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Roque Vaquero M.*

La soberanía alimentaria de la población debe ser garantizada como un derecho humano inalienable, por encima del beneficio privado. Solo así podremos evitar que en nuestro país se repita la frase de Bill Mollison: “El problema de la agricultura actual es que no es un sistema basado en la producción de alimentos, sino en la producción de dinero”.


Un informe revelador

La crisis alimentaria que se está presentando, o que sin duda se presentará e incrementará de forma severa en las próximas décadas en muchas regiones del mundo, es tema de profundas deliberaciones entre los representantes de varios países y regiones en los organismos internacionales que manejan la información relacionada con este tema.

De acuerdo con el informe FAO/PMA/Unión Europea[1], difundido en mayo de 2022, para el año 2021 “193 millones de personas de 53 países o territorios se encontraban en contextos de crisis con una inseguridad alimentaria aguda o en situaciones peores”, lo que representó un incremento de alrededor del 26% en relación con el año anterior.

Muchos factores se relacionan con la inseguridad alimentaria, pero, esencialmente, se habla de los conflictos, fenómenos meteorológicos extremos, perturbaciones económicas y, entre estas, principalmente las debidas a los efectos de la pandemia por COVID-19. A lo anterior es necesario agregar la degradación y pérdida del potencial productivo de las tierras, el mal uso de los recursos hídricos, la falta de sistemas de riego o su deficiente utilización, y otros aspectos directamente relacionados con las malas prácticas agrícolas debido, en gran medida, a la falta de atención a los productores y los problemas de carácter estructural imperantes.

El director general de la FAO, Sr. QU Dongyu, señaló que “el trágico vínculo entre los conflictos y la inseguridad alimentaria es, una vez más, evidente y alarmante”; además, indicó que la comunidad internacional sigue teniendo dificultades para responder y atender las necesidades crecientes debido a los factores ya señalados, y ahora incrementados por la guerra en Ucrania. En el mismo informe, el director ejecutivo del PMA, David Beasley, afirma que:

El hambre aguda se está disparando a niveles sin precedentes y la situación mundial sigue empeorando. Los conflictos, la crisis climática, la COVID‑19 y el aumento de los costos de los alimentos y los combustibles han creado una tormenta perfecta, y ahora tenemos la guerra en Ucrania, que añade una catástrofe más a la catástrofe. Millones de personas en decenas de países se ven empujadas al borde de la inanición. Necesitamos urgentemente financiación de emergencia para sacarlos del abismo e invertir esta crisis mundial antes de que sea demasiado tarde.

 En sus conclusiones, este informe recomienda:

  • dar prioridad a la agricultura a pequeña escala como respuesta humanitaria de primera línea, para superar las limitaciones de acceso y como solución para invertir las tendencias negativas a largo plazo,
  • promover colectivamente formas más eficientes y sostenibles de prestar y distribuir la ayuda humanitaria para hacer frente a las causas profundas del hambre y,
  • promover cambios estructurales en la forma de distribuir la financiación externa mediante inversiones en desarrollo a más largo plazo.

¿Cómo implementar esas recomendaciones?

Hay varios aspectos que es importante discutir para tratar de estructurar una idea de las implicaciones y necesidades que conlleva la efectiva implementación de estas recomendaciones.

La primera estrategia que se recomienda es la producción agrícola familiar o agricultura en pequeña escala; esto permitiría el abastecimiento al alcance del pequeño productor y, además, la creación de una estructura para sustituir insumos agrícolas de costo muy alto, por otros de procedencia y procesos naturales que, en su mayoría, pueden realizarse en la misma finca; además, este tipo de agricultura contribuiría a aplicar mecanismos para conservar la producción y establecer o fortalecer la cadena de mercado local de los productos provenientes de la finca.

Dado que este tema se considera de suma urgencia, es importante señalar que surgen varios aspectos clave para facilitar su implementación, puesto que se anticipan ciertos requisitos mínimos que los pequeños agricultores y sus familias necesitan para ello. Los principales son:

  • estrecha vinculación con los organismos de control y administración de territorios y regiones dentro del país, especialmente los de carácter ejecutivo como los municipios;
  • contar con la cantidad de tierra necesaria y con potencial de producción adecuado, con semillas adaptadas, culturalmente aceptadas y de adecuada calidad fisiológica;
  • asegurar el acceso al agua para las actividades agrícolas;
  • evitar que las actividades representen un riesgo para el deterioro de los recursos, especialmente la tierra y el agua;
  • acceso a los recursos económicos mínimos y adecuados para invertir en este tipo de producción y
  • disponer de los servicios de asesoría técnica necesarios y pertinentes.

