Parte II: Genocidio por hambre y miseria
Juan Antonio Mejía Guerra*
El Estado de Honduras es el mayor responsable de la situación de hambre y miseria del pueblo Tolupán. Y esto es así por la descarada corrupción e impunidad con que ha manejado los aportes financieros de la comunidad internacional destinados a mejorar la situación de los pueblos originarios, y porque su silencio e inoperancia lo convierten en autor y cómplice del despojo de los bienes del pueblo Tolupán.
Un pueblo en estado permanente de hambre y miseria
El Estado de Honduras, desde sus instituciones y en connivencia con un sector empresarial extractivista, somete al pueblo Tolupán a condiciones extremas de vida que desembocan en situaciones de destrucción y muerte por inanición, provocadas de forma deliberada con la intención de apropiarse de sus territorios y bienes naturales.
El 93.9% de los hogares tolupanes no puede cubrir los costos de la canasta básica[1], lo que hace que este pueblo indígena sea el más pobre y con más hambre en todo el territorio nacional. El hambre en el pueblo Tolupán es generalizada y ha perdurado por muchas décadas; es tan evidente y palpable que ninguna institución, pública o privada, relacionada con pueblos indígenas, puede desconocer esta situación o, conociéndola, no debería pasar por alto esta penosa realidad. La pobreza extrema de este pueblo se ubica muy por encima del 72%, que es el promedio nacional de hogares indígenas con hambre, y afecta al 88% de niños y niñas viviendo en condición de indigencia.
En la segunda parte de esta investigación se examina con mayor minuciosidad las proporciones del hambre y los daños colaterales que esta provoca en el pueblo Tolupán, partiendo de los estudios más recientes en una de las tribus de mayor población en el departamento de Yoro, y en tres de las tribus ubicadas en la montaña de La Flor. El primero de estos estudios se llevó a cabo en 2017, bajo la responsabilidad de Hábitat para la Humanidad[2], y una investigación más reciente (2021), fue dirigida por el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y el Bufete de Estudios para la Dignidad[3].
La investigación efectuada en 2017 se basó en una muestra representativa del 20% de las familias en las tribus San Juan, Lavanderos y La Ceibita, asentadas en la montaña de La Flor, municipio de Orica, departamento de Francisco Morazán. Mientras que el estudio sociodemográfico de 2021 se llevó a cabo en las 27 aldeas y caseríos[4] de la tribu San Francisco de Locomapa en el municipio de Yoro, departamento del mismo nombre. Luego se analiza el papel desempeñado por el Estado de Honduras y su responsabilidad en provocar el hambre y la miseria en el pueblo Tolupán. Al final se presenta una serie de exigencias de cumplimiento indispensable para acabar con esta situación deplorable.
Hambre y desnutrición: El 11% de la población de la tribu San Francisco de Locomapa no ingiere los tres tiempos diarios de comida. Asimismo, el 93% de las 757 familias que integran la tribu (con un promedio de 5 miembros por familia), no recibe ayuda alimentaria de proyectos gubernamentales o no gubernamentales. El acceso a la canasta básica es prácticamente imposible para estas familias en las actuales circunstancias de indigencia y miseria. La investigación encontró, además, que el 6% de la población padece una desnutrición severa y el 1% adolece de alguna discapacidad física.
Capacidad económica: El 43% de las familias de la tribu San Francisco de Locomapa sobrevive con un promedio de 33 lempiras al día. El mismo porcentaje de familias tiene ingresos mensuales menores a mil lempiras, aunque algunas perciben incluso menos que el promedio. El 52% recibe entre mil y tres mil lempiras mensuales (de 34 a 100 lempiras diarios), y apenas el 5% cuenta con ingresos entre tres mil y cinco mil lempiras mensuales (de 101 a 167 lempiras al día). Estos datos indican que más del 90% de las familias se ubica en la pobreza extrema.
En las tribus San Juan, La Ceibita y Lavanderos la situación económica es igualmente deplorable. El 21% de las familias no percibe ningún tipo de ingreso, y el 67% tiene ingresos mensuales inferiores a 1,690 lempiras (56 lempiras diarios). El 17% percibe salarios mensuales con regularidad, mientras que el 83% restante percibe ingresos estacionales producto de los cortes de café, la producción de tomate y otros, como peones de terratenientes.
