Rafael Jerez Moreno* y Juan Carlos Aguilar Moncada**
En lugar avanzar hacia la democratización del sistema, nos conducimos a una des-democratización, como resultado del desencanto ciudadano con la democracia en que le ha tocado vivir. Para que el ciclo electoral de 2021 nos encamine hacia la democratización, se enfrenta el reto de promover la participación ciudadana en un contexto en que la legitimidad del sistema de partidos políticos es tan baja como el interés de la ciudadanía sobre el acontecer político.
Después de treinta y ocho años de haber entrado en vigencia la Constitución de la República (1982), pareciera que hemos dado por sentado vivir en un sistema democrático, por lo menos hipotéticamente. Desde entonces, indiscutiblemente, han ocurrido hechos que se catalogan como violaciones a la Constitución de la República, que han impactado negativamente en la calidad de nuestra democracia y conducido a varios sectores políticos a plantear la idea de iniciar un proceso constituyente.
Entonces, ¿todavía podemos afirmar que vivimos en un sistema democrático? La décima edición del Sondeo de Opinión Pública del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), nos da luces sobre el desencanto ciudadano con la democracia, o con la idea que se tiene de esta.
El reiterado accionar de las élites políticas y económicas a través de la cooptación de las instituciones públicas, el afianzamiento de la corrupción como modus operandi, así como la incapacidad de las instituciones para garantizar la prestación de servicios públicos y la protección de los derechos humanos, pueden ser factores que estén conduciendo a la ciudadanía a considerar que la democracia, el único sistema en el que han vivido por lo menos 6,966,269 hondureños –lo que representa el 75% de la población–, no es el modelo idóneo para satisfacer las necesidades sociales.
Después de todo lo ocurrido desde el golpe de Estado de 2009, ¿será posible revertir las regresiones que contribuyen a la des-democratización del sistema político hondureño? ¿Es viable promover una mayor cultura política ciudadana para generar más participación política? ¿Puede ser el ciclo electoral de 2021 un punto de partida hacia la democratización?
El sistema democrático hondureño, más sombras que luces
Los procesos electorales justos y transparentes son parte importante de la democracia, pero un sistema democrático no se circunscribe exclusivamente a elecciones. Partiendo de esto, Guillermo O´Donnell señala que un Estado democrático es aquel en que se protegen y garantizan los derechos y libertades ciudadanas, por medio de un sistema legal en el que las instituciones actúan con el objetivo de dotar de efectividad esos derechos, y que, además, reconoce la existencia de una ciudadanía civil, social y cultural; sin menoscabo de que la existencia de un régimen democrático también comprende el acceso a las principales posiciones de gobierno mediante elecciones competitivas e institucionalizadas[1]. Para O´Donnell, en una democracia, el ciudadano es capaz de participar en la toma de decisiones relevantes para el bien público, no solamente en calidad de votante[2].
Cuando un Estado no es capaz de garantizar esos derechos y libertades, el ciudadano no percibe la democracia como algo imprescindible. Muestra de ello es que en la décima edición del Sondeo de Opinión Pública del ERIC[3] (en adelante, el Sondeo), el 45.5% de los ciudadanos manifestó que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, y el 50.4% afirmó que le es indiferente un régimen democrático a uno autoritario, o que, en algunas circunstancias, es preferible un gobierno autoritario a uno democrático.
El Sondeo visibiliza entre sus resultados la prelación en el orden de los principales problemas que la ciudadanía considera que persisten en el país: desempleo (32.4%), inseguridad (21.0%), pobreza (15.6%) y corrupción (12.7%). Otro ejemplo es el resultado al interrogante sobre la institución a la que acudiría una persona si fuese víctima de un crimen, ubicándose en primer lugar la opción “ninguna” (28.2%) y la Policía Nacional Preventiva (18.0%). Es decir, que los ciudadanos no perciben, en el funcionamiento actual del sistema democrático representativo, aquel en que las instituciones o los representantes electos pueden garantizar la protección de sus derechos fundamentales.
A través de los años, en lugar de dirigirnos hacia la democratización del sistema, por medio de la “ampliación y profundización de las condiciones, instituciones y procedimientos que hacen posible la plena vigencia de las libertades y los derechos, así como la participación social, en un régimen político”[4], nos conducimos a una des-democratización, que son procesos que producen un debilitamiento o erosión de la certeza de los ciudadanos de poder desarrollar un proyecto de vida en un sistema político que, en un momento determinado, cumplía razonablemente con los parámetros de una democracia[5].
