Parte I: Genocidio por goteo

Juan Antonio Mejía Guerra*

Como aquí veremos, la realidad criminal que pesa sobre el pueblo Tolupán es resultado de un genocidio por extractivismo. A este pueblo se le extermina por los intereses neocoloniales de empresarios mineros, madereros, hidroempresarios  y terratenientes, protegidos por el Estado, que se adjudican el derecho a apropiarse de los bienes naturales de cualquier pueblo al que consideren inferior.

Magnitud y variantes de genocidio en el pueblo Tolupán

El pueblo Tolupán enfrenta una situación criminal de amplio espectro y grandes poderes que se manifiesta principalmente a través de las variantes de genocidio por goteo (Zaffaroni, 2015)[1] y genocidio por hambre y desnutrición (Falla, 2017)[2], que no son más que dos expresiones de la violencia letal provocada por el genocidio por extractivismo.

El genocidio lento se constata mediante el asesinato selectivo y progresivo de las y los indígenas tolupanes que lideran acciones de soberanía territorial en los escenarios de devastación, explotación y corrupción. Mientras tanto, el genocidio por hambre y desnutrición genera condiciones extremas de vida que desembocan en situaciones de destrucción y muerte por inanición, provocadas de forma deliberada por quienes han decidido apropiarse de los territorios y bienes naturales del pueblo Tolupán.

Estas variantes letales de genocidio deben ser investigadas lo más pronto posible, resarcidas las víctimas, castigados sus victimarios materiales e intelectuales y deducidas las responsabilidades correspondientes al Estado de Honduras, según se establece en el derecho internacional[3] y en algunas leyes hondureñas, que todavía no han sido modificadas a favor de los grupos de poder hegemónicos.

Esta investigación se publicará en dos partes. En la primera se expone la realidad genocida del pueblo Tolupán, desde la variante extractivista de genocidio por goteo. Mientras que la segunda tratará sobre la dinámica letal del extractivismo, desde la variante de genocidio por hambre y desnutrición a que se condena al pueblo Tolupán en la tribu San Francisco de Locomapa.

El pueblo Tolupán es uno de los siete pueblos indígenas que existen actualmente en Honduras; se divide en 31 tribus diseminadas entre los departamentos de Yoro y Francisco Morazán, de las cuales San Francisco de Locomapa es una de las más grandes en población, territorio y bienes naturales. Posee una extensión de 7.5 caballerías, otorgadas por el Estado de Honduras en 1864, a petición del padre Manuel de Jesús Subirana[4]. No obstante, durante el gobierno de Rafael L. Callejas (1990-1994) el Instituto Nacional Agrario procedió a remedir los territorios tribales achicando el área asignada en 1864. En el territorio de San Francisco de Locomapa se desparraman hoy día 3,822 indígenas, aglutinados en 757 familias distribuidas en 27 aldeas y caseríos[5], en los que han construido sus viviendas, templos, escuelas y labranzas para su subsistencia.

La topografía de la tribu es mayoritariamente montañosa, con muchos parajes que son auténticas bellezas escénicas; montañas cuyo subsuelo presenta betas de oro, antimonio, hierro y plomo; una hidrología superficial distribuida en todo el territorio tribal, en el que nacen y corren 2 ríos, 25 quebradas y 5 nacimientos de agua permanente; a la vez presenta un escenario de exuberante biodiversidad silvestre. Entre las plantas maderables se aprecian 4 especies de coníferas y 18 de hoja ancha, mientras que las especies medicinales más utilizadas suman 33. Los animales silvestres más reconocidos pertenecen a 13 especies de mamíferos, 13 de aves, 9 de reptiles (serpientes) y 9 acuáticas[6].

Durante las últimas décadas, el dinamismo social en equilibrio ambiental que ha caracterizado a los tolupanes, como algo propio de su cosmovisión, está colapsando y su lugar está siendo ocupado por la violencia social, el terror y la devastación ambiental, producto de la acción de numerosos terratenientes, empresarios madereros y mineros. Estos actúan en connivencia con funcionarios corruptos del Estado, e incluso con la venia de personas corruptas de la misma etnia; así han marginado, humillado, empobrecido y asesinado a la población tribal.

La riqueza de bienes naturales que posee San Francisco de Locomapa es la causa por la que ahora es exterminada, por razones fundamentalmente extractivistas neocoloniales; es decir, con razonamientos criminales pensados desde los centros de poder occidentales. Un exterminio tal que conduce a la eliminación sistemática de una tribu que —fiel a su cosmovisión—, se siente impelida a luchar contra todo aquello que pone en riesgo la armonía entre las personas y sus medios de vida.

