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Marcela Arias Moncada

Aunque no es un fenómeno nuevo, la proliferación de religiones fundamentalistas con una influencia creciente y decisiva en los gobiernos y las sociedades de América Latina, sin excluir a Honduras, no puede pasar desapercibida. Y es así porque, con su discurso contra el feminismo y la diversidad sexual, alientan y justifican violaciones a los derechos humanos fundamentales. Y hay mucho más, como veremos en este artículo.

A partir de las luchas por la autonomía de nuestros cuerpos y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, las mujeres feministas y personas LGBTTI hemos observado el auge de los grupos fundamentalistas religiosos, cuya respuesta se caracteriza por la difusión de discursos de odio y violencia, a la vez que incrementan su influencia en la toma de decisiones políticas en la región[1].

En comparación con países como Brasil o Bolivia, los fundamentalismos religiosos en Honduras, a simple vista, no parecen tener mayor incidencia en los asuntos públicos. Sin embargo, en un contexto político dictatorial, es necesario revisar las alianzas que sostiene el gobierno actual con la Confraternidad Evangélica y sectores elitistas de la Iglesia católica, a cambio de beneficios institucionales y roles protagónicos asignados y asumidos por las iglesias involucradas.

1. La cuarta etapa de los fundamentalismos religiosos en América Latina

Córdova Villazón sostiene que la derecha religiosa en América Latina ha atravesado cuatro etapas de la presencia evangélica en espacios políticos[2]; la más reciente es la de los movimientos profamilia y provida de principios del siglo XXI, por considerar que las agendas globales atentan contra la noción tradicional de la familia.

Su origen se remonta a la Conferencia de El Cairo en 1994[3] cuando, por primera vez, se declaran los derechos sexuales y reproductivos como una condición necesaria para garantizar la dignidad y autonomía de las mujeres. De esta manera, proliferan los discursos de odio o anti «ideología de género»[4], con el propósito de incidir en el diseño de políticas públicas y la producción legislativa de los países.

Si bien su principal objetivo es anular la autonomía de las mujeres y las diversas expresiones de género y sexualidades, los fundamentalismos religiosos no serían capaces de imponer su agenda política si no fuera a través de una estrecha alianza con los proyectos sociopolíticos de grupos militares y elites económicas en la región.

Al hablar de los proyectos de grupos militares, se hace referencia tanto a sus prácticas tradicionales como a sus prácticas novedosas; es decir que, además de que continúan encabezando golpes de Estado en América Latina, también actúan legitimando gobiernos autoritarios a través de la implementación de políticas de seguridad pública o programas sociales que vinculan su proyecto con la población.

Por otro lado, las elites económicas apoyan o se convierten en gobiernos autoritarios impulsando políticas fiscales regresivas, la privatización de servicios públicos y políticas de despojo en perjuicio de los bienes nacionales y las comunidades, eventualmente reproduciendo lo que Piketty[5] ha descrito como la “dinámica de la desigualdad”.

La articulación de esta tríada se puede observar en al menos cinco países latinoamericanos: Perú, Brasil, Colombia, Costa Rica[6] y Bolivia. El gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil y el reciente golpe de Estado en Bolivia, ilustran de manera más clara cómo la intervención de fundamentalismos religiosos, en alianza con grupos militares y neoliberales, atentan contra la democracia, los derechos humanos y la justicia social.

A. El caso de Brasil

La campaña de Jair Bolsonaro para la presidencia de Brasil inició en medio del juicio político contra Dilma Rousseff cuando, siendo diputado, Bolsonaro exclamó: “en memoria del coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, el terror de Rousseff, voto sí”[7]. Durante la dictadura militar, el coronel Brilhante Ustra fue identificado como responsable de actos de tortura contra la expresidenta Rousseff.