Reflejo de esto es que, en el Sondeo, el 67.1% consideró que la situación de los derechos humanos en Honduras sigue igual; el 16.5% piensa que ha empeorado, mientras que solo el 14.5% observa una mejoría en esta materia; es decir que, actualmente, el sistema democrático no genera las condiciones para desarrollar su proyecto de vida.
De la des-democratización a un régimen híbrido
El proceso electoral celebrado en 1981, en el que Roberto Suazo Córdova fue elegido Presidente de la República, fue el punto de partida para que, durante treinta y ocho años, se celebraran diez elecciones generales[6]. El último antecedente, el proceso electoral de 2017, evidenció las profundas debilidades del sistema electoral. Esto fue confirmado por la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), que aseguró haber presenciado un proceso de baja calidad técnica y electoral[7], razón por la cual el Secretario General de esta organización solicitó un nuevo llamado a elecciones[8].
Con lo anterior, queda claro que mientras los procesos electorales no cumplan con el carácter de justos y transparentes, como lo determina el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), el ejercicio del sufragio será en vano y sus resultados considerados ilegítimos por la ciudadanía.
The Economist Intelligence Unit, por medio de su informe sobre el Índice de la Democracia 2019 (Democracy Index 2019), realizó una evaluación del estado de la democracia en 167 países, en cuatro categorías: democracias plenas, democracias débiles, regímenes híbridos y regímenes autoritarios. De una calificación de 1 a 10, siendo 10 la máxima puntuación para una democracia plena, Honduras obtuvo una puntuación de 5.42, situándose en el lugar número 89, en la categoría de régimen híbrido.
Según el estudio, un régimen híbrido es aquel en que: a) las irregularidades suscitadas en procesos electorales impiden que estos sean considerados libres y justos, b) existe presión del Gobierno hacia los partidos políticos y candidatos opositores, c) la corrupción penetra en la administración pública y hay un débil Estado de derecho, d) se caracteriza por una sociedad civil debilitada, e) hay acoso gubernamental hacia los periodistas y, f) el Poder Judicial no es independiente[9].
Todos estos elementos han sido ilustrados a cabalidad por el Programa para América Latina del Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson que, en su informe “Cuando la corrupción financia el sistema político: el caso de estudio de Honduras” (When Corruption Funds the Political System: A Case Study of Honduras), concluyó que, sobre las diferentes formas de corrupción presentes en Honduras y el estado de los mecanismos de rendición de cuentas: a) la corrupción, por medio del financiamiento de las campañas políticas, es el factor decisivo de los procesos electorales hondureños, b) los mecanismos de combate a la corrupción y rendición de cuentas han sido debilitados o diseñados para dar una apariencia de supuesta rendición de cuentas y, c) a pesar de sus limitaciones, el activismo y la presión social emergente desde la sociedad civil se constituye como el contrapeso a la corrupción gubernamental[10].
El estudio afirma con propiedad que la corrupción se convirtió en el sistema operativo del sistema político, evidenciado por las acusaciones sobre financiamiento ilícito en las campañas políticas de los últimos tres presidentes electos en procesos electorales; asimismo, la imposibilidad de que sean los partidos políticos, mayoritarios y minoritarios, los promotores de reformas profundas en materia de anticorrupción, ya que estos son, precisamente, los que se han beneficiado de la corrupción como materia prima para el financiamiento de sus campañas electorales.
Por otro lado, explica la degeneración de instituciones públicas que, según la ley, deberían actuar como contrapesos en su rol de fiscalización y control de los recursos públicos. Es el caso del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), cuyos auditores producen, en promedio, un informe al año en concepto de enriquecimiento ilícito; y, la clara regresión en el combate a la corrupción desde el Ministerio Público, con una Unidad Fiscal Especializada contra la Corrupción (Uferco) —creada después de la eliminación de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (Maccih)— que, hasta el momento, no ha podido presentar formalmente un caso ante el sistema de administración de justicia penal.
Tanto en el Índice de la Democracia 2019, como en el estudio del Centro Woodrow Wilson, se presentan evidencias basadas en hechos históricos para que Honduras sea catalogada como un régimen híbrido en ruta a convertirse en un régimen autoritario.
