Rafael Jerez Moreno
De acuerdo con el Sondeo de Opinión Pública 2018 del ERIC-SJ, las principales instituciones políticas del país reciben un porcentaje de desconfianza ciudadana superior al 80%. A partir de esos y otros datos, en este artículo se analiza el estado actual y las causas de la desconfianza ciudadana en la institucionalidad pública, teniendo en cuenta que la confianza social es indispensable para el desarrollo de cualquier sociedad.
En la novena edición del Sondeo de Opinión Pública (en adelante el Sondeo), el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ) aborda una variedad de temas; entre estos, la desconfianza hacia las instituciones políticas hondureñas.
El Sondeo visibiliza el impacto en la percepción ciudadana provocado por la profundización de flagelos como la pobreza, la inseguridad, el narcotráfico y la corrupción, que han erosionado la credibilidad y productividad de las instituciones, provocando un apartheid entre las autoridades gubernamentales y la ciudadanía.
La confianza en las instituciones
Por confianza en las instituciones políticas democráticas debe entenderse la creencia ciudadana de que estas actuarán y se comportarán de acuerdo con sus expectativas, de modo que los ciudadanos consideran que las acciones de las instituciones son fiables; es decir, que no actuarán de forma injusta y que, además, actuarán de la forma correcta, de acuerdo a su competencia y siguiendo el criterio de transparencia[1].
Es preciso iniciar mencionando que, según el Latinobarómetro de 2009, a pesar del golpe de Estado, 6 de cada 10 hondureños consideraban que Honduras era un país democrático. Diez años después, el Sondeo visibiliza el deterioro de las instituciones políticas y sus consecuencias en la sociedad.
Al efectuar una desagregación de los niveles de desconfianza plasmados en el Sondeo, observamos que el Tribunal Supremo Electoral (83.9), el Congreso Nacional (86.3%), los partidos políticos (84.6%), la Corte Suprema de Justicia (82.2%) y el gobierno central (82.1%) reciben un nivel de desconfianza ciudadana superior al 80%.
Las cinco instituciones tienen íntima relación entre sí, ya que se trata del órgano que organiza los procesos electorales[2], de las asociaciones de individuos que sirven como vehículos para quienes buscan obtener cargos públicos mediante elecciones competitivas[3], y los tres poderes del Estado que se integran como resultado de las elecciones celebradas con la participación de los partidos políticos.
El Sondeo coincide con lo expuesto por el Latinobarómetro 2010 y 2019, al registrar, respectivamente, una disminución del grado de confianza en el Congreso Nacional del 41% al 21%; en los partidos políticos del 22% al 13%; en el Poder Judicial del 34% al 25%, y en el gobierno central del 41% al 25%.
Las caídas en los niveles de confianza institucional pueden generar, a su vez, caídas en la calidad de la democracia[4]. De tal modo que los resultados son un reflejo de la disminución del apoyo político específico a las instituciones, es decir, el que se produce a partir de la evaluación de su desempeño y la satisfacción con su funcionamiento[5].
En ese orden de ideas, la pobreza y la inseguridad han sido demandas que históricamente no han podido ser satisfechas. Abrumadoramente, el 70.1% de la población considera que la pobreza aumentó durante el último año de gestión de Juan Orlando Hernández. Tal como lo manifiesta el Banco Mundial, para 2018, más del 60% de la población se encuentra en estado de pobreza, mientras que 1 de cada 5 hondureños vive en pobreza extrema en las zonas rurales.
Hechos, percepciones y medios de comunicación
Las cifras de la violencia homicida también ilustran la percepción ciudadana. Según el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (Iudpas), 2012 fue el año más violento de esta década, registrándose 7,172 homicidios[6] con una tasa de 85.5 muertes por cada 100,000 habitantes; mientras que en 2017, un total de 3,866 homicidios produjo una tasa de 43.6 muertes violentas por cada 100,000 habitantes.
Sin embargo, 85.9% de los hondureños percibe que los homicidios aumentaron o siguen igual, a pesar de que el 71.4% de los encuestados manifestó no haber sido víctima de la delincuencia o de la violencia. Estos datos muestran que la percepción de un fenómeno no está relacionado con su ocurrencia, sino con la posición relativa de la persona respecto de este en su entorno, el punto de partida y la velocidad de su evolución[7].
Asimismo, este tipo de percepciones se asocia con el rol que juegan los medios de comunicación en la sociedad. Los medios son los responsables de establecer la saliencia en la opinión pública; es decir, el grado en que un tema es percibido como importante[8].