Mientras Bolsonaro se presentó a sí mismo como un candidato anticomunista, la población brasileña mostraba características que influyeron en su triunfo: el cambio de religión y el aumento de la población evangélica[8], acompañadas del rechazo a las políticas de educación en sexualidad, a la regulación de la interrupción legal del embarazo y los derechos LGBTTI y de afrodescendientes, impulsadas por los movimientos sociales y el Partido de los Trabajadores[9].

De esta manera, los discursos anticomunistas y racistas de Bolsonaro calzaron con los intereses de los fundamentalismos religiosos. Inmediatamente, luego de su elección en 2018, la configuración de su gobierno[10] y el impulso de sus políticas públicas reflejaron intereses profundamente conservadores.

  • Damare Álves, elegida como ministra de la Mujer, Familia y Derechos Humanos, ha emitido declaraciones como: “a las niñas pobres las violan porque no llevan ropa interior”, “se abre una nueva era en Brasil en la que los niños se visten de azul y las niñas de rosa”, “la mujer debe ser sumisa al hombre en el matrimonio”, “ver la película Frozen, convierte a las niñas enlesbianas”[11]. Actualmente, la ministra Álves es la principal impulsora del Estatuto del Nasciturus, por el cual se pretende prohibir nuevamente la interrupción del aborto en cualquiera de sus circunstancias.
  • El ministro de Educación, Ricardo Vélez Rodríguez, asegura que la educación brasileña está “corrompida por ideologías marxistas e invenciones nocivas como la educación de género”, con el objetivo de desmontar valores como la familia, la religión y el patriotismo.
  • El ministro del Medioambiente, Ricardo Salles, proveniente de una corriente conservadora y que antes fue condenado por adulterar mapas ambientales, ha expresado que las organizaciones que pretenden preservar los bosques y proteger los bienes comunes únicamente impiden la producción nacional.
  • El ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Araújo, sostiene que el país debe desprenderse de las políticas globalistas porque están siendo conducidas por la “ideología marxista”; como ejemplo de estas políticas señala el cambio climático que, según él, no existe y lo que pretende es “infundir miedo para acumular más poder”.

B. El caso de Bolivia

Aunque este caso es más reciente, el golpe de Estado en Bolivia fue el resultado de una alianza política entre grupos militares, fundamentalismos religiosos y voceros de una elite económica nacional e internacional.

Más allá del contexto electoral y sus diferentes perspectivas, es un hecho que el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente de Bolivia resultó en el reconocimiento de la “plurinacionalidad”, “la libre determinación de los pueblos indígenas, originarios campesinos” y “la libertad de religión y creencias espirituales, de acuerdo con sus cosmovisiones”, declarándose a la vez como un Estado “independiente de la religión”[12].

Durante los primeros días de noviembre de 2019, y en el marco de una convocatoria a elecciones presidenciales, tres vocerías de la oposición lideraron una serie de acciones entre las cuales destaca el discurso de odio y violencia contra los pueblos originarios, indígenas y campesinos. Esto ocurrió durante las protestas sociales y una vez que se consumó el golpe de Estado.

Durante las protestas sociales, la oposición se preocupó por destruir las whipala[13] y asaltar los espacios físicos de los pueblos indígenas, originarios y campesinos, mientras que líderes de la oposición, como Luis Camacho, quien además es católico, expresó: “Establecemos un nuevo tiempo en los cielos de Bolivia. Satanás, ¡fuera de Bolivia! ¡Ahora!”,en alusión al rechazo de la libertad de religión y diversas creencias espirituales sostenidas por los pueblos originarios.

Posteriormente, y a pesar de que el Congreso boliviano no había aceptado la renuncia del presidente Evo Morales, Jeanine Áñez se autoproclamó presidenta de Bolivia y exclamó: “¡La Biblia vuelve al Palacio!”.

