Juan Antonio Mejía Guerra*
Los aprendizajes construidos por las comunidades de Atlántida, uno de los departamentos más ricos en biodiversidad, les permiten ahora transitar de la defensa de sus bienes naturales, a ejercer el derecho a la autodeterminación para decidir sobre la utilización de sus bienes naturales. Y ahora que las ZEDE intentan avanzar mediante el despojo, sometimiento y criminalización, las comunidades han salido desde ya en defensa de sus territorios municipales.
Desde hace una década, los ocho municipios del departamento de Atlántida han sido objeto de la imposición de innumerables concesiones extractivistas mineras e hidroeléctricas por parte del Congreso Nacional, la secretaría del Ambiente e INHGEOMIN[1]. Sin embargo, las comunidades reaccionaron desde los inicios con cautela, llenas de dudas, llegando hasta la indignación y la resistencia popular.
¿Qué ha sido de las comunidades en esta década de extractivismo? ¿Cuál es el avance real de las concesiones extractivistas? ¿Cuántas concesiones lograron imponerse y cuántas otras fueron repelidas por los pueblos? ¿Ocurrió el milagro económico con que el Estado y la clase empresarial extractivista han justificado siempre dichas concesiones o se trató, una vez más, de otro ensayo de neocolonialismo y despojo de los recursos naturales repetido tantas veces a lo largo de dos siglos de vida independiente?
Dos siglos haciendo lo mismo
Honduras cumple doscientos años de vida independiente, creyendo desde siempre que el bienestar y desarrollo de los pueblos debe venir de afuera. Las riquezas naturales no son sino una especie de atractivo, que con solo ofrecerlo, supuestamente, atrae las bondades de aquellos a quienes se supone aliados o “amigos” externos.
Durante las primeras décadas que siguieron a la Independencia, la economía giraba en torno de la crianza de ganado para vender cueros a otros países que los convertían en valijas, maletines y cualquier tipo de prendas de cuero. Medio siglo después, las haciendas se transformaron en fincas cafetaleras y se inició fuertemente la minería. Y tras un siglo de independencia ya se había entregado, en las concesiones bananeras, las tierras más fértiles del país; y en ese contexto se creó en 1902 el departamento de Atlántida, con la intención de facilitar las actividades administrativas a los nuevos dueños del país.
En el presente se está igual que en el pasado, creyendo que una nueva modalidad de entreguismo —como las ZEDE[2]— será portadora del ansiado bienestar económico y social esperado durante dos siglos. Los objetos a concesionar no han variado mucho, tan solo han cambiado las formas en que tiene lugar el despojo.
Es así como en las últimas décadas se habla de extractivismo minero, concesiones para producir energía eléctrica, mega agricultura, mega industria del turismo y el ocio, entre otras actividades que se expanden en Honduras y particularmente en Atlántida. En este contexto surgen voces y pueblos disidentes que, al menos en dicho departamento, se aglutinan haciendo de las comunidades el nuevo sujeto alternativo en resistencia frente al eterno saqueo y entreguismo de los bienes naturales y territorios. Tras un poco más de una década en resistencia permanente por parte de las comunidades organizadas, los resultados de sus luchas son fecundos.
Balance extractivista 2008–2021
Trece años después de que se iniciara la nueva resistencia popular en las comunidades de Atlántida, organizadas en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), queda demostrado que la lucha en los municipios y localidades de este departamento no ha sido en vano. Ha sido un tiempo suficiente para que las comunidades aprendieran a organizarse eficazmente, defendiendo de todos los modos posibles cuanto bien colectivo fuera deseado o incluso previamente arrebatado por la empresa privada nacional o por empresas transnacionales. No ha sido nada fácil. La avalancha de concesiones mineras e hidroeléctricas en Atlántida ha sido avasalladora en estos años, produciéndose simultáneamente con otras modalidades de concesiones, igualmente perversas, pero de menor calado.
Un total de 25 proyectos hidroeléctricos promovidos por los empresarios de la energía amenazaban con despojar a las poblaciones locales de los principales ríos y demás cursos de agua superficiales de mayor importancia ecológica, social y económica para las comunidades de este departamento. Al mismo tiempo, otras 28 concesiones mineras se repartían las montañas siguiendo el curso de la sierra Nombre de Dios y los bancos de arena de muchos de sus ríos.
