Justicia y reparación

Hace 12 años, el golpe de Estado deterioró a niveles alarmantes la situación de los derechos humanos en el país, cuya violación generalizada y sistemática se enmarcó dentro de una política de Estado ejecutada de forma violenta por las Fuerzas Armadas.

Además, los golpistas hicieron que las instituciones claves del sector justicia como el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos defendieran el golpe y avalaran los abusos a los derechos humanos.

El paso de los años ha confirmado que uno de los mayores logros de los golpistas y sus herederos es haber concentrado el poder de forma absoluta, eliminado los pesos y contrapesos, controlado todas las instituciones y garantizado la impunidad de sus crímenes.

Por ello es que, hasta la fecha, a pesar de que durante el golpe de Estado cometieron crímenes de lesa humanidad, es decir, las violaciones más graves a la dignidad humana, ninguno de los responsables ha sido investigado y sancionado, ni siquiera las caras más visibles como Romeo Vásquez y Roberto Micheletti.

Esta situación de permanente impunidad debe hacernos reflexionar sobre la urgente necesidad de comenzar a accionar de cara a la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía General de la República que se realizará el próximo año.

No podemos esperar a que se acerque la fecha de dicha elección para reaccionar. Se trata de continuar con una institucionalidad cooptada para garantizar esta impunidad estructural o de dar un pequeño paso hacia la justicia y la reparación.