Efraín Aníbal Díaz Arrivillaga*
El nuevo gobierno no tiene una varita mágica para resolver tanta demanda postergada. Por eso, el adagio de que “el que mucho abarca, poco aprieta”, es una sabia advertencia. Los cuatro puntos planteados por doña Xiomara Castro en su primer discurso como mandataria: educación, salud, seguridad y empleo, constituyen la agenda en que debe concentrarse el gobierno. El panorama luce esperanzador y los hechos hablarán por sí mismos.
Los resultados de las elecciones del 28 de noviembre de 2021 en el nivel presidencial, sin duda, devolvieron la esperanza, la alegría y las expectativas de un cambio transformador en la nación. Y representaron un rechazo contundente al oprobioso pasado y el anhelo de todo un pueblo por construir un nuevo camino para el país. La respuesta masiva del pueblo en las urnas, con una participación electoral cercana al 80% —la más alta desde 1980-81—, frenó la posibilidad de fraude y permitió que la voluntad popular se hiciera realidad.
En contraste, el desenlace de la votación para integrar la Junta Directiva del Congreso Nacional generó sorpresa, preocupación e incertidumbre. Si bien su composición reflejaba la pluralidad y diversidad política de la nación, como lo ha sido desde las elecciones de 2013, el balance de las fuerzas políticas indicaba un camino difícil para la gobernanza. En un país todavía dividido y enfrentado, al lograr el Partido Nacional (PN) y Liberal (PL) la mayoría simple con 66 diputados, con una precisión de relojero, como si hubiera sido planeada, se les otorgó a los representantes del bipartidismo histórico un poder de decisión determinante en el Poder Legislativo.
Por otro lado, el gobierno saliente no solo dejaba la casa en una situación de crisis sino que, maliciosamente, tomó decisiones de último momento para dejar con las manos atadas al gobierno entrante. Un presupuesto sobregirado y un gigantesco endeudamiento, aumentos salariales exorbitantes para los funcionarios de cuello blanco, un aparato gubernamental inflado con personal supernumerario y clientelar; en fin, un gobierno unipersonal diseñado como una maquinaria para el clientelismo político y un instrumento para perpetuarse en el poder.
Tambores de guerra
Los tambores de guerra comenzaron a resonar al momento de la elección de la Junta Directiva del Congreso Nacional, a escasas dos semanas de la toma de posesión de la primera mujer electa como Presidenta de Honduras, doña Xiomara Castro Sarmiento. El panorama se complicó a raíz de la designación de Luis Redondo Guifarro como candidato oficial a la presidencia del Legislativo, en cumplimiento del acuerdo coyuntural electoral que posibilitó una alianza del partido Libre con el Partido Salvador de Honduras (PSH) liderado por Salvador Nasralla, y el PINU-SD, y que resultó significativa para el triunfo electoral del pasado noviembre.
Este hecho propició un descontento, real o no, inicialmente en 22 diputados de Libre, que determinaron, de manera sorprendente e inusitada, concretar un arreglo con el PN y el PL para promover a Jorge Cálix Espinal como candidato a la presidencia de ese poder del Estado. Así se constituyó un frente común que contaba con suficientes votos para hacer inviable la candidatura de Redondo. Esta combinación letal desató una crisis al interior de Libre y representó la primera amenaza seria para el nuevo gobierno. Las razones verdaderas de esa “disidencia” permanecen en el limbo, una incógnita que solo el tiempo y los hechos podrán despejar.
Mantener el pacto de impunidad
La crisis política impulsada, no me cabe duda, desde afuera, y que todavía no ha sido superada por completo, en mi opinión, tenía o tiene como objetivos: 1) dividir al partido Libre y debilitar la alianza electoral que triunfó en los comicios; 2) controlar el Poder Legislativo y, eventualmente, el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas, para preservar el “pacto de impunidad” que se construyó a lo largo de una década; 3) dificultar al Poder Ejecutivo su tarea de gobernar e implementar su propuesta de gobierno, incluyendo una agenda legislativa orientada a desmantelar, entre otras cosas, la corrupción y la impunidad; 4) desprestigiar al nuevo gobierno, a tal grado, que no pudiera continuar gobernando después de los cuatro años de su periodo actual y, 5) revivir los demonios que propiciaron el golpe de Estado de 2009, pues los mismos actores del pasado se han confabulado para obstaculizar la gobernanza liderada por doña Xiomara Castro.
