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Martes, 11 Agosto 2020

La injusticia tiene rostro: la jueza Lisseth Vallecillo y el caso Guapinol


8 defensores de los bienes comunes llevan casi 1 año en la cárcel por defender los ríos Guapinol y San Pedro. El Poder Judicial que los mantiene ahí está representado en una persona concreta que decidió privarlos de su libertad injustamente.

El nombre de la jueza es Lisseth Vallecillo, quien violó el artículo 178 del Código Procesal Penal que establece 4 requisitos para imponer la cárcel. Primero, que exista peligro de fuga, lo cual no aplica en este caso porque ellos se presentaron voluntariamente.

Segundo, que exista la posible obstrucción de la investigación por parte de los acusados; sin embargo, ha pasado más de 1 año y medio, y la investigación ya está concluida, sin que hasta la fecha haya habido obstrucción a esta.

Tercero, que exista riesgo fundado de que los acusados se reintegren a la organización criminal a la que pertenecen. No obstante, el Mecanismo Nacional de Protección y el CONADEH han reconocido que ellos y el Comité Municipal de Bienes Públicos y Comunes de Tocoa defienden los derechos humanos.

Y, cuarto, que exista riesgo fundado de que los acusados atenten o ejecuten actos de represalia en contra del acusador o denunciante. Hasta la fecha no existe ninguna señal de amenaza a la supuesta víctima ni a los testigos en el caso.

Si la jueza Lisseth Vallecillo actuara conforme a la ley, los 8 guapinoles jamás hubieran puesto un pie en la cárcel. La conducta de esa funcionaria confirma dos cosas: en primer lugar, la utilización política del Poder Judicial para criminalizar liderazgos sociales.

Y, en segundo lugar, la sabiduría del 85,1% de la población que en el más reciente sondeo de opinión pública del ERIC-SJ manifestó creer que los jueces y fiscales defienden los intereses de las personas ricas, poderosas y corruptas del país.

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