos migrantes —cuando se les preguntó por qué no dirigían sus caravanas hacia la capital hondureña para exigir al gobierno empleo y seguridad—, respondieron que era más fácil llegar a pie hasta los Estados Unidos, que recibir apoyo del gobierno hondureño para atender sus demandas.

Así se fundieron los dos acontecimientos que dominaron la escena pública en el primero y segundo trimestre del año en curso, desembocando —como ha sucedido en otros casos— en un cuestionamiento a la calidad de la relación entre el Estado y la ciudadanía. En esta sigue predominando el desprecio al ciudadano y la negación de los recursos públicos por parte de los gobernantes, un comportamiento que solo puede reafirmar la exclusión social de más del 70% de la población que vive en condiciones de vulnerabilidad o calamidad social.

Estado y ciudadanos, ¿o señores y clientes?

Desde esa perspectiva se puede comprender por qué los partidos políticos tradicionales no aparecen como intermediarios de la demanda social ante el Estado, en razón de su alejamiento de esa base local de existencia del Estado que el mismo Bukele reconoce haber descubierto en su gestión al frente de la alcaldía de San Salvador (2015-2018).

Las antiguas “sensibilidades” políticas, en el caso hondureño, han sido y siguen siendo intermediadas por un autoritarismo en el que se fusiona lo político con lo militar, al margen de la demanda social y la respuesta que se espera de la institucionalidad estatal. Este modelo de relación entre el Estado y la ciudadanía, el de más larga data en el país, ha estado por siempre al servicio de una concepción, ahora cuestionada, del ejercicio del poder para favorecer a las elites que utilizan la institucionalidad estatal únicamente como fuente de privilegios y recursos para su propio enriquecimiento.

La pregunta clave es si estamos ante una nueva forma de clientelismo político, que elimina la intermediación entre la demanda social y el líder político en la cúspide, pero cuya finalidad es reproducir el clientelismo tradicional en las formas contemporáneas del populismo, pensadas para países con múltiples carencias sociales.

Este modelo de populismo redescubre, además, un medio para reducir, incluso disolver, las “diferencias” que tradicionalmente han separado los conceptos de “derecha” e “izquierda”, que hoy enfrentan una crisis de identidad y paradigma al verse superados por las demandas sociales y su propio anacronismo histórico, como ya está ocurriendo en El Salvador y comienza a palparse en Honduras en la reconstrucción de un bipartidismo de tres. ¿Es el populismo actualizado y recargado con cierta dosis de efectividad el modelo que se necesita para reconstruir las relaciones Estado-ciudadanía? ¿O es solo una fase intermedia hacia un modelo de gestión dictatorial que, en el fondo, busca reducir al ciudadano a la condición de cliente satisfecho?

¿Está la solución en regionalizar la lucha por una nueva conciencia ciudadana?

Lo anterior induce a pensar en una propuesta de reconstrucción de la condición ciudadana desde una perspectiva centroamericana, que resulte de una evaluación de la experiencia de lucha por la ciudadanización de la política y del derecho, una convergencia que deviene obligada en el modelo político republicano y que ahora podría reorientarse hacia la construcción de la unidad centroamericana desde una perspectiva ciudadana, hasta ahora una experiencia inédita pero necesaria en momentos que el autoritarismo dictatorial atenta contra la ciudadanía, sus derechos y la experiencia histórica de los pueblos en esta materia.

La destitución anticipada de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Fiscal y el Procurador General en El Salvador —un hecho que ya se había producido en Honduras con la destitución de la mayoría de los magistrados de la Sala de lo Constitucional en 2012—, así como la persecución y encarcelamiento de media docena de aspirantes presidenciales en Nicaragua por parte del mandatario y candidato oficial, son hechos que revelan que Centroamérica avanza aceleradamente hacia el restablecimiento de poderes autoritarios con marcados rasgos dictatoriales, fiel reflejo de sociedades caracterizadas por los elevados niveles de pobreza y exclusión social.

Esta confluencia política, que abarca a cuatro países de la región, permite también avizorar soluciones conjuntas desde pueblos y ciudadanías venidos a menos en la coyuntura actual. La persistencia de las desigualdades y la exclusión social, que además determinan negativamente la orientación de las políticas públicas que podrían generar equidad e inclusión, demuestra que la elite criolla que asumió la construcción del Estado nacional en Centroamérica tras la independencia en 1821, no pudo o no quiso erradicar la herencia colonial construida durante el periodo 1524-1821, evitando así instaurar una tradición republicana basada en la libertad, la equidad y la justicia.