Vivienda: El 44% de las viviendas de la tribu San Francisco de Locomapa están deterioradas, el 31% son pequeñas y el 24% están parcialmente destruidas. El 16% de las familias cuenta con casas de una sola pieza, en la que también se ubica la hornilla para cocinar, la cama, alguna hamaca y algún tablón para atender visitas. La situación se vuelve más crítica cuando se considera que el número de personas por familia y vivienda es de hasta 8 miembros. La mayoría de las viviendas cuenta con un techo regular (48%) o en mal estado (37%).
En las seis tribus de la montaña de La Flor, los 463 hogares que las integran (con un promedio de 4.8 miembros por familia) disponen de viviendas mucho menos acabadas, la mayoría construidas con pisos de tierra, paredes levantadas con ramas de árboles y techos de palma, generalmente de una sola pieza. El limitado espacio interior de las viviendas fomenta el hacinamiento, la proliferación de enfermedades contagiosas y la promiscuidad sexual.
Acceso al agua: El agua a la que tienen acceso las familias y comunidades de la tribu San Francisco de Locomapa no es potable. El 37% de las viviendas no cuenta con acceso domiciliar al agua, por lo que estas familias se abastecen directamente del río, riachuelo, quebrada o de algún pozo o nacimiento de agua cercano a las comunidades. Esta situación, que representa un déficit hídrico en 23 de las 27 comunidades, se torna cada vez más acuciante en la medida que el cambio climático se presenta y las empresas madereras avanzan en la destrucción de la cobertura forestal de las microcuencas. Las viviendas en la montaña de La Flor se han caracterizado por no disponer de servicio domiciliar de agua, y es hasta en fecha muy reciente que se ha venido incorporando, conforme van recibiendo apoyo de diversas instituciones.
Saneamiento: El 23% de las viviendas (162) de la tribu San Francisco de Locomapa no dispone de servicios sanitarios ni letrinas, mientras que en las tribus San Juan, La Ceibita y Lavanderos esta cifra alcanza hasta el 54%. Aun las familias que disponen de servicios sanitarios, al no ser lavables automáticamente y habiéndose construido cerca de las viviendas, emiten malos olores y son fuente de contaminación.
Educación: Un pueblo con hambre difícilmente tiene espacio y recursos para educarse. Mientras el promedio de analfabetismo en la población indígena nacional es de 14.9%, para las mujeres tolupanas este promedio se duplica a 29.5%. En la tribu San Francisco de Locomapa el 86% de la población no sabe leer ni escribir, en tanto que en las tribus La Ceibita, Lavanderos y San Juan el analfabetismo ronda el 40%. El promedio nacional de escolaridad es de 7.5 años y en los pueblos indígenas desciende a 5.7 años. Sin embargo, en el pueblo Tolupán este promedio se mantiene en menos de 5 años[5].
La tribu San Francisco de Locomapa reporta que el 62% de los menores en edad escolar no estudia, debido a la pobreza extrema. En las tribus de la montaña de La Flor prevalece un 38% de analfabetismo; el 33% ha cursado hasta el sexto año de escolaridad, mientras que en la población adulta el grado de escolaridad no pasa de tres años. Es evidente que el hambre, unida a la deficiente oferta educativa en las tribus tolupanas, más las presiones socioeconómicas, provocan que en su niñez y adolescencia los tolupanes no estudien para dedicarse a trabajar y contribuir a la satisfacción de las necesidades económicas de sus familias.
Acceso a electricidad: El acceso a la energía eléctrica es precario en San Francisco de Locomapa. Solamente el 11% de las viviendas cuenta con acceso a electricidad, mientras que el 60% de las familias iluminan sus viviendas con leña, principalmente de ocote. Las tribus de la montaña de La Flor nunca han contado con electricidad. Antes del golpe de Estado de 2009, el gobierno había provisto de paneles solares y un aula de computación a la tribu La Ceibita.