El riesgo latente del populismo
En el marco de una democracia representativa, el debilitamiento que se produce en diferentes frentes de la institucionalidad pública, provoca un distanciamiento de los representantes electos con los representados, los ciudadanos.
El Sondeo del ERIC vislumbra que, respecto a los cargos elegidos a través del voto directo de la ciudadanía, un 82.5% no tiene confianza en el Gobierno; un 85.7% manifiesta desconfianza hacia el Congreso Nacional, y el 69% hacia las corporaciones municipales.
El componente representativo del sistema democrático implica que el soberano actúa directamente para la integración del Poder Constituyente y en las distintas formas de democracia participativa; no obstante, también comprende que, una vez que los poderes constituidos comienzan a funcionar, son estos los encargados de tomar decisiones para garantizar la prestación de servicios públicos y la protección de los derechos humanos, con base en las disposiciones de la Constitución de la República y los tratados internacionales sobre derechos humanos.
Cuando los niveles de confianza se desploman por la ausencia de institucionalidad y las transgresiones de las disposiciones constitucionales –entre otros factores ya mencionados–, prolifera el riesgo de que surjan liderazgos populistas.
El populismo se construye sobre la base de una distinción entre dos facciones en la sociedad: “el nosotros, es decir, el pueblo como depositario de todo el poder y lo bueno, y ellos, los enemigos de ese pueblo y depositarios de todo lo malo”[11]; así se crea un vínculo directo entre el líder o representante, una vez que este se transforma en “encarnación” de las aspiraciones y la voluntad del pueblo, deslegitimando en el proceso todo lo que se encuentre fuera de ese vínculo, incluyendo las instituciones.
A las puertas de un ciclo electoral en 2021, el surgimiento de liderazgos populistas es propicio en un terreno fértil al que se suma el rechazo ciudadano al tradicionalismo político y los actos de corrupción ocurridos durante la pandemia. ¿Será posible que un liderazgo populista encabece un programa político dirigido a la democratización?
El profesor José Antonio Sans Moreno manifiesta que el camino hacia la democratización debe conllevar ciertos niveles de realización: el del ser humano sobre la base de la dignidad humana, la distribución del poder y la integración del Estado en un sistema internacional por medio del ejercicio de la soberanía, con las limitaciones que este orden le impone. Con base en lo anterior, el surgimiento de un liderazgo populista es una posibilidad en la competencia electoral, pero también un factor que contribuiría a profundizar la des-democratización.
Elecciones como factor de democratización o des-democratización
El 2021 será un año crucial para determinar el camino de Honduras en términos de democracia electoral. El nuevo diseño institucional del sistema electoral, integrado por las tres fuerzas político-partidarias dominantes, tendrá bajo su responsabilidad la administración del ciclo de elecciones primarias y generales, que pueden constituir un punto de inflexión para restaurar la integridad y transparencia y revestir de legitimidad el proceso democrático.
Autores como Flavia Freidenberg y Camilo Saavedra, efectúan valiosos análisis sobre los factores que contribuyen a la progresión o regresión de las democracias en América Latina. Uno de estos son las “actitudes” de los ciudadanos, es decir, ¿por qué la población elegiría una democracia que no resuelve sus problemas? En este caso, la respuesta aludiría a la convicción democrática de los ciudadanos[12].
Como ya se mencionó, conforme a los datos del Sondeo del ERIC, el 45.5% de las personas consultadas considera que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Esta inclinación a favor de la democracia se da cuando esta se entiende como un sistema que promueve valores que lo caracterizan, como la dignidad humana, el pluralismo y la solidaridad, entre otros; y, a la vez, que emplea una serie de habilidades y prácticas, como el ejercicio del diálogo, para solucionar los conflictos y problemas de una sociedad[13].
Sin menoscabo de los antecedentes, ampliamente conocidos, que han dirigido el sistema político hacia la des-democratización, el número de ciudadanos que todavía preserva la convicción que la democracia es el sistema en el que sus demandas y necesidades pueden ser satisfechas, debe ser la base sobre la que se trabaje para reducir los márgenes de indiferencia hacia el sistema.
Sobre este tema, la pregunta es: ¿cuál es el nivel de interés o desafección del ciudadano con relación a la política? El Sondeo nos da indicios de ello, manifestando que el 77.8% de la población se interesa poco o nada en la política. Según cifras del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), el abstencionismo en las elecciones generales de 2013 fue de 39%, y en las de 2017 aumentó a 42.48%[14]. ¿Seguirán aumentando estos niveles en consonancia con el desinterés de los ciudadanos hacia la política?