El gran reto está en definir cómo romper con esa herencia bicentenaria. La pregunta clave es: ¿Cómo construir una visión centroamericana que logre articularse con los retos fundamentales del Istmo en cuanto a migración, desigualdades, vulnerabilidades y violencias, desde una perspectiva de los derechos ciudadanos, para fortalecer la gobernabilidad democrática y la estabilidad política en la región?

El descontento social puede ser de vida o muerte

La deliberación pública que predomina en Honduras —antes y después de las elecciones primarias e internas—, está focalizada en los procedimientos electorales, en prédicas de los partidos supuestamente opositores, llamando a sus correligionarios a prepararse para vigilar las mesas electorales y defender el voto con todo lo que esté a su disposición; en reacciones que expresan los temores de dichos partidos a que sus electores sean “comprados” por el partido gobernante, en tanto este se defiende arguyendo que el mayor partido de la oposición fue el que obtuvo el mayor número de denuncias por adulteración de actas y resultados durante las elecciones internas y primarias de marzo 2021.

Otra parte de la deliberación se centró en la “urgente” necesidad (a seis meses de las elecciones) de empadronar a la población para que obtenga el documento nacional de identidad que le permita votar en las elecciones generales de noviembre; y en la necesidad, también “urgente”, de aprobar —después de la visita de un enviado del presidente Biden que reafirmó tal necesidad— la nueva ley electoral.

En ese escenario, los alcaldes afirmaron estar cansados de esperar, de las promesas incumplidas y del abandono en que se encuentra la mayoría de los municipios del país, dejando al descubierto otro rasgo del viejo clientelismo: su indiferencia ante las demandas sociales, su distanciamiento de las poblaciones y su insultante negligencia ante la acuciante situación sanitaria y socioeconómica de la mayoría de la población.

Una secuela que deja interrogantes al futuro

Las interrogantes provienen de la realidad social imperante, con sus abundantes demandas y escasas respuestas, un hábito en la política “estilo Honduras”, que ahora evidencia la urgencia de reconstruir las relaciones entre el Estado y la ciudadanía sobre la base de políticas de desarrollo sostenible que reemplacen el modelo clientelar impuesto por el bipartidismo parasitario y corrupto.

El límite de esa posibilidad, a pesar de la urgencia de su implementación, es el Estado “hipotecado” por las numerosas deudas contraídas por el gobierno actual, que dejará sin recursos suficientes al gobierno que iniciará su mandato a finales de enero 2022. En consecuencia, la transformación necesaria de la relación Estado-ciudadanía debe ser concebida desde una crítica al conjunto del sistema político y las relaciones clientelares que lo sustentan; también desde los desafíos que hoy debe enfrentar la condición ciudadana, que esencialmente es la condición de un cliente, de un consumidor en el mercado cautivo de la política tradicional. En ausencia de dicha transformación, conviene preguntar si el fracaso de esa modalidad de relacionamiento es otra muestra del debilitamiento creciente y del carácter fallido del Estado hondureño.

Gobernantes bienhechores y malhechores

El desafío está en saber si estamos únicamente ante la construcción del arquetipo del caudillo “moderno”, o del dictador acostumbrado a las fiestas de disfraces; además, en presencia del cliente tradicional que cree que es ciudadano moderno mientras deposita su voto. En el trasfondo se juegan los valores fundamentales de la sociedad tradicional, como la lealtad y la fidelidad que se le sigue tributando al viejo conocido del cual se es cliente. ¿No debieran ser, el caudillo moderno, el dictador disfrazado y el ciudadano-cliente, figuras extrañas al modelo republicano de gobierno?

Ninguna escena de políticos que se disfrazan a conveniencia, ni de ciudadanos que aceptan las leyes del mercado porque prefieren ser clientes de alquiler, son algo nuevo en Honduras y en la región centroamericana. De hecho, cuando el establecimiento de la “república bananera” condujo a que Honduras se convirtiera en una neocolonia de los Estados Unidos en las primeras décadas del siglo pasado, al mismo tiempo se fundó el clientelismo político moderno cuando el magnate del banano, Samuel Zemurray, asoció en el imaginario social su poder económico con una frase que habitualmente se le atribuye: “Aquí es más cara una mula que un diputado”, que resultó ser válida también para otros países de esta región.