Acceso a la tierra: Para los indígenas de San Francisco de Locomapa, uno de los principales problemas en el manejo comunitario de la tierra es la apropiación de esta por personas externas a la tribu. El 9% indicó que el acceso a la tierra es desigual, ya que muchas personas externas tienen preferencia por encima de los indígenas, y ello se constata en el hecho de que “los indígenas deben pagar una renta por un lote de tierra que deseen cultivar”.
En la montaña de La Flor, el acaparamiento de tierras es un fenómeno que se repite, tanto por terratenientes como por familias campesinas indigentes. Mientras que la tribu San Francisco de Locomapa, y en general todas las tribus asentadas en el departamento de Yoro, hacen frente a la embestida de “los copanes”[6], y las tribus de la montaña de La Flor ven sus tierras acaparadas progresivamente por migrantes identificados como “los olanchanos”[7].
El hambre y la miseria que por décadas han experimentado las tribus San Francisco de Locomapa (Yoro) y San Juan, La Ceibita y Lavanderos (en la montaña de La Flor), son testimonio de una situación compartida por alrededor de 46 mil indígenas diseminados en las 31 tribus del pueblo Tolupán. El Estado de Honduras debe ser el primero en atender esta situación, pero no solo no ha cumplido con este deber, sino que, lo poco que ha hecho, evidencia desprecio y marginación respecto de este pueblo originario.
¿Dónde está el dinero del pueblo Tolupán?
Varios proyectos de desarrollo se han justificado poniendo a los tolupanes como destinatarios finales; pero, en los hechos, los fondos se han desviado o han sido manejados siguiendo un patrón de corrupción en las altas esferas de los funcionarios públicos, más otras componendas entre funcionarios de base con menor calado. El pueblo Tolupán se pregunta dónde están los aproximadamente 200 millones de dólares que diferentes organismos internacionales han puesto en manos de los gobiernos para que los canalizaran hacia este pueblo y otros pueblos indígenas y afrodescendientes. Veamos algunos casos relacionados con dichos fondos.
Proyecto Mejorando la Competitividad de la Economía Rural (PROMECON). Desarrollado en el departamento de Yoro entre 2008 y 2017, fue financiado por FIDA[8], BCIE[9] y una contraparte del Gobierno de Honduras por medio de la SAG[10]. El monto inicial de la inversión era de 20,019,895 millones de dólares, a los que se sumaron 2.25 millones de dólares que, en calidad de préstamo suplementario, aportó FIDA en septiembre de 2008.
El grupo objetivo del proyecto estaba constituido por pequeños agricultores en las zonas rurales del departamento de Yoro, además de indígenas tolupanes[11]. La gestión de este proyecto apenas mostraba una ejecución menor al 10% de lo planificado en 2014. Las tribus tolupanes no aparecen integrando el “Consejo Orientador del Proyecto”, no así los productores ladinos del departamento de Yoro, que eran representados por al menos dos miembros.
En estas condiciones, aun cuando el proyecto estaba dirigido formalmente a atender las necesidades del pueblo Tolupán (junto a otros grupos de población), los beneficios para las familias tolupanes fueron marginales. Con un poco más de 22 millones de dólares, PROMECON no alcanzó la meta del proyecto de llevar desarrollo al menos a 1200 familias tolupanes de entre 11,700 familias pobres del departamento de Yoro.
Si los tolupanes son el sector más empobrecido del departamento de Yoro y de Honduras, ¿por qué el Estado limitó el supuesto beneficio de este proyecto a únicamente 1200 familias y, en cambio, lo mantuvo para cerca de 10 mil familias en poblaciones ladinas?
Manejo agroforestal, aviturismo y protección de microcuencas en comunidades Tolupanes y Garífunas. Fue aprobado por el BID[12] en agosto de 2017 para el fortalecimiento de la capacidad de adaptación al cambio climático de las comunidades de los pueblos Tolupán y Garífuna, mediante la ejecución de proyectos comunitarios sostenibles que mejoren los medios de vida locales.
Mejorando cobertura de bosque productivo bajo sistemas agroforestales en las comunidades miskitas, pech, tawahkas y tolupanes. Fue aprobado por el BID en julio de 2016, con el objetivo de mejorar la cobertura de bosque productivo bajo sistemas agroforestales. Se le daría prioridad a los pueblos indígenas y afro-hondureños más vulnerables al cambio climático.
