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Por: Dunia Pérez Rodríguez[1]

En la actual coyuntura hondureña, buena parte de la población está acaramelada soñando y hablando de las elecciones generales de noviembre, por un lado, ubicamos a las personas alborotadas y convencidas en conquistar el poder por la vía electoral; y por el otro, están las víctimas de graves violaciones de derechos humanos en el contexto de la crisis postelectoral de 2017.

Dentro de ese mar de violaciones a derechos humanos en el referido contexto están los denominados presos políticos, uno de ellos es el obrero de la construcción y originario de El Progreso, Yoro, Jhony Andrés Salgado Fuentes, víctima de una detención arbitraria, encarcelamiento ilegal por más de 4 meses, y sometido a un proceso judicial por casi 4 años.

Para conocer con hechos de cómo funciona la justicia en Honduras, el suplicio al que ha sido sometido Jhony es un claro ejemplo. Este caso y muchísimos más que conocemos a diario, me hace recordar la frase de nuestro mártir y Obispo Oscar Arnulfo Romero Galdámez, San Romero de América: “la justicia es igual a las serpientes. Solo muerde a los que están descalzos”, hoy, más vigente que nunca.

Pero, en Honduras no solo se muerde a los pies descalzos, sino que se protege a los narcotraficantes, delincuentes de cuello blanco y saqueadores del erario público, excelentísimo, honorable diputado, empleados públicos les llaman muchos.

Y es que para nadie es desconocido que uno de los saqueos más reprochables en Honduras es el caso Pandora, desviaron más de 282 millones de Lempiras, buena parte de dicho dinero fue destinado para financiar la campaña del ahora usurpador del poder Juan Orlando Hernández, su hermanita muerta fue artífice de ese descomunal saqueo. Lo peor de este hecho es que a criterio del colega Omar Menjívar Rosales este es un caso que quedará impune, porque de las 38 personas que fueron acusadas inicialmente apenas 4 han subido a juicio, el resto, 34 de ellos, en su mayoría diputados liberales y nacionalistas tienen garantizada la impunidad.

En Honduras existe una justicia selectiva

Lo anterior lo constató la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe especial Situación de los derechos humanos en Honduras 2019, expresa que en Honduras existe una justicia selectiva que, por un lado, actúa de manera tardía sin ofrecer respuesta efectiva en relación con violaciones a derechos humanos, pero que, por otra parte, actúa favoreciendo en algunos casos los intereses de diversos actores vinculados al poder público, político y empresarial”.

Esta justicia selectiva se manifiesta con las víctimas de la crisis postelectoral de 2017, según registro del Comité de Familiares, Detenidos, Desaparecidos de Honduras (COFADEH), 178 personas fueron criminalizadas en el marco de las protestas de la crisis postelectoral, de estos, 22 estuvieron en prisión entre 4 y 14 meses bajo la medida de prisión preventiva, en ese sentido la justicia actuó de manera efectiva para criminalizar la protesta social. 

Por otro lado, actúa de manera tardía, cuando de violaciones a derechos humanos se trata, según datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras, para septiembre de 2019, el Ministerio Público había presentado veinte Requerimientos Fiscales vinculados a violaciones en el contexto de la crisis postelectoral de 2017, y  según la documentación y análisis de este organismo internacional cinco de esos veinte casos no estaban relacionados al contexto señalado. Sin embargo, para diciembre de 2019, el Poder Judicial había desestimado siete de los quince casos por falta de prueba, la prueba presentada fue insuficiente.

Lo anterior confirma lo dicho por la CIDH en relación a la justicia selectiva, recientemente en un comunicado conjunto con la OCNUDH, expresan que “(…) han observado que en Honduras hay una aplicación desigual de la justicia, lo que afecta la debida diligencia en las denuncias interpuestas por las violaciones a derechos humanos”, motivo por el cual muchas denuncias interpuestas en el marco de la crisis post electoral han quedado en la toma de declaración de ofendido.

Jhony, víctima de una detención arbitraria y de la justicia selectiva

Jhony fue sacado arbitrariamente de su casa de habitación el 21 de diciembre de 2017, por agentes de la Policía Nacional Preventiva. Ese día, las fuerzas de seguridad realizaron un desalojo violento de la protesta ciudadana en contra del fraude electoral en el puente de Quebrada Seca, a varios metros de su vivienda, él no participaba en las protestas.

Al momento de su detención no le explicaron la razón de la misma, tampoco le leyeron sus derechos como lo establece la ley, mucho menos le decomisaron ningún objeto.  Luego fue trasladado a la Unidad Metropolitana de Prevención, número 11 de El Progreso.

La noche de su detención, durmió en una celda de la posta policial en condiciones insalubres e inhumanas, doy fe de lo anterior porque logré que se me permitieran ingresar a la celda y constatar su estado y situación. Luego lo pasaron a la sala de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), donde acomodaron un escudo de uso policial con la leyenda “Fuera JOH” y una escopeta, le ordenaron firmar dos hojas, la respuesta de Jhony no se hizo esperar, él no sabe leer ni escribir, apenas y puede escribir su nombre, fue víctima de amenaza, sino firmaba le quitarían la vida y lo tirarían en las cañeras, este tipo de amenazas fue una constante con los detenidos en la crisis de 2017.