El concepto clásico y occidental de genocidio hace referencia al “exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad”[7]. A partir de este concepto, los teóricos del genocidio hacen hincapié en las diferentes variantes con que se presenta tan aberrante realidad criminal en los más variados escenarios, uno de los cuales puede ser la tribu San Francisco de Locomapa, como un caso de genocidio por extractivismo debido a sus características.

Según lo establecido por la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio (en adelante la Convención), las principales características del genocidio por extractivismoen San Francisco de Locomapa son las siguientes:

  1. Se trata de una acción deliberada de aniquilación del pueblo Tolupán, cuyo escenario más violento se halla en la tribu San Francisco de Locomapa. Los más de 119 asesinatos acontecidos en las 31 tribus del pueblo Tolupán, y sobre todo los 19 asesinatos perpetrados en la tribu San Francisco de Locomapa, han sido planificados y continuados deliberadamente en función del despojo de sus bienes naturales y territorios. Evidente delito de genocidio que sin más se sustenta en el Artículo II.a de la Convención.
  • Se trata de una aniquilación parcial del pueblo Tolupán, en este caso, referido a la tribu San Francisco de Locomapa, y se sustenta en el Artículo II de la Convención que precisa el hecho de que se “entiende por genocidio cualquiera de los actos (…) perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”[8]. Se asesina a sus líderes tan pronto como se opongan a terratenientes, empresas madereras, mineras e hidroempresarios que irrumpen en sus territorios.
  • La intención motivante radical de la erradicación de la tribu San Francisco de Locomapa, enfocándose en el asesinato progresivo de los principales liderazgos tribales y comunitarios que, percibiéndolos sus victimarios como seres socialmente molestos a la vez que inferiores, se sienten con el derecho y capacidad de eliminarles en tanto continúen defendiendo los territorios y bienes naturales pretendidos por el sector empresarial extractivista. El Artículo II.c de la Convención subraya este “sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial”.
  • El terror como manifestación de muerte o sometimiento que se evidencia desde la crueldad con que actúan los asesinos al consumar sus crímenes y demás “atrocidades que desafían la imaginación”[9]. Se les asesina con saña para dejar claro el mensaje a quienes todavía sobreviven.
  • Participación activa o solapada de las fuerzas del orden. Los autores intelectuales, como también los asesinos materiales en sus acciones homicidas, suelen contar con el beneplácito de la policía y militares. El Art. III.e de la Convención subraya el castigo de esta y otras actividades o actitudes de “complicidad en el genocidio”. Aunque la tribu cuenta con una posta policial en su territorio, los policías únicamente sirven para cuidar el traslado de los camiones cargados de madera, dar paso a los pick ups cargados de broza conteniendo Antimonio, además de fomentar la impunidad de los terratenientes locales que se ensañan contra la población indígena. O también, aunque los asesinos de tolupanes sean reconocidos y denunciados por los indígenas, la policía es incapaz de darles captura; aun cuando en algunos casos los juzgados de Yoro han emitido órdenes de detención contra los victimarios.
  • Complicidad del sistema de justicia. El Estado, cuando menos incentiva a los victimarios a continuar la aniquilación o sencillamente no hace nada sustancial para detener la violencia criminal contra los indígenas tolupanes, de manera que su silencio o aletargamiento cómplice de los procesos judiciales se convierte en un incentivo más para los planificadores y ejecutores del exterminio. A este efecto también aplica el Artículo III.e de la Convención. Los juzgados de Yoro no han castigado a nadie que haya asesinado a un tolupán de la tribu San Francisco de Locomapa. Aun en los casos en que ha habido testigos que han visto los asesinos matando tolupanes, los jueces y el Ministerio Público no proceden al tenor de las exigencias de justicia para las víctimas.

No queda duda, entonces, que lo que acontece en la tribu San Francisco de Locomapa es un auténtico genocidio por extractivismo en su variante de genocidio por goteo.

