Por: Ana Ortega
Muchas y frecuentemente indispensables prestaciones sociales adoptan la forma de joint venture1 entre política y criminalidad. Una vez que se han rebasado valores límite, la ilegalidad se convierte en un recurso generalizable, aplicable para muchos fines —aprovechando, precisamente, que su empleo no ha de ser conocido…2.
Con la salida de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y el fin de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), la sociedad hondureña se vio sacudida por una nueva decisión política orientada a mantener la impunidad que acompaña la corrupción. La UFECIC fue creada a partir del apoyo y certificación de la MACCIH como una Unidad Especial adscrita al Ministerio Público, pero con cierta independencia y, sobre todo, con la garantía de la honradez, conocimiento y compromiso en la lucha contra la corrupción de su fiscal coordinador, el abogado Luis Javier Santos.
Esta decisión gubernamental suscitó otro debate, motivado por la indignación e incluso por la sorpresa. Sorpresa no por la nueva demostración de falta de voluntad política para combatir la corrupción —considerando que la llegada de la MACCIH fue el resultado de la presión ejercida por la masiva y prolongada protesta en las calles de diversos sectores—, sino porque, dadas las condiciones de desprestigio del actual gobierno, buena parte de la sociedad esperaba que este mantendría la MACCIH, aunque modificara el Convenio para que sus funciones se limitaran a “apoyar” lo que el gobierno considera que es suficiente para combatir la corrupción.
Suficiente y bajo control, como el anunciado Sistema Integral por la Transparencia, en contra de la Corrupción y la Impunidad, similar a otra instancia creada en 2010: el llamado Plan de Acción contra la Corrupción, a cargo de la Mesa de la Coordinación Interinstitucional Anticorrupción de Honduras (CIACH)1. Paradójicamente, los casos de corrupción más elaborados, sistemáticos y de mayor entramado, son posteriores a la creación de esta Mesa y su Plan.
Después de todo, de eso trata el realismo político: de ocultar las verdaderas intenciones o presentarlas de diferente manera; se trata de disimular y simular2, y en eso también consiste la autorreferencialidad del sistema político hondureño.
A esta simulación y disimulación también se refiere Luhmann, como la necesidad de “guardar los secretos del poder”3. La evidencia nos muestra que, además de disimular y simular, son claves para la autorreproducción de la corrupción la secretividad, centralidad y discrecionalidad en el ejercicio del poder político y la gestión pública.
¿Cómo se autorreproduce la corrupción?
Además, ¿qué efectos tiene sobre la sociedad? ¿Cómo se podría romper el entramado sobre el que se sostiene? Estas son algunas de las inquietudes que se intenta responder con esta aproximación a la corrupción desde la teoría de sistemas planteada por Nicklas Luhmann.
Desde este enfoque, la corrupción no es un sistema; en principio, es una des diferenciación4 del sistema político, producida por el dinero, el medio de comunicación simbólicamente generalizado (MCSG) del sistema económico. Es decir que, en una sociedad funcionalmente diferenciada, ya no compuesta por individuos como lo establece la mayoría de las teorías sociológicas, sino por comunicaciones, la economía se comunica a través del dinero, de la misma forma que la política se comunica a través del poder.
Si bien se reconoce que el sistema político siempre ha dependido del dinero para su expansión técnica, esta expansión (que alcanzó su máximo nivel durante el Estado de bienestar) se logró a través de los impuestos, que constituyen uno de los principales acoplamientos estructurales entre sistema político y sistema económico; y este acoplamiento no necesariamente deriva en corrupción, siempre que la institucionalidad del Estado, responsable de la transparencia y la rendición de cuentas, cumpla su función.
Puesto que la corrupción en principio no es un sistema, para autorreproducirse requiere utilizar las instituciones del sistema político y del sistema jurídico, que se convierten en los canales por los que circula; como resultado, ambos sistemas se paralizan en sus funciones de combatir la corrupción y en su defecto, sucede lo contrario: en la medida que son objeto de captura por la red de corrupción alojada en el Estado, más bien facilitan y reproducen la corrupción.