El Sondeo da cuenta de que el 62.8% de la población entrevistada se informa diariamente —y el 20.2% algunas veces— en las noticias ventiladas en los medios de comunicación. El 50.1% lo hace a través de la televisión, el 21.5% mediante periódicos impresos y el 20.8% utiliza la radio.
Por tanto, al haber determinados grupos económicos y políticos que controlan la difusión de la información y, ante la posibilidad de atraer robustamente la atención del ciudadano, los medios de comunicación incrustan en la población el efecto de encuadre; esto es, que las explicaciones que la opinión pública construye acerca de cualquier acontecimiento, varían según la perspectiva que los medios usan para encuadrarlo[9].
En cuanto a este tema, es importante traer a colación que, el 60.6% de la población, percibe una ausencia del gobierno en la provisión de la garantía de independencia a los medios de comunicación. Esto es confirmado por la evaluación Libertad en el Mundo (Freedom in the World) querealiza anualmente Freedom House. Para 2018 expresó que en el caso de Honduras,
las autoridades violan sistemáticamente la garantía constitucional a la libertad de prensa. Los periodistas y medios de comunicación que abordan temas sensibles o que son percibidos como críticos del gobierno se arriesgan a recibir amenazas, transmisiones bloqueadas y hostigamiento[10].
El impacto de la corrupción y el narcotráfico en los tres poderes del Estado
Es preciso establecer que existe una relación clara entre la confianza institucional, la confianza política y la confianza social con la percepción de la corrupción, tanto en las instituciones más próximas (las locales) como las nacionales[11].
En la octava edición del Sondeo de Opinión Pública (2017), el 67.8% manifestó que durante los primeros cuatro años de gobierno de Juan Orlando Hernández los niveles de corrupción se mantuvieron o aumentaron. En esta edición, el 77% percibe que la corrupción está mucho o algo extendida en el gobierno central.
Al tomar como referencia lo dispuesto en el Índice de Estado de Derecho 2019 (Rule of Law Index) de World Justice Project, Honduras obtuvo una calificación de 0.36/1[12] en el indicador de “ausencia de corrupción en el poder ejecutivo”, en el que se tomó en cuenta factores como la prevalencia de sobornos, pagos informales y otros incentivos en la prestación de servicios públicos, la transparencia en los procesos de contratación pública y la malversación de fondos públicos desde el poder Ejecutivo[13].
En el caso del Congreso Nacional, el 79.7% considera que la corrupción está mucho o algo extendida. Este obtuvo una calificación de 0.13/1 en el indicador de ausencia de corrupción en el Índice de Estado de Derecho 2019 de World Justice Project, teniendo en cuenta factores como los sobornos o los favores políticos de los diputados en el ejercicio de las funciones legislativas.
Sumado a las denuncias de fraude electoral que empañaron las elecciones de 2017, de las que resultó la integración del Legislativo y del Ejecutivo, la credibilidad de ambos poderes fue impactada por diversos casos de corrupción y narcotráfico en 2018.
El 11 de diciembre de 2017, la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) y la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) iniciaron una serie acusaciones por corrupción con el caso denominado “Red de Diputados”, seguido de otros como “Pacto de Impunidad”, “Caso Pandora” y “Arca Abierta”, en los que se acusó a diversos congresistas de ser responsables de delitos como malversación de caudales públicos, fraude y lavado de activos en perjuicio de la administración pública y la economía nacional.
La profundidad de la corrupción en el Congreso Nacional fue evidenciada por Juan Jiménez Mayor, exvocero de la Maccih, al afirmar que la red de congresistas involucrados en actos de tal naturaleza es bastante amplia y que podría incluir hasta 140 diputados y exdiputados[14].
Paralelamente a la corrupción, el narcotráfico se ha constituido en otro flagelo que ha penetrado las más altas esferas de la administración pública, como lo percibe la ciudadanía[15]. La declaratoria de culpabilidad del exdiputado Fredy Nájera en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York en diciembre de 2018, en relación con delitos de conspiración para exportar cocaína hacia Estados Unidos y la posesión y uso de ametralladoras y dispositivos destructivos[16], es un ejemplo del aprovechamiento que hacen de su cargo e influencias los diputados involucrados en estas actividades.
En esa misma línea, el impacto más grande que sufrió la credibilidad del Ejecutivo fue la detención de Juan Antonio Hernández el 23 de noviembre de 2018 —hermano de Juan Orlando Hernández—, acusado de conspirar para exportar cocaína a los Estados Unidos, de delitos relacionados con el uso y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y prestar declaraciones falsas ante agentes federales estadounidenses[17]. Este hecho provocó cuestionamientos sobre el conocimiento y rol que Juan Orlando Hernández pudo tener de la actividad de su hermano, que se prolongó durante aproximadamente doce años.