Restauración ecológica, energía renovable, riego y agricultura protegida en las comunidades Lencas, Tolupán y Nahua. Aprobado por el BID en julio de 2016, con el propósito de fortalecer la capacidad de adaptación de cinco comunidades indígenas Lencas, Tolupanes y Nahuas a través de la ejecución de proyectos comunitarios piloto que mejorarían los medios de vida locales (control de plagas, uso de energía alternativa y prácticas agrícolas sostenibles)[13].
Otros fondos destinados, supuestamente, de forma total o parcial al desarrollo del pueblo Tolupán, incluyen el Programa Nuestras Raíces y el Fondo Hondureño de Inversión Social, por un monto de 20 millones de dólares; el Programa de Apoyo a las Poblaciones Indígenas de Honduras, con un monto de 3,5 millones de dólares; el Programa de Desarrollo Integral de los Pueblos Autóctonos, dotado con 11,5 millones de dólares; el Programa Nacional de Educación para las etnias autóctonas y afroantillanas de Honduras, con 15 millones de dólares, y la donación de 100 mil dólares en 2016 por el gobierno de Taiwán para la tribu tolupán de Luquigüe, en el municipio de Yorito[14].
Es inadmisible que, en medio de esta danza de millones de dólares destinados a los pueblos indígenas de Honduras, el Estado haya persistido en mantener al pueblo Tolupán en una situación de calamidad sin límites. La corrupción, burocracia, ineficiencia y prepotencia se han impuesto sin justificación alguna, ya que el aparato estatal ha contado con el apoyo internacional para atender a los pueblos indígenas.
La Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural del Ministerio Público —otro ejemplo— ha sido apoyada internacionalmente con un monto de tres millones de dólares, pero la justicia y la defensa de los derechos humanos del pueblo Tolupán continúan siendo ignorados. La creación de la Unidad de Pueblos Autóctonos, adscrita a la Secretaría de Gobernación y Justicia, contó con un apoyo económico hasta por un millón de dólares; sin embargo, las demandas de las tribus sobre abusos de corrupción, tiranía, abusos de autoridad, atención a jóvenes y mujeres tolupanes, entre otras, han sido desoídas por las autoridades de esta secretaría de Estado.
¿Estrategia para el Desarrollo Integral de los Pueblos Autóctonos de Honduras?
El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas[15] de 2008, formuló una serie de recomendaciones dirigidas a los gobiernos en el séptimo período de sesiones; y en 2009, la ONU pidió garantizar que las políticas y proyectos relacionados con el cambio climático cumplan las normas fijadas en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas[16]. Siete años después, el 12 de mayo de 2016, el Estado de Honduras se vio comprometido en la elaboración de la Estrategia para el Desarrollo Integral de los Pueblos Autóctonos del país, como una visión de estos pueblos orientada a su desarrollo con identidad propia en un término de diez años[17].
Considerando que “las condiciones en que viven estos pueblos siguen siendo de pobreza”, y con una asignación presupuestaria inicial de 90 millones de lempiras para ser invertidos entre 2016 y 2026, mediante esta política pública, el Gobierno se propuso trabajar en seis ejes estratégicos. Llama la atención que ninguno de estos ejes asume frontalmente la erradicación del hambre, la desnutrición y la miseria generalizadas en los pueblos originarios. Esta política pública prolonga su existencia jurídica hasta el año 2026; no obstante, el pueblo Tolupán, probablemente, continuará sometido al exterminio por hambre y miseria por el Estado de Honduras.
Acabar con el hambre del pueblo Tolupán es deber del Estado
Corresponde al Estado de Honduras el mayor grado de responsabilidad; ya sea por los altísimos niveles de impunidad y corrupción con que ha manejado los aportes financieros de la comunidad internacional destinados a mitigar y acabar con el hambre del pueblo Tolupán, o porque muchas de sus acciones se han encaminado a hacer de este pueblo un pueblo indigente, y porque su silencio e inactividad lo convierten en el autor y cómplice de mayor autoridad involucrado en la situación de hambre y miseria que se ha producido en el pueblo Tolupán.