Tanto el sistema económico como el político —a través de sus medios de comunicación: poder y dinero—, enfatiza Luhmann, ofrecen motivos externos para ajustar su comportamiento a determinadas condiciones. En este caso, se trata de las condiciones impuestas por los códigos y la dinámica de la corrupción, de la misma forma que se imponen los intereses de la red de corrupción que ha capturado el Estado.
Cuando se trata de eventos de corrupción aislados, sencillos o poco frecuentes, se podría pensar que hay una debilidad institucional, que se refleja en insuficiencias técnicas o de conocimiento que impiden el cumplimiento efectivo de las funciones de combate a la corrupción, para las cuales fueron creadas dichas instituciones; pero cuando se trata de una corrupción permanente y estructurada, que depende de complejos entramados construidos desde el vértice del poder político/económico y extendidos hacia el resto del sistema social, se ha trascendido la debilidad institucional y se ha configurado la captura del Estado.
Del Estado-botín al Estado-capturado
La captura del Estado no es un fenómeno nuevo en Honduras. Al contrario; a la luz de la evidencia histórica se podría decir que al Estado-botín de los inicios de la constitución del Estado, siguió el actual Estado-capturado. El informe sobre transparencia del Consejo Nacional Anticorrupción de 2007 lo conceptualizó como:
La capacidad de grupos para influir a través de prácticas corruptas en los procesos de alta decisión del Estado, que a su turno se convierte en una forma predominante de corrupción asociada con el favoritismo de intereses privados en las altas esferas del poder5.
Este informe describe las diferentes formas en que se ha producido la captura del ámbito estatal por diversos grupos, que han accedido al control del Estado en función de sus intereses corporativos y no en función del interés nacional. Tal captura “ha fomentado que, por una parte, desde el Estado se dinamicen las prácticas de corrupción de mayor impacto, y por otra, que se neutralicen los mecanismos institucionales para combatir los actos de corrupción”6.
La impunidad, que es condición de posibilidad para que exista y se reproduzca la corrupción, es una de las expresiones más nítidas de la captura del Estado; la impunidad permite que la corrupción se extienda y se reproduzca, utilizando las mismas instituciones creadas para combatirla. Así lo señala el FOSDEH:
Honduras es un Estado capturado por la corrupción. De hecho, las evidencias confirman que va más allá de la violación de las leyes en beneficio particular o de grupos. Por su larga data se ha convertido en un modelo de sociedad y gestión pública. Es tal su magnitud que se reproduce a sí mismo, de forma premeditada o automática7.
No hay distinción entre lo legal e ilegal
Con lo anterior se evidencia que la corrupción ha estado presente a lo largo de la historia del país; pero entonces: ¿Qué es lo diferente en los últimos años? Este enfoque teórico parte de la explicación de que existen valores límite que, cuando se rebasan o se violentan sin que exista el riesgo de recibir sanción por ello, es decir, que quienes detentan poder pueden actuar de manera tanto legal como ilegal, la sociedad está ante una situación en la que la corrupción se promueve y reproduce desde el sistema político. Cuando esto sucede, para los grupos de poder implicados, la distinción entre lo legal e ilegal ha desaparecido.
Uno de estos valores límite es la Constitución. Como sabemos, las constituciones no necesariamente son respetadas en su totalidad, pero su vigencia expresa la concreción de la función del sistema político, que es (desde esta perspectiva teórica) “producir decisiones colectivamente vinculantes para toda la sociedad”; en ese sentido, es la más importante adquisición evolutiva del sistema político. Impuestas como si se tratara de una conquista prepolítica y al margen de las típicas tensiones de la lucha por el poder, a través de las constituciones se intenta homogeneizar la sociedad y, con ello, invisibilizar las asimetrías de poder.
Una de sus funciones es evitar que el poder económico se transforme automáticamente en poder político. No obstante, en situaciones donde la institucionalidad del Estado no logra consolidarse, como en el caso hondureño, se evidencia de manera más sistemática que el poder económico siempre ha tenido la posibilidad de ejercer el poder político y, con ello, “relativizar” el cumplimiento de la Constitución.
Efectivamente, las constituciones modernas son el máximo acoplamiento estructural entre el sistema político y el sistema jurídico, salvando las diferencias entre países con Estados menos o más consolidados. Las constituciones pueden ser “relativizadas”, pero sobreviven como relato cohesionador y como ideal de la sociedad a construir.