Instituciones claves con la confianza erosionada
El Ministerio Público[18], precisamente, está concebido para constituirse como uno de los contrapesos en el combate al narcotráfico y la corrupción en cualquiera de sus formas, y en la protección de los intereses generales de la sociedad, tal como lo establece su Ley Orgánica[19].
No obstante, la confianza en el Ministerio Público se ha erosionado aún más por la forma en que se produjo la elección del actual Fiscal General del Estado, Óscar Chinchilla, violentando lo dispuesto en el artículo 233 de la Constitución y en la Ley del Ministerio Público: se le reeligió sin haber participado en el proceso de selección y no formaba parte de la nómina de cinco candidatos presentada por la junta de proponentes ante el Congreso Nacional.
Concretamente, se soslayó lo dispuesto por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en cuanto a que todo proceso de selección y nombramiento debe tener como función no solo la escogencia según los méritos y calidades profesionales y de integridad del aspirante, sino también el aseguramiento de la igualdad de oportunidades[20] entre los postulantes, hecho que no sucedió en la reelección de Chinchilla.
La elección de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia para el período 2016-2023 fue similar; los diputados y los medios de comunicación difundieron abiertamente un acuerdo entre el Partido Nacional y el Partido Liberal que se concretó en una nómina de 15 candidatos afines a ambas instituciones políticas, que finalmente resultó electa[21], pese a que muchos de los elegidos obtuvieron calificaciones bajas ante la Junta Nominadora en la etapa de evaluación curricular y en las audiencias públicas[22].
La función de jueces y juezas, fiscales y defensoras y defensores públicos, tiene características propias y diferentes entre sí. Sin embargo, todos ellos son operadores de justicia en tanto contribuyen desde sus respectivas atribuciones a asegurar el acceso a la justicia a través de la garantía del debido proceso y el derecho a la protección judicial[23]. Por lo tanto, su independencia e imparcialidad son garantías de observancia obligatoria[24]. En este marco, es necesario establecer procesos de selección y nombramiento dirigidos por órganos independientes que tengan como finalidad seleccionar a los operadores de justicia garantizando la igualdad y no discriminación, la representación adecuada de género, grupos étnicos y minorías[25].
De esta forma, se generará más confianza de la sociedad en las funciones desempeñadas por los operadores de justicia, así como mayor disposición de los ciudadanos a participar en los procesos de selección en los que sus méritos profesionales y académicos serán valorados y tomados en cuenta.
El intervencionismo de los Estados Unidos
El hecho que 78.3% de los ciudadanos considere que la embajada de los Estados Unidos influye en las decisiones del gobierno de Honduras, es una realidad que atenta contra la soberanía nacional y la autodeterminación, protegidas por la Constitución y diversos instrumentos jurídicos internacionales. La influencia ejercida tras el golpe de Estado por la entonces Secretaria de Estado Hillary Clinton, para llevar a cabo las elecciones de noviembre de 2009, es un hecho registrado en los documentos publicados por el Departamento de Justicia y Wikileaks. Clinton y su equipo de trabajo insistieron en tomar acciones para “no perder terreno y lograr una intervención más efectiva”[26] en la crisis política hondureña, lo que se concretó más tarde en el reconocimiento de los resultados electorales declarados por el Tribunal Supremo Electoral en las elecciones generales de 2017[27].
Además, el gobierno estadunidense asumió un rol muy activo en los 21 procesos de extradición de narcotraficantes llevados a cabo entre mayo de 2014 y diciembre de 2018[28]. Lo anterior alimenta la percepción ciudadana respecto del rol intervencionista que desempeña el gobierno estadunidense en la toma de decisiones políticas en Honduras, además de disminuir la confianza ciudadana en instituciones como el Ministerio Público, que destaca por su inoperancia en la investigación y judicialización de estos casos ante la justicia hondureña.
El papel de la comunidad internacional
Desde el golpe de Estado de 2009, la participación de la comunidad internacional en el devenir político de Honduras incrementó sustancialmente, lo cual puede abordarse tanto positiva como negativamente. Al analizar las instituciones puntuadas con mayor confianza, la Maccih —creada por un convenio establecido por Honduras con la OEA, con respaldo internacional— se ubica en el quinto lugar con 35%.