En total, 53 concesiones extractivas repartidas en ocho municipios pequeños, causaban estupor e indefensión en su población, en un departamento con comunidades que tienen muy poco tejido social comunitario, poco acostumbradas a las luchas sociales populares.
Sin embargo, en trece años enfrentando semejante realidad, las comunidades de Atlántida, organizadas como Movimiento Amplio, han sabido sobreponerse y salir al paso de las pretensiones de la clase empresarial extractivista, generando nuevos dinamismos comunitarios, apropiándose de la promoción y defensa de la soberanía territorial y de los bienes naturales y culturales, paso a paso, progresivamente, en cada uno de los municipios de este departamento.
Escenario extractivista 2008–2021
Los informes anuales elaborados por INHGEOMIN durante estos años, indican que, de las 28 concesiones mineras aprobadas en Atlántida, 27 son concesiones mineras no metálicas y solamente una es metálica, con una extensión concesionada de 400 hectáreas, ubicada en el municipio de Tela y otorgada a la empresa COMICOSA. Veinte de estas concesiones se encuentran en explotación, y las ocho restantes cuentan únicamente con permisos de exploración. Los municipios de La Ceiba y Tela tienen el mayor número de concesiones en explotación, con nueve y cuatro concesiones respectivamente.
Desde una perspectiva territorial, el municipio de Tela reporta la mayor extensión de territorio concesionado a empresas mineras, sumando 4,900 hectáreas; seguido por el municipio de La Ceiba con una extensión territorial concesionada a empresas mineras en 1,646 hectáreas. En cuanto a la duración temporal de las concesiones mineras, 19 de ellas han sido otorgadas por diez años, tres por dos años y seis fueron otorgadas por tiempo indefinido. La única concesión minera metálica concedida en este municipio, es una de las otorgadas sin límite de tiempo.
Respecto de las concesiones hidroeléctricas, datos provenientes de los decretos emitidos por el Congreso Nacional y la secretaría del Ambiente, indican que entre 2010 y 2021 un total de 25 proyectos hidroeléctricos han sido propuestos para ser implementados en Atlántida. La última de las concesiones hidroeléctricas aprobadas para este departamento, fue otorgada en 2021 con la concesión de la quebrada La Relumbrosa, ubicada en el municipio de La Ceiba, aprobada mediante decreto PCM.
La resistencia permanente de las comunidades ha hecho que en trece años solamente cinco de las concesiones hidroeléctricas otorgadas fueran construidas, no necesariamente porque los empresarios hayan sometido a las comunidades, sino que, tratándose de las primeras concesiones, los pueblos todavía no se habían organizado ni contaban con una estrategia de lucha que reivindicara los derechos soberanos sobre sus territorios y bienes naturales. El Grupo Terra es propietario de dos de estos proyectos hidroeléctricos, finalizados sobre los ríos San Juancito y Los Laureles en el municipio de La Masica; mientras que las empresas SEMSA y ACEICO, de Emín Abufele, poseen los 3 proyectos restantes en los ríos Mezapita, Matarras y Mangungo en el municipio de Arizona.
Otros 13 proyectos hidroeléctricos fueron aprobados por el Congreso Nacional o la secretaría del Ambiente. De estos, ninguno ha podido ser construido por sus propietarios debido a la oposición de las comunidades que no aceptan perder sus ríos. Finalmente, otros cinco proyectos hidroeléctricos no han pasado siquiera de la fase de anteproyecto. No han podido ser impuestos por autoridad alguna.
Estrategias en la resistencia contra el extractivismo
No ha resultado fácil para el Movimiento Amplio dar con la mejor estrategia de lucha para estas comunidades en sus afanes por defender lo suyo contra el despojo, depredación y criminalización a que estaban siendo sometidas. De hecho, las únicas concesiones hidroeléctricas que finalizaron su construcción fueron el laboratorio social y de justicia de estos pueblos. Las comunidades aprendieron a superar sus desaciertos, a reorientar sus luchas una y otra vez para, finalmente, darse cuenta de que en la Honduras administrada por una clase política corrupta no se garantizaba justicia por el solo hecho de acudir al Ministerio Público y el poder Judicial. Se aprendió que toda demanda judicial popular contra las concesiones extractivistas, avanza únicamente cuando es respaldada por la investigación social y una lucha popular activa, con acciones contundentes de resistencia social popular.