Este clientelismo “moderno” nació, por tanto, asociado a una idea de subasta ganadera, de reconocimiento de una escala de precios en el mercado, que facilitó la comparación del valor respectivo de una mula y un diputado. En consecuencia, invertir en la política hondureña —comprando diputados—, permitía obtener altos rendimientos con una modesta inversión, que mucho recuerda los espejitos y las cuentas de vidrio con que los conquistadores españoles engañaban a los indígenas que, a cambio, daban prendas de oro.

En su significado más profundo, esta escena —que repite una estafa histórica—, funda con su simbolismo la tradición mercantil que aún predomina en la política hondureña, asimilada por los caciques y caudillos de la era republicana para mantenerse en el poder a cambio de coimas pagadas bajo la mesa. De ahí surgió una mentalidad y un comportamiento que corresponde a compradores y vendedores en la política, que también constituye el fundamento de la corrupción pública del pasado y el presente.

En suma, el régimen político oligárquico prefiere gobernar con clientes y no con ciudadanos, y entre los clientes se encuentran los políticos y los electores, de quienes se dice que su voto cuesta lo mismo que una carne asada y una cerveza. Todo ello hace del clientelismo político la piedra angular en el funcionamiento distorsionado del sistema político y el Estado de derecho, que pueden comprar la plutocracia y sus partidos; y lo que es peor, en la etapa actual, también pueden ser adquiridos por actores extraños a la política por sus vínculos con negocios ilícitos.

Así, la eterna repetición del clientelismo político destructor de la condición ciudadana, la corrupción pública y el fraude electoral, siguen siendo los rasgos esenciales de un peculiar modus operandi y modus vivendi de las elites políticas y económicas que han ejercido el gobierno en Honduras; y todo ello conduce a la pregunta sobre el lugar que la democracia ocupa hoy en la conciencia política de las elites y de la “ciudadanía”.

¿Dónde está la soberanía del ciudadano?

El conflicto en la soberanía del ciudadano se plantea entre la voz de mando que surge y se impone desde arriba, y la obediencia y sumisión que emanan desde abajo. El reto, en el año del Bicentenario de la Independencia, es ¿cómo invertir esta relación unívoca del poder, que resume la suplantación que se ha producido en el sistema político, en la que el soberano no es el pueblo sino quienes sean capaces de capturar el poder y ejercerlo de forma ilegítima?

En tal medida, el problema político fundamental de Honduras, el que genera los conflictos y las crisis determinantes, debe plantearse en términos de soberanía y de su ejercicio legítimo; de la misma forma en que hoy se plantea el problema de la soberanía y su ejercicio legítimo sobre el territorio nacional, que a través de las ZEDE y la concesión de porciones importantes del territorio a agentes económicos externos, ha entrado en una etapa avanzada de suplantación del portador legítimo de la soberanía nacional que es el Estado.

Las ZEDE y la venta de la soberanía nacional

La historia de las ZEDE es conocida y ha sido parte del debate público en la última década. Según Ismael Moreno (SJ), del 18 de febrero al 1 de marzo de 2011, una comitiva de unos cincuenta miembros del gobierno, encabezada por el presidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), visitó el continente asiático para conocer de cerca experiencias exitosas en Corea del Sur, Singapur, Hong Kong y Kuwait, y establecer alianzas para implementar una iniciativa del economista estadounidense Paul Romer[1] conocida como “Ciudades Modelo”[2]. Un mes antes, el 18 de enero de 2011, el Congreso Nacional ya había aprobado el instrumento legal para poner en marcha esta iniciativa.

Según el mismo autor, había que actualizar la legislación, porque se trataba de establecer en el país un auténtico enclave, con leyes de otros países y con las leyes comerciales de las multinacionales, que necesitan vía libre para funcionar a plena capacidad. Las ciudades modelo son minúsculos estados dentro del Estado y el territorio nacional. Todos los legisladores hondureños, “desde los de la extrema derecha golpista hasta la llamada izquierda, denominada antigolpista”, votaron para que la Constitución se reformara y se legalizaran las ciudades modelo[3]. La legislación quedó así acomodada para beneficio de corporaciones y países que quieran invertir en esos territorios.

