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Marvin Barahona*

Ante la catástrofe que resultó de la combinación de los efectos de la covid-19 y los huracanes, cabe preguntar: ¿Qué han hecho los partidos políticos y los tomadores de decisiones en los 22 años transcurridos desde el huracán Mitch?

El saldo de sus actuaciones es el crecimiento desmesurado de la desigualdad y la corrupción, hasta convertirse en fenómenos intocables que ejercen su propia dictadura. Por tanto, la gran tarea pendiente es revertir el crecimiento de los factores que han conducido a la crisis multidimensional de hoy.


Era cuestión de tiempo que el “crecimiento económico” y el “subdesarrollo social” se vieran cara a cara, como padre e hijo, en uno de sus escenarios predilectos: el valle de Sula en la Costa Norte de Honduras. Llegaron de la mano, con los huracanes de un día y las tormentas de semanas, Eta y Iota, con reconocidas credenciales de catástrofe anticipada. Y ocurrió a inicios de noviembre, entre los presagios de muerte por la pandemia de la covid-19, una “semana morazánica” frustrada y varias inundaciones sucesivas. Un diluvio hizo desbordar ríos y quebradas, mientras poderosas corrientes de agua bajaban de las montañas y arrastraban lo que encontraban a su paso.

Salta a la vista la imagen de un abismo enorme, que no se podrá llenar ni con todo el fango que enlutó la tierra en extensas áreas del noroccidente del país: la desigualdad palpable entre el crecimiento económico y la precariedad social en una de las áreas más densamente pobladas de la Costa Norte y los valles y montañas del costado occidental.

Sobre todo en el valle de Sula, destaca la concentración de la riqueza en su economía de exportación, inserta en los circuitos de la globalización; y de la pobreza, en la base más ancha de la sociedad. Este símil de la desigualdad está presente también en el lugar de los acontecimientos, la “zona cero”, donde los avances del crecimiento económico ocupan el lugar central del valle, la ciudad de San Pedro Sula; y los enormes bolsones de subdesarrollo y marginalidad social, ubicados en su periferia y más allá, extendiéndose hasta los lugares donde la mayoría estuvo —literalmente— con el agua al cuello.

Este artículo trata sobre las formas particulares que la catástrofe provocada por los huracanes reveló ese contexto precedente de desigualdades y ubicaciones sociales, todas inscritas en una historia de larga data, hoy dramatizada en un nuevo contexto de precariedades y vulnerabilidades que, además, dejan al descubierto la precaria relación entre el Estado y la ciudadanía, y sus respectivos escenarios de conflicto.

Mucha tela que cortar

La revelación más evidente es el crecimiento desigual del tejido económico y el tejido social. El subdesarrollo y la marginalidad social están representados por un conjunto de carencias socioeconómicas en un contexto de hacinamiento y desorden en la ocupación territorial, la escasez de oportunidades y la insuficiente oferta de empleo y crecimiento con equidad.

El crecimiento urbano perdió el rumbo marcado desde la década de 1950, sobrepasado por un crecimiento demográfico sustentado por la abundante migración interna, a cuenta del subdesarrollo de los departamentos de la porción occidental, con una población que ha visto en el valle de Sula un destino deseable para —supuestamente— sobrevivir en mejores condiciones.

Y así ha sido desde que el territorio que hoy ocupa el departamento de Cortés fue segregado del vecino departamento de Santa Bárbara, del que dependió administrativamente hasta 1893. En ese momento comenzó a formalizarse la existencia geográfica, política y económica de la Costa Norte, cuyos rasgos se acentuaron con la llegada de las primeras compañías bananeras de Estados Unidos y el establecimiento del “enclave bananero” con las primeras concesiones a la Tela Railroad Company, en 1912.

La diferencia fue el enclave, que no se expandió hacia la vecina Santa Bárbara. Ahora, más de un siglo después, el valle de Sula, entre otros valles ubicados en la costa caribeña de Honduras, representa el prototipo del crecimiento económico; en tanto que los valles más cercanos al interior de la región occidental, son el arquetipo de una evolución pausada y, en cierta medida, determinada por las características de la evolución socioeconómica del siglo XIX hondureño.

No obstante, el crecimiento económico del valle de Sula no ha significado un desarrollo social del mismo calado en su territorio. Este es el gran reto de la Costa Norte en el siglo XXI. Y siendo esta la región que ha ejercido un liderato indiscutido en la evolución económica del país, ahora determina también el carácter diferenciado del desarrollo nacional y el contenido de los desafíos que Honduras habrá de enfrentar en el siglo actual, cuando haya cruzado la frontera del Bicentenario de su independencia nacional.

Primer escenario: la antesala de las vulnerabilidades

El caso de los asentamientos agrupados en el denominado “sector Río Blanco”, ubicado en las riveras del mismo río, a medio camino entre San Pedro Sula y Puerto Cortés, es el espejo en que se refleja la imagen diferenciada y lastimosa del crecimiento económico y el subdesarrollo social. El establecimiento de numerosos como improvisados asentamientos a orillas de los ríos que atraviesan los centros urbanos de la Costa Norte, rumbo a su desembocadura en el Mar Caribe, no es una excepción sino una pauta recurrente en la forma en que lentamente se ha configurado el subdesarrollo social, como cinturones de miseria que crecen y se expanden en torno de la industria y el comercio urbanos.

No es solo una pauta negativa del crecimiento urbano desordenado, sino principalmente una consecuencia grave de las insuficiencias de un modelo de crecimiento que simultáneamente crea polos de riqueza y miseria, cuya visible expansión en el valle de Sula es hoy uno de los rasgos fundamentales de un crecimiento económico sin equidad social. La riqueza instituye también la pobreza, que a su vez limita el horizonte probable del crecimiento, porque si este excluye, la pobreza incapacita. Sin embargo, riqueza y pobreza coexisten en el mismo espacio geográfico y la misma sociedad, donde se relacionan, se enfrentan, y también negocian en conflictos de orden político y social.