Pero cuando una constitución se suspende de manera abrupta y violenta, producto de la presión ejercida por la red de poder instalada en el Estado (cuando quienes la integran perciben que sus privilegios e intereses particulares, impuestos como intereses generales, podrían estar en riesgo, y deciden mantenerlos rompiendo el pacto que ellos mismos han impuesto), tal como pasó con el golpe de Estado de 2009, entonces, la sociedad en su conjunto queda expuesta a una dinámica política en la que lo legal solo sirve de fachada para impulsar lo ilegal.
Opacidad, centralidad y secretividad
De la misma manera que el poder formal sirve de fachada para que se despliegue el poder informal, a través de un proceso progresivo, en un principio las intromisiones del poder informal —que por cierto suele ser el poder real—, se registran como “anomalías o desviaciones” y suelen mantenerse en el ámbito opaco de la secretividad. Por eso no es casualidad que, a medida que la corrupción se extiende, también se extienda la secretividad, la centralidad y la discrecionalidad en el ejercicio del poder político y la gestión pública.
En un principio, estas anomalías o desviaciones se imponen de manera paralela y tienen efectos de contrapoder, mientras minan la hegemonía del poder formal; pero a medida que se tornan recurrentes y aceptadas (producto de la expansión del poder que ejerce la red que ha capturado el Estado), las lógicas, códigos y dinámicas de la corrupción se instalan en las instituciones, y se crean nuevos marcos legales e institucionales de manera paralela o anulando los anteriores.
De esta forma, poder formal y poder real se encuentran en una especie de balance que asegura su reproducción, combinando legalidad con ilegalidad, pero siempre utilizando una narrativa de legalidad y legitimidad para imponerla al resto de la sociedad.
La evidencia es abundante. En estos nuevos marcos institucionales y normativos, destaca la creación del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad8, la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Defensa y Seguridad Nacional9, conocida como Ley de secretos, o las reformas a las disposiciones del Presupuesto General de la República10, entre tantas otras orientadas a impulsar y fortalecer la corrupción como práctica sistemática, o a superar cualquier obstáculo que ponga en riesgo su autorreproducción.
Estas nuevas normas e instituciones generan elementos y operaciones que constituyen la reacción del sistema político, a través de los tres poderes del Estado, para cerrar el paso a cualquier irritación proveniente del entorno, en un esfuerzo por cerrar la autorreferencialidad del sistema político, cuyas dinámicas han sido intervenidas por prácticas corruptas.
La capacidad de vincular nuevos elementos y operaciones de corrupción es diversa. Se expresa, y a la vez se sostiene, en mayor opacidad, centralidad y discrecionalidad en el ejercicio de la función pública y el poder político; va desde la intervención de instituciones cuestionadas, en las que se instalan comisiones interventoras con funciones y responsabilidades creadas ad hoc y que supuestamente deberían ser temporales, pero que se convierten en una nueva forma de gestión de la institucionalidad, reforma o eliminación de instituciones, entre otras decisiones emanadas del poder Ejecutivo.
Simultáneamente, se derogan, reforman o emiten leyes para impedir el acceso a la información pública, para evitar investigar a ciertos funcionarios o para limitar las funciones de instituciones o leyes que impiden que actores estatales sean investigados. Se trata de leyes y decisiones políticas que tienen el efecto de blindar, limpiar u ocultar actos de corrupción. Así logran que, en la práctica, la corrupción reciba un tratamiento semejante al que reciben los temas considerados como de seguridad del Estado, quedando protegida por la secretividad.
La legalidad simulada
Este escenario, según Luhmann, promueve el encuentro entre política y criminalidad, aprovechando que, desde el vértice del sistema político, se ha eliminado el riesgo de enfrentar consecuencias por actuar de manera ilegal; al contrario, la red que ha capturado el Estado tiene la capacidad de detentar más poder por la vía de la ilegalidad, precisamente porque ha utilizado su poder para hacer desaparecer la frontera entre lo Legal / No legal. La imposición de estos códigos genera una dinámica de suma cero, porque lo que gana la red que ha capturado el Estado, lo pierde la sociedad y el Estado de derecho.