Moreno sostiene que para los legisladores, funcionarios, políticos y empresarios hondureños las ciudades modelo no son una realidad extraña. Es una modalidad ampliada de lo que, desde los años de 1990, ha sido la industria de las maquilas, su antecedente inmediato. Las maquilas —señala Moreno— son auténticos paraísos fiscales. Sus políticas y decisiones suelen pasar por encima del Código del Trabajo. 

Asimismo, considera que la propuesta y aprobación de las ciudades modelo no resulta extraña en un país donde los legisladores han aprobado de un plumazo la liberación de todo tipo de impuestos a las franquicias extranjeras de comida rápida. Todos estos negocios, con sus atractivos nombres, son como pequeñas ciudades modelo, pues funcionan gozando de exención de impuestos; incluso el tomate y el pan que utilizan vienen de afuera, y todo el dinero que ganan va para afuera.

Como en el modelo de enclave, concluye, Honduras se convierte de nuevo en un laboratorio. El optimismo de Romer sobre los resultados del experimento no tiene desperdicio: se trata de “establecer la primera ciudad en la historia de la humanidad que goce verdaderamente de libertad económica para generar empleos, independencia del gobierno en la generación de riqueza, y libertad de los ciudadanos para crear riqueza”[4].

El enclave como modelo antinacional

Las vivencias de la historia y la memoria colectiva se han trasladado, en la presente coyuntura, a los conflictos relacionados con el territorio nacional y la defensa de su soberanía, en un nuevo episodio de un Estado fallido que cotidianamente da muestras de estar en pie de guerra contra su propia población. El comportamiento del Estado y la ciudadanía respecto de la relación territorio-soberanía, puede servir como indicador preciso del comportamiento de la conciencia nacional respecto del territorio y el nivel de evolución en que se encuentran el Estado y la ciudadanía como procesos históricos fundamentales.

Una pauta específica es la reaparición de problemas esenciales en el debate público, como ocurre cada vez que surge la idea de los enclaves económicos como política para atraer la inversión extranjera, sin duda por el peligro implícito de pérdida de la soberanía nacional y la percepción de exclusión que se apodera de la conciencia ciudadana. Este hecho no puede pasar inadvertido, no solo por constituir una pauta histórica en la que el temor colectivo a la pérdida de la soberanía nacional converge con el rechazo a la posibilidad de la exclusión por decisiones gubernamentales asumidas de manera inconsulta; sino también por ser una pauta de actuación de las elites políticas y económicas que parasitan el Estado.

En su dimensión subjetiva, la imagen que se reproduce es la de Honduras como una neocolonia de los Estados Unidos, una de cuyas manifestaciones —implícita en el concepto de “república bananera”—, es la de aparecer como una “tierra sin dueño”, que ha predominado por más de un siglo en la historia nacional.

Desde esa perspectiva, la deliberación pública sobre territorio y soberanía tiene un carácter configurador, tanto en su dimensión objetiva como subjetiva. En la objetiva obliga a los actores participantes a definir su posición respecto del territorio como factor primordial en la constitución del Estado nacional, y a la vez respecto de la figura jurídica de la soberanía nacional, indisolublemente ligada al territorio, la potestad y autoridad del Estado en su jurisdicción respectiva. En su dimensión subjetiva, este debate contribuye a configurar la consistencia de la identidad nacional, que en el momento actual muestra su nivel más bajo en la historia contemporánea del país.

La misma deliberación conduce a transformar el signo negativo del temor a ser expropiados y excluidos, a través de una propuesta de recuperación simultánea de la soberanía nacional en la figura del territorio y de la soberanía del ciudadano en la figura del ejercicio del poder político, transformando así este momento de crisis en una oportunidad para fortalecer el perfil de la soberanía y la identidad nacional.