El abanico de acciones que han tenido que realizarse y revisarse constantemente a lo largo de estos años es variado, y suficientemente dinámico para dar paso a la constitución de un eje estratégico de protesta social que se resume en Organización, Formación, Investigación y Denuncia.
Organización de las comunidades
La permanente multiplicación de los Núcleos Comunitarios, sobre todo en las comunidades de los municipios más apetecidos por el capital extractivista transnacional y sus testaferros locales, ha sido clave en las luchas de resistencia de los pueblos. Alrededor de doscientos ciudadanos (54.5%) y ciudadanas (45.5%), organizados en 26 Núcleos Comunitarios, asumen la responsabilidad de multiplicar y dinamizar las acciones populares de resistencia que se implementan en Atlántida.
No ha sido fácil la constitución de los Núcleos Comunitarios. Para consolidarlos, se ha tenido que prescindir en muchos casos de los tradicionales liderazgos de organizaciones locales influenciadas por ciertas prácticas negativas, propias de los partidos políticos y ciertos “oenegeísmos”.
Una buena cantidad de líderes y lideresas locales de los Núcleos Comunitarios, proceden de la cantera de la Iglesia católica, sobre todo de los delegados de la Palabra de Dios y catequistas formados por religiosos claretianos. El Movimiento Amplio, aun siendo una organización sin credo religioso o político partidista, reconoce la valiosa participación de hombres y mujeres que, movidos por su espiritualidad cristiana, luchan comunitariamente reafirmando el derecho a la vida con dignidad y justicia, para todo ser humano.
Formación comunitaria
En el transcurso de sus trece años de existencia, el Movimiento Amplio ha implementado cuatro estilos de formación de los liderazgos de las comunidades, con los cuales se ha pretendido generar más conciencia y desarrollo de capacidades para hacer frente a los retos que demanda la lucha contra el extractivismo.
La celeridad y continua implementación de procesos de formación a nivel local y departamental, desde los más variados enfoques, ha posibilitado la emergencia de nuevos liderazgos en ruptura con toda concepción de compadrazgo, mesianismo político partidista, visiones de trabajo fragmentadas por estar centradas exclusivamente en determinados sectores de las comunidades, ignorando al resto de la población.
Investigación sobre los efectos de las concesiones extractivistas
Tres investigaciones ecológico-sociales realizadas a escala departamental, y once investigaciones más a escala local, realizadas entre 2010 y 2021, proporcionaron el sustrato técnico-científico y estratégico para respaldar las diferentes acciones de resistencia popular. Los empresarios y sus equipos técnicos ya no pudieron neutralizar las demandas de las comunidades, aduciendo que por su ignorancia o falta de conocimientos técnicos les tenían miedo a los proyectos extractivistas portadores del desarrollo.
El Movimiento Amplio, el Bufete Estudios para la Dignidad y Fundambiente apostaron, desde los inicios del Movimiento Amplio en Atlántida, en fortalecer cada lucha comunitaria antiextractivista con suficientes soportes científicos de carácter ecológico y social, que demostraban que las exigencias de justicia de los pueblos son coherentes científica y técnicamente, además de serlo social y políticamente.
Es así como desde el área de investigación se han realizado estudios propios de evaluación de impacto ambiental, que han permitido demostrar la falsedad de varios de los documentos presentados por las empresas concesionarias. Tal es el caso de las concesiones mineras Buena Vista I y El Socorro, cuyos estudios técnicos, falsos y manipulados delictivamente, fueron desbaratados por el Movimiento Amplio al extremo que la secretaría del Ambiente retiró las licencias ambientales a dichas concesiones.
Igualmente, las investigaciones mencionadas han servido para demostrar que los funcionarios públicos, en claro abuso de autoridad, han procedido no pocas veces a aceptar estudios de impacto ambiental carentes de sustentación científica. Situaciones como estas se evidenciaron cuando el pasado mes de mayo el poder Judicial declaró culpable al ex viceministro de la secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), Norman Gilberto Ochoa Henríquez, por haber incurrido en abuso de autoridad en el año 2010, otorgando de forma irregular la licencia ambiental para construir la concesión hidroeléctrica La Ensenada en el municipio de La Ceiba, perjudicando con ello a los pueblos garífunas de Sambo Creek y Corinto. En un caso similar, el USDFC[3] procedió recientemente a retirar su apoyo financiero al empresario Emín Abufele para la construcción del proyecto hidroeléctrico sobre el río Jilamito en el municipio de Arizona.