Paradójicamente, un fuerte argumento de la estrategia de comunicación para mantener y profundizar la corrupción es la necesidad de hacer prevalecer el estado de derecho y la legalidad (se escuchan de manera recurrente categorías como soberanía, debido proceso, constitución y legalidad, entre otras), pero se trata de una “legalidad simulada”. Luhmann lo plantea de forma precisa:
El sistema se mantiene simulando legalidad, aunque no renuncia a la normatividad en general. No obstante, mediatiza el código derecho/no derecho, anteponiendo una diferenciación a través de un valor de rechazo, que permite la subordinación oportunista a las elites capaces de imponerse. Con la pregunta de si el derecho se debe aplicar en estos casos, surge una especie de test preliminar. Con ello se llega a situaciones límite en las que el derecho funge sólo, de manera ocasional e inconexa, como sistema. El derecho entonces se orienta a sí mismo —y así es percibido desde fuera—, como un puro instrumento de poder11.
La corrupción desplaza el interés público
En ese contexto, en que la diferencia Legal / No legal ha desaparecido porque el sistema jurídico ya no responde a sus propios códigos, sino a los medios de comunicación de los sistemas político y económico —poder y dinero respectivamente—, la corrupción adquiere posibilidades de expansión y autorreproducción ilimitadas y con la fuerza suficiente para desplazar el interés público y el sistema político. Así lo considera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su reciente informe sobre corrupción y derechos humanos:
la CIDH consideró a la corrupción como un fenómeno caracterizado por el abuso o desviación del poder encomendado, que puede ser público o privado, que desplaza el interés público por un beneficio privado (personal o para un tercero), y que daña la institucionalidad democrática, el Estado de Derecho y afecta el acceso a los derechos humanos12.
Ante la gravedad de estas implicaciones, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción también manifiesta su preocupación por los vínculos entre la corrupción y otras formas de delincuencia:
Por la gravedad de los problemas y las amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley, además por los vínculos entre la corrupción y otras formas de delincuencia, en particular la delincuencia organizada y la delincuencia económica, incluido el blanqueo de dinero13.
El carácter ilimitado de la corrupción se debe, en parte, a que en el marco de la economía de mercado, con la supremacía de la financiarización económica, el dinero es el medio de comunicación con mayor capacidad de expansión y generalización. Este ha cobrado mayor impulso en los últimos tiempos, debido a las importantes adquisiciones evolutivas apuntaladas por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. De hecho, no solo el sistema político evidencia la des diferenciación desde el dinero; también es visible en otros sistemas, como el religioso, educativo y científico.
Sistema político, dinero ilícito y despolitización
La penetración del dinero en la política se viene denunciando desde hace algunos años; no solo de dinero público o producto de actividades económicas lícitas, sino también de dinero proveniente de actividades ilícitas. Especialistas en sistemas electorales de la región así lo han evidenciado:
La necesidad no sólo de mantener aparatos partidarios en funcionamiento permanente sino, además, la de llevar a cabo campañas electorales crecientemente costosas, ha colocado a los partidos frente al problema de tener que recaudar grandes sumas, sin indagar muchas veces el origen de esos dineros o, incluso, cerrando los ojos ante lo obvio de los hechos. Se ha ido abriendo así, paulatinamente, la puerta al financiamiento ilegal, al predominio cada vez mayor de fuertes grupos económicos, al tráfico de influencias y al flagelo del narco-financiamiento14.
Es evidente que los puntos donde política y criminalidad convergen son diversos, como lo señala Luhmann; el progreso y la profundización de los vínculos y nuevos ámbitos de relación entre ambos son ilimitados. El caso hondureño muestra la combinación entre actividades ilícitas y blanqueo de capitales, que luego entran a la economía “legal”, convirtiendo elites políticas en elites empresariales y viceversa.
Lo anterior tiene efectos perversos en la dinámica política, porque profundiza la noción de banalización y el desencanto con el mundo de lo político, lo cual deriva en mayor despolitización, aleja a la ciudadanía de lo público y facilita que las elites ilegales se hagan con el Estado de manera más fácil, sin control o vigilancia de quienes las eligen, y que resultan siendo afectados por sus decisiones.