Las elecciones de 2021 como ejercicio de soberanía

El escenario antes descrito se produce en un año electoral, cuyos resultados serán decisivos para definir la continuidad de la vida política del país por la vía en que ahora se conduce, o su reorientación hacia la democracia y la restauración del Estado de derecho. Sin embargo, este escenario no producirá el potencial de cambio necesario si el debate público sobre la soberanía nacional se focaliza en una idea del territorio como si este no estuviese ocupado por una población histórica, sujeta y portadora de derechos. En consecuencia, considerar conjuntamente el territorio, la población histórica portadora de derechos y la recuperación de la soberanía nacional, es clave para conservar el hábitat histórico de las poblaciones ancestrales, como en el caso de Islas de la Bahía y las comunidades garífunas.

La defensa del territorio ancestral no es algo nuevo para las comunidades indígenas y afrodescendientes, que por siglos han concebido su territorio como hábitat histórico y sociocultural; pero sí lo es para los actores con orígenes y concepciones diferentes, que hasta la fecha no han tenido una práctica política de defensa de su soberanía sobre el territorio y los bienes naturales de su entorno en sus municipios respectivos.

En consecuencia, se debe reconocer también a las organizaciones comunitarias, territoriales y ambientales como actores sociales relevantes para unir con su ejemplo la historia contemporánea con la historia de la conquista y la resistencia indígena del período 1524-1537, recordada en la leyenda inscrita en el lapidario cartel que encabezó las marchas indígenas de 1994 hacia la capital del país: “Lempira viene con nosotros desde los confines de la historia”.

En suma, este debate sobre la soberanía territorial y la soberanía ciudadana puede unir todas las historias y todas las memorias de otros tiempos con las del presente, para fortalecer la defensa de la integridad territorial y la condición soberana de la ciudadanía.

Este proceso, que ya han puesto en marcha el pueblo isleño, garífuna y lenca, puede conducir a reconocer un nuevo lugar para los actores mencionados, que deben incidir en la definición de una nueva concepción sobre el territorio, la soberanía y la identidad nacional como lugares de convivencia en el marco de la diversidad que organiza y nutre de contenido a la nación hondureña en el Bicentenario de su Independencia. Y, sobre todo, deja al descubierto un modelo de gestión política que, por atentar contra su propia soberanía e identidad nacional, puede ser caracterizado como profundamente antinacional y como el principal responsable en la conducción de Honduras hacia un Estado fallido al que únicamente le falta una declaración formal de defunción.

¿Otro modelo de desarrollo?

La coyuntura en que se discute el tema de las ZEDE también es propicia para debatir sobre el modelo económico que el desarrollo del país necesita, buscando superar al actual, que se basa en una dependencia casi absoluta respecto del capital extranjero, y sus repercusiones en la desnacionalización de la economía hondureña.

El documento de posicionamiento del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), respecto de las ZEDE, presentado el dos de junio, definió una postura firme de rechazo al establecimiento de dichas entidades, invocando el carácter inconstitucional del decreto que les dio vida, así como de la “interpretación” hecha recientemente por el Congreso Nacional para ampliar los beneficios fiscales a las inversiones que supuestamente se harán en las ZEDE. El Cohep sostiene que no se opone a las inversiones que realicen otros empresarios en el país, pero reivindica la igualdad ante la ley para evitar que sus agremiados resulten perjudicados por el trato desigual y excluyente que constituye el fundamento de las ZEDE.

Las comunidades que en las últimas décadas han sido afectadas por proyectos para la construcción de represas hidroeléctricas, la explotación minera o la destrucción del bosque, han presentado argumentos similares a los que hoy invoca el Cohep, especialmente la consulta previa e informada a la población, que no ha sido escuchada por las instituciones obligadas a hacerlo.

En esta convergencia de posturas se puede atisbar la posibilidad de establecer consensos futuros en torno de un nuevo modelo de desarrollo económico y social, que considere a la población y la naturaleza como los actores principales en un nuevo paradigma del desarrollo nacional.

Divorcio en tiempos de pandemia

El malestar de los empresarios respecto de las ZEDE no es el único que estos han expresado en años recientes; la política tributaria ha sido uno de los más reiterados, en la medida que resienten el pago de cobros que califican como excesivos, o por considerarse víctimas de persecución fiscal.

A estos reclamos se suman —en la coyuntura de la pandemia, el escenario principal de estos conflictos—, los señalamientos empresariales respecto de la gestión de las crisis sanitaria y económica, que califican como errada. Sin embargo, ha sido la postura crítica asumida por la Administración Biden la que ha hecho rebalsar las relaciones entre la organización gremial de los empresarios y el gobierno de Hernández, al cual han respaldado en sus dos periodos, por lo menos hasta los primeros meses de 2021.