El reclamo que hoy día brota de este pueblo urge al Estado a respetar de manera permanente su soberanía, entendida como “la facultad de estos pueblos para administrar y controlar, independientemente, sus recursos sobre el fundamento de la posesión ancestral sobre sus territorios y su derecho de autodeterminación”[18]. Esto implica, en primer lugar, desmontar la estructura técnica y jurídica gubernamental antiindigenista; en segundo lugar, que el Estado asuma e implemente todas las politicas públicas posibles que deban ejecutarse en beneficio del pueblo Tolupán y, en tercer lugar, que se proceda al resarcimiento de daños ocasionados al pueblo Tolupán por instituciones como el ICF[19], INA[20], SAG, municipalidades y otras dependencias gubernamentales.
Exigencias mínimas para acabar con el hambre y la miseria del pueblo Tolupán
1. Atención de urgencia sin crear dependencia. El Estado debe proceder, urgentemente, a dotar de alimentos a las tribus tolupanes. El Bufete de Estudios para la Dignidad, con el MADJ y el Consejo Preventivo de Tribu emprendieron una demanda judicial en 2020, en procura de que la municipalidad de Yoro abastezca de alimentos y dote de una clínica a la población de San Francisco de Locomapa. La demanda fue resuelta a favor de la tribu, lo que demuestra que se puede avanzar y, al mismo tiempo, apoyar la exigencia de que estas comunidades vulnerables en extremo, sean dotadas de los mínimos necesarios para emprender una vida saludable y digna.
2. Saneamiento agrario. El Estado de Honduras es el principal responsable de la crisis agraria que enfrenta el pueblo Tolupán en sus 31 tribus. En el caso de la tribu San Francisco de Locomapa, mediante resolución 366-98, el INA extendió el expediente N° 47312, certificando una nueva medición de las tierras[21] y, por ese medio, redujo el territorio ancestral de la tribu. Es urgente que el Estado no continúe ignorando el carácter vinculante de la consulta previa dispuesta por el derecho internacional, ni su obligatoriedad de garantizar el respeto absoluto a los territorios de los pueblos indígenas. Sin tierras en manos indígenas, no habrá sustento para el pueblo Tolupán.
3. Acabar con el saqueo de los bienes naturales del pueblo Tolupán.La “cultura del bosque tropical”, propia del pueblo Tolupán, está en crisis; una de las mayores expresiones de esta situación es la realidad de la tribu San Francisco de Locomapa y de las tribus de la montaña de La Flor. La investigación sociodemográfica evidencia que la contribución y el significado del bosque en la vida de este pueblo se ha resquebrajado, debido a la devastación ambiental que siguen provocando las empresas madereras y mineras, y no queda mucho de los bienes forestales para satisfacer las demandas de las familias indígenas. En San Francisco, el ICF llegó incluso a privatizar la madera de los árboles derribados por los huracanes Eta y Iota. Esto impide que las familias indígenas dispongan de madera para reconstruir sus viviendas, en un momento en que el 44% están deterioradas y el 24% parcialmente destruidas.
El agua es otro bien natural en crisis. El agua a la que tienen acceso las familias y comunidades de San Francisco de Locomapa no es potable; peor aún, la hidrología superficial e hidrogeología se encuentran en crisis. El estudio sociodemográfico evidencia el déficit hídrico en 23 de las 27 comunidades de la tribu San Francisco de Locomapa; y otro estudio, realizado por FUNDAMBIENTE (2019), concluyó que “treinta y seis nacientes y cursos superficiales de agua que nacen y cruzan la tribu San Francisco de Locomapa se encuentran actualmente en situación de stress hídrico debido a la continua deforestación”[22]. Esta situación se agrava en la medida que los bosques tribales están siendo destruidos por la empresa INMARE, justo ahora que el cambio climático hace su entrada en estos territorios.
Es condenable que quienes se encargan de aplicar la Ley Forestal invisibilicen la depredación ambiental en los territorios indígenas, que arrasa con los medios de vida que sustentan la existencia del pueblo Tolupán. Esta ley de espíritu neoliberal extractivista debe ser revisada de manera que, entre otras rectificaciones, otorgue a los pueblos indígenas la plena autonomía sobre sus territorios. El pueblo Tolupán es capaz de hacerse cargo de sus medios de vida y de hacer uso de ellos de una manera ecológicamente viable, socialmente justa y humanamente digna.