Así ocurrió tras el fraude electoral en las elecciones de noviembre de 2017[1] y en presencia del huracán Eta, a inicios de noviembre de 2020. La imagen más reciente ha sido una galera o caseta que, en las orillas del río Blanco, se anunciaba como “Car Wash”. Una orden de desalojo, atribuida por los pobladores a la municipalidad de San Pedro Sula–después se supo que la habían expedido mucho tiempo atrás—, se ejecutaba en el momento que el desempleo y la falta de recursos económicos apretaban más, por el confinamiento de la pandemia y los torrenciales aguaceros. Los ánimos se caldearon. El desalojo de la galera apareció como el motivo más obvio de la discordia, pero en poco tiempo quedó al descubierto una realidad más compleja, avalada por antiguos conflictos.

En la galera se dispensaban servicios para la limpieza de vehículos, con clientes que en algunos vídeos que circularon por las redes sociales manifestaron su satisfacción, especialmente tras los violentos enfrentamientos provocados por el desalojo forzado y la resistencia opuesta por los pobladores, dispuestos a defender lo que consideran su “centro de trabajo”. El intercambio se produjo entre agentes de la economía informal, ubicados en la esfera de servicios, en un improvisado lugar de trabajo de utilidades múltiples, puesto que servía también como paliativo a la impaciencia laboral para mitigar el desempleo. Y finalmente, como espacio de vinculación entre los habitantes de la marginalidad social y los beneficiarios del crecimiento económico.

Ante la intención de las autoridades de hacer cumplir “de inmediato” la orden de desalojo, se hizo público por las redes sociales el diálogo entre los prestatarios del servicio y sus clientes. “Solo queremos tener un trabajo”, dijeron los primeros. Y los clientes satisfechos fueron más allá, y declararon que no estaban tratando con delincuentes, sino con “buenos muchachos, que solo se dedican a su trabajo”. Fue un reconocimiento explícito del entendimiento, ahora común en muchos ciudadanos, de que cuando se trata de pobladores de los cinturones de miseria, y en general de los habitantes de la periferia, las autoridades recurren al viejo expediente de estigmatizarlos con algún lunar que motiva el rechazo o la queja de la ciudadanía hacia los “marginados sociales”, para después criminalizarlos como indeseables que merecen el rigor de la ley y la penalización de su existencia.

Esta vez fue diferente. Los trabajadores informales, con clientes formales y atentos a los mensajes explícitos o implícitos de la realidad de un mundo desigual, estuvieron dispuestos a crear una zona de mutua gratificación, previniendo así el estigma que victimiza y criminaliza, como un ritual eternamente repetido contra los que ya son víctimas de la desigualdad y la exclusión social, encarnado en este episodio por “los muchachos del Car Wash”.

La policía municipal llegó temprano, para desalojar la galera de su improvisado emplazamiento con un tractor y un pelotón de uniformados armados y tolete en mano, dispuestos a ejecutar “la orden”, seis meses después de haber sido expedida. Los “muchachos” se movilizaron pronto hacia su “centro de trabajo”, acompañados por un grupo de pobladores de las colonias rivereñas del sector quienes, además de avanzar con convicción y sin mostrar ningún temor por los uniformados que rodeaban el tractor, también llevaban consigo algunas herramientas de trabajo, machetes y, algunos, una provisión de piedras.

La batalla estalló en minutos y paralizó el tráfico en el siempre concurrido Bulevar del Norte, una arteria estratégica para una ciudad con conciencia de ser “el nervio y motor de la economía nacional”. Allí fue asesinado el poblador José Rafael Flores, por un “certero disparo”. Pocos días después, los pobladores de Río Blanco protagonizaron una marcha para exigir justicia por el caso de su compañero asesinado durante “el desalojo del Car Wash”. El conductor de la demostración, el poblador José Martínez, al explicar que la marcha exigía el esclarecimiento de la muerte de Rafael Flores, no dejó lugar a dudas respecto de la indignación de su comunidad, que ve en dicha muerte un crimen: “Si trabajar es delito, ¿por qué robar no?”, argumentó ante los medios de comunicación.

De esta forma, tan breve como contundente, el dirigente comunal aludía a la impunidad que encubre y protege la corrupción que la opinión pública atribuye a los administradores del Estado. En esta declaración vinculó el derecho al trabajo —que los pobladores reclaman para sí mismos en el “Car Wash”— con una condena a la impunidad de la corrupción.

Pero no solo eso. Si se consideran en conjunto los propósitos de la marcha, surge con nitidez la reivindicación del derecho a la justicia, del derecho a conocer la verdad y del derecho a poseer un empleo, un “trabajo honrado” para “ganarse la vida”, como dijo el representante de los pobladores de Río Blanco. En suma, la moral por siempre inculcada a la clase trabajadora.

Este conflicto, uno más en este sector marginal de San Pedro Sula, permite elaborar una cartografía más completa de una crisis social cuando, en sus coordenadas, se visibiliza la ubicación física y temporal donde convergen la vulnerabilidad socioeconómica y la vulnerabilidad socioambiental, con las políticas estatales de seguridad que criminalizan y reprimen a segmentos de la población caracterizados por su condición de exclusión y marginalidad social.

El ingrediente aportado por la política de seguridad aplicada en este caso, no es otro que el de la violencia ejercida contra el descontento social, como último recurso para acallar una protesta que exigía justicia y el cumplimiento de derechos ciudadanos legítimos. La identificación del lugar donde las vulnerabilidades convergen, y de los actores sociales involucrados, es clave para tener una comprensión más cercana de la realidad cotidiana de los sectores sociales ubicados en una marginalidad y una exclusión que afecta profundamente su condición humana.

Uno entre muchos casos

El problema de los asentamientos humanos en los bordos de los numerosos ríos de la Costa Norte ha encontrado un nombre preciso en Río Blanco; sin embargo, este es apenas uno de los tantos vástagos de la desigualdad social, la exclusión socioeconómica y el subdesarrollo social. Está por todas partes, pero hacía falta la presencia de los huracanes Eta y Iota, y una arbitraria disposición municipal, para que el problema se vea en toda su magnitud y plenitud.

Se trata de un problema ampliamente extendido, con hondas raíces económicas y sociales, y profundas consecuencias en el deterioro de la “naturaleza”, el hábitat y la dignidad humana. Superar esta condición de la existencia económica y social es otro gran desafío que emerge de la catástrofe más reciente en la Costa Norte, que urge de políticas públicas que, además de pertinentes, tengan entre sus objetivos prioritarios transformar las relaciones del Estado con la ciudadanía y, a la vez, crear un modelo radicalmente distinto de las relaciones que hoy prevalecen entre el Estado, la sociedad, la “naturaleza” y el entorno medioambiental.