La oposición a las ZEDE, más que los señalamientos sobre las crisis mencionadas, ha tenido mayor impacto en la opinión pública por haber dejado al descubierto el grado de acumulación alcanzado por los desacuerdos no resueltos, y sin duda por el interés empresarial en congraciarse con la nueva política estadunidense hacia los países del Triángulo Norte de Centroamérica.

La nueva postura del Cohep deja de lado a un gobierno impopular que hace decir a muchos sectores de la sociedad “ya estamos hartos de tantas mentiras y tanta corrupción”, incluyendo a los migrantes que anualmente aportan más de cinco mil millones de dólares a la economía nacional; y miles de otros ciudadanos afectados, en un grado u otro, por las crisis que se producen simultáneamente.

En el trasfondo de este pugilato coyuntural, entre los empresarios y el gobierno, sale a relucir el papel decisivo de las elites económicas y las elites políticas en la gestión gubernamental, así como el rol determinante de la política estadunidense hacia el gobierno y las elites hondureñas. Si se quiere identificar los componentes fundamentales del bloque hegemónico en la conducción del Estado hondureño, los señalados serían esos tres aliados permanentes, con una cuota adicional para el poder militar, que sigue siendo el peso que inclina la balanza hacia alguna de las elites.

El “New Deal” del presidente Biden

El acercamiento del gobierno de Biden a la sociedad civil de los países del Triángulo Norte, en la cual los empresarios ocupan un lugar prominente, ha favorecido una postura crítica del gremio empresarial hacia el gobierno de Hernández, dejando entrever un cambio en la correlación de fuerzas que ha prevalecido desde el golpe de Estado de 2009, en la cual los EEUU y el empresariado han respaldado a los tres gobiernos sucesivos del Partido Nacional, incluyendo la reelección ilegítima del gobernante actual.

La postura empresarial respecto de las ZEDE se inscribe en este contexto de crisis regional en la gobernabilidad, y de cambio en los postulados de la política estadunidense respecto de la mayoría de los países centroamericanos, señalados por escandalosos actos de corrupción, sostenimiento de la impunidad y violaciones sistemáticas al Estado de derecho y los derechos humanos.

Es en la articulación de intereses, cálculos y beneficios donde se debe ubicar la crítica de los empresarios a los privilegios que, a nombre del Estado, el gobierno otorga a las ZEDE, y no en una reformulación de la política de los empresarios locales respecto del capital extranjero, del que siguen siendo socios.

No obstante, la nueva postura empresarial respecto de las ZEDE encaja con una crítica social cada vez más extendida sobre lo que se considera una venta de la soberanía nacional que solo beneficia al gobernante de turno. Y más importante aún, este hecho coincide con el fracaso de la política económica gubernamental y el agotamiento del precario entendimiento con los empresarios respecto de su política fiscal.

Sospecha pública sobre las ZEDE

Según diversos sectores, las ZEDE son sospechosas de haber sido pensadas como “paraísos fiscales”, “lugares de refugio” o “guaridas para extraditables y delincuentes de cuello blanco”, que encontrarían en estas y su estatuto autonómico un territorio propicio para evadir toda persecución legal. Así, el imaginario social sobre las ZEDE está determinado también por la coyuntura desfavorable para el mandatario, a quien se le atribuye una búsqueda deliberada de tales refugios, desde que se confirmó que es investigado por una corte de justicia de los Estados Unidos.

Así ha surgido —en el imaginario popular— “la madre de todas las soluciones” para las supuestas tribulaciones del gobernante. La alternativa imaginada reúne los requisitos de la perfección: un “paraíso fiscal” en el cual invertir abundantes recursos y donde a la vez se obtiene un refugio “blindado” por las leyes que a toda prisa aprueba el régimen hondureño para beneficiar a las ZEDE. Estas figuraciones constituyen la fuente de todas las sospechas públicas y surgen—como no podía ser de otra manera—, en un país donde se vive en una eterna burbuja de mentiras y expectativas truncadas. Al final de cuentas, es la dinámica de la reciprocidad entre el “realismo mágico” y el “realismo trágico”.