Después de identificar ingredientes de racismo, Enrique Dussel[14] manifestó que, si bien no existen herramientas suficientes para poder comprender la magnitud del papel que están jugando los fundamentalismos religiosos en la región y en particular en Bolivia, sí se le puede señalar como una nueva arma utilizada para alimentar las subjetividades de la población, de manera que se sostengan los regímenes que responden a intereses conservadores y exclusivos de determinadas elites.

2. Fundamentalismos religiosos en Honduras

Aquí no se pretende realizar un examen exhaustivo de las políticas públicas y la producción legislativa influenciada por fundamentalismos religiosos en Honduras. Sin embargo, sí es posible identificar algunas condiciones creadas para y desde los grupos religiosos, particularmente la Iglesia evangélica, que ha aumentado su participación política y se ha convertido en un aval político de la institucionalidad formal y la vida cotidiana de la población.

La Red Lésbica Cattrachas[15] ha sistematizado la relación entre las iglesias y el gobierno de la República, destacando cuatro situaciones relevantes:

  • El rol de líderes de la Iglesia católica en la etapa posgolpe de Estado y su papel como avales políticos de las violaciones a derechos humanos que se registraron durante y después del golpe de Estado de 2009.
  • De la misma manera, el rol que asumieron líderes de la Iglesia evangélica como avales políticos del fraude electoral en 2017. De acuerdo con el registro elaborado por dicha organización, el pastor Alberto Solórzano expresó que “el éxito suyo, presidente Hernández, será nuestro éxito y por eso vamos a orar para que Honduras tome el camino correcto” y,
  • El rol de líderes evangélicos como representantes de la sociedad civil en diferentes momentos:
    •  En 2016, el pastor Alberto Solórzano fue nombrado representante de la sociedad civil en la Comisión Especial para la Depuración y la Transformación de la Policía Nacional. Recientemente se solidarizó públicamente con el comisionado de policía Leonel Sauceda, en detención judicial por el delito de lavado de activos.
    • El pastor Solórzano también integra la Comisión para la Transformación del Sistema Educativo, lo cual abre la posibilidad de que la transformación del sistema educativo nacional sea condicionada por preceptos religiosos tradicionales, que impiden una educación integral en materia de sexualidad.
    • En 2018 se creó la Comisión Especial para la Transformación del Sistema Nacional de Salud, integrada por el pastor general del Centro Evangélico Cuadrangular, Oswaldo Canales, quien públicamente ha expresado estar contra los derechos sexuales y reproductivos, los cuales tienen una importante dimensión pública en cuanto al acceso a la salud sexual y reproductiva (interrupción del embarazo, acceso a métodos anticonceptivos y la no discriminación de personas LGBTTI).

Adicionalmente, a partir de 2011, se registran cambios legislativos que favorecen particularmente a la Iglesia evangélica. La Ley Marco de la Iglesia Evangélica, contenida en el Decreto Legislativo No. 185-2010, constituye: i) “la exoneración de pago de impuestos, tasas y sobretasas, tales como: Impuesto sobre la Renta, Impuesto sobre Ventas, Impuesto de Tradición, los impuestos relativos a la importación de bienes y servicios, (…)”, ii) la habilitación de personas naturales, miembros de la Confraternidad Evangélica de Honduras, para que participen en cargos públicos y/o privados siempre y cuando no ostenten cargos de autoridad a lo interno de la Confraternidad; y, iii) la adición de la figura Personalidad Jurídica a Entidad Religiosa, a todas las instituciones evangélicas de Honduras, lo que actualmente ha permitido la creación de más de 300 instituciones inscritas y más de 15 mil iglesias evangélicas a nivel nacional; es decir, que ahora existen 50 iglesias evangélicas por cada municipio, en contraste con 5 centros de salud.

Esto representa un incremento notorio del control comunitario y del espacio público en el que las iglesias evangélicas se desenvuelven; por una parte, debido a la permisividad del Estado y, por otra, por la incapacidad estatal de cubrir las necesidades básicas de la población, incluyendo la atención en salud sexual y reproductiva de las niñas y mujeres.