Genocidio por goteo:

Cuando el grito de los muertos rompe el silencio de los vivos

La investigación sociodemográfica realizada entre abril y mayo de 2021 por el Bufete Estudios para la Dignidad en la tribu San Francisco de Locomapa[10] recopiló datos a partir de los cuales se puede comprender la génesis de la violencia social y criminal que abate a esta tribu: el 71% de la población tribal considera que “sus comunidades no son violentas” y el 92% de las personas encuestadas “negó haber sido objeto de algún hecho violento”. Sin embargo, el 73% dijo “no confiar en los miembros del ejército ni en los agentes de la Policía Nacional”, el 67% “desconfía del trabajo que realiza la FETRIXY”[11] y 7 de cada 10 indígenas “discrepan del trabajo que realiza el Consejo Directivo de Tribu”[12].

Los datos resaltan, en primer lugar, que las personas y comunidades de la tribu San Francisco de Locomapa no son violentas por sí mismas, sino que son otros los portadores de la violencia; y no se trata de personas que proceden de la tribu, sino de entes externos con poder dentro de esta. En segundo lugar, son estos entes externos (cuyos intereses se hacen representar desde la FETRIXY y los CDT), quienes envenenan con odio, humillación y terror a la población tolupán. Y por ese terror callan, sabiendo que si hablan sobre algo que importe a la tribu, sencillamente serán acallados.

De ahí que el estudio realizado presente datos como que el 45% no quiso hablar sobre los principales problemas en torno de los bienes naturales; el 48% se abstuvo de hablar sobre los responsables de la explotación del bosque; el 76% no contestó la pregunta respecto de si hay problemas en el manejo comunitario de la tierra; el 74% considera que el manejo del bosque no es transparente, y el 78% no está de acuerdo con que haya explotaciones mineras en la tribu.

Ante este silencio de miedo y humillación impuesto a las poblaciones tolupanes, las víctimas irrumpen desde la memoria colectiva provocando sed de justicia ante los espeluznantes asesinatos a que han sido sometidas. Ni los jueces, ni el Ministerio Público, ni la SEDINAFROH[13], ni la misma FETRIXY saben con exactitud cuántos indígenas tolupanes han sido masacrados, porque nadie se ha interesado por salvaguardar la vida de este pueblo.

El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) ha tenido que recurrir a la tradición oral del pueblo Tolupán para tratar de esclarecer y reconocer la magnitud del genocidio que les aniquila. Según los datos que las tribus manejan por separado, se considera que ha habido aproximadamente 119 asesinatos de líderes y lideresas en las 31 tribus tolupanes, al menos 19 de esas víctimas son de la tribu San Francisco de Locomapa. Entre estas sobresalen, por su carácter emblemático y por la saña con que se les hizo morir; por el tratamiento jurídico de impunidad que el Estado le ha dado al esclarecimiento de sus casos; y por el impacto devastador que tales crímenes tuvieron en las poblaciones tolupanes, como los siguientes:

Marcelino Centeno, que fungía como cacique de la tribu Guajiniquil al momento de su asesinato en 1980. Asesinado por defender las tierras de la tribu, asediadas por ganaderos de la zona.

Mártires Martínez, cacique de la tribu Las Vegas de Tepemechín. Asesinado con saña: balas, machete y cercenado su pene para depositarlo finalmente en su boca.

Vicente Martínez, líder de la tribu Santa Rosita.

Dionisio Martínez, de la misma tribu.

Rutilio Matute, de la tribu Agua Caliente de Guadarrama de Olanchito.

Natalia Castillo, cacique de la tribu Anicillos del Río Abajo.

Jerónima Pérez, de la tribu La Bolsita.

Marcelino Polanco, dirigente del Consejo Directivo de la tribu Subirana, Yoro.

Eduardo Vieda, de la tribu Candelaria.

Florencio Cáceres, cacique de la tribu San Esteban.

Jorge Castro, de la tribu Mataderos.

Ramón Medina Silva, de la tribu La Bolsita.

Vicente Matute, Presidente de la Federación de Tribus Xicaques de Yoro, FETRIXY. Asesinado en septiembre de 1991. El único testigo ocular de este crimen fue también asesinado, a garrotazos, una semana después. Nadie más quiso dar testimonio ante los juzgados de Yoro.

Luis Soto Madrid, cacique de la tribu San Francisco de Locomapa en la década de los ochenta. Fue asesinado a machetazos, el uno de mayo de 2002. Lo decapitaron y le cortaron la lengua. La causa de su muerte obedeció a la denuncia que hizo contra los empresarios y sus cómplices que deforestaban los bosques de la tribu.

Teodoro Martínez, vicepresidente del Consejo de Tribu de San Juan, Montaña de La Flor, decapitado brutalmente en 2003. La tribu San Juan sobrevive en pleno terror. Cada día, bajan de la montaña para dormir en las partes bajas de la zona denominada Yerba Buena. Abandonan sus pocas pertenencias para salvar sus vidas.