La llegada de la Maccih y la subsecuente creación de la Ufecic ha constituido un avance en el fortalecimiento del sistema de justicia penal y la lucha contra la corrupción, considerando que antes del inicio de su gestión no se habían ventilado casos de corrupción de alto impacto que involucrara a funcionarios públicos de alta jerarquía, salvo el del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
El Sondeo establece que el 58.6% de los consultados considera que la actuación de la Maccih ha sido regular, buena o muy buena y, en esa línea, el 61.3% está de acuerdo con que se prolongue la extensión del convenio que le permitiría continuar en Honduras.
Es necesario reiterar que la intervención o la colaboración de otros gobiernos y organismos internacionales en la política interna de Honduras se debe a la debilidad institucional y la desconfianza ciudadana en las instituciones políticas y los funcionarios hondureños. En tal contexto, el fortalecimiento de la institucionalidad del Estado, a través de la independencia y la eficacia de sus instituciones, se podrá afianzar únicamente por el fortalecimiento de la participación activa de la ciudadanía y el respeto al imperio de la ley.
Confianza social, la materia prima de una participación ciudadana efectiva
Margaret Levi señala que la confianza social supone una palabra de apoyo para una variedad de fenómenos que permite a las personas tomar riesgos al tratar con los demás, resolver problemas de acción colectiva, o actuar de una manera que parece contraria al propio interés[29].
Entre más se ha agudizado la crisis política y social, los ciudadanos se han identificado unos con otros al percibir el deterioro de la calidad de sus vidas y la necesidad de un cambio efectivo para revertir su situación. Este hecho se evidenció cuando la ciudadanía salió masivamente a las calles, en mayo de 2015, para participar en las “marchas de las antorchas” y manifestar su indignación ante el desfalco del IHSS. La movilización popular se replicó en las multitudinarias manifestaciones contra el fraude electoral en las elecciones de noviembre de 2017, y reaparece en las protestas contra los decretos ejecutivos relacionados con las secretarías de Salud y Educación en abril y mayo de 2019.
No obstante, la sostenibilidad de estos movimientos es una deuda pendiente que imposibilita la articulación efectiva de las demandas de la ciudadanía; prueba de ello es que en el Sondeo, el 85.5% manifestó no participar en ninguna organización. El restante 14.5% reconoció participar en organizaciones comunitarias, religiosas y grupos de mujeres.
James Hardin ha afirmado que para los gobiernos no es tan indispensable que se confíe en ellos expresamente, como que los ciudadanos no desconfíen de ellos activamente; es decir, que no se desencadene una oleada de grandes movilizaciones y protestas[30]. La confianza social es indispensable para el desarrollo de cualquier sociedad, ya que posibilita la cohesión social, los procesos de interdependencia, la cooperación, la conexión social, la acción colectiva y la tolerancia entre los ciudadanos[31].
El hecho de que un porcentaje de ciudadanos manifieste proactividad al participar en movimientos comunitarios, indica que ya existe una actividad tendiente a satisfacer y resolver los problemas en circunscripciones territoriales más reducidas y delimitadas. Como señalan los politólogos Francis Fukuyama y Eric Uslaner, la confianza generalizada influye de manera importante en el éxito de la economía y en el rendimiento de la democracia: a mayor confianza social y política, menor corrupción y menos comportamientos anticívicos. Así se produce un mayor consenso en torno a las reglas de juego y un mejor funcionamiento del sistema político.
Conclusiones
La novena edición del Sondeo de Opinión Pública retrata la crisis política y social que se ha manifestado en los últimos diez años. La profundidad de la corrupción y la penetración del narcotráfico en la institucionalidad del Estado han impactado seriamente en la prestación de servicios públicos, la calidad de vida de los ciudadanos y, consecuentemente, en la confianza hacia las instituciones políticas.
La desconfianza en las instituciones nacionales condujo a la exigencia popular de establecer una iniciativa internacional dirigida a combatir la corrupción y la impunidad en Honduras; a la demanda de introducir profundas reformas en el sistema electoral, y a las protestas que hoy reclaman la eliminación de los polémicos decretos ejecutivos en Salud y Educación.
Estos
hechos dan cuenta de la necesidad de abrir espacios de consulta previa con
diferentes sectores, para formular políticas que satisfagan las demandas
ciudadanas; de lo contrario, cualquier decisión considerada arbitraria o
ilegítima generará conflictos que trasladarán el debate a las calles. El
fortalecimiento de la confianza social podría promover
una mayor participación ciudadana en las organizaciones municipales, regionales
y nacionales de naturaleza comunitaria, político-partidaria y social.