Un problema tan expandido requiere una solución desde una perspectiva integral y una amplia participación de la población implicada, cuya identidad actual es la de damnificados-refugiados, o simplemente la de “habitantes de los bordos”. Y no están allí porque este sea el sueño de su vida, sino porque este es el lugar donde han sido confinados por la desigualdad y la exclusión social.

Sin embargo, como ha explicado el geógrafo Carlos Héctor Sabillón en reiteradas ocasiones, el lugar que algunos pobladores ocupan es el de la naturaleza, por eso sus improvisados asentamientos son embestidos y arrasados por los ríos que buscan recuperar su cauce. La naturaleza se niega de esta manera a albergar los contingentes humanos expulsados de la sociedad, tal vez porque no se siente obligada a cargar con las consecuencias del subdesarrollo. Y si esto no constituyese un “rechazo”, entonces conviene considerarlo como un llamado al despertar de la conciencia en torno de la anómala relación entre la sociedad, la economía y la naturaleza.

Los nuevos vientos

El deterioro ambiental y social culminó en 1998 con la destrucción provocada por el huracán Mitch, pero la pendiente de la degradación continua del territorio de la Costa Norte no se detuvo en esa fecha emblemática. Por el contrario, ha sido recurrente desde aquel año, como se constata en la lista de fenómenos atmosféricos que esta región ha debido enfrentar en los últimos veinte años.

Pese a que el profundo deterioro socioambiental de hoy se inscribe en el contexto histórico antes señalado, la explicación de sus antecedentes más lejanos no es suficiente para explicar la extensión y profundidad de la catástrofe provocada en noviembre y diciembre de 2020 por los huracanes y tormentas Eta y Iota.

Lo “nuevo” en lo “viejo”

La covid-19 primero, y Eta y Iota después, contribuyeron a visibilizar la simultaneidad que se produjo entre varios factores a considerar en la configuración de contextos que combinan rasgos nuevos y viejos de las crisis que han tenido lugar en la Costa Norte en las últimas décadas; entre tales factores, destacan: a) el acelerado deterioro ambiental y social; b) una respuesta tardía, coyuntural e ineficaz del Estado ante la vulnerabilidad ambiental de la región; c) el impacto de la corrupción pública en la limitada inversión en las áreas de protección social y ambiental y d) la circunstancia histórica de encontrarse Honduras a las puertas de convertirse en un“Estado fallido”.

La falta de calidad, consistencia, prontitud y eficiencia en la respuesta estatal ante la coyuntura de noviembre-diciembre de 2020 en la Costa Norte, reveló su carácter improvisado e insostenible, como lo ha sido en los últimos años. Asimismo, la inconsistencia de la respuesta estatal dejó al descubierto la crisis en que ha entrado el centralismo burocrático autoritario, un rasgo significativo desde 2014. En ese momento se consolidó la tendencia a que el Ejecutivo subsuma los tres poderes del Estado y disuelva la autonomía y separación de estos.

Este modelo centralizador, burocrático y autoritario, es el que ahora se encuentra sumido en una crisis de corrupción e ineficiencia, y una erosión casi total de su legitimidad política y social, hechos que lo incapacitan para responder satisfactoriamente a las demandas y retos originados en la crisis social y ambiental.

El ahora emblemático caso de corrupción relacionado con la adquisición de “hospitales móviles”, así como las compras gubernamentales con sospecha de dolo durante la pandemia, como lo demuestran las investigaciones del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), fueron apenas un asomo de lo que sería el comportamiento gubernamental ante la catástrofe provocada por los huracanes en noviembre y diciembre.

Espejismos ante un desastre anunciado

A pesar de las advertencias del Centro de Huracanes de Miami, sobre la fuerza y el potencial destructivo del huracán Eta y su sucesor Iota, el gobierno y diversos sectores de la sociedad hondureña parecían estar obsesionados con las vacaciones de la “semana morazánica”, que se habían trasladado de su fecha original en octubre, a los primeros días de noviembre.

Mientras en la vecina Nicaragua el gobierno alertaba sobre el arribo de fenómenos atmosféricos con enorme potencial destructivo y realizaba evacuaciones preventivas de los habitantes de la Costa Atlántica, en Honduras continuaba la campaña para facilitar el desplazamiento de los vacacionistas a “los centros de nuestra industria turística, tan afectada en esta pandemia”, según voceros gubernamentales.

Aquellos que habían hecho reservaciones en hoteles de playa y de montaña aún dudaban, el lunes y el martes de la primera semana de noviembre, en mantener o cancelar sus reservaciones, ante la falta de decisión y firmeza del gobierno para adoptar una disposición a este respecto. Las voces más exigentes preguntaban públicamente a las autoridades si habría “semana morazánica”, si había sido cancelada, “o qué ondas”, como se leía en las redes sociales.

La desorientación era casi total; solo unos pocos sabían qué hacer porque, previamente, hicieron una valoración crítica de la situación. “Quédate en casa”, fue la recomendación de los directivos del Colprosumah[2] a los miles de maestros afiliados a esta organización, a la vez que criticaban la displicencia gubernamental en dictar disposiciones ajustadas a las circunstancias, particularmente por la inminente llegada de Eta y la falta de recursos económicos en la mayoría de los hogares.

La respuesta oficial llegó hasta el miércoles, tras un sondeo mediático en la tarde del martes. Se pospuso la “semana morazánica” sin pena ni gloria. Las lluvias torrenciales y los vientos huracanados ya habían comenzado en la Costa Norte, así como una nueva catástrofe en la historia de esta región.

El diluvio

Y comenzaron las impresionantes imágenes que conmovieron a una opinión pública que, hasta ese momento, había manifestado cierto escepticismo ante la magnitud de la amenaza que se cernía sobre sus poblados. No hubo evacuaciones notorias hasta ese momento. Los “albergues” supuestamente existentes se mantuvieron cerrados, hasta que la gente tuvo el agua al cuello.