El “realismo trágico” y los enclaves no declarados

Estos son los barrios y colonias bajo control de maras y pandillas, aunque el Estado no ha reconocido formalmente la pérdida de control sobre tales emplazamientos. El común denominador es el uso y reproducción continua de la violencia para someter a sus habitantes a las normas impuestas por las fuerzas irregulares presentes en su entorno.

El lugar de la violencia es también el lugar del despotismo, en la medida que usurpa la soberanía del ciudadano; por tanto, puede efectuarse en un barrio o colonia, o en las ZEDE. Esta suplantación afecta simultáneamente la soberanía del ciudadano, del territorio y las potestades en el ejercicio del gobierno por los poderes legítimos.

En conjunto, estos factores contribuyen a visibilizar el sojuzgamiento y la sumisión del ciudadano, comenzando por el escaso margen de libertad que goza en su hábitat cotidiano, que tiende a reproducirse en otros espacios colectivos como los servicios de transporte y los centros laborales, de estudio y atención de gestiones. Este contexto del ciudadano sojuzgado es el que debe ser transformado cuando se habla de restituir la soberanía ciudadana, que hoy representa una contradicción y denota la falta de correspondencia entre las atribuciones que la Constitución le otorga al ciudadano, y su condición objetiva de ser sujeto de una dominación política y social que extirpa todo lo que el ciudadano es y debe de ser en su definición jurídica.

Del mal gobierno al gobierno malhechor

En una perspectiva más amplia, la condición contemporánea de la ciudadanía en Honduras debe motivar a una reflexión más detenida sobre la autonomía y la libertad del ciudadano como portador de derechos que, por ahora, carecen de efectividad por su negación.

La indefensión de la población se transforma así en impotencia, que anula por completo la condición soberana del ciudadano y su ejercicio en el territorio donde habita. Y en el caso de las poblaciones indígenas y afrodescendientes, se trata de una afectación multidimensional que simultáneamente impacta en la indivisibilidad de su territorio y hábitat ancestral, su identidad cultural y los modos de vida implicados en sus hábitos y costumbres.

Así se iniciará un nuevo ciclo en la historia de la exclusión, acompañada por la violencia y la violación de los derechos humanos. Es un nuevo episodio de conversión de los propietarios y soberanos de territorios ancestrales, en proletarios al servicio de quienes les suplantarán. Por eso los indígenas y afrodescendientes no serán las únicas víctimas en los nuevos procesos de conquista de territorios y Estados enteros.

Ante consecuencias calificadas como “catastróficas” por los diversos sectores sociales y políticos que se oponen a las ZEDE, el ex Fiscal General del Estado, Edmundo Orellana Mercado, interpeló al mandatario con las siguientes preguntas: “Gobernante: ¿Por qué le hace tanto daño a Honduras? ¿Por qué la odia tanto? Es su patria. No la destruya”[5]. Desde esa perspectiva —que coincide con señalamientos públicos sobre la “mala voluntad” o “mala intención” atribuidas al gobernante—, se formula una crítica que, de la condena al mal gobierno, pasa a la denuncia del gobierno malhechor.

¿Es posible recuperar la soberanía ciudadana?

El cambio deseable supone, en el contexto antes descrito, unir los fragmentos de la conciencia, la soberanía y la autonomía del ciudadano, además de la soberanía territorial amenazada. La conciencia fragmentada del ciudadano conduce, asimismo, a una percepción de este como portador de múltiples identidades. Se le ve simultáneamente como víctima, cautivo de fuerzas irregulares en barrios y colonias, desempleado, estafado en las elecciones, usurpado en sus funciones, pobre y migrante, entre otras muchas identidades o etiquetas que se le adjudican socialmente. Sin embargo, ninguna de estas corresponde a la de ser el soberano de la nación, que es la más importante que le atribuye la Constitución de la República.

Esta perspectiva contribuye a reforzar el argumento a favor de una lectura de la coyuntura del Bicentenario de la Independencia a partir de la soberanía como principio fundamental, en el que convergen la coyuntura reabierta por la discusión sobre las ZEDE y las elecciones generales de noviembre.