Es posible señalar otros, pero el punto central es que para aplicar estas recomendaciones debe cumplirse una serie de requisitos; de lo contrario, sólo quedarán escritas en el papel. Por lo anterior, las autoridades responsables de rectorar la gestión agrícola del país deben asegurar que se llenen las necesidades de los agricultores y que se establezca un plan efectivo para garantizar el éxito de la agricultura a pequeña escala.

Respecto de la segunda recomendación, esta es una normativa que debe ser desarrollada, consensuada e implementada por los países que otorgan la ayuda humanitaria, las autoridades de los países o regiones que la reciben y, especialmente, las agencias encargadas de reglamentar y organizar su distribución, para certificar que está llegando de forma adecuada y directa a todos los ciudadanos que realmente la necesitan para subsanar su crítica situación de inseguridad alimentaria.

La tercera recomendación se refiere a que los cambios estructurales para la inversión, utilizando para ello recursos de financiamiento externo, deben ser congruentes con las inversiones en infraestructura, bienes y servicios a largo plazo, orientadas de manera directa a la satisfacción de los recursos alimentarios de la población del país o región.

Hay que considerar que también se debe invertir parte de esos recursos para la sensibilización y educación en temas vinculados con la disponibilidad y el uso de los alimentos, e incluir estudios referentes al desarrollo y adaptación de los índices de desnutrición y mediciones de seguridad alimentaria, para contar con la información necesaria que permita dirigir el uso de los recursos externos hacia las inversiones necesarias en ese contexto.

Utilizar racionalmente nuestros recursos

Los recursos económicos derivados de empréstitos para fines específicos no deben desviarse hacia otro tipo de inversiones solo por el afán de atender y satisfacer las expectativas de grupos de interés; ante todo, es necesario comprender que el problema de la inseguridad alimentaria no puede pasar desapercibido puesto que, en realidad, es responsabilidad de todos los ciudadanos y no puede verse como si se tratara de “harina de otro costal”.

Para evitar esas acciones impropias, algunas veces consideradas como delictivas, se debe establecer e implementar políticas y estrategias que integren mecanismos de participación ciudadana (gobernanza), para que las acciones emprendidas por los programas de inversión con recursos externos no sean la fuente que facilite la persistencia de los problemas del desvío de dichos fondos.

Ante estos pronósticos y advertencias sobre la naturaleza y características alarmantes de la actual crisis alimentaria, los organismos nacionales que regulan las políticas de uso y manejo de los recursos naturales, en especial la tierra, el suelo, el agua y el clima, tienen la responsabilidad de establecer una estrategia que defina de forma precisa las acciones legales, económicas, técnicas y firmes que se debe aplicar para enfrentar el grave y expansivo problema de la inseguridad alimentaria, y se encarguen de implementarlas de forma eficaz.

Consumo local y productos de exportación

Con relación a este punto, una de las primeras y más importantes tareas de los entes que controlan el uso y manejo de los recursos, será analizar y planificar el énfasis y dedicación relativa de los recursos a la producción para el consumo local y a la producción orientada a la exportación de productos no tradicionales, principalmente.

En los últimos tiempos, la exportación de productos no tradicionales realizada por empresas extranjeras ha ocupado áreas significativas de tierras con excelente potencial por sus características de suelos y disponibilidad de agua. Aunque con las exportaciones se logra el ingreso de divisas, posteriormente, parte de esos ingresos se utiliza para importar otros productos e insumos que no se producen en el país, incluso algunos necesarios para lograr la producción que se exportó.

También se debe considerar que, en el precio de los productos exportados, no está asignado un valor por la cantidad de recursos naturales, especialmente suelo y agua, utilizados en su producción, particularmente por su agotamiento, deterioro y pérdida de calidad. Por otra parte, las actividades agrícolas de exportación no tradicional ocupan las mejores tierras; esto representa un costo adicional que implica una seria amenaza, en vista de que se está reemplazando la oportunidad de producir para el consumo interno, relacionado con la seguridad alimentaria, por una producción orientada al consumo en el exterior.

Para satisfacer las necesidades alimentarias internas, es importante iniciar un proceso que permita recuperar o seleccionar las tierras con el mejor potencial —actualmente utilizadas para otros fines u otro tipo de producción—, con el propósito de utilizarlas de forma intensiva, organizar a los productores y proveer los mecanismos que garanticen que estos cuentan con el respaldo legal y los recursos económicos y técnicos pertinentes y necesarios para realizar con éxito su actividad. Adicionalmente, se debe realizar los análisis y estudios requeridos para establecer las mejores estrategias a implementar para asegurar el éxito en estas operaciones.