La necesidad de la legitimidad
Una parte de ese rechazo proviene de los bajos índices de legitimidad, influenciados por el cúmulo de irregularidades que rodearon los procesos electorales por los que asumió la Presidencia de la República Juan Orlando Hernández en 2013 y 2017.
Entre 1981 y 2009, la carga electoral se distribuyó mayoritariamente entre dos entidades políticas: el Partido Nacional y el Partido Liberal. Esta distribución cambió en las elecciones generales de 2013 y 2017, que marcaron el inicio de ciclos electorales en los que el número de votos se distribuyó entre, por lo menos, tres fuerzas políticas.
En 2013, Juan Orlando Hernández fue declarado presidente con el 37% del total de votos válidos; y en 2017 con el 43%, una diferencia de 2% respecto de Salvador Nasralla, candidato de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, integrada por el Partido Libertad y Refundación (Libre) y el Partido Innovación y Unidad Social-Demócrata (PINU-SD). Con los antecedentes que dejó la elección general de 2017, y de cara a las elecciones primarias y generales de 2021, la necesidad de contar con suficiente legitimidad es aún mayor.
Así las cosas, para que el ciclo electoral de 2021 se constituya en un parteaguas que encamine el sistema político hacia la democratización, se enfrenta al reto de promover mayores niveles de participación ciudadana, en un contexto en el que la legitimidad del sistema de partidos políticos es baja, así como el interés de los ciudadanos sobre el acontecer político.
Las reformas electorales: ¿reglas claras o inconclusas?
Las reglas del juego son la base sobre la que se erige el sistema electoral. Por medio de ellas se ha mantenido con un modelo adecuado a un sistema bipartidista, desconociendo la interacción de más de dos fuerzas políticas con opciones reales de obtener la victoria en los diferentes niveles electivos, especialmente el presidencial.
Con la convocatoria a elecciones primarias emitida por el Consejo Nacional Electoral el 13 de septiembre de 2020, Honduras dio inicio al proceso electoral sin consensos en el Congreso Nacional para la aprobación de la nueva Ley Electoral, la discusión de la Ley Procesal Electoral, y sin reformas a la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos y Candidatos.
Después de tres años de la crisis política-electoral de 2017, el Congreso Nacional esperó hasta una semana antes de la fecha de la convocatoria de las elecciones primarias para introducir el dictamen de la nueva Ley Electoral al pleno de diputados y diputadas.
Pero ese dictamen no contiene las reformas que han sido el tema central de los debates político-partidarios y enfrentamientos sociales: la consulta ciudadana sobre la reelección presidencial, la aprobación de la segunda vuelta electoral, reformas de las disposiciones regulatorias sobre el financiamiento de las campañas políticas, y la ciudadanización de las mesas receptoras del voto, entre otras.
Hasta la fecha, la reforma ha sido, sobre todo, la reconfiguración del sistema electoral a nivel constitucional para darle la bienvenida al Partido Libre a la dirección de los organismos electorales. Esto no es suficiente para garantizar elecciones transparentes y justas, ni para evitar un nuevo episodio de conflictividad social. Aun así, para que se produzca la reforma a nivel legislativo, forzosamente debe contar con el respaldo de tres partidos políticos en el Congreso Nacional. Si esto no se traduce en confianza y mayor cultura política ciudadana, sus efectos no trascenderán la barrera jurídica y partidaria.
Más allá de una democracia electoral
Conscientes de que las elecciones son el punto de partida para la integración de las principales instituciones en una democracia representativa, bajo la premisa de la alternabilidad en el ejercicio del poder, la práctica de elecciones libres y competitivas será una condición indispensable para que la ciudadanía recobre confianza en la democracia.
Para lograr este propósito, las élites políticas deberán reducir las brechas de distanciamiento con el ciudadano, produciendo una interacción en ambas vías, en busca de legitimidad y gobernabilidad. Freidenberg y Saavedra identifican la gobernabilidad como el factor de las “prácticas” o, en otras palabras, el cumplimiento de una serie de indicadores que analizan las decisiones de un presidente con respecto a su nivel de cumplimiento de las normas formales y la relación que guarden con los poderes del Estado[15].