Conclusiones

Evidentemente, nos encontramos ante nuevas dinámicas de poder que requieren ser analizadas. Respecto de la difusión de discursos de odio, el desarrollo de los estudios jurídicos sobre la libertad de expresión contribuye a comprender los límites que se deben fijar en la opinión pública, en complementariedad con el principio de laicidad del Estado, que requiere la coexistencia entre tres principios: el respeto a la libertad de conciencia y a su práctica individual y colectiva, la autonomía de lo político y de la sociedad civil frente a las normas religiosas y filosóficas particulares y, la igualdad ante la ley y no discriminación directa o indirecta hacia las personas[16].

A la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos, la protección de la libertad de expresión se extiende específicamente a tres tipos de discurso: el discurso político y sobre asuntos de interés público; el discurso sobre funcionarios públicos en ejercicio de funciones y sobre candidatos a ocupar cargos públicos; y, el discurso que configura un elemento de la identidad o la dignidad personal de quien se expresa[17].

En cuanto a la libertad de expresión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también se refiere a tres tipos de discursos que no están protegidos por la libertad de expresión, de acuerdo con el artículo 13 de la Convención: la propaganda de la guerra y la apología del odio que constituyan incitación a la violencia, incluyendo discursos de odio “nacional, racial o religioso”, que inviten a ejercer la violencia contra una persona o un grupo determinado de personas.

La incitación directa y pública al genocidio y los discursos sobre pornografía infantil también se encuentran fuera de la protección de la libertad de expresión consignada en la Convención Americana.

Sobre las razones por las cuales se puede limitar la libertad de expresión, es de interés hacer hincapié en la que recoge la Opinión Consultiva OC-5/85 de 1985, respecto a que la limitación debe considerarse necesaria[18] para asegurar los objetivos que se persiguen en una sociedad democrática.

En este sentido, los movimientos feministas y personas LGBTTI en Honduras sostenemos la necesidad de señalar la amenaza que representan los fundamentalismos religiosos para la democracia en general y, en particular, para la protección de los derechos humanos de las mujeres y personas LGBTTI.

El papel que han jugado como actores y avales políticos de gobiernos autoritarios o dictatoriales en la región, incluyendo nuestro país, nos advierte de una nueva amenaza que requiere de estudio y, sobre todo, de confrontación.

Finalmente, sería injusto pasar por alto el esfuerzo que han desarrollado teólogas feministas y organizaciones latinoamericanas para demostrar que sí es posible armonizar la libertad religiosa y las creencias espirituales con la justicia social, la democracia y los derechos humanos.

La Red Latinoamericana de Católicas por el Derecho a Decidir, con sedes en México, Colombia, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Perú y España, es un movimiento autónomo de personas católicas que, desde una perspectiva feminista y teológica, resisten contra los fundamentalismos religiosos, a la vez que aseguran que los feminismos también revolucionan la espiritualidad.

En esta línea, las Ecuménicas por el Derecho a Decidir en Honduras se suman como organización para demostrar que es posible reinterpretar los textos bíblicos de manera que las prácticas nocivas[19], impulsadas desde las nociones tradicionales de la familia, sean rechazadas, a la vez que promueven la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y mujeres en Honduras, desde la fe.


* Marcela Arias es feminista y abogada graduada con honores en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Actualmente labora en el Centro de Derechos de Mujeres (CDM).

[1] Balchin, C. (2011). Hacia un futuro sin fundamentalismos. Un análisis de las estrategias de los

fundamentalismos religiosos y de las respuestas feministas. Toronto, Ontario: Asociación para los Derechos de las Mujeres en el Desarrollo (AWID).

[2] Villazón, J. C. (2014). Viejas y nuevas derechas religiosas en América Latina: los evangélicos como factor político. Nueva Sociedad.