No bastó solo con amenazarlo, fue expuesto ante los medios de comunicación, le tomaron fotografías portando los objetos que supuestamente le habían decomisado en franca violación a sus derechos convencionales y constitucionales, el artículo 76 y 89 constitucional garantiza el derecho al honor e imagen y la presunción de inocencia. 

Además, el artículo 282 numeral 5 del Código Procesal Penal estable las reglas bajo las cuales debe actuar la Policía Nacional al momento de aprehender, detener o capturar a una persona. Pero todo apunta que estos funcionaros no conocen ni la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras específicamente el artículo 64 numeral 12 que les ordena “abstenerse de presentar a los detenidos ante los medios de comunicación…”.

El siguiente día, 22 de diciembre, Jhony fue presentado ante el Juzgado de la misma jurisdicción, el Ministerio Público lo acusó por suponerlo responsable de los delitos de portación ilegal de arma de fuego comercial en perjuicio de la Seguridad interior del Estado y uso indebido de indumentaria policial en perjuicio de la Policía Nacional de Honduras, la juez resolvió una la detención judicial, ordenando el traslado de Jhony al Centro Penal de El Progreso, sin imaginar que esa decisión lo mantendría encarcelado por más de 4 meses.

Las hojas que obligaron a firmar a Jhony, el acta de decomiso del escudo y escopeta, así como el acta de lectura de derechos, sirvieron al ente acusador para incriminarlo. El acta de decomiso será ratificada por el agente de investigación Luis Audilio Alemán Orellana en el juicio, esto en perjuicio de los derechos a las garantías judiciales y debido proceso.

Las autoridades aseguran que Jhony participó en las protestas y que lo detuvieron en la vía pública cuando se dio persecución a las personas manifestantes. Según testimonio del agente Alemán Orellana de la DPI, en el momento en que lo detuvieron, Jhony tenía en su mano derecha una escopeta y su mano izquierda un escudo de uso exclusivo de la Policía Nacional, situación que no es cierta, a Jhony lo sacaron de su casa hasta en “chancletas” de baño.

Cierto es que ese mismo día en el marco de las protestas sociales, la Policía decomisó equipo de uso exclusivo de dicha institución, pero la misma fue decomisada a un grupo de jóvenes en Quebrada Seca, esta aseveración puede corroborarse mediante fotografías publicadas en la página de Facebook de Teleprogreso. En otro vídeo se observa una patrulla en frente de la casa de Jhony y como dos agentes dejan bombas lacrimógenas en casa de su vecina, provocando serios problemas de salud a sus ocupantes, por ejemplo, Elena la compañera de hogar de Jhony recibió a atención médica.

El extremo anterior, fue corroborado por la Fiscalía Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público, sí, esa misma institución que acusó a Jhony y que a 3 años y 8 meses Jhony está sometido a un proceso judicial injusto. Además, está misma Fiscalía, mediante inspección al libro de novedades de la Policía constató que la única pertenencia que se le decomisó fue un teléfono celular. A pesar de una acusación robusta por parte de la Fiscalía de Derechos Humanos en contra de los violadores de las garantías y derechos de Jhony, la Juez Jeannette Handal Romero dictó sobreseimiento definitivo gozando de los privilegios de la justicia selectiva.

Sobre la detención y acusación contra Jhony, Amnistía Internacional señaló que “la información a la que tuvo acceso […] da muestra de las serias inconsistencias e irregularidades en la prueba que hasta ahora sostiene la acusación en su contra, lo que despierta serias dudas de que estos cargos hayan sido fabricados con otro fin, como el de intimidar a todos aquellos que han salido a las calles a expresar su descontento. Debido a estas graves violaciones al debido proceso, Amnistía Internacional considera que la detención de Jhony fue arbitraria”[2].

Por fin, después de 3 años y 8 meses, Jhony se enfrenta a un juicio oral y público, ahora, la libertad definitiva de Jhony está en manos de la jueza Marianela Zúniga Sánchez, José Exequiel Navarro y José Concepción Guzmán, ella y ellos pueden ser la excepción: ser jueces independientes y absolver a Jhony; porque toda la prueba, hasta ahora presentada por el Ministerio Público, en su mayoría es falsa.

En conclusión, tan fraudulentas fueron los resultados de las elecciones de 2017, como ilegal, arbitraria e injusto es el proceso que se ventila en contra Jhony Salgado, pero, “lo malo se va a acabar y lo bueno ya va a empezar, justicia, te busqué en la calle, en el diario, la televisión, en las voces sordas de los tribunales”. Jhony es inocente, libertad definitiva para los presos políticos en Honduras.


[1] Abogada del ERIC-sj y Radio Progreso.

[2] Amnistía Internacional, Prohibido Protestar, Uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias como estrategias para reprimir la disidencia en Honduras, junio de 2018.

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