Extensas áreas del valle de Sula, incluyendo el edificio de su aeropuerto internacional, se mostraban anegadas; la única superficie visible de edificios fabriles, depósitos, almacenes y muchas viviendas, eran los techos. En tanto que las carreteras se convirtieron en avenidas de los ríos y quebradas, desbordados tras las intensas lluvias que saturaron el suelo y se estancaron en algunos lugares, donde formaron lagunas que duraron varios días en secarse.

Las tomas aéreas mostraron imágenes de un mar en el que aparecía la silueta de pequeños islotes, formados por los poblados del “área metropolitana” de San Pedro Sula, una red de “asentamientos humanos” que se integran en los municipios aledaños a “la gran ciudad”, todos integrados de una u otra manera en esta vasta aglomeración urbana que no ha cesado de crecer desde la década de 1970.

Pérdidas humanas y materiales

En un espacio relativamente pequeño, pero perfectamente articulado entre sí y en torno de unidades económicas compactas y diversificadas –como el valle de Sula–, los daños han sido proporcionales a su grado de integración económica y social.

Según el informe de daños de la Cepal[3], las pérdidas materiales ocasionadas por los huracanes Eta y Iota en Honduras ascienden aproximadamente a 45 mil millones de lempiras (alrededor de 1.8 millones de dólares), de los cuales una extensa porción corresponde a los daños sufridos en la Costa Norte, especialmente en el valle de Sula.

Según el mismo informe, la “población primaria afectada” fue de aproximadamente 437 mil personas, siendo el departamento de Cortés el más impactado, ya que alberga al 55% de la población afectada[4]. Debido a ambos eventos, 95 personas perdieron la vida y se reportó 10 personas desaparecidas[5], la mayoría en los departamentos de la Costa Norte.

Una evaluación crítica

La acción combinada de la covid-19 y los huracanes se multiplicó con creces en el contexto hondureño, por haber encontrado un camino allanado por la fragilidad del sistema sanitario, la desprotección social y medioambiental, la falta de prevención, la corrupción pública y la ineptitud del centralismo burocrático autoritario que monopoliza las decisiones.

De hecho, las catástrofes que Honduras sufrió simultáneamente en 2020, pueden considerarse como parte del fracaso de políticas públicas fallidas, entre estas las de salud, educación, prevención, protección y conservación del ambiente, como lo indican los informes de organismos internacionales especializados en la medición y evaluación de los principales indicadores del comportamiento de las políticas públicas en las áreas señaladas. Pero no solo las entidades internacionales señalan el descenso sostenido de los indicadores de Honduras en esas áreas, hasta ubicarse entre los países peor evaluados, con cifras alarmantes que apuntan hacia una caída estrepitosa.

El fracaso en educación

Organizaciones del gremio de maestros sostienen, al evaluar la situación educativa al finalizar 2020, que por lo menos 15 mil centros educativos deben ser reparados o reconstruidos por encontrarse en situación de calamidad y padecer carencias esenciales; entre estas, aulas, techos, servicio de agua potable, electricidad y material educativo.

Además, solicitan la construcción de dos mil nuevos centros educativos para asumir la creciente demanda de cupo[6], a pesar de que las escuelas ya establecidas sufrieron, entre la deserción, el abandono forzado por carencia de recursos en las familias o la insuficiente cobertura del sistema educativo, la baja de por lo menos dos millones de estudiantes. Ante tales resultados, otra organización del gremio magisterial, el Pricmah, ha solicitado públicamente la renuncia del titular de la secretaría de Educación[7], sin ninguna respuesta hasta la fecha.

Incluso en la educación superior, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) reportó la deserción de unos 15 mil estudiantes durante la pandemia y los huracanes, que ahora se suman a un contingente más amplio de jóvenes que en 2020 han quedado al margen del sistema educativo formal.

El fracaso en salud

El sistema sanitario se ha puesto a prueba durante la pandemia, en la que resaltan sus insuficiencias, así como la entrega y sacrificio del personal de salud; hasta diciembre, 28 enfermeras[8] y al menos 54 médicos habían perdido la vida a causa de la covid-19, que adquirieron en el desempeño de sus labores. Sin embargo, el rasgo más relevante ha sido la baja calidad de la respuesta estatal a las necesidades habituales, que se incrementaron por la emergencia sanitaria, que dejó al descubierto las insuficiencias y calamidades que enfrenta el centralismo burocrático autoritario.

En nueve meses de pandemia, solo dos de los siete hospitales móviles anunciados por el gobierno al inicio de la emergencia han sido instalados, con el agravante de que el correspondiente a Tegucigalpa funcionará hasta en la segunda quincena de enero de 2021. Cuando se pregunta por los hospitales restantes, la respuesta reiterada de las autoridades sanitarias ha sido “tengan paciencia”, una táctica dilatoria que luego se transforma en un anuncio de que se habilitarán en determinada fecha, la cual es pospuesta una y otra vez, por causas diversas y poco creíbles.

La demora para no hacer lo debido, para que “la gente se olvide”, porque “aquí ningún escándalo de corrupción dura más de una semana”, son estrategias típicas de un centralismo burocrático autoritario, que encarna la centralidad del Estado y de la casta política gobernante en el control absoluto de la gestión pública, con resultados desastrosos.

En noviembre, el número de casos de contagiados por el coronavirus llegó a cien mil, en tanto que el número de fallecidos ascendió a tres mil. A finales de diciembre, las cifras oficiales se elevaron a más de 120 mil contagiados y 3,200 decesos, el 55 por ciento concentrado en los departamentos de Cortés y Francisco Morazán, los más densamente poblados y los mejor articulados en el “corredor central de desarrollo”. Sin embargo, la Asociación Nacional de Funerarias indicó que, según sus propios datos, el número de decesos por covid-19 es de 7, 400[9], más del doble de lo registrado por las cifras oficiales.

Hoy el sistema sanitario se apresta a enfrentar los nuevos desafíos por el rebrote de la pandemia y las secuelas sanitarias dejadas por los recientes huracanes, en un futuro incierto ante la falta de políticas públicas sostenibles en salud y la ausencia de consenso con el personal sanitario sobre la ruta a seguir. Ni siquiera se ha podido efectuar las tres mil pruebas diarias, sugeridas por los epidemiólogos más reconocidos del país, para establecer un control efectivo sobre el avance del contagio, que a finales de diciembre repuntaba en los centros de triaje y los hospitales.