Pero la gobernabilidad no se circunscribe a un plano institucional; también se extiende a la capacidad del sistema político para atender las demandas ciudadanas, según su número e intensidad[16]. Antes se analizó el desinterés ciudadano por la política. Sin embargo, esto no quiere decir que la ciudadanía no tenga afección por los asuntos de interés público.
Para el caso, el Sondeo del ERIC registró que un 85.1% de ciudadanos no participa en ningún tipo de organización, ante un 14.9% que sí lo hace, del cual solo un 2.1% participa en un partido político. Los dos espacios en que los ciudadanos registran mayores índices de participación organizada se sitúan en las organizaciones religiosas (27.9%) y las organizaciones comunitarias (27.1%).
Esto evidencia, por un lado, que sí existe un rechazo hacia la participación en los partidos políticos y, por otro, que el país es dirigido por élites políticas que actúan desde “estructuras electorales” que no cuentan con legitimidad ciudadana. Por otra parte, este hecho no es intercambiable, necesariamente, con el “desinterés” por los asuntos de interés colectivo.
De hecho, el Sondeo muestra que al 56.1% de ciudadanos sí les interesan los asuntos públicos, frente al 43.8% al que le interesan poco o nada. Lo revelador de estos datos es que existen espacios en los que los “representantes” y los “representados” pueden establecer una interacción por medio de la promoción de actividades, proyectos y políticas comunitarias para incentivar una participación política real, pudiendo así recobrar gradualmente la legitimidad en el sistema.
¿Es posible revertir las condiciones actuales?
Para revertir la des-democratización y dirigir esfuerzos hacia la democratización, Daniel Zovatto sugiere centrar los esfuerzos priorizando ejes como el aumento de la participación ciudadana, fortalecer la legitimidad de las instituciones y consolidar el Estado de Derecho, que deben recorrer transversalmente el funcionamiento de la democracia.
Para generar cambios, la democratización debe pasar por reformas políticas profundas; y para la consecución de esas reformas, Zovatto propone como objetivos: 1) partidos políticos modernos con financiamiento transparente, y parlamentos legítimos, con capacidad para representar las causas sociales y ciudadanas, 2) instituciones que impidan el ejercicio abusivo del poder y aseguren niveles apropiados de transparencia y rendición de cuentas y, 3) un poder judicial independiente y con recursos adecuados para asegurar la plena vigencia del Estado de Derecho y la seguridad jurídica[17].
Estos objetivos coinciden con la reversión de las condiciones que condujeron a que Honduras fuese catalogada por el Índice de la Democracia 2019 como un régimen político híbrido. El diagnóstico de los problemas del sistema democrático es plenamente conocido; el factor diferenciador podría producirse si las élites políticas y económicas son capaces de impulsar esas reformas.
De no ser así, será preciso considerar este nuevo ciclo electoral como la ventana de oportunidad para apuntar hacia nuevos liderazgos, que se apropien de las reglas de juego –no diseñadas para actores externos al sistema tradicional de partidos– y logren el caudal electoral suficiente para insertar gradualmente su participación en las instituciones políticas.
Covid-19, un reto más para la democracia
La Covid-19 es un “actor” cuyos efectos trascienden al sistema de salud. Hemos sido testigos de cómo un Estado de Sitio se prolongó por lo menos seis meses, el funcionamiento de la mayoría de las instituciones se paralizó, la corrupción se afianzó en la gestión de la pandemia y se multiplicaron efectos colaterales como el desempleo y los obstáculos para el acceso a la educación pública.
El 25 de junio de 2020, bajo el liderazgo del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA), más de 500 líderes políticos y civiles emitieron una carta abierta denominada “Una llamada para defender la democracia”.
La carta hace alusión a los beneficios que la crisis sanitaria ha traído a los regímenes autoritarios para asegurar mayor control político, debilitando la independencia de poderes y los organismos fiscalizadores del Estado, aprovechándose de las restricciones legales impuestas por medio de decretos de emergencia y la instauración de un Estado de vigilancia con la cooperación de fuerzas de seguridad.
Asimismo, describe cómo estas restricciones han sido perjudiciales para la libertad de expresión, la libertad de prensa y lo que el acceso a la información pública supone para el ejercicio de estos derechos. Los firmantes expresan que es precisamente a través de una democracia, que la pluralidad de pensamientos y opiniones pueden encontrar soluciones en el marco de los límites que se le imponen al poder político y las garantías que provee el Estado de derecho para el ejercicio de los derechos y libertades ciudadanas.