Las comunidades de Atlántida consideran que no debe apoyarse a la empresa INGELSA en la construcción de este proyecto porque ha habido tres cabildos abiertos, en los que la población ha manifestado un rotundo NO al proyecto hidroeléctrico en dicho río. Al BID[4], única fuente de financiamiento de INGELSA que aún no ha anunciado el retiro de sus fondos del referido proyecto, se le exige que muestre respeto por las decisiones de los pueblos, como ya lo ha hecho el gobierno de los Estados Unidos; y no financiar supuestos “proyectos de desarrollo” en contra de la voluntad soberana de los pueblos.
Las comunidades del municipio de Arizona tienen su propia planificación sobre la utilización sostenible, y con justicia social, de las aguas del río Jilamito. Su prioridad consiste en el deber de garantizar la disponibilidad permanente de agua en las comunidades del municipio. Además, existen suficientes hechos que vinculan al proyecto de INGELSA con acciones corruptas y otras criminales que ya han sido evidenciadas ante diferentes instancias de derecho y justicia.
En otros casos, el área de investigación ha procedido a realizar estudios biológicos y ecológicos que evidencian los impactos nocivos de algunos proyectos, que desmejoran y amenazan la vida de los habitantes de las comunidades asediadas por este tipo de concesiones.
Desde esta perspectiva, el Movimiento Amplio demostró las falencias técnicas del Estudio de Impacto Ambiental presentado por el empresario Jayson Hawit en el caso de la concesión del río Mezapa. El Movimiento Amplio constató que los trabajos que realizaba la empresa en la cuenca alta de dicho río contaminaron con coliformes los caudales hídricos que abastecen de este líquido a aproximadamente 28 comunidades. Esto valió para que la CIDH[5] y la OEA[6] exigieran al Estado de Honduras garantizar el derecho humano a la salud de estas comunidades y se paralizara dicho proyecto hidroeléctrico.
La denuncia activa y judicial de las concesiones extractivas
Las continuas demostraciones de lucha de las comunidades en resistencia haciéndose sentir en las carreteras, plazas y edificios de las principales instituciones vinculadas al extractivismo, han resultado ser muy efectivas cuando se producen en un contexto más amplio junto con otras demandas legales en procura de justicia; que se llevan a cabo para acusar a empresas que violan o irrespetan derechos colectivos y a funcionarios que incumplen sus atribuciones; o, en diversos momentos, defendiendo a líderes y lideresas de las comunidades criminalizadas por defender lo suyo en sus términos municipales.
Las comunidades de Atlántida, por un lado, ejercen el derecho a realizar acciones concretas de protesta social para hacer visible ante la sociedad los derechos humanos que les están siendo vulnerados tras el otorgamiento de las tales concesiones. Las comunidades del sector de Pajuiles (Tela) y las del sector de Jilamito (Arizona) y el sector Florida (Tela), se han tomado la carretera del litoral atlántico en innumerables ocasiones. Han marchado desde sus comunidades hasta las respectivas cabeceras municipales y por lo menos una o dos veces al año se hacen sentir a nivel nacional desde la capital del país. Lo mismo han hecho las comunidades de San Juan Pueblo, Esparta, San Francisco, La Ceiba y Jutiapa.
Al mismo tiempo, las comunidades expresan sus denuncias y repudio a las concesiones extractivistas desde la perspectiva jurídica. Lo hacen, en primer lugar, invocando el derecho a ser escuchados en cabildos abiertos en sus respectivas jurisdicciones. Los municipios de Jutiapa, La Ceiba, San Francisco, La Masica, Arizona, Tela y Esparta han consensuado cabildos municipales y cualquiera otra forma de asambleas municipales, rechazando todo tipo de concesiones extractivistas en los territorios de sus municipios.
Al menos cuatro cabildos abiertos se han realizado en el municipio de Tela, cuatro en el municipio de Arizona, uno en el municipio de Esparta, tres en el municipio de La Masica, tres en el municipio de San Francisco, uno en La Ceiba y uno en el municipio de Jutiapa. En fecha reciente, los municipios de Tela, Arizona, La Masica, San Francisco, Esparta y La Ceiba se han declarado en contra de la venta de sus territorios municipales en el marco de la ley que creó las ZEDE.