Crisis y fracaso del Estado

En ese contexto al borde del colapso, el fracaso de las políticas públicas en las áreas esenciales mencionadas es la consecuencia de una crisis que se presenta simultáneamente en la forma de gobernar, de utilizar inadecuadamente los recursos públicos y la falta de estrategias que generen respuestas de calidad ante los retos sanitarios, educativos y medioambientales que afectan las vidas de millones de personas.

En todos estos casos, lo esencial es la crisis del Estado como garante de la vida y de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales de la población. En el centro de esta crisis del Estado y de su inercia ante la espesura de la realidad actual, se encuentra el modelo de economía y de sociedad neoliberal, establecido sobre la base del “sálvese quien pueda”, una consigna hoy convertida en tragedia.

Ese modelo constituye el parámetro con que se puede medir el grado de mercantilización de la vida humana y el valor que concede el Estado a los sectores más vulnerables, representados por la población que literalmente se encontraba con el agua al cuello, y que clamaba por ayuda desde los techos de las casas en los poblados de la Costa Norte.

Por eso resulta obligada la pregunta: ¿Se puede eximir de responsabilidad en la crisis sanitaria, la crisis educativa y la crisis socioambiental, al modelo de economía y sociedad impuesto en Honduras por los organismos financieros internacionales desde 1990, basado en la privatización de los bienes públicos y una explotación desmesurada de los bienes naturales, que ha convertido la vida misma en objeto de lucro?

Las crisis llegan juntas, ¿por qué no?

La migración masiva a los Estados Unidos desde esta región fue el primer grito de auxilio y un llamado de atención de que algo andaba mal en la economía y la gestión gubernamental, y que el descontento social había crecido como nunca antes. ¿Por qué debería resultar extraño, ahora, que la crisis económica, social, migratoria y ambiental se hicieran una sola?

Esta simultaneidad de las crisis es a la vez indicativa del límite de la sostenibilidad que podía esperarse de situaciones como el comportamiento de la economía, la sociedad y el entorno medioambiental, sometidos al estrés de la incertidumbre, que cubre un espectro tan amplio que va de la inseguridad jurídica a una atmósfera crispada por el temor a la violencia y una precaria estabilidad social.

Este contexto convierte las múltiples vulnerabilidades señaladas en un objeto de estudio desde una perspectiva de relaciones de poder, predominantemente desequilibradas y autoritarias. En el curso del tiempo, las relaciones desiguales de poder han determinado la ausencia de diálogo, o su fracaso, cuando se ha pretendido establecerlo sobre bases convenientes únicamente para el poder constituido.

En ese escenario, el consenso político y el consenso social han sido reemplazados por el conflicto, el antagonismo y una polarización creciente y acumulativa. En la medida que esta configuración no ha sufrido rupturas y su carácter monolítico se mantiene vigente, sigue actuando como modelo de reproducción de las relaciones de poder desiguales. Como resultado, en los escenarios de conflicto político y social se repite el mismo drama de forma recurrente y periódica. En su núcleo se encuentra un conjunto de crisis que afecta diversos órdenes en la sociedad hondureña. En la coyuntura actual, este conjunto crítico puede identificarse en la falta de pertinencia y calidad de la respuesta gubernamental, determinada por un centralismo burocrático autoritario y las relaciones desiguales de poder.

La errada conducción de la respuesta ante la pandemia fue un presagio de lo que también ocurrió en la gestión de la emergencia provocada por los huracanes; la misma improvisación, rigidez y limitaciones que dejaron al descubierto la incapacidad para llevar a cabo una gestión adecuada de las emergencias.

La repetición de una receta de gestión fracasada, por los resultados negativos obtenidos en la crítica coyuntura de 2020, revela asimismo la profunda crisis en que se encuentra el centralismo burocrático autoritario tras dos periodos consecutivos de gobierno, sin haber podido garantizar una gobernabilidad estable y mucho menos sostenible.

Ante un fracaso que se generaliza cada vez con mayor amplitud, se puede concluir que la crisis por la que hoy atraviesa el centralismo burocrático autoritario afecta directamente las relaciones entre el Estado y la ciudadanía. En esta medida, las múltiples vulnerabilidades que se reconocen en Honduras, así como las múltiples inseguridades que afectan su tejido social, son los escenarios precisos en que se dramatiza la tirantez creciente en la relación Estado-ciudadanía, como ha resultado patente en la actual coyuntura. Esto es lo que conduce a pensar que el gobierno actual es el principal generador de crisis, cuyo contenido y desenvolvimiento no es capaz de administrar.

La mentira oficial es parte de las crisis

En los mismos escenarios y coordenadas se produce un desgaste acelerado del discurso oficial, que ha sido cuestionado y desafiado socialmente ante las emergencias presentes, por su ineficiencia, falta de transparencia y de rendición de cuentas. La consecuencia esencial de tal cuestionamiento ha sido un notorio incremento de la desconfianza hacia el gobierno y el mandatario, con la consiguiente incertidumbre ante el futuro inmediato.

La desconfianza llegó a su máxima expresión en la segunda semana de diciembre, cuando el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) debió actuar como garante en la adquisición de un lote de vacunas en una farmacéutica internacional por el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), para sus 700 mil afiliados. Esto puede considerarse como una secuela del saqueo de los fondos de dicha institución en vísperas de las elecciones de 2013, supuestamente para financiar la campaña electoral del partido gobernante. El garante no podía ser el gobierno.

Un caso similar comenzó a perfilarse en los últimos días de diciembre, cuando se anunció que España será el país anfitrión del Grupo Consultivo que se pretende crear para canalizar fondos de la cooperación internacional destinados a la reconstrucción de las zonas afectadas por los fenómenos atmosféricos. Ante esa información, de inmediato corrió el rumor de que también se debe crear un organismo conducido por los supuestos donantes internacionales, para evitar que el gobierno administre los fondos que se recauden. La falta de confianza es más que evidente.