Faustino Córdova, cacique de la tribu San Francisco de Locomapa al momento de su asesinato, acaecido el 7 de septiembre de 2008. Se le arrebató la vida por defender el patrimonio forestal de su tribu.

Albino Matute, de la misma tribu, residente en el caserío Lagunitas, donde se encuentra una de las minas explotadas ilegalmente. Fue asesinado en 2011.

Antonio Matute, de la misma tribu y residente en el caserío Pedregales. Asesinado a machetazos el 22 de diciembre de 2011.

Osman Matute Soto, de la misma tribu, residente en el caserío Pedregales. Fue asesinado en junio de 2012, con arma de fuego.

Carlos Roberto Romero, de la misma tribu y residente del caserío Mezcales. Asesinado el 22 de diciembre de 2012, con arma de fuego.

Ricardo Soto Fúnez, Armando Fúnez Medina y María Enriqueta Matute. Líderes de la misma tribu, pertenecientes al MADJ, asesinados el domingo 25 de agosto de 2013, por oponerse a la extracción de antimonio y madera de su tribu.

Salomón Matute y Samael Matute, padre e hijo, ambos de la tribu San Francisco de Locomapa, residentes en el caserío El Palmar. Fueron asesinados el 25 de febrero de 2019, por defender los territorios tribales ante la voracidad de los empresarios madereros y los terratenientes.

Milgen Soto, de la misma tribu, perteneciente al MADJ y residente en el caserío El Palmar. Fue asesinado el 23 de septiembre de 2019, cuando regresaba de su milpa con un saco de elotes para compartir con quienes permanecían en un campamento de tolupanes, que no permitía el paso de camiones de la empresa INMARE, que actualmente se ha apropiado de los bosques de la tribu.

¿Hasta cuándo se sabrá toda la verdad del genocidio Tolupán?

La cifra exacta de los asesinatos selectivos es difícil de saber, mientras los órganos de justicia del Estado no cumplan con su deber de investigar, sancionar y castigar los crímenes denunciados por el pueblo Tolupán. La otrora Secretaría de Pueblos Indígenas y Afrohondureños[14] ha reconocido que el pueblo Tolupán es la etnia más martirizada entre los pueblos originarios del país, pero nunca se preocupó por hacerles justicia a las víctimas. En realidad, a nadie con poder en el sistema de justicia nacional parece importarle esta realidad genocida.

Los asesinatos han venido aumentando en la medida que crece el número de empresarios extractivistas interesados en los territorios y bienes naturales de la tribu. En el año 2000, un informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos cifraba en más de 43 los indígenas asesinados en Honduras, entre los que incluyó a los tolupanes o xicaques, admitiendo que los autores de dichos crímenes gozaban de impunidad y señalando a grandes terratenientes como autores intelectuales, además de algunos militares y policías[15].

El 20 de julio de 2002, Julián Elías Licona, entonces presidente de la FETRIXY, en conferencia públicadenunciaba que al menos 65 indígenas habían sido asesinados por terratenientes y militares. En 2005, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU denunció que los terratenientes habrían dado muerte a por lo menos 58 tolupanes, por oponerse a la invasión de sus tierras[16]. La desaparecida Secretaría para el Desarrollo de las Etnias, denunció en su momento el asesinato de al menos 57 tolupanes:

Aproximadamente 57 líderes tolupanes han sido asesinados, cuyos crímenes se encuentran sin castigo para los hechores materiales e intelectuales, lo que lo convierte en el pueblo más martirizado de los nueve que aún subsisten en Honduras[17].

Las fuentes citadas resaltan al menos dos aspectos clave: 1) que el genocidio de los tolupanes es de larga data, abarcando varias de las últimas décadas; y, 2) que el asesinato de líderes y lideresas tolupanes, si bien es cierto ha sido pausado, el número de crímenes sin castigo es cada vez mayor y alarmante.

¿Qué tienen en común las víctimas del genocidio pausado del pueblo Tolupán?