Desde otra perspectiva jurídica, las comunidades han interpuesto denuncias judiciales ante diferentes órganos de justicia para entablar demandas contra las empresas extractivistas, o para defenderse cuando sus líderes y lideresas son criminalizados por las empresas o por el mismo Estado de Honduras; y, aún más, cuando varios de sus líderes han sido asesinados como son los casos de Ramón Fiallos, Geovany Díaz y Wilmer Paredes. El Movimiento Amplio registra en Atlántida cuando menos 24 expedientes de denuncias y de comparecencias a nivel nacional ante juzgados, oficinas del Ministerio Público, órganos de investigación como la DGIC[7] y otras instancias relacionadas con la impartición de justicia.
De igual manera, el Movimiento Amplio ha tenido que recurrir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en procura de protección para los liderazgos comunitarios, consiguiendo que la CIDH dictara medidas cautelares para las poblaciones de Pajuiles y del sector Florida, en el municipio de Tela. Y sobre la lucha de las comunidades de Arizona, opuestas a la realización del proyecto hidroeléctrico sobre el río Jilamito, se mantuvo un cabildeo abierto con al menos una veintena de congresistas y senadores norteamericanos a quienes se les explicó en reiteradas ocasiones las consecuencias que se podían esperar si el gobierno del señor Biden continuaba aprobando fondos para el proyecto de INGELSA, inicialmente aprobados por el expresidente Donald Trump. Finalmente, los congresistas y senadores urgieron al USDFC a suspender la susodicha financiación.
Tras una década de lucha antiextractivista
Valorando los acontecimientos en Atlántida, relacionados con el extractivismo y la resistencia de las comunidades ante este durante el periodo 2010-2021, se llega a la conclusión de que las luchas comunitarias han sido exitosas, si bien los resultados no han sido totalmente victoriosos para los pueblos. Cuando menos se demuestra que la lucha organizada, planificada y multiplicada en diferentes frentes resulta un éxito para las comunidades, mucho más que si solamente se hubieran emprendido acciones aisladas desde los pueblos. Los resultados a considerar son los siguientes:
- El 80% de los proyectos hidroeléctricos promovidos por empresas concesionarias, entre 2010 y 2021, no pudieron ser realizados. Veinte de los 25 proyectos hidroeléctricos fueron repelidos por las comunidades.
- Los proyectos hidroeléctricos construidos, cinco en total, se realizaron debido a que fueron los primeros en instalarse en el departamento, cuando las comunidades todavía no disponían de una estrategia de lucha articulada. En las condiciones actuales, con la experiencia construida en y desde las comunidades, estos proyectos también serían rechazados.
- Los cinco proyectos hidroeléctricos finalizados sirven actualmente para desenmascarar el supuesto rostro del desarrollo con que tales proyectos han sido anunciados. La información financiera proporcionada en cabildos abiertos por las municipalidades de La Masica y Arizona indican que, tanto el Grupo Terra (dueño de dos proyectos), como el señor Abufele (dueño de los restantes proyectos) han reportado utilidades superiores a los 360 millones de lempiras. En tanto que los tributos pagados por estas empresas a las municipalidades de La Masica (Grupo Terra) y Arizona (Abufele), apenas rondan el millón de lempiras. En otras palabras, estos proyectos desenmascaran el despojo a que el capitalismo extractivista somete a las comunidades arrebatándoles y depredando sus medios de vida, compartiendo con los pueblos apenas algunas migajas de sus exorbitantes ganancias.
- En el mismo período 2010-2021, ninguna de las concesiones mineras metálicas y no metálicas otorgadas para ser operadas a cielo abierto, se concretó en Atlántida. Solo han tenido actividad las pequeñas concesiones mineras de arena y grava, otorgadas a pequeños empresarios locales y a cooperativas de areneros.