De esta forma, se iniciaría
un proceso de construcción ciudadana importante y necesaria para recuperar la
soberanía popular; disminuir las distancias establecidas entre los tomadores de
decisiones y los ciudadanos, y establecer canales que faciliten la articulación
de las demandas ciudadanas con un respaldo organizacional sólido.
[1] Rifa Jané, R. (2017). Actitudes Política en Tiempos de Crisis: La Confianza en las Instituciones Políticas en España. Universitat Autónoma de Barcelona, p. 46.
[2] Decreto 44-2004, Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, Artículo 9.
[3] Freidenberg, F. (2017). Diccionario Electoral, Serie Elecciones y Democracia, 3ª ed., Instituto Interamericano de Derechos Humanos y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, p. 835.
[4] Del Campo García, M. (2018), “Buen gobierno y confianza institucional”, Revista Internacional de Éticas Aplicadas, Universidad Complutense de Madrid, (1989-7022), p. 64.
[5] Ibíd., p. 61.
[6] En esta categoría se incluyen homicidio simple, asesinato, infanticidio y parricidio.
[7] Corporación Latinobarómetro (2019). Informe 2018. Santiago de Chile: Corporación Latinobarómetro, p. 58.
[8] D´Adamo, O. y García Beaudoux, V. (2007). Medios de Comunicación de Masas y Percepción Social de la Inseguridad. Universitat de Valencia, Boletín de Psicología (90), p. 20.
[9] Ibíd., p. 21.
[10] Freedom House (2019). Freedom in the World 2018, Honduras profile. Disponible en: https://bit.ly/2VKfDR5
[11] Del Campo García, M. (2018). Buen gobierno y confianza institucional… op. cit., p. 67.
[12] Siendo 0 la evaluación más baja y 1 la más alta.
[13] World Justice Project (2019). Rule of Law Index 2019. Washington D.C., pp. 11, 83.
[14] García, J. (2018). “La red de diputados corruptos en Honduras podría ser de 140 y no 60”, El País. Disponible en: https://bit.ly/2uJVPyI
[15] Según el Sondeo, el 70.3% de las personas consultadas cree que las instituciones hondureñas son controladas por los capos de la droga.
[16] The United States Attorney´s Office, Southern District of New York (2018). Honduran Congressman Pleads Guilty to Conspiring to Import Cocaine into the United States and Possessing Machineguns and Destructive Devices. Disponible en: https://bit.ly/2LkxsSS
[17] The United States Attorney´s Office, Southern District of New York (2018). Former Honduran Congressman And Brother Of The Current President Of Honduras Charged With Conspiring To Import Cocaine Into The United States And Related Firearms Offenses. Disponible en: https://bit.ly/2Qj8GUw
[18] En el Sondeo de 2018, el 88% manifestó que los magistrados, jueces y fiscales protegen los intereses de los ricos, poderosos y corruptos.
[19] Decreto 228-93, contentivo de la Ley del Ministerio Público, Artículo 1.1 y 1.4.
[20] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH (2013). Garantías para la Independencia de las y los Operadores de Justicia. Hacia el Fortalecimiento del Acceso a la Justicia y el Estado de Derecho en las Américas, párr. 62.
[21] Diario El Heraldo (2016). Trasciende el listado de los 15 candidatos a la Corte. Disponible en: https://bit.ly/2vAJJrK
[22] Diario El Heraldo (2016). Notarios con notas de 60 están enlistados en nómina final. Disponible en: https://bit.ly/2UW9OeI
[23] CIDH (2013). Garantías para la Independencia de las y los Operadores de Justicia… op. cit., párr. 19.
[24] Ibíd., párr. 29.
[25] Ibíd., párrs. 6 y 8.
[26] Wikileaks (2016). Hillary Clinton Email Archive, Time Sensitive: Honduras. Disponible en: https://bit.ly/2Lkytua
[27] Embajada de Estados Unidos en Honduras (2014). Declaración de Heather Nauert, Portavoz, sobre las Elecciones Presidenciales en Honduras. Disponible en: https://bit.ly/2GYiMo5
[28] Proceso Digital (2019). “Extradiciones y entregas de hondureños ligados al narco marcan la agenda del país”. Disponible en: https://bit.ly/2IUTeup
[29] Beramendi, M., Delfino, G. y Zubieta, E. (2016). Confianza Institucional y Social: Una Relación Insoslayable. Acta de Investigación Psicológica, Universidad de Buenos Aires, p. 2288.
[30] Del Campo García, M. (2018). Buen gobierno y confianza institucional… op. cit., p. 65.
[31] Ibíd., p. 66.