No se trata de asesinatos aislados, interpretados desde el capricho o aberración de sus asesinos. La intencionalidad de la aniquilación total de las tribus tolupanes es motivada por los sectores extractivistas interesados en quedarse con los ríos, bosques, suelos y minerales de los territorios tribales. Ya el informe de la Relatoría Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos en Honduras en 2012, había destacado el peligro a que han estado y siguen estando expuestos los líderes y lideresas del pueblo tolupán, entre otros[18]. Así, pues, ser líder o lideresa Tolupán ha implicado estar siempre en riesgo inminente de muerte. Veamos las características que poseen en común estas víctimas:

Se les asesina por defender sus territorios y bienes naturales. Previo a sus asesinatos, los tolupanes martirizados enfrentaban valientemente —mediante denuncias— el despojo y abuso de que están siendo objeto sus tribus y comunidades, por parte de quienes, desde años atrás, los han condenado a vivir en el desasosiego y el terror; un terror que, al no ser investigado y sancionado, se convierte en terror de Estado.

Se trata de asesinatos selectivos. No son muertes atribuibles a la delincuencia común o que ocurren al azar. Se trata del asesinato de personas seleccionadas, con el objetivo de intimidar y desmovilizar a las tribus y sus organizaciones. Los indígenas tolupanes asesinados han caído defendiendo los bienes naturales colectivos, esenciales para la vida en las comunidades y caseríos de las tribus.

Se trata de asesinatos previamente planificados. Estos líderes y lideresas fueron amenazados y perseguidos antes de que sus muertes se materializaran. Hubo organizaciones populares que en varios casos denunciaron tales amenazas, pero el Estado hondureño no fue capaz de brindarles protección efectiva a las ahora víctimas. El Estado no escucha a las organizaciones de la sociedad civil que solicitan la mediación estatal, ni a los mismos indígenas que —estando en resistencia territorial—, buscan una intervención responsable del Estado en el manejo de sus bienes naturales y la gestión de sus pueblos.

A las víctimas tolupanes no se les procura justicia. Comparten la desdicha de que no se les ha hecho justicia, aun después de varias décadas del genocidio en marcha. No se ha condenado a los autores materiales ni mucho menos a los autores intelectuales. Los genocidas materializan el exterminio de cada líder o lideresa de las formas más burdas y brutales posibles, evidenciando que el móvil de tal exterminio no consiste en acabar con la persona asesinada, sino utilizar su asesinato como advertencia para las tribus, sobre la muerte que les espera si continúan resistiéndose a entregar sus tierras, bosques, ríos y minerales.

La esperanza tolupán no sabe de morir como pueblo

Las consideraciones antes expuestas, sobre la realidad criminal que pesa sobre el pueblo Tolupán, permiten sobreentender que se trata de un genocidio, pero no de un genocidio clásico, sino de un genocidio por extractivismo; porque al pueblo Tolupán no se le aniquila por razones religiosas, culturales, políticas o nacionalistas. Se le extermina por los intereses meramente neocoloniales de empresarios mineros, madereros, hidroempresarios y terratenientes, que se adjudican a sí mismos el derecho a apropiarse de los bienes naturales de cualquier pueblo al que consideren inferior.

Detrás de los autores materiales del genocidio Tolupán se esconde una casta de empresarios protegidos de una u otras formas por el Estado, principalmente por funcionarios que tuercen la justicia o la ralentizan de forma tal que nunca se llegue a un verdadero esclarecimiento de los asesinatos periódicos y progresivos que van teniendo lugar en las distintas tribus. ¿Es posible detener este genocidio? ¿Qué rol juega el Estado hondureño y su sistema de justicia? ¿Cómo reaccionan la tribu San Francisco de Locomapa, y en general el pueblo Tolupán, ante este genocidio?

Ciertamente, el pueblo Tolupán no parece estar a favor de una venganza ciega sin más, pero tampoco se decanta en favor de una amnesia ciega, ya que el simple olvido no hace más que acrecentar la impunidad de empresarios y sicarios. Mientras no se obligue a los responsables intelectuales y materiales de este genocidio a dar cuenta de sus crímenes y atrocidades, la sed de justicia y de reivindicación de la dignidad de este valeroso pueblo continuará.

“Todos estamos manchados por el genocidio, ya sea por omisión o de una u otra forma y esta responsabilidad es la que hace falta examinar aún”[19]. Estas palabras del antropólogo jesuita Ricardo Falla resultan clarividentes al momento de reflexionar sobre la muerte lenta, pero certera, a que ha sido condenado el pueblo Tolupán. La justicia debe venir para devolverle la dignidad y la verdad a este pueblo, pero es toda la sociedad hondureña la que debe demandar la detención inmediata de la maquinaria de muerte que está acabando con los tolupanes, deshumanizando a toda la nación hondureña.