Los artificios de una crisis
El puntillazo se produjo el día de la elección de la Junta Directiva Provisional del Congreso Nacional, en una festinada sesión dirigida por el Secretario de Gobernación quien, violentando el procedimiento parlamentario, solo permitió que se votara la planilla propuesta por la “oposición”, que devino en una reacción violenta al interior de la Cámara Legislativa y la virtual instalación de dos congresos. El poder bicéfalo en el Congreso Nacional generó caos e incertidumbre, ambos introduciendo proyectos de ley y diversas mociones, algunas de poca trascendencia, otras sin un análisis serio sobre sus implicaciones, que abrieron frentes de oposición innecesarios para el nuevo gobierno.
La mazorca comenzó a desgranarse al interior de la “disidencia” de Libre, con la salida de Cálix Espinal, después de las conversaciones con el Coordinador General de esa agrupación política, el expresidente José Manuel Zelaya Rosales y la Presidenta Castro Sarmiento, quien se mantuvo firme en cumplir el compromiso contraído, aun a costa de los riesgos políticos que ello implicaba.
Posteriormente, las bancadas del PN y PL se incorporaron al Congreso Nacional presidido por Luis Redondo, volviendo a una aparente normalidad en el funcionamiento del Legislativo, pero sin resolver el fondo de la crisis que, a mi entender, continúa latente y se debate entre la legitimidad y la legalidad.
El apoyo nacional e internacional sigue vivo
No obstante la crisis en el Legislativo, el Gobierno de doña Xiomara sigue gozando de la legitimidad que el soberano le confió en las urnas y de un ambiente internacional muy favorable, especialmente por la apertura de colaboración y apoyo que le ha demostrado la Administración del Presidente de los Estados Unidos Joe Biden, así como el resto de la comunidad internacional. La solicitud a las Naciones Unidas, para establecer en Honduras una comisión de lucha contra la impunidad y la corrupción, similar a la CICIG en Guatemala y su buena acogida, es una muestra de la confianza internacional en su gestión.
No obstante los intereses geopolíticos de los EEUU en la región y sus incómodas relaciones con varios países centroamericanos, surge la gran oportunidad histórica para nuestro país de emprender una relación bilateral constructiva, estratégica y de respeto mutuo, no de subordinación, como nunca antes en el pasado.
Agenda estratégica con Estados Unidos
Los temas clave para Honduras en su agenda bilateral con EEUU son, entre otros, el desarrollo sostenible, la inversión, la seguridad, la migración, la lucha contra la corrupción, la impunidad y el narcotráfico. Una actitud inteligente, prudente y mesurada del gobierno hondureño podría resultar en una fructífera colaboración, además de alejar todo temor en Estados Unidos de que está tratando con el espectro del comunismo, siempre presente en los estamentos del poder económico, alimentado por los sectores más retardatarios que han impedido la necesaria transformación del país.
Para muestra un botón. La solicitud de extradición del exmandatario Juan Orlando Hernández Alvarado por el Gobierno de los EUA, si bien es una afrenta para el país y una bofetada al sistema judicial hondureño, puede valorarse también como una acción de respaldo que ha puesto al descubierto un secreto a voces —negado por el hoy extraditable—, de sus vínculos personales, familiares y del círculo palaciego con la narcoactividad y el lavado de activos; estos nexos se extendían a organismos de seguridad del Estado, militares, y el sistema político y empresarial del país. El Poder Judicial que nunca actuó, objeto hasta ahora de un reparto político, está hoy ante la disyuntiva de responder al interés nacional o darle la espalda al pueblo, poniendo a Honduras al borde del abismo y de un continuado desprestigio.
