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  Sábado, 09 Noviembre 2019    

Estallido social

Lo que Honduras está viviendo es sólo una etapa más de la crisis profunda que viene arrastrando y acumulando desde hace tiempos. La última década ha sido muy convulsa porque los abusos de los que tienen secuestrado el poder político, han estado a flor de piel y han salido a la luz pública.

Todo se vincula a abusos de poder político y captura de la institucionalidad como un fiel reflejo del fracaso del proceso iniciado en los años 80’s en el que se buscaba profundizar y consolidar la democracia que, en el caso de Honduras, tuvo muy pocos y escasos avances pero que, sobre todo en la última década, ha tenido serios signos de un proceso de reversión profunda que se traduce en una reducción significativa de los espacios democráticos y de participación ciudadana.

Lo más trágico ha sido el robo descarado de los fondos públicos por medio de la galopante corrupción, el robo de las elecciones de 2017 donde se impuso una reelección y un gobierno que reúne todos los requisitos de un sistema dictatorial. Mientras que al más alto nivel político se sospecha de un fuerte involucramiento con el narcotráfico, se suman los asesinatos selectivos registrados en las denominadas cárceles de máxima seguridad, le ponen más leña al fuego de la crisis política de gobernabilidad.

La protesta social en Honduras se castiga con persecución, expulsión o cárcel, una realidad muy propia de un gobierno usurpador, un narco gobierno o como otros lo llaman un gobierno dictatorial.

Pero a la par de esta patética realidad hay un pueblo que se ha mantenido en las calles incluso antes del golpe de Estado de 2009, como por ejemplo lo que se vivió en abril de 2008 con la huelga de los fiscales en contra de la corrupción en el Ministerio Público. Ha sido una década de movilizaciones, algunas con mayor apoyo que otras, algunas con tiempos prolongados y otras han sido acciones de corta duración, pero sí se coinciden en que hay un pueblo indignado contra los abusos de poder, la corrupción, el narcotráfico y la impunidad.

Esta realidad pone a Honduras en un camino peligroso pero inevitable a la vez, lo que lleva a un posible estallido social que terminará sacando a la gente a las calles donde el escenario es de mucha represión, violencia y persecución. Las condiciones están dadas, el descontento es general, la indignación ciudadana es nacional y hay una sed popular de cambios verdaderos para poder buscar mejores condiciones sociales para vivir en un país que por ahora está secuestrado y ha sido saqueado por quienes ostentan el poder.

Aunque lo difícil de esa posible irrupción es que en el país no se cuenta con un movimiento social fortalecido que pueda ser el conductor de ese descontento social porque lastimosamente la política partidaria terminó cooptando casi todos los espacios de expresión popular y sobre todo callejera. Pero estamos a tiempo de conducir al país y su indignación por mejores caminos que aporten a la construcción de un país para todos y todas.

 
 
 
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