El autor antes citado enfatiza:
Los escándalos continuos de corrupción por una parte, y de narco-financiamiento por la otra, no hacen otra cosa que profundizar el sentimiento de repudio que grandes sectores de la ciudadanía sienten actualmente respecto de la política y de los políticos, generando incluso en algunos países condiciones que afectan la estabilidad y gobernabilidad política15.
Las elecciones como un fin en sí mismas
Lo señalado por Zovatto es una realidad en varios países de la región y Honduras no es una excepción. En este contexto de inestabilidad e ingobernabilidad crecientes, surge una pregunta: ¿Cómo simula el sistema político que se mantiene en su lugar? Desde este enfoque teórico, la respuesta está en la capacidad del sistema para autorreproducirse, aun en medio de la des diferenciación, puesto que los sistemas no requieren estabilidad para mantenerse. Además, logran que algunas formas de comunicación se vuelvan hegemónicas y que rebasen el propio sistema.
En el caso del sistema político, esa función la desempeñan las elecciones / democracia; entonces, no es casualidad que en la narrativa hegemónica de la democracia las elecciones hayan pasado de ser un medio, a constituirse en un fin en sí mismas y en la panacea para resolver las catástrofes del sistema político.
Desde esta perspectiva, la condición de posibilidad de la existencia de la democracia es que exista oposición política, en tanto garantía de que el sistema político permanezca abierto a nuevas posibilidades y alternativas, con capacidad de incluir lo que el poder excluye.
Por lo anterior, la red que ha capturado el Estado tiene como una de sus prioridades eliminar la oposición política, ya sea por la vía de la cooptación o de la represión. Esta prioridad se aplica tanto a la oposición política “formal”, que fluye por los canales institucionales y se forma dentro de los partidos políticos, como a la oposición política “informal”, que se genera en expresiones más allá de los partidos políticos, como los movimientos sociales, populares, gremiales y de la ciudadanía en general.
La red que ha capturado el Estado mantiene el sistema político de tal forma que pueda reproducir la corrupción que garantiza sus privilegios, especialmente el privilegio de mantenerse en el poder, que en estas condiciones ya no es un derecho, sino un privilegio que se logra arrebatando derechos al resto de la sociedad.
Desde la práctica política de simular y disimular, el sistema alimenta un “particular” tipo de participación que le es consustancial al sistema político y al grupo en el poder; se trata de una participación que alimenta la autorreferencialidad y des diferenciación del sistema político, configurando un círculo vicioso en que buena parte de la ciudadanía se aleja de la política; a la vez, la práctica política y el horizonte de lo político se alejan cada vez más de la ciudadanía, configurando así una despolitización que le es funcional al sistema: “todo lo que sustrae poder al ciudadano, confinando la política en el recinto autorreferencial de un oficio separado, introduce despolitización y des-responsabilización”16.
El carácter autorreferencial de la política impide que se incorporen al sistema político las demandas que se generan en el entorno, que no llegan a irritar el sistema porque se quedan a nivel de ruido, sin lograr penetrar los límites de sentido desarrollados por el sistema. Así se constató recientemente con la salida de la MACCIH, a pesar de que según encuestas ciudadanas la mayoría de personas consultadas solicitaban al Ejecutivo la continuidad de la Misión en el país17.
Entonces, una pregunta obligada es: ¿Cómo se rompe esa autorreferencialidad de la política que garantiza la autorreproducción de la corrupción? Alrededor de esta pregunta se desarrolla, a manera de breves conclusiones, la parte final de este artículo.
Conclusiones
En principio, la evidencia en casos similares muestra que el círculo perverso de la corrupción, instalado de manera predominante en el sistema político, no se rompe desde el interior del sistema, precisamente porque es ahí donde se reproduce. Al menos que una presión externa, es decir, desde el entorno (en el que además de los otros subsistemas también se encuentra la ciudadanía, organizada o no) genere tal crisis que obligue a que al interior del mismo se formen y tomen decisiones contrarias a las que ha impuesto la red de corrupción que ha capturado el Estado.