Legalistas por conveniencia
Las voces que hoy claman por el debido proceso y el respeto a la ley, son las mismas que han guardado un silencio cómplice ante las violaciones a los derechos humanos de quienes luchan por una justicia ambiental y política; contra la inconstitucional reelección del ahora extraditable, la imposición, la autocracia, el despotismo y la construcción de un sistema de saqueo sistemático de los fondos públicos y de nuestros recursos naturales a favor del reducido grupo que se enriqueció a costa de un pueblo sumido en el dolor, el sufrimiento, la angustia, la violencia y la desigualdad durante tantos años.
Un diálogo abierto a la crítica
Las amenazas no siempre suelen venir desde afuera; también conviven, de manera muy cercana, con los círculos íntimos del poder. Un gobierno todavía bisoño como el actual, tiene que abrirse a la autocrítica, al diálogo y a una comunicación fluida con la nación; acercarse cada vez más al pueblo y evitar la tentación del triunfalismo de algunos de sus dirigentes, especialmente en el Congreso Nacional, que a ratos muestran un sectarismo infecundo y excluyente, fuente de incertidumbres y temores, verdaderos o falsos. Sin duda, el complemento ideal es una dirección clara y bien definida de una estrategia gubernamental con visión de proceso.
Las grandes tareas y prioridades
Las necesidades y expectativas son grandes, lo cual plantea complejos desafíos, no necesariamente de fácil solución. Desmontar un aparato burocrático fagocitario de las arcas del Estado, que ha perdurado por décadas, no se podrá llevar a cabo en un día, sobre todo cuando no se cuenta con una sólida mayoría en el Congreso Nacional y la oposición apuesta al fracaso del nuevo gobierno.
En un contexto de esta naturaleza, la gobernanza se debilita y requiere de una voluntad negociadora, del respaldo y movilización de la sociedad civil y los movimientos sociales. En tales circunstancias, la democracia participativa directa —sin ser instrumentalizada por el poder—, constituye una respuesta genuina.
Esta difícil pero motivadora realidad, plantea la imperiosa necesidad de establecer las prioridades más urgentes, en el marco de un plan de desarrollo estratégico para los cuatro años de gobierno, signado por la gradualidad en el tiempo y la obtención de resultados concretos.
El adagio popular de que “el que mucho abarca, poco aprieta”, es un sabio consejo. Los cuatro puntos de anclaje planteados en el discurso inaugural de la Administración Castro Sarmiento: educación, salud, seguridad y empleo (la economía), es donde debe concentrarse la acción coordinada y armónica del gobierno. Los resultados y los hechos hablarán por sí mismos.
Arreglar la casa y cumplir promesas
Frente a las crecientes demandas que surgen cada día, pensando que el nuevo gobierno tiene una varita mágica para resolverlo todo, si no se logran soluciones concretas, aunque sean promesas legítimas de la campaña electoral, se corre el riesgo de un rápido desgaste que solo beneficiaría a quienes apuestan por el fracaso del nuevo gobierno.
Es acertado asumir que hay que ordenar la casa y que debemos dar a las nuevas autoridades la oportunidad de conocer la situación del país para ajustar sus estrategias a esa realidad, pero no sería acertado dejar que el tiempo pase y los problemas heredados y nuevos no se resuelvan, contribuyendo así a fomentar el desencanto social y atizar una conflictividad social siempre creciente.
El panorama luce prometedor y desafiante. La esperanza no se ha perdido en medio de la tempestad desatada por los sectores más oscuros de la sociedad, que buscan apagar la luz que nace, todavía tenue y frágil. El momento actual requiere que el liderazgo renovado y ético de la presidenta Xiomara Castro se reafirme y fortalezca y, ante todo, que sea visible, sentido y presente. Como dijo Julio César, político y militar romano (100 a.C – 44 a.C) al cruzar el Rubicón, “la suerte está echada”. La lucha continúa, la Patria lo demanda y el pueblo está a la espera de una Honduras mejor, democrática, libre, segura, próspera, justa y profundamente humana.
* Economista con especialidad en economía agrícola, planificación y desarrollo. Fue diputado por el Partido Demócrata Cristiano de Honduras y candidato a la Presidencia de la República por el mismo partido. Se desempeñó, además, como embajador de Honduras en Alemania y la ONU en Ginebra, Suiza.