La realidad actual de la condición ciudadana, en abierta contradicción con la ficción del ciudadano como soberano de la nación, da cuenta de la existencia de diversas categorías de ciudadanos —como lo denuncian los hondureños que han migrado al extranjero, sobre todo al evaluar el trato que reciben del gobierno hondureño— entre otras, que son tratados como ciudadanos de “segunda y tercera clase”.

En suma, el trato que el ciudadano contemporáneo recibe expresa la valoración que el poder hace del lugar en que este se encuentra en la estructura social, económica, política y cultural, estableciendo tal valoración como la principal fuente de descalificación y exclusión social. Desde tal perspectiva, la contradicción política fundamental que se revela en el Bicentenario de la Independencia se produce entre tendencias favorables a la imposición de un autoritarismo dictatorial de largo plazo, enfrentadas a corrientes ciudadanas que promueven una satisfactoria correspondencia entre Estado de derecho, democracia y desarrollo socioeconómico sostenible.

Tal contradicción se reafirma en la medida que el contexto agravado por la pandemia y los desastres “naturales”, deja al descubierto una honda discordancia entre salud y economía, democracia y transparencia, vulnerabilidad y falta de prevención; y en contraste, una evidente concordancia entre un creciente autoritarismo y un empobrecimiento generalizado en la población.

Una sentencia que puede ser apelada

Este escenario representa el fracaso de una gobernabilidad conducida al margen del Estado de derecho, impuesta en la última década para garantizar la máxima concentración del poder político y económico en un limitado grupo de actores. Gobernar al margen del Estado de derecho no habría sido posible sin antes imponer un virtual Estado de excepción constituido en torno de necesidades crecientes como la seguridad. Y otras condiciones, como la corrupción y la impunidad, han sido “blindadas” en un grado similar al que protege las políticas de seguridad y el uso de cuantiosos recursos, amparándose en el secretismo.

En esta perspectiva, el Estado de excepción permanente es el principal sustento del modelo dictatorial que pretende convertirse en lo esencial de la forma de gobierno. Hasta llegar a la situación actual, que recuerda mucho a un remate de bienes por liquidación, a través de las ZEDE; y una confiscación simultánea de la soberanía territorial y del carácter soberano del ciudadano como fuente de legitimidad política. En presencia de estos factores, en la coyuntura del Bicentenario se firma una sentencia a favor del Estado fallido, que solo puede ser apelada por la ciudadanía en su carácter de soberana de la nación.


*Historiador, doctor en Ciencias Sociales, autor de Evoluciónhistórica de la identidad nacional, Tegucigalpa, Guaymuras, 1991, y Honduras en el siglo XX. Una síntesis histórica, Tegucigalpa, Guaymuras, 2004, entre otras obras de contenido histórico y social.

[1] Paul Michael Romer (1955), fue economista jefe y vicepresidente sénior del Banco Mundial (enero 2016-junio 2018). En 2018 fue galardonado con el premio Nobel de Economía.

Cfr., https://www.google.com/search?q=paul+romer&oq=paul+romer&aqs=chrome.

[2] Conocidas también como “ciudades chárter”. En el concepto de Romer, es una ciudad cuyo sistema de gobierno se define por los propios estatutos de la ciudad, más que por las leyes estatales, provinciales, regionales o nacionales.

Cfr. https://www.google.com/search?q=paul+romer+charter+cities&oq=paul+romer&aqs=chrome.

[3] Se trata del Decreto Nº 4-2011, que ratifica el Decreto Nº 283-2010, por medio del cual se reformó el artículo 329 constitucional para crear las Regiones Especiales de Desarrollo (RED). El Decreto Nº 4-2011 fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta núm. 32.460 del 7 de marzo de 2011. Según Moreno, “Cuentan que esa noche, cuando los diputados bajaron sus manos, se dejó oír uno de los aplausos más sonoros que se han escuchado en la reciente historia política de nuestro país. A renglón seguido, todos los diputados y diputadas entonaron, entusiasmados, el Himno Nacional”. Casi en su totalidad, los diputados pertenecían a los partidos Nacional y Liberal, el bipartidismo tradicional en Honduras.

[4] Ismael Moreno Coto (SJ), “Ciudades modelo en una sociedad en harapos”, en: revista Envío-Honduras, Año 10, No. 35, septiembre 2012, pp. 1-9.

[5] Edmundo Orellana Mercado, twit del 16 de junio 2021, en https://twitter.com/mundoorellana

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