- El desbaratamiento de las concesiones extractivistas deja, entre otras evidencias, las acciones ilegales y criminales con que actúan las fuerzas del orden. Tal es el caso de las concesiones mineras Buena Vista I y El Socorro. Para intimidar a las poblaciones locales, los empresarios y el personal de las empresas se hacían acompañar de militares en vehículos con baterías antiaéreas (El Socorro), o disponían de postas policiales (Buena Vista I) comandadas por elementos del Batallón antimotines Cobra y actuaban junto con matones que se desplazaban a las casas de los pobladores en horas nocturnas, para exigirles que vendieran sus tierras a una empresa minera. En el municipio de San Francisco, el IV Batallón de Infantería decidió construir un nuevo destacamento militar, que fue ubicado entre la comunidad y el río en disputa con los empresarios extractivistas. La ciudadanía ya no es libre para acudir a su río.
- A diez años de la lucha de resistencia organizada contra el extractivismo en las comunidades de este departamento, sus habitantes están ahora en capacidad de hacer una mejor valoración de la importancia de saber elegir sus gobiernos municipales. En los municipios donde los alcaldes son afines a las luchas antiextractivistas, las comunidades en resistencia encuentran mayor apoyo y es más fácil hacer causa común entre el Movimiento Amplio y las corporaciones municipales. Los mecanismos de participación ciudadana son más dinámicos y proactivos; la voluntad de las comunidades es escuchada, atendida y asumida; y se generan espacios adecuados de diálogo sobre el aprovechamiento de los bienes naturales de los municipios, en función de las necesidades de las poblaciones. Los cabildos abiertos se han multiplicado.
Salto definitivo en defensa de territorios y bienes naturales
Los aprendizajes significativos construidos por las comunidades de Atlántida, les permiten ahora dar un salto, desde la defensa de sus bienes naturales, a ejercer el derecho soberano a la autodeterminación para decidir sobre la utilización de sus bienes naturales y la preservación de sus territorios municipales. Seis de los siete municipios que integran este departamento, han realizado sendos cabildos abiertos declarándose municipios libres de concesiones hidroeléctricas y mineras: La Ceiba, Arizona, Tela, La Masica y San Francisco.
Ahora que las ZEDE intentan avanzar mediante el despojo, sometimiento y criminalización, las comunidades han salido desde ya en defensa de sus territorios municipales. Atlántida, uno de los departamentos más ricos en biodiversidad agrícola y silvestre, parece continuar condenado a una devastación ambiental como nunca antes. No se respetan las áreas protegidas, las zonas de reserva, los humedales, las zonas productoras de agua, los campos de cultivos, etc. Con las ZEDE, las comunidades se quedan sin derecho alguno para garantizar su existencia con dignidad y justicia.
En primer lugar, las ZEDE implican el despojo de territorios y demás bienes naturales. En segundo lugar, imponen a las comunidades la sentencia de llevar una vida de humillación, hasta la desaparición de los pueblos originarios y mestizos que hacen de este departamento un verdadero crisol de culturas. Están en peligro las tradiciones de origen lenca y chortí, que han pervivido en las comunidades por medio de las familias que una vez migraron desde las tierras de occidente; las comunidades del pueblo garífuna y su cosmovisión, que por más de dos siglos han dado vida y cultura a la costa atlántica; la cultura mixtada de las poblaciones de familias agricultoras, que han reproducido su modo de ser con rasgos culturales que datan desde tiempos coloniales. Toda la riqueza espiritual y cultural de los pueblos parece estar condenada a la desaparición. Desde el Movimiento Amplio, las comunidades han manifestado que Atlántida no cede ante las ZEDE. Es deber de las comunidades organizadas en el Movimiento Amplio, hacer que los cabildos municipales realizados no se reduzcan a meras declaraciones aisladas. Es claro que el pueblo soberano es el único garante de la defensa de sus territorios y bienes naturales. Cumplir con esta responsabilidad requiere una renovación constante de las estrategias de lucha, los dinamismos de resistencia y la acción práctica en la lucha cotidiana. Este es un desafío permanente para los municipios y comunidades de este y otros departamentos, y para sus organizaciones.
[1] Instituto Hondureño de Geología y Minas, entidad encargada de las concesiones mineras.
[2] Zonas de Empleo y Desarrollo Económico.
[3] Corporación Financiera de Desarrollo de los Estados Unidos (por sus siglas en inglés).
[4] Banco Interamericano de Desarrollo.
[5] Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
[6] Organización de Estados Americanos.
[7] Dirección General de Investigación Criminal.
* Coordinador de investigaciones del Departamento de Filosofía de la UNAH-VS y coordinador de investigaciones del consorcio MADJ-BED-FUNDAMBIENTE.