[3] Durante la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo se reunieron 179 Estados para discutir sobre los derechos sexuales y reproductivos y la salud sexual y reproductiva de las mujeres. En particular, se conceptualizó la «salud reproductiva», se discutió sobre el aborto como un asunto de salud pública, y el acceso a métodos de planificación como un derecho de las mujeres, más allá de asuntos familiares.

[4] Mejor conocidos como «anti-derechos», el término ideología de género ha sido acuñado recientemente por la doctrina vaticana. Desde esta postura, se asegura que la violencia de género no existe y que lo que se pretende con la agenda política feminista y de personas LGBTTI, contradice la naturaleza humana.

[5] Piketty, T. (2014). “La dinámica de la desigualdad”. The New Left Review, 107-121.

[6] El Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro elaboró un documental para describir las estrategias en cada uno de estos países. Disponible en: http://www.generoeldocumental.com/

[7] Jair Bolsonaro también fundamentó su voto expresándose contra el comunismo, por la familia, por las fuerzas armadas. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=UJiJBaFBuZg

[8] El decrecimiento de la población católica puede relacionarse con el crecimiento de la población evangélica en América Latina. De acuerdo con el Pew Research Center, Brasil es el país con mayor población de evangélicos. En este país, la transición religiosa de la población católica a la evangélica ha sido mayor que en cualquier otro país de la región. Mientras la población católica disminuyó al 64%, la población evangélica ascendió al 22%. En: https://investigacion.pucp.edu.pe/grupos/sier/producto-de-difusion/pew-nuevas-tendencias-de-la-religion-en-america-latina/

[9] Oualalou, L. (Marzo de 2019). Los evangélicos y el hermano Bolsonaro. Nueva Sociedad.

En: https://nuso.org/articulo/los-evangelicos-y-el-hermano-bolsonaro/

[10] Viana, N. (2019). El séquito radical de Jair Bolsonaro. The New York Times.

[11] Las declaraciones se han emitido en diferentes entrevistas y eventos.

En: https://www.elmundo.es/internacional/2019/07/27/5d3c1a7ffc6c831a5e8b4579.html.

[12] Constitución Política del Estado de Bolivia, artículos 1, 2, 3 y 4.

En: https://observatoriop10.cepal.org/es/instrumentos/constitucion-politica-estado-plurinacional-bolivia.

[13] La whipala es la bandera del pueblo aimara, pueblo originario de Bolivia. Fue reconocida como símbolo del Estado boliviano por el artículo 6 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia.

[14] ContraHegemonías (27 de noviembre de 2019). Enrique Dussel, “El Golpe de Estado en Bolivia y las

derechas evangélicas en América Latina”. En: https://www.youtube.com/watch?v=kyhcuDeZFcQ.

[15] Red Lésbica Cattrachas (2019). Violación al Estado Laico: Relaciones de Poder entre la Iglesia y el Gobierno de Honduras. Tegucigalpa.

[16] Hernández, A. G. (2012). Estado Laico como garante de los derechos humanos de las mujeres. Ciudad de México: Católicas por el Derecho a Decidir.

[17] Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

(2010). Marco Jurídico Interamericano sobre el Derecho a la Libertad de Expresión. Organización de los Estados Americanos.

[18] La «necesidad» de la limitación debe entenderse en el sentido de que no haya otro medio posible a través del cual se pueda perseguir un objetivo legítimo en el marco de la Convención Americana de Derechos Humanos.

[19] La Recomendación General No. 31 de la CEDAW y la Observación General No. 18 del Comité de los Derechos del Niño establecen: «Las prácticas nocivas son prácticas y formas de conducta persistentes que se fundamentan en la discriminación por razón de sexo, género y edad, entre otras cosas, además de formas múltiples o interrelacionadas de discriminación que a menudo conllevan violencia y causan sufrimientos o daños físicos o síquicos». Algunos ejemplos de estas prácticas son la mutilación genital femenina, el matrimonio infantil forzado o las uniones tempranas forzadas, o delitos cometidos por motivos de “honor”.

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