Estas comunicaciones con capacidad para provocar irritación y penetrar el sistema político no surgen de manera espontánea; parten de elementos con capacidad para generar otras operaciones, contrarias a las que produce la red de poder que ha capturado el Estado. En esa dinámica son necesarias alianzas, articulaciones y nuevas comunicaciones con capacidad de romper los límites de sentido impuestos por el sistema político.
Por ejemplo, el sistema político ha generado una comunicación hegemónica capaz de imponer la idea de que todos los problemas, sociales y políticos, se resuelven a través de los procesos electorales, sin importar si estos adolecen de transparencia y legitimidad; se trata de una dinámica intrasistémica que no escapa a las prácticas corruptas que han invadido el sistema político.
Salir de esa lógica y generar “otra comunicación política” es clave para romper la autorreferencialidad del actual sistema político y la corrupción que puede extender y profundizar.
1 Mesa conformada por las mismas instituciones que integran el actual Sistema Integral, excepto que en esta Mesa sí estaba integrado el Ministerio Público y el CNA. Ver detalle en: https://www.tsc.gob.hn/web/leyes/Plan%20de%20Acci%C3%B3n%20contra%20la%20Corrupci%C3%B3n.pdf
2 Norberto Bobbio. Teoría general de la política, Trotta, Madrid, 2003.
3 Niklas Luhmann. La sociedad de la sociedad, Editorial Herder, México, 2007, p. 628.
4 Desde esta perspectiva teórica, se entiende la des diferenciación como una limitante para avanzar en el proceso de diferenciación de un sistema (proceso opuesto al acoplamiento estructural entre sistemas, en el que cada uno incrementa su capacidad de comunicarse con el entorno) y como falta de cercanía a la realidad.
5 CNA. Informe Nacional de Transparencia 2007. Hacia un sistema nacional de integridad, Tegucigalpa, 2007, p. 35.
6 Ibíd.
7 Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH). Honduras: Balance de la corrupción 2009, p. 9. Disponible en: www.fosdeh.net
8 Decreto N° 239-2011, disponible en: http://www.poderjudicial.gob.hn/CEDIJ/Leyes/Documents/Ley%20Especial%20del%20Consejo%20Nacional%20de%20Defensa%20y%20Seguridad%20%282%2C9mb%29.pdf
9 Decreto N° 218-2013, disponible en: https://www.tsc.gob.hn/biblioteca/index.php/leyes/531-ley-para-la-clasificacion-de-documentos-publicos-relacionados-con-la-seguridad-y-defensa-nacional
10 Decreto N° 141-2017, ver análisis del FOSDEH en: http://www.fosdeh.com/wp-content/uploads/2018/01/reflexi%C3%B3n-presupuesto-2018-fosdeh.pdf
11 Niklas Luhmann. El derecho de la sociedad, Universidad Iberoamericana, México, 2002, p. 55.
12 En: https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/CorrupcionDDHHES.pdf, p. 12.
13 Detalle en: https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/04-56163_S.pdf
14 Daniel Zovatto. Estudios sobre financiamiento de partidos políticos en Centroamérica y Panamá. Cuadernos de CAPEL # 48, San José, IIDH/CAPEL, 2004, p. 5.
15 Daniel Zovatto. Dinero y política en América Latina: Una visión comparada. Cuadernos de Ciencias Sociales, No. 130, FLACSO, San José, 2003, p. 6.
16 Paolo Flores D‘Arcais. El individuo libertario. Recorridos de filosofía moral y política en el horizonte de lo finito, Editorial Tecnos, Madrid, 2001, p. 84.
17 CESPAD. En medio de una percepción apocalíptica de la corrupción la ciudadanía hondureña apuesta a la continuidad de la MACCIH, diciembre, 2019, disponible en: http://cespad.org.hn/wp-content/uploads/2019/11/Doc-MACCIH-WEB.pdf
1 Joint venture se traduce como un proyecto conjunto; es decir, dos empresas o iniciativas que se unen para emprender o desarrollar un proyecto en común.
2 Nicklas Luhmann. Complejidad y modernidad. De la unidad a la diferencia, Trotta, Madrid, 1988, p. 132.
Fuente de la imagen: http://www.radioamerica.hn/los-corruptos-convirtieron-honduras-en-uno-de-los-paises-con-mayor-corrupcion-en-el-mundo-cna/
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