4. Promoción de la etnoagricultura Tolupán.Variedades de cultivos agrícolas locales como el maíz “Tusa morada” o el “Olotillo”, están en ruta de extinción; y lo mismo sucede con las variedades locales de frijoles, legumbres, verduras y otras especies alimenticias silvestres, prácticamente arrasadas. Es necesario que la SAG desista de promover entre el pueblo Tolupán los cultivos con semillas transgénicas; no solo porque estas tienen precios onerosos para las familias agricultoras indígenas, sino también porque este tipo de semillas altera la composición genética de las variedades locales, destruyendo silenciosamente la etnoagricultura, obligando a agricultoras y agricultores a adquirir semillas transgénicas o dejar de cultivar sus labranzas.
Urge que el Estado se comprometa a respetar, promover y fortalecer los cultivos propios del pueblo Tolupán, mediante programas de investigación agrícola local. Y si bien es cierto que es importante introducir paquetes tecnológicos que dinamicen aún más la producción agrícola tribal, estos apoyos deben ser previamente validados ecológica y antropológicamente, de manera tal que se complementen con las prácticas locales para no atentar contra la soberanía y seguridad alimentaria tolupana.
5. Fomentar iniciativas económico sociales en el pueblo Tolupán. Con familias tratando de sobrevivir con alrededor de treinta lempiras al dia, sin una formación cualificada, sin contar con empleos en la zona, con sus tierras arrebatadas por terratenientes y empresarios, es imposible romper el ciclo de hambre y miseria a que se ven sometidas todas las tribus.
Urgen iniciativas del Estado que, en primer lugar, refuercen las actividades del manejo postcosecha de los productos agrícolas, como la gestión de graneros y otras formas de almacenamiento, conservación y procesamiento de productos agrícolas. En segundo lugar, estructurar y garantizar una infraestructura de mercadeo solidario y complementario. Y, en tercer lugar, garantizar justicia social y económica para toda la población tolupán, haciendo especial consideración de los sectores más vulnerables, como las mujeres y los jóvenes, que permanecen marginados del acceso a la tierra y demás bienes para ponerlos a producir.
El actual modo de proceder del Estado de Honduras califica, en palabras del antropólogo jesuita Ricardo Falla, como un modo letal de genocidio por hambre y miseria del pueblo Tolupán[23]. Es decir, un genocidio entendido como la destrucción de un pueblo originario reconocido en el contexto nacional; intentando con ello, en palabras de Feierstein, “rescatar el carácter peculiar de la categoría de genocidio —en tanto intención de aniquilamiento masivo de un grupo de población”[24]. O, siguiendo la perspectiva de Falla, superando aquello de que a los pueblos periféricos se les intenta obligar a encorsetar sus realidades genocidas en el concepto occidental de genocidio, so pena de no ser aceptados como tales.
El Estado de Honduras, en connivencia con la clase empresarial extractivista, le ha fallado al pueblo Tolupán. Es hora de “intervenir y proteger poblaciones reprimidas violentamente por sus gobiernos, de los asesinatos masivos de sus ciudadanos, de las violaciones sistemáticas de sus derechos humanos y la inanición y hambruna a las que son sometidos”[25].
Es tiempo de escuchar y atender al pueblo Tolupán, que demanda el derecho a la vida con justicia y dignidad.
[1] Informe de la Relatora Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas en su visita a Honduras en 2016.
[2] Hábitat para la Humanidad en Honduras (2017). Evaluación de impacto en la salud, EIS. Proyecto de vivienda saludable con la etnia Tolupán. San Pedro Sula.
[3] MADJ y Bufete Estudios para la Dignidad (23 de septiembre de 2021). Investigación sociodemográfica de la tribu San Francisco de Locomapa en el departamento de Yoro.
[4] Se recopiló información en los hogares de 26 comunidades, menos una comunidad (Mezcales), que se opuso a ser entrevistada. Mediante métodos estadísticos se prorrateó la información.