La carta finaliza depositando la confianza de los firmantes en la capacidad de resiliencia de la democracia, a la vez que hace un llamado a no dar por sentadas las libertades reconocidas por las constituciones nacionales y los convenios internacionales sobre derechos humanos, a salir en su defensa frente a las amenazas que supondría encauzar a nuestras sociedades hacia profundos retrocesos, hacia una mayor des-democratización.
Conclusiones
Aun y cuando estudios nacionales e internacionales, y la mayoría de la población, coinciden en el estado des-democratizado del sistema, corresponde a la ciudadanía asumir el liderazgo para ejercer presión social sobre las instituciones y sus representantes, con el objetivo de reducir las brechas de distanciamiento y “forzar” la voluntad política.
El ciclo electoral de 2021 será un acontecimiento importante para encauzar el país hacia la democratización, pero no bastará con lograr una elección justa y transparente para solucionar problemas estructurales que nos condujeron a ser considerados un régimen híbrido. Además, la propagación de la Covid-19 continuará planteando retos y evidenciando las debilidades del sistema democrático, abriendo las puertas a liderazgos populistas.
En este escenario, será preciso traducir el interés ciudadano por los asuntos públicos, a un interés y activismo por asuntos políticos, que conduzca a la sociedad civil independiente, con sentido comunitario, a ejercer el derecho a la participación política de cara a renovar las élites políticas para reemplazar la corrupción como sistema operativo, por la democracia representativa funcional como una forma real de gobierno.
[1] O´Donnell, G. (2008). Hacia un Estado de y para la Democracia. En: Democracia/Estado/Ciudadanía, Hacia un Estado de y para la Democracia en América Latina, pp. 30-31. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
[2] Ibíd., p. 26.
[3] Al respecto, véase: Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ). (2020). Sondeo de Opinión Pública. Décima Edición, pp. 1-41. El Progreso, Honduras.
[4] Nohlen, D. (2017). Democratización. Diccionario Electoral (3ª ed., p. 288). Instituto Interamericano de Derechos Humanos.
[5] Vargas Cullell, J. (2019). Democratización y Des-democratización: Estados, Ciudadanías y las Nuevas Tecnologías del Poder. Conferencia, Universidad Eafit, Medellín, Colombia.
[6] Sin mencionar que el golpe de Estado de 2009 se constituyó como el episodio más claro de rompimiento del sistema democrático hondureño, aun y cuando se celebró una elección general en noviembre de 2009.
[7] Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA). Informe Final, 2017, p. 33.
[8] Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Comunicado de la Secretaría General de la OEA sobre las elecciones en Honduras, 2017. Disponible en: https://bit.ly/2FHEvCS
[9]The Economist Intelligence Unit (2020). Democracy Index 2019, pp. 12, 53.
[10] Al respecto, véase: Sabet, D. (2020). When Corruption Funds the Political System: A Case Study of Honduras, pp. 1-49. Latin American Program Woodrow Wilson Center.
[11] Sans Moreno, J. (2019). “Sobre la redención populista y la fuerza constitucional: el valor intangible de la democracia”. Revista de Estudios Políticos, 183, p. 172.
[12] Freidenberg, F., y Serrano, C. (2020). “La democracia en América Latina”. Revista de Derecho Electoral, (30), p. 11.
[13] Ibíd., p. 9.
[14] “Honduras arrastra niveles irreales de abstencionismo”. Diario El Heraldo (2020). Disponible en: https://bit.ly/2FOxPCE.
[15] Freidenberg, F. y Serrano, C. (2020). La democracia en América Latina… op. cit., p. 12.
[16] Alcántara, M. (2017). Gobernabilidad. Diccionario Electoral… op. cit., pp. 478-479.
[17] Zovatto, D. (2020). El estado de la democracia: ¿estancamiento, regresión o resiliencia? IDEA Internacional. Disponible en: https://www.idea.int/es/news-media/news/es/el-estado-de-la-democracia-%C2%BFestancamiento-regresi%C3%B3n-o-resiliencia.
* Abogado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, egresado del Programa para el Fortalecimiento de la Función Pública en América Latina y columnista en diario La Tribuna.
** Abogado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Máster en Estrategias Anticorrupción y Políticas de Integridad por la Universidad de Salamanca.