La segunda fuente en importancia del desgaste acelerado del discurso del mandatario se ubica en el ámbito electoral y de la democracia, en la víspera de las elecciones primarias en los partidos mayoritarios y las elecciones generales, programadas para marzo y noviembre de 2021, respectivamente.

La persistente duda, respecto de unas elecciones amañadas, “estilo Honduras”; la sospecha de que el gobernante aprovechará la coyuntura de la pandemia y los huracanes para prolongar su gobierno; así como el triunfalismo de la corrupción y su impunidad tras el retroceso de algunos casos judicializados por la desaparecida Maccih[10], han seguido vigentes. Esto contribuye a que se piense que el gobierno no será capaz de administrar todos los recursos financieros que se anuncia llegarán a Honduras en 2021.

En suma, en la relación entre Estado y ciudadanía el “distanciamiento social” se produce, principalmente, en el ámbito de la gobernabilidad, la democracia y la transparencia en la gestión de los recursos públicos, con consecuencias directas sobre el discurso y la demagogia oficial.

Segundo escenario: la ayuda humanitaria y sus revelaciones

El contexto antes descrito sirvió como escenario a otro drama de la crisis generalizada: el de la llegada y distribución de la ayuda humanitaria, particularmente la enviada por el gobierno de El Salvador. Su presidente, Nayib Bukele, se convirtió en el protagonista principal en este escenario. Hizo llegar a la Costa Norte una caravana de 54 furgones con 830 toneladas de alimentos y vituallas, valoradas, según lo informado por su gobierno, en un millón de dólares.

La caravana humanitaria fue recibida en San Pedro Sula con fuegos pirotécnicos y una larga valla de damnificados del huracán Eta como comité de bienvenida, que hicieron estallar en júbilo a la improvisada pero nutrida concurrencia que, con sonoros aplausos, no se cansaba de festejar el ingreso triunfal del cargamento y de vitorear al mandatario salvadoreño, en agradecimiento a su gesto de solidaridad.

Una lectura atenta de este escenario revela el estrecho vínculo que se reconoce en Honduras a la gestión de las emergencias y catástrofes con la gestión política, especialmente con el clientelismo y el asistencialismo gubernamental. Y esta no fue la excepción. Poco antes del ingreso triunfal de la caravana, se había puesto trabas a un contingente de la Cruz Verde de El Salvador para ingresar a territorio hondureño; trámites burocráticos que daban a entender que el único que no comprendía la magnitud de la tragedia que estaba ocurriendo era el gobierno hondureño.

Lo mismo se pensó cuando voluntarios civiles del área metropolitana de San Pedro Sula, pertenecientes a diversas asociaciones, y algunos propietarios privados de lanchas, no pudieron pasar de los retenes policiales para llegar hasta los lugares inundados donde la población pedía auxilio. En consecuencia, los voluntarios debieron regresar a sus lugares de origen, frustrados y molestos con el “burocratismo” oficial.

La percepción que se empezó a tener de la Copeco[11] es que trataba de “monopolizar”, para beneficio del gobierno, la ayuda y los recursos que la población intentaba poner a disposición de los afectados; para el caso, exigiendo que las lanchas fueran conducidas por personal de la entidad estatal. Estos hechos trascendieron a la opinión pública a través de las redes sociales y los medios de comunicación, con vídeos y audios emitidos por voluntarios de Choloma, Puerto Cortés y San Pedro Sula. En otros casos, algunas ONG denunciaron las trabas burocráticas puestas por las entidades oficiales para poder entregar sus contribuciones directamente a los miles de afectados[12].

En este contexto se entiende por qué, cuando la caravana de los furgones con la ayuda enviada por Bukele llegó a San Pedro Sula, había un doble júbilo: se había superado algunos obstáculos, de los tantos que había, para que la ayuda llegara hasta los damnificados del valle de Sula, conducida por el donante. Sin embargo, ya nada podría cambiar la percepción que se tenía sobre la Copeco y la conducta “burocrática” de las autoridades, sobre su negligencia e incompetencia manifiesta ante la envergadura de la emergencia.

Un caso emblemático ¿o un desafío paradigmático?

El problema se configuró poco tiempo atrás, desde el nombramiento del nuevo comisionado ministro de la Copeco, cuya idoneidad para el cargo fue vivamente cuestionada[13] por la opinión pública, que adujo que sus credenciales como artista del reguetón no eran las idóneas para desempeñar tal responsabilidad. El ministro anterior debió abandonar el cargo tras las denuncias de sospecha de corrupción efectuadas por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA). Sin embargo, ni en este ni en otros casos, se trata de responsabilidades individuales, sino de la profunda crisis que abate a la institucionalidad del Estado y al centralismo burocrático autoritario.

En casos como el de la Copeco el problema es aún más grave, porque la escasa calidad, pertinencia y eficacia de sus repuestas ante emergencias y catástrofes no solo expresan la precariedad de las relaciones Estado-ciudadano, sino que además ponen en riesgo las vidas de las personas afectadas, ante la falta de infraestructura de salvamento y de albergues creados para tal efecto. Esto explicaría el por qué de la insistencia de dicha institución para que las lanchas puestas a disposición por voluntarios civiles fueran conducidas por su personal.

Sin embargo, esto no explica que mientras la Copeco tiene un carácter permanente, la infraestructura para atender emergencias, realizar labores de salvamento, designar y equipar los albergues, así como distribuir alimentos a los damnificados, tengan un carácter coyuntural, precario y dependiente del apoyo externo privado, la cooperación internacional y la ciudadanía.

Lo anterior debiera conducir a una profunda reestructuración del concepto y de la institucionalidad hoy en manos de la Copeco, que hasta la fecha no ha podido evolucionar hacia una entidad de protección civil como la que ya existe en los países vecinos. Este caso se vuelve emblemático en la medida que constituye una muestra palpable de la crisis por la que atraviesa el centralismo burocrático autoritario, cuyo rasgo más sobresaliente sigue siendo el clientelismo político, la ineficiencia y los señalamientos de corrupción, como los efectuados por el CNA respecto de la anterior administración de dicha entidad.