El pueblo Tolupán espera mucho de nuestra solidaridad con sus acciones para exigir que se le haga justicia. Cinco mil años de existencia[20] en lo que hoy se denomina Honduras, no han pasado sin más; les han servido para aprender a vivir con dignidad y en comunión entre sí y con sus medios de vida. Pero también han aprendido a defender la vida y enfrentar triunfantes toda clase de vicisitudes.

El genocidio por extractivismo del pueblo Tolupán debe terminar.


[1] Zaffaroni, Raúl (enero – junio de 2015). “Violencia letal en América Latina”. Cuadernos de Derecho Penal, pp. 57- 76.

[2] Falla, Ricardo (2017). Hambre y desnutrición: otra forma de genocidio. Conferencia pronunciada en la Universidad Iberoamericana. México, 9 de noviembre de 2017. https://ibero.mx/prensa/hambre-y-desnutricion-otra-forma-de-genocidio-ricardo-falla-s-j

[3]Al respecto se dispone de abundante jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la cual debe ceñirse el Estado de Honduras. Entre estos casos: Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4. Caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 01 de septiembre de 2015. Serie C No. 298. Caso Caballero Delgado y Santana Vs. Colombia. Fondo. Sentencia de 8 de diciembre de 1995. Serie C No. 22. Caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 01 de septiembre de 2015. Serie C No. 298. Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110. Caso Kawas Fernández Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 03 de abril de 2009. Serie C No. 196. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de febrero de 2002. Serie C No. 91.

[4] Archivo Nacional de Honduras. Expediente número 92.

[5] Bufete Estudios para la Dignidad (23 de septiembre de 2021). Investigación sociodemográfica de la tribu San Francisco de Locomapa.

[6] Cfr. Mejía Guerra, Juan Antonio (2018). Territorialidades y derechos humanos del pueblo Tolupán. MADJ-FUNDAMBIENTE-TROCAIRE.

[7] Real Academia. (2020). Diccionario de la lengua española, 23ª ed., [versión 23.4 en línea]. <https://dle.rae.es> Consultado el 21 de octubre de 2021.

[8] ONU (1951). Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio.

[9] Preámbulo del Estatuto de Roma.

[10] Bufete Estudios para la Dignidad (2021), op. cit.

[11] FETRIXY: Federación de Tribus Xicaques de Yoro. Es una organización indígena Tolupán creada en 1985 como organismo de coordinación de las tribus tolupanes.

[12] Consejo Directivo de Tribu, es el equipo de dirección de cada tribu, elegido cada dos años.

[13] Secretaría de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes.

[14] Página oficial de la SEDINAFROH: http://www.sedinafroh.gob.hn/index.php/tolupanes. Copiado el 29 de agosto de 2013 a las 7:00 pm. Actualmente no hay acceso a este portal.

[15] “Numerous indigenous activists have been killed with impunity by gunmen evidently in the pay of large landowners —at least 43 in the last five years alone, according to indigenous and Honduran rights organizations— and in a number of cases there has been evidence of involvement of military and police personnel. Murdered activists have come from a number of different indigenous groups, including the Lenca, Maya-Chortí, Tolupán, Xicaque, and Garifuna”. Cfr., Payne, Douglas (2000).Honduras update on human rights conditions. Perspective Series. Justice Department, pp.13 y 14.

[16] Diene Doudou (2005). Relator Especial de la ONU en Misión a Honduras sobre formas contemporáneas de racismos, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia. Comisión de Derechos Humanos, párr. 17.

[17] Puede verse en: http://www.sedinafroh.gob.hn/index.php/tolupanes. Copiado el 29 de agosto de 2013, a las 7:00 pm.

[18] ONU (2012). Informe de la Relatora Especial Sobre la Situación de los Defensores de los derechos Humanos en Honduras, Margaret Sekaggya, párr. 64.

[19] Monzón, Shirley (27 de septiembre de 2011): Falla: “Todos estamos manchados por el genocidio”. Puede leerse en https://www.plazapublica.com.gt/content/falla-todos-estamos-manchados-por-el-genocidio

[20] Cálculo realizado por Linda Newson en: El costo de la conquista, Editorial Guaymuras, Tegucigalpa,1992. Puede leerse en: https://books.google.hn/books/about/El_costo_de_la_conquista.html?id=mCHUN1yXkwEC&redir_esc=y


* Ingeniero agrónomo, filósofo, coordinador de investigación del Departamento de Filosofía de la UNAH-VS e investigador del Bufete Estudios para la Dignidad y el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).