[5] FIDA (diciembre de 2017). Nota técnica de país sobre cuestiones de los pueblos indígenas. República de Honduras, p. 9.
[6] Nombre genérico con el que se refieren a oleadas migratorias internas de familias campesinas marginalizadas, procedentes del occidente de Honduras.
[7] Oleadas migratorias procedentes sobre todo de Mangulile y Guayape (comunidades de Olancho), reportadas por Gertrudis Bustillo, presidente de la Asociación de Tribus de la montaña de La Flor.
[8] FIDA: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (agencia de las Naciones Unidas).
[9] BCIE: Banco Centroamericano de Integración Económica.
[10] Secretaría de Agricultura y Ganadería.
[11] FIDA (diciembre de 2017). Nota técnica de país sobre cuestiones de los pueblos indígenas. República de Honduras, p. 20.
[12] Banco Interamericano de Desarrollo.
[13] Todos los proyectos apoyados por el BID aparecen en el documento que puede revisarse en la página http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/E_C_19_2009_4_Add1_es.pdf
[14] Agencia EFE (17 de junio de 2016). Taiwán dona 100.000 dólares para la etnia hondureña tolupán.
[15] Documentos oficiales del Consejo Económico y Social, 2008. Suplemento No. 23 (E/2008/43).
[16] Foro Permanente para las cuestiones indígenas del Consejo Económico y Social de la ONU (25 de marzo de 2009). Estudio para determinar si las políticas y proyectos relacionados con el cambio climático cumplen las normas fijadas en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. E/C.19/2009/5.
[17] Decreto Ejecutivo PCM-027-2016. Política pública contra el racismo y la discriminación racial para el desarrollo integral de los pueblos indígenas y afrohondureños (P-PIAH). Publicado en el Diario Oficial La Gaceta, N° 34,031 del 12 de mayo de 2016.
[18] León Moreta, María Augusta (2019). “El principio de soberanía permanente de los pueblos indígenas sobre los recursos en sus territorios”. En: Revista Latinoamericana de Derechos Humanos. Vol. 30 (2), p. 56. La autora hace eco de las palabras del Secretario General de las Naciones Unidas quien, en 1955, señaló que un elemento básico y elemental del derecho de autodeterminación es que una nación o un pueblo sean dueños de sus propias riquezas y recursos.
[19] ICF: Instituto de Conservación Forestal.
[20] INA: Instituto Nacional Agrario.
[21] INA (7 de diciembre de 1998). Registro N° 18681, Lista 07-Z, Rollo N° 31. La nueva escritura tribal fue archivada en el Registro de la Propiedad de Yoro, según Asiento N° 426, Folio 395, Tomo X del Diario Inmobiliario, el 1 de marzo de 1999. También fue anotada en el Registro de la Propiedad Mercantil de Yoro con el N° 53, Tomo 34, el 3 de marzo de 1999.
[22] Mejía Guerra, Juan Antonio (2019). Impacto de la deforestación de la tribu Tolupán San Francisco de Locomapa. FUNDAMBIENTE – MADJ, p. 5.
[23] Falla, Ricardo (2017). “Hambre y desnutrición: otra forma de genocidio”. Conferencia pronunciada en la Universidad Iberoamericana. México, 9 de noviembre de 2017. https://ibero.mx/prensa/hambre-y-desnutricion-otra-forma-de-genocidio-ricardo-falla-s-j
[24] Feierstein, Daniel (2016). «El concepto de genocidio y la “destrucción parcial de los grupos nacionales”. Algunas reflexiones sobre las consecuencias del derecho penal en la política internacional y en los procesos de memoria». Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales. Universidad Nacional Autónoma de México. Nueva Época, Año LXI, núm. 228, p. 262.
[25]Walker Janzen, Walter (2014). “Consideraciones ontológicas y antropológicas sobre la responsabilidad de proteger”. Revista Política y Estrategia, Nº 124. Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos. Chile, p. 37.
* Ingeniero, filósofo, coordinador de investigación del Departamento de Filosofía de la UNAH-VS e investigador del Bufete Estudios para la Dignidad y el Movimiento Amplio.