Las catástrofes son reveladoras

En la convergencia de estos escenarios, surge el carácter revelador de fenómenos como la pandemia y los huracanes Eta y Iota, con verdades reconocidas y sometidas a un constante escrutinio popular; entre estas, la ausencia de un liderazgo político nacional, el agotamiento de los partidos políticos como intermediarios de la demanda social y como representantes de la voluntad popular y, sobre todo, el rechazo colectivo contra la pareja formada por un gobierno ilegítimo y las redes de poder asociadas a la corrupción pública.

En ese vacío político y en la actual orfandad social, por qué habría de resultar extraño que, durante la entrada triunfal de la caravana de la ayuda humanitaria se haya vitoreado el nombre del mandatario salvadoreño “¡Bukele, Bukele, Bukele!”. Y por qué debiera extrañar que más de 500 personas hayan esperado durante varias horas en el estadio Rubén Deras de Choloma, la supuesta llegada del presidente del país vecino, a pesar de que se les informó que se trataba de un falso rumor. El mismo Bukele envió un tuit, diciendo que le gustaría estar allí, pero que la información sobre su llegada no era cierta.

Este caso deja al descubierto algo más. Revela que en la transición del Estado-botín al Estado fallido hay un espacio propicio para un populismo que ahora parece estar entrando en una etapa de transnacionalización, como también ocurre con otros fenómenos que imperan en el “Triángulo Norte de Centroamérica”, como se le llama en Estados Unidos a Guatemala, El Salvador y Honduras. Entre estos el tráfico de drogas y otros tráficos ilícitos, el crimen organizado, el lavado de dinero, la violencia, la migración y la corrupción.

Sin embargo, la impresión que produjo más huella es que la entrada triunfal de la ayuda humanitaria de El Salvador equivale a una entrada triunfal de su presidente en Honduras, aún sin salir de su país. Los aplausos que se le tributaron a Bukele en todos los lugares por donde pasó la caravana de furgones, fue un mensaje de reprobación dirigido al mandatario hondureño y la errada gestión que hizo de la pandemia y la emergencia de los huracanes. Fue otra forma de decir “¡Fuera JOH”! —la consigna más repetida tras el fraude electoral de 2017—, por lo cual esta debe sumarse a la interpelación “¿Dónde está el dinero? #Honduras lo exige” y la más reciente, “Solo el pueblo salva al pueblo”, que en conjunto representan el rechazo popular a toda la actuación política y social del mandatario hondureño en sus dos periodos de gobierno.

Así, el populismo en una de sus variantes, al ubicarse en el tránsito del Estado-botín al Estado fallido, deja abierta la posibilidad de que la gestión gubernamental pase por una larga etapa de populismo, sin importar quién encabece el gobierno.

El caso de Bukele es uno más entre otras figuras que pueden surgir a corto y mediano plazo, aunque para él mismo ha de haber sido una sorpresa saber que goza de tanta popularidad en Honduras. Aunque tal vez no tanto, porque antes de que los furgones con ayuda humanitaria comenzaran a rodar, en las redes sociales hondureñas había circulado una frase que se le atribuye a Bukele: “El dinero alcanza, cuando no se roba”. Tal vez en esto estriba una de las claves no descifradas en Honduras, sobre otra forma de construir la relación Estado-ciudadanía.

Tercer escenario: “Solo el pueblo salva al pueblo”

Al igual que la consigna que reinó durante la pandemia, “¿Dónde está el dinero? #Honduras lo exige”, creó en su momento una distancia abismal entre “ellos” y “nosotros”; la nueva consigna, “Solo el pueblo salva al pueblo”, creó una distancia social aún mayor, entre “nosotros, el pueblo” y “ellos, el gobierno”.

La distancia se acrecentó en la medida que creó un “todos” que únicamente excluía del concepto de pueblo al gobernante y su círculo más cercano, lo cual induce a pensar en el conflicto semántico y político presente en las figuras “pueblo solidario” y “gobierno solitario”, que refleja la desprotección en que se encuentra el primero y el descrédito en que se encuentra el segundo.

El conflicto entre estas dos figuras se ubicó en el discurso oficial, que creó la expresión “No están solos”, para nombrar el programa destinado a atender a los damnificados y contrarrestar la consigna “Solo el pueblo salva al pueblo”. Pero ya era tarde. Con la población volcada a apoyar a los afectados por los huracanes, el gobierno aparecía solo y dando tumbos de ciego.

La desprotección es un fenómeno instituido por la inseguridad y la desigualdad social, profundizadas por la ideología que ha servido como fundamento teórico para establecer la economía y la sociedad neoliberal en Honduras. En los treinta años transcurridos desde 1990 a la fecha, la desigualdad y la corrupción han crecido en proporciones inocultables, hasta convertirse en fenómenos que ejercen su propia dictadura; son intocables y constituyen la peor carta de presentación del régimen político actual, tachado por sus opositores como una dictadura.

Las consignas mencionadas solo encarnan el estado de cosas reinante, cuyo rasgo más importante es el distanciamiento —progresivo y acelerado en 2020 por la pandemia y los huracanes— entre la ciudadanía y el gobierno ilegítimo, desde que este impuso la reelección presidencial en las elecciones fraudulentas de noviembre de 2017.

La consigna se esparció rápidamente a través de las redes sociales, expresando así la comprensión que ya se estaba formando en la opinión pública; solo la solidaridad de “la gente con la gente” podía hacer frente a las consecuencias que estaban dejando los sucesivos huracanes. “Solo el pueblo salva al pueblo”, es el lema de la Central Latinoamericana de Trabajadores (CLAT) y de la Central General de Trabajadores (CGT), comentó en un corto mensaje el excandidato presidencial de la Democracia Cristiana hondureña, Efraín Díaz Arrivillaga.

Algo comenzaba a encajar en el rompecabezas de las emergencias y la precaria situación de un contingente cada vez mayor de la población. Esta recuperaba así la confianza en sí misma, ante la inercia gubernamental y su pobre respuesta ante la situación, desde el momento en que se esperaba que actuara con eficacia, eficiencia y compromiso con la ciudadanía.

El mismo Díaz Arrivillaga, un experimentado economista agrícola y planificador del desarrollo, señalaba las causas inmediatas del deficiente desempeño gubernamental en las trágicas inundaciones de la Costa Norte: “Son nombramientos políticos, no tienen las competencias y experiencia para el cargo en Copeco como en otras instituciones, tampoco hay ninguna planificación o no tienen planes de contingencia o simplemente no los ejecutan. La principal responsabilidad es de quien los nombra”[14]. Y quien los nombra es el jefe del Ejecutivo.