Además, se debe cuantificar y proyectar las necesidades alimentarias de la población para identificar el tipo y magnitud de las actividades agrícolas que se requieren para garantizarla, lo cual podría incluir la restauración de algunos rubros y actividades que se abandonaron o reemplazaron, siguiendo el espejismo de exóticas actividades de exportación cuya utilidad principal, como en muchos casos se ha demostrado, queda en manos de grupos económicos en el exterior.

El abandono del campo produce migración

Puede verse que en el país, durante décadas, se ha estimulado el deterioro y abandono de las actividades agrícolas, lo que ha causado la migración de los jóvenes de las áreas rurales; esto obedece a la disminución del tamaño, cobertura y apoyo del Estado, apareciendo con ello otras disposiciones legales que, por una parte, limitaron las actividades agrícolas básicas y, por otra, asignaron privilegios a algunos sectores agrícolas, forestales y al sector industrial, especialmente la industria maquiladora.

Un punto crucial en la actividad agrícola es que a los productores locales que —por diferentes razones y con diversos instrumentos legales y oficiales—, han sido y siguen siendo despojados de sus tierras, no les quedan más opciones que trabajar como jornaleros para los nuevos “dueños” de las tierras, la mayoría de los cuales se dedica a cultivos no tradicionales de exportación, o desplazarse hacia las tierras altas de las cuencas de los ríos.

Los nuevos jornaleros agrícolas, paulatinamente, se han ido arrepintiendo y decepcionando de sus decisiones, pero tuvieron que adaptarse a su nueva realidad. Algunos pudieron brindar a sus hijos e hijas la posibilidad de mejorar su nivel educativo, pero, quienes no lo lograron, tanto ellos como las siguientes generaciones migraron hacia los centros más poblados del país. En estos tuvieron varias opciones: desde caminar por la vía derecha del trabajo —muy escaso y condicionado—, hasta incorporarse a los grupos delincuenciales. O, como se ha visto en los últimos años, engrosar las filas de los grupos que huyen del país, la mayoría hacia el Norte del continente, y los menos hacia otros continentes.

Los productores desplazados que se asilaron en las zonas altas de las cuencas ocuparon espacios muy reducidos, con escaso potencial para la agricultura, por lo que sus cosechas apenas alcanzan para satisfacer parcialmente sus necesidades alimentarias. Por las condiciones de estas tierras y el tipo de agricultura que se realiza, año con año se observa una drástica reducción en su calidad y, con ello, una merma creciente de su producción.

Recuperemos las buenas prácticas agrícolas

Además de lo anterior, una parte importante de las prácticas de limpieza de los terrenos de los agricultores en zonas altas de ladera incluyen la “roza y quema” que, aunada a otras prácticas agrícolas deficientes, ha causado la degradación intensiva de las características físicas de las cuencas hidrográficas, con severas consecuencias en su régimen hídrico. Sin duda, esto afecta la disponibilidad y calidad del agua para consumo humano y para el riego en las tierras bajas, con mejor potencial para las actividades agrícolas y mayor concentración poblacional.

Muchos aspectos más pueden discutirse sobre esta temática; sin embargo, por el momento, es esencial insistir ante los entes responsables en la necesidad e importancia de formular una política para la actividad y el desarrollo agrícola que priorice y asegure la producción para el consumo nacional, con el fin de hacer frente a la inseguridad alimentaria que, sin duda, ya afecta a la mayor parte del mundo, ensañándose con los países más pobres, altamente poblados y con recursos cada vez más limitados.

Ante este panorama, lo más indicado es que, al terminar de desarrollar un programa ordenado y adecuado de trabajo, inversión y producción que permita satisfacer las necesidades alimentarias de la población, se realice un balance para asegurar que el cultivo de productos agrícolas exóticos o no tradicionales para la exportación, no ocupe los recursos de tierra y agua necesarios para satisfacer la demanda alimentaria interna. La soberanía alimentaria de la población local debe ser garantizada como un derecho humano inalienable, por encima del beneficio empresarial privado. Solo así podremos evitar que en nuestro país se repita la frase del reconocido biólogo australiano, Bill Mollison: “El problema de la agricultura actual es que no es un sistema basado en la producción de alimentos, sino en la producción de dinero”.


[1] Este informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Unión Europea (UE), puede consultarse en: https://www.fao.org/newsroom/detail/global-report-on-food-crises-acute-food-insecurity


* Ingeniero Agrónomo, MSc; UNAH y ULA, Venezuela. Trabajo técnico en zonas rurales de Centro y Suramérica, el Caribe y África; actividades docentes complementarias de 1975 a 2000. Docencia e investigación en Escuela Superior de Agricultura, Costa Rica, 2001 a 2018. Reflexión, apoyo técnico y consultoría sobre el área agrícola y social, de 2018 a la fecha.

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