La independencia del debate público

El hecho implicado es que, si bien es cierto la antidemocracia y la impunidad de la corrupción han logrado imponerse sobre las fortalezas de la institucionalidad republicana, no han podido hacer lo mismo con la información y el debate público. En un plano figurado, los temas concernientes a la democracia y la lucha contra la corrupción se han convertido —en el debate público—, en un plebiscito que el gobierno ha perdido cuando estos temas han recibido la atención indispensable en la ciudadanía.

Este hecho hace pensar que, en “condiciones normales”, en presencia de un Estado de derecho que protegiera los derechos ciudadanos, la antidemocracia y la corrupción no tendrían el peso y el carácter decisorio que tienen hoy. Es en este espacio del debate público en el que hoy se ampara la defensa simultánea de la democracia, del Estado de derecho y la lucha contra la corrupción; y también en este surgen expectativas favorables a un cambio político que conduzca al retorno del orden constitucional, la restitución del imperio de la ley y la institucionalidad que custodia los principios de la democracia, la transparencia y la rendición de cuentas.

Dos consignas, frente a frente

La crítica a la ideología dominante se ilustra con la comparación del “Sálvese quien pueda” del neoliberalismo, con la expresión colectiva “Solo el pueblo salva al pueblo”, que confronta una visión individualista con una visión colectiva que expresa la voluntad compartida de enfrentar juntos el reto de sobrevivir. Dos visiones opuestas, intereses divergentes.

Así, el gobierno es percibido como instrumento de una ideología al servicio del dinero, de la privatización de los bienes públicos que, por tanto, desconoce todo principio de solidaridad humana. Desde esta percepción se ha construido, socialmente, la crítica y la desconfianza hacia el gobierno, basada en la experiencia colectiva de los últimos treinta años, un largo periodo en el que la copa de la abundancia y la riqueza neoliberal nunca se derramó sobre la sociedad que hoy lo señala con el puño acusador.

El abandono y la desconfianza social pueden juntarse en situaciones trágicas, como la que comenzó a enfrentar la Costa Norte desde la primera semana de noviembre. Cuando se le preguntó a un poblador si había recibido alguna ayuda del gobierno, la respuesta resumió la situación pasada y presente de abandono y desconfianza: “El gobierno solo es paja”, respondió con la convicción de quien no ha recibido nada. No explica, pero ilustra. Otros recibieron algo, pero la ayuda de familias, organizaciones benéficas, empresas y medios de comunicación llegó primero y al mayor número de afectados. Allí se consolidó la idea de que “Solo el pueblo salva al pueblo”.

Los huracanes Eta y Iota, con toda la devastación y sus secuelas, cumplieron sin embargo con el piadoso acto de formalizar la condición de damnificados de centenares de miles de hondureños que ya eran afectados por la desprotección social que abate a la mayoría de la población. Ante la catástrofe que resultó de la combinación de los efectos de la covid-19 y los huracanes, cabe preguntar: ¿Qué han hecho los partidos políticos y los tomadores de decisiones en los 22 años transcurridos desde el huracán Mitch a esta fecha?

Ahora se trata de escuchar el clamor popular y de revertir el crecimiento de los múltiples factores que han conducido a la crisis multidimensional de hoy; no solo para reducir los niveles de incertidumbre y sus consecuencias psicosociales, sino también para convertir la reconstrucción en una oportunidad para la transformación. ¿Acaso no fue esto lo que recomendaron —y hasta imploraron— los movimientos ciudadanos en 1998, tras el huracán Mitch? Esta es una de las tareas esenciales que, en 22 años, la “clase política” no hizo porque no quiso.


[1] Véase, M. Barahona, “Detrás de la crisis política: Una crisis social y ecológica de profundas dimensiones antihumanas”, en: Envío-Honduras, Año 16, No. 54, El Progreso, febrero de 2018, pp. 37-45.

[2] Colegio Profesional Superación Magisterial de Honduras.

[3] Comisión Económica para América Latina.

[4]Cepal. “Evaluación de daños y pérdidas huracanes Eta e Iota”. Borrador, Tegucigalpa, diciembre de 2020, p. 19.

[5]Ibíd.

[6] “Colprosumah Informativo”, programa radial semanal de dicha organización, Radio América, 27 de diciembre, 8-9 am.

[7]Primer Colegio Magisterial de Honduras. “La Voz del Pricmah”, programa radial semanal de dicha organización, Radio América, 27 de diciembre, 10-11 am y en programas anteriores.

[8] Entre otros, véase: “Presidenta de enfermeras del IHSS en SPS, nueva víctima del COVID en Honduras”, en Proceso Digital, 20 de diciembre de 2020.

[9] Canal 5, Noticiero TN5, 30 de diciembre, 2020, 9-10:30 pm.

[10] Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras.

[11] Comisión Permanente de Contingencias.

[12] El 30 de diciembre, representantes de organizaciones de migrantes hondureños en los Estados Unidos, que habían recolectado víveres, ropa y enseres domésticos en la Florida, informaron que el cargamento enviado a Honduras llevaba, hasta esa fecha, 21 días en la aduana de Puerto Cortés, debido a los “trámites burocráticos” que se les exigía cumplir, con el riesgo de que los alimentos se dañaran. Radio América, “La voz del migrante”, 30 de diciembre 2020, 2-3 pm.

[13] Véanse, por ejemplo, los argumentos expresados por Joaquín A. Mejía Rivera en “La responsabilidad de Max González ante la respuesta y prevención de los desastres provocados por los huracanes Eta e Iota”, radioprogresohn.net, 17 de noviembre de 2020.

[14] Respuesta a una consulta de Envío-Honduras, comunicación personal del 18 de noviembre de 2020.


*Historiador, doctor en Ciencias Sociales, autor de Evolución histórica de la identidad nacional, Tegucigalpa, Guaymuras, 1991, y Honduras en el siglo XX. Una síntesis histórica, Tegucigalpa, Guaymuras, 2004, entre otras obras